sábado, 10 de octubre de 2015

Iniciativa Debate Público




Iniciativa Debate Público


Posted: 09 Oct 2015 09:42 AM PDT

Luis Díez | Cuarto Poder | 09/10/2015
Los días que los narcotraficantes no trabajan (muy pocos), el ministro del Interior se toma la libertad de utilizar para sus desplazamientos un avión destinado a la lucha contra el narcotráfico. Se trata de un pequeño Jet de diez plazas incautado por la policía hace casi diez años a una banda de traficantes de cocaína. El avión fue asignado por el juez que dirigió la operación al Cuerpo Nacional de Policía con el objetivo de utilizarlo, precisamente, contra el tráfico de estupefacientes. Ese cometido y el empleo de los bienes incautados en la rehabilitación de toxicómanos son los únicos que permite la ley, impulsada en su día por la diputada Carmen Romero.
Sin embargo, al ministro Jorge Fernández Díaz le resulta más cómodo utilizar el avión policial y evitar el engorro de solicitar a su colega de Defensa, Pedro Morenes, alguno de los seis aviones (Falcon, Boeing y Airbus) destinados al transporte de autoridades. Eso sin contar con que el Jetpolicial sale más económico, gasta menos combustible y es igual de veloz.
La liebre del supuesto uso indebido del avión destinado por la Justicia a la lucha contra el narcotráfico la levantó en abril pasado la Unión Federal de Policía (UFP). El sindicato denunció que el ministro y unos mandos de la Guardia Civil utilizaron el aparato para viajar a Murcia. El cometido oficial era reunirse con un grupo de agricultores y presentarles el plan de la Benemérita contra los robos en el campo. El bimotor que utilizan los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) para identificar y controlar embarcaciones con drogas en alta en alta mar se destinó a otro cometido por indicación del titular de Interior.
Como no era una excepción, pues ya el Sindicato Unificado de Policía (SUP) había denunciado el uso del avión por parte del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para viajar a Cádiz con tres periodistas, la diputada de IU por Asturias, Ana Castaño, se hizo eco de la anomalía y, tras considerar que "no es de recibo" que el ministro use los medios operativos de la policía en vez de los que tiene asignados para sus desplazamientos, le preguntó cuántas veces lo ha utilizado y por qué razones. También si existe algún protocolo que obligue a la Policía Nacional a poner sus medios a disposición de la Guardia Civil, y viceversa.
Y el ministro, que probablemente haya leído a Grahan Greene y sepa que los mentirosos no entran en detalles, le ha contestado sin concreción alguna, pero con claridad meridiana, que puede utilizar ese avión cuando lo necesite, aunque la ley no autorice ese uso. O dicho en términos textuales recogidos ayer (7-10-2015) en el Boletín Oficial del Congreso: "Siempre y cuando no esté prevista la utilización de la aeronave para operativos concretos, existe la posibilidad de ser utilizada por el Ministerio del Interior para traslados oficiales, en pos de un mayor rendimiento y eficiencia de los recursos públicos, siempre bajo los principios de austeridad en el gasto y cuando suponga un menor coste en relación a otros transportes".
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Posted: 09 Oct 2015 08:45 AM PDT
Médico crítico | Diagonal | 09/10/2015
El otro día rellenaba las preguntas de una entrevista por escrito que aún está por publicarse; en una de ellas preguntaba si pensaba que las siguientes elecciones abrirían una oportunidad de mejora para el sistema sanitario público de nuestro país… mi respuesta fue que claro, de mejora… o de mayor deterioro…
Esa constante lucha entre la visión del déficit y la visión de activos nos suelta una sonora bofetada cuando llegan los momentos finales (o iniciales) de las legislaturas y hay que pagar favores que no se han podido saldar con anterioridad, es entonces cuando las maquinarias de los partidos se engrasan y perpetran una de las mayores agresiones posibles contra la sanidad pública de nuestro estado: la desgravación fiscal de los sistemas sanitarios públicos.
Nuestro sistema sanitario debería basarse en un sistema fiscal progresivo por el cual quienes más declararan (no vamos a entrar en los matices del término "declarar") más pagaran; de ahí se financiaría mayoritariamente el sistema nacional de salud (y, derivadamente, sus sistemas autonómicos de salud) y no sería la enfermedad el marcador de intensidad en la aportación al sistema, sino la renta.
La desgravación fiscal de los seguros sanitarios privados supone: 1) Una transferencia de dinero desde las rentas medias y bajas hacia las rentas medias-altas y altas, y 2) La supresión del principio de solidaridad como eje rector de la financiación del sistema… ahora son los pobres quienes serán solidarios con los ricos, dejando olvidada la equidad vertical y aspirando a poder prosperar para tener ellos también un seguro privado que poder desgravar.
Esta medida se impulsa, además, cuando España camina incesante hacia un objetivo de gasto sanitario público irrisorio, pretendiendo que éste suponga tan solo el 5.1% del Producto Interior Bruto (cuando suponía el 6.5% en el año 2009) -por comparar, en ese periodo el gasto militar en nuestro estado ha pasado del 1.0% al 0.9%, es decir, porcentualmente menos
Ya hemos escrito con anterioridad sobre esta medida, pero os dejamos algunos extractos de los textos que publicamos tanto en este blog como en Agenda Pública.

4. ¿Quiénes son los beneficiados y quiénes los perjudicados con esta medida?
Obviamente, los beneficiados de esta medida son: 1) Las personas que se puedan permitir económicamente la contratación de un seguro sanitario privado y 2) Las aseguradoras, que esperan obtener un incremento en la contratación de pólizas de seguros.
Las aseguradoras sanitarias privadas han visto cómo el número de asegurados privados ha disminuido tras marcar un máximo en el año 2010; esta medida parece ser la forma que tiene el gobierno de rescatar a estas aseguradoras y ejercer de contrapeso frente a los ciclos económicos a los que se ven expuestas.
¿Los perjudicados? Es una medida profundamente regresiva, de una forma doble; por un lado porque favorece fiscalmente a las personas que se pueden permitir económicamente la contratación de un seguro sanitario privado, por otro lado porque las personas de nivel socioeconómico más bajo son las que acumulan mayor carga de enfermedad; de esta forma podemos afirmar que es una medida que discrimina a los más pobres, que a su vez son los que mayor carga de enfermedad suelen llevar asociada.
Además, el otro gran perjudicado es el sistema público de salud. En el trabajo metodológicamente más correcto llevado a cabo en nuestro país sobre este tema ("Changes in the demand for private medical insurance following shift tax incentives") se afirmaba que reintroducir esta desgravación fiscal en Cataluña (con un importe del 15%) supondría una pérdida de ingresos fiscales superior al teórico aumento del gasto público que se derivaría de su no reintroducción.
5. Resumiendo, ¿qué supondría la introducción de la desgravación fiscal de los seguros sanitarios privados?
Copiando un párrafo del texto publicado en eldiario.es:
"En los seguros privados se producen dos fenómenos que no ocurren en el aseguramiento público: la selección adversa –el individuo maneja información sobre su situación clínica que el asegurador desconoce y utiliza dicha información en su favor- y la selección de riesgos –el asegurador no cubre, o lo hace a un precio muy elevado, a aquellas personas con alta carga de enfermedad y que, previsiblemente, supondrán una carga económica para la empresa aseguradora- (Ibern P. 1999). Conocer la interacción de estos factores, así como los incentivos que actúan en las relaciones médico-paciente-empresa aseguradora, es clave para prever los efectos de promover y fomentar el doble aseguramiento sanitario."
La medida de (re)introducir la desgravación fiscal de los seguros sanitarios privados tiene una efectividad no contrastada para la reducción del gasto sanitario público y se enfrenta a graves problemas de equidad. En el contexto de nuestro sistema sanitario de cobertura casi-universal (aunque en proceso progresivo de adelgazamiento de la cobertura a marchas forzadas) es injustificable esta medida, sólo motivada por el intento de apoyar el negocio de la sanidad privada o por tratar de continuar adelgazando un sistema sanitario que no tiene un problema grave por la parte del gasto sino por la de los ingresos, y que se vería necesitado de una reforma fiscal, pero en el sentido contrario de la que previsiblemente anunciará este gobierno.
Terminamos con una cita de un artículo de Vicente Ortún, que resume a la perfección nuestra postura al respecto de este tema:
"La desgravación fiscal del seguro voluntario de salud resulta difícil de sostener en la medida que existe un seguro obligatorio financiado públicamente, que la disminución del coste público que supone tener un seguro duplicado no es contrastable, y que además la desgravación distorsiona las decisiones individuales e introduce inequidad porque no todos tendrán acceso."

Por aquí somos muy de oponer el optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia (Gramsci dixit), pero asestar golpes en la base del sistema de salud en un momento de fortísimo estrangulamiento financiador hace que esos golpes vayan dejando heridas a las que costará cicatrizar.
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Posted: 09 Oct 2015 02:28 AM PDT
  • La CUP advierte que quiere acordar el "qué" y el "cómo" se construye la futura república antes de debatir sobre "quién" debe presidir el gobierno catalán y si éste debe ser Artur Mas.
CatalunyaPlural.cat | El Diario | 08/10/201
El diputat de la CUP Antonio Baños
El diputado de la CUP Antonio Baños
Después del silencio mediático, la CUP ha comenzado a desvelar este jueves su estrategia post 27-S, que debe llevar a una república catalana con plena justicia social. La CUP ha advertido que quiere acordar el "qué" y el "cómo" se construye la futura república. Para ello, la formación quiere dar pasos "irreversibles" en el proceso soberanista antes de debatir sobre "quién" debe presidir el gobierno catalán y si éste debe ser Artur Mas.
En una conferencia política que ha tenido lugar en el auditorio de la UPF de Barcelona con el título de "Por gobernarnos, luchamos por la república" y que ha sido presenciada por unas 500 personas -200 en dos salas anexas-, la número dos de la CUP, Ana Gabriel, ha lamentado que "la presión hacia la CUP está siendo injustamente dura, y aunque todo es legítimo y respetable" su formación no desea "especular".
"Comienza una etapa -ha afirmado Gabriel- que ya no es de gobierno autonómico sino que lo que se trata es de construir una república, ya que el 27S ganó una mayoría favorable a ello, y la clave es aquí y pasa por encima de partidos y de salidas personales ".
Esta ruptura debe empezar por no acatar las sentencias del Tribunal Constitucional. "No pensamos obedecer ninguna decisión del Tribunal Constitucional", ha afirmado el diputado por Girona, Benet Salellas. Pero para la CUP "la cuestión nacional y la social van de la mano y son lo mismo", según ha dicho la diputada Eulàlia Reguant. Por ello Reguant ha presentado 39 medidas para hacer frente a la pobreza, que, según la diputada, suponen "un desafío a políticas de la deuda y la austeridad".
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Posted: 09 Oct 2015 02:26 AM PDT
Hawking advierte que debemos temer al capitalismo y no a los robots / Reuters / Neil Hall
Actualidad RT | 09/10/2015
En una sesión de preguntas de Reddit, el astrofísico Stephen Hawking predijo que la desigualdad económica se disparará a medida que más y más puestos de trabajo sean remplazados por máquinas automatizadas y los ricos propietarios de esas tecnologías se nieguen a compartir su riqueza.
"Si las máquinas producen todo lo que necesitamos, el resultado dependerá de cómo se distribuyen las cosas. Todo el mundo puede disfrutar de una vida de lujo y ocio si la riqueza producida por las máquinas es compartida, o la mayoría de la gente puede acabar siendo miserablemente pobre si los propietarios de las máquinas logran cabildear con éxito en contra de la redistribución de la riqueza", afirmó el científico, en respuesta a una consulta de un internauta sobre el futuro de la automatización de la fuerza de trabajo.
Hawking añadió que "hasta ahora la tendencia parece ser la de la segunda opción, ya que la tecnología está conduciendo a una creciente desigualdad".
La sesión de preguntas en Reddit también dio lugar a momentos divertidos, como cuando le preguntaron cuál es para él el misterio más intrigante y por qué.
"La mujer. Mi asistente me recuerda que a pesar de que tengo un doctorado en física, las mujeres deben seguir siendo un misterio", contestó el científico.
Hawking es parte de un pequeño pero creciente grupo de científicos que se muestra preocupado ante una futura inteligencia artificial 'fuerte' que pueda llegar a ser igual o mayor a la de un ser humano.
En diciembre del año pasado, el cosmólogo ya advirtió que "el desarrollo de una inteligencia totalmente artificial podría significar el fin de la raza humana". Según él, el hecho de que la evolución humana sea mucho más lenta que el avance de la tecnología hace que los humanos "no puedan competir" y sean superados en el futuro. Hawking sostiene que los sistemas avanzados de inteligencia artificial "tomarán el control de sí mismos y se rediseñarán a un ritmo siempre creciente".
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Posted: 09 Oct 2015 02:22 AM PDT

Redacción/Rokambol/9.10.15
La bandera "se dará un garbeo por ahí", ha dicho el consistorio.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares ha pedido a todos los valencianos decentes que acudan a la catedral a recibir la comunión en nombre de la Senyera, además de recomendarles que dejen de visitar el balcón del Ayuntamiento porque "es un lugar sagrado" y se deshagan de las bicicletas "que son máquinas de lujuria y concupiscencia". Rita Barberá, Francisco Camps y Alberto Fabra sí comulgarán en la catedral, después de haber recibido el sacramento de la confesión por parte de Rocco il dottore, un sacerdote siciliano apodado así por su habilidad para perdonar los pecados de los políticos poco cuidadosos con la ética y la honradez.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, no descarta que después de la procesión cívica, "nos llevemos al pendón a tomar unas cañitas a Russafa".   Más en Rokambol
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Posted: 09 Oct 2015 02:15 AM PDT
  • La alcaldesa está enmendando emblemáticas actuaciones urbanísticas impulsadas por anterior corporación municipal, como el complejo Canalejas, que ha logrado el visto bueno tras modificarse el volumen del proyecto.
  • Hay miles de millones de euros en juego, así como los intereses de grandes empresas como el grupo Villar Mir, BBVA, FCC, Mahou o el grupo chino Wanda.
  • La Operación Chamartín, el edificio España, la Operación Mahou-Calderón, el Complejo Canalejas, Operación Campamento y el proyecto Plaza Río 2 están sobre la mesa.
Andrés Gil | El Diario | 08/10/2015
Vista general del Distrito Castellana Norte /DCN.
Vista general del Distrito Castellana Norte / DCN.
¿Herencia recibida? Lo cierto es que son miles de millones en contratos comprometidos por la anterior alcaldesa, Ana Botella. Y que afectan a los intereses de grandes empresas, como el grupo Villar Mir, BBVA, FCC, Mahou o el grupo chino Wanda, propietario del 20% del Atlético de Madrid. El Ayuntamiento de Manuela Carmena se encuentra en proceso de negociación con todas ellas para enmendar, modificar y, en algún caso, paralizar los proyectos.

Operación Chamartín

Lleva rondando los despachos municipales desde 1993. Es el megaproyecto urbanístico para el norte de Madrid, que la anterior alcaldesa, Ana Botella, puso en marcha en el último suspiro de su mandato. La operación ahora se llama Distrito Castellana Norte, está capitaneada por BBVA y supondría una inversión de casi 6.000 millones de euros.
El programa de Ahora Madrid abogaba por "impulsar la paralización" de la mayor promoción urbanística prevista en España, en la que el Gobierno central se ha empleado a fondo, ya que supondría unos ingresos de unos 1.000 millones para las empresas públicas Renfe y Adif, dependientes del Ministerio de Fomento.
Después de 100 días en el Ayuntamiento, el Gobierno municipal se encuentra negociando con el consorcio: "Estamos en conversaciones para que sea más coherente, no por fases, y que tenga una evaluación de impacto integral en todo el entorno. Necesitamos que se revise el proyecto. Se está avanzando, pero es un proyecto muy grande y lleva su tiempo".
"En todo caso", dicen otras fuentes municipales, "el proyecto tiene una complicación evidente que lo hace poco viable: ahora mismo no existe demanda para tanto urbanismo. Es muy poco realista y no está acorde con los tiempos. El supuesto IBI que podríamos recaudar no llegará".

Edificio España

El edificio tiene la declaración de Bien Interés Cultural y está incluido en el Catálogo General de Protección de Edificios. Fue vendido en 2014 por el Banco Santander al magnate chino Wang Jianlin. Prometió invertir 100 millones para construir en su interior un centro comercial de 15.000 metros cuadrados, unas 300 viviendas y un gran hotel de lujo respetando únicamente la fachada principal, que da a la Plaza de España.
Pero, para ello, decía que necesitaba "desmontar" y reconstruir la fachada. La obra fue denunciada en los tribunales por Ecologistas en Acción, y el Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la demolición.
El delegado del áera de Desarrollo Urbano Sostenible del consistorio, Jose Manuel Calvo, afirmó que mantener la fachada del edificio, que está protegida junto a las dos laterales por tratarse de un edificio con una protección en Nivel 3 grado parcial, es "viable tanto técnica como económicamente". Asegura que "tanto los expertos municipales como los independientes que han estudiado el caso están de acuerdo en que no es necesario tirar". "Lo que Wanda presenta es un proyecto de demolición, porque el montaje y el desmontaje de una fachada de ladrillo no es viable", explicó el delegado: "La palabra desmontaje es un eufemismo de demolición", ha señalado Calvo.
El proyecto está parado a la espera de acometer la reforma respetando la fachada.

Complejo Canalejas

Esta obra está a punto de acelerarse, aunque con modificaciones con respecto al proyecto inicial. Impulsada por el grupo Villar Mir, consiste en convertir los seis edificios ubicados en la plaza de Canalejas y en los números 6, 8, 10, 12 y 14 de la calle de Alcalá, junto a la Puerta del Sol, en un complejo hotelero y comercial de lujo. El grupo del exministro Juan Miguel Villar Mir, que compró la antigua sede de Banesto al Santander a finales de 2012 por 215 millones de euros, quiere unificar los seis bloques en uno y levantar un hotel de cinco estrellas de la cadena Four Seasons; pisos de lujo con una planta total de 6.000 metros cuadrados, y un centro comercial. En total, 285 millones de inversión inversión inicial.
El Ayuntamiento está dispuesto a conceder la licencia definitiva si se cierran este viernes los últimos flecos de las negociaciones. Para ello, el complejo tendrá menos altura de la prevista, las aceras serán más anchas (se retranqueará la fachada), se suprime el intercambiador previsto y los autobuses seguirán teniendo restringida la circulación por la Puerta del Sol.

Operación Mahou-Calderón

La operación Manzanares era el sueño de constructoras, de la cervecera Mahou –presidida por Javier López del Hierro, sobrino político de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP–, del Atlético de Madrid y de los ideológos de las candidaturas olímpicas madrileñas. Es el mayor desarrollo urbanístico previsto en el interior del anillo de la M-30.
El proyecto fue recurrido por Ecologistas en Acción y se judicializa. La corporación municipal anterior "recurre ese recurso para bloquearlo" y, la actual renuncia a él. Así, facilita que prospere el recurso de Ecologistas en los tribunales, "donde ha de revisarse", explican en el Ayuntamiento.
La idea suponía demoler el estadio Vicente Calderón –el Atlético se mudaría a una Peineta remozada– para levantar en su lugar unas 2.000 viviendas de precio libre y dos rascacielos.

Plaza Río 2

Ana Botella aprobó este proyecto en el último tramo de su mandato. Y ahora se está revisando. "Hay problemas con las licencias", explican en el Ayuntamiento: "No hay licencias de bomberos, por ejemplo, y ocupa una calle de paso público. En todo caso, las conversaciones siguen abiertas".
Plaza Río 2 es un centro comercial en Madrid Río, junto a la calle Antonio López, con una superficie de 40.000 metros cuadrados en tres plantas, 1.500 plazas de garaje y 180 negocios. La promotora es la Sociedad General Inmobiliaria de España (LSGIE), que estaba presidida hasta su muerte a mediados de septiembre por Robert de Balkany, un multimillonario rumano-francés emparentado con la monarquía europea y amigo íntimo del rey Juan Carlos, y que tiene entre sus consejeros a Jaime de Marichalar, exmarido de Elena de Borbón. La inversión prevista es de unos 150 millones de euros.

Operación Campamento

Wanda también se ha interesado por los terrenos de la operación Campamento –promete una inversión de 3.000 millones de euros–, aprobada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Años después la iniciativa sigue a la espera, con los cuarteles ya derribados. "Son terrenos del Ministerio de Defensa", explica el Ayuntamiento: "Se está tramitando según la ley, en tiempo y forma lo que solicitan. Sigue adelante".
En 2013, el Consejo de Ministros autorizó a Defensa y Fomento a suscribir un acuerdo, a través de Sepes y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), por el que Defensa recupera el 75% de los terrenos que cedió al Ministerio de Fomento para esta operación y que ahora le urge vender: son 2,1 millones de metros cuadrados de suelo en los que se había proyectado vivienda libre, protegida, comercio, un intercambiador y un túnel entre la avenida de Portugal y la carretera de Boadilla.
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Posted: 09 Oct 2015 02:03 AM PDT

Los cambios de gobierno en las diferentes regiones cercan al RDL 16/2012.

Pablo Rivas | Diagonal | 09/10/15 | Edición impresa
El Real Decreto Ley 16/2012 es conocido como el decreto del 'apartheid sanitario', debido a la exclusión que produjo su entrada en vigor. / DIEGO GONZÁLEZ
Si no hay posibilidad de acceso a una tarjeta sanitaria seguirá habiendo exclusión del sistema de salud público, un problema que afecta fundamentalmente a migrantes en situación legal irregular.
Y no habrá tarjetas que den derecho a la asistencia en centros de salud y hospitales y a medicamentos subvencionados por la Se­guridad Social hasta que no se derogue el Real Decreto-Ley 16/2012, irónicamente denominado "de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones".
Es la conclusión a la que llegan decenas de colectivos y organizaciones en lucha por una sanidad universal y de calidad, más de 300 de ellos integrados en la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder).
Sin embargo, las elecciones autonómicas del 24 de mayo han modificado el mapa de la exclusión sanitaria en el Estado español. Los cam­bios de gobierno en Ba­lea­res, Cantabria, Extremadura, Cas­tilla-La Mancha, País Valenciano y Ara­gón han traído consigo la entrada de nuevas normativas que intentan poner freno, al menos en parte, al llamado apartheid sanitario que trajo el decreto de la discordia.
Son los nuevos actores que se suman a la desobediencia al 16/2012, a los que hay que añadir las cuatro regiones que desde el principio se negaron a aplicarlo: Andalucía, Astu­rias, País Vasco y Navarra.
Sin embargo, hay más casos de comunidades 'rebeldes'. En Madrid, aunque el PP mantiene el poder, se han dictado instrucciones para que se dé asistencia sanitaria, con condiciones, a las personas que no tengan regularizada su situación.
Catalunya promulgó en julio una instrucción que venía a acabar con la mayoría de las trabas que el sistema imponía a los migrantes sin documentación.
Canarias anunció el 7 de agosto que daría la orden a los centros de salud para que faciliten la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, ordenamiento que estará en vigor antes del finalizar octubre, según asegura el consejero de Sanidad, Jesús Morera.
Y la Región de Murcia ha anunciado recientemente que dará cobertura a los migrantes, aunque no devolverá la tarjeta sanitaria, sino que otorgará un documento diferente con validez de un año, prorrogable si los beneficiarios mantienen una serie de requisitos.
El mapa se completa con los lugares en los que se aplica el 16/2012 de forma más estricta –Castilla y León, La Rioja y las ciudades autónomas– y Galicia, donde se mantiene el Programa Galego de Protección Social de la Salud Pú­blica, más restrictivo, que da cierto grado de atención limitada y en ciertos supuestos.
"Es raro el sitio donde se aplica el 16/2012, ya que es una normativa que se ha quedado vacía"
"Es raro el sitio donde se aplica el 16/2012, ya que es una normativa que se ha quedado vacía", explica Marciano Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. "Se está demostrando que es un fracaso y un sinsentido, porque la exclusión es injusta e inhumana y además no se ha podido demostrar que haya producido ningún ahorro económico, por lo que no tiene ninguna lógica mantenerlo".
Sánchez hace hincapié en que la normativa genera caos y confusión entre las diferentes regiones, a lo que hay que sumar que su aplicación práctica "choca con problemas concretos".
Los integrantes de Yo Sí Sanidad Universal, que se han organizado como una red de desobediencia civil de grupos de acompañamiento para asegurarse de que sus vecinos tengan asistencia sanitaria, conocen bien estas situaciones particulares.
Abril Millán participa en uno de estos colectivos en València. Desde su grupo ven deforma positiva el decreto que aprobó el 19 de julio el Ejecutivo valenciano, una fórmula que han adoptado otras regiones. Éste formaliza que las personas sin papeles tengan la misma cobertura que el resto de la población, bajo condiciones tales como llevar tres meses empadronadas.
"Además, parece que van a ser flexibles, las tarjetas las van a tramitar las trabajadoras sociales de los centros de salud y se valora también que, en aquellos casos donde no se pueda acreditar un empadronamiento o haya problemas para conseguir el pasaporte, un informe de la trabajadora social podría solucionarlo", relata.
Sin embargo, aún están valorando el nuevo sistema, ya que, según explica, hay centros de salud donde aún no han llegado las nuevas instrucciones y tienen la experiencia del anterior programa de salud que aprobó el gobierno anterior, "tres años en los que se cobraban hasta las urgencias".
Además, se encuentran a la expectativa de cómo se van a solucionar "las barreras burocráticas impuestas por el sistema informático en los centros de salud y hospitales".

El problema identificativo

Marta Pérez, participante de Yo Sí Sanidad Universal en Madrid, también destaca lasbarreras que impone el sistema informático y la falta de una tarjeta en la región: "Si no tienes una identificación es muy difícil que puedas tener una atención médica normalizada porque los sistemas informáticos asociados a esa identificación y los de facturación funcionan casi solos, de modo que sin una tarjeta sanitaria lo tienes muy difícil".
"No se ha hecho nada por atacar la raíz, que es el decreto de exclusión sanitaria, pero sí poner unos pequeños parches administrativos"
La activista apunta que en la región "no se ha hecho nada por atacar la raíz, que es el decreto de exclusión sanitaria, pero sí poner unos pequeños parches administrativos, que se conocen sólo dentro del servicio madrileño de salud, para poder dar un acceso muy diferencial a cierto tipo de personas a las que se les quitó la tarjeta".
Madrid no ha formulado un decreto como el País Valenciano, sino que ha emitido dos circulareslanzadas desde la Consejería de Sanidad en los últimos meses que han abierto algunas puertas del sistema a muchos migrantes –que no a todos– mediante la implantación de dos nuevos tipos de alta en el sistema, y que tienen requisitos que funcionan como tapón. Es por eso por lo que en el grupo de acompañamiento de Pérez, como en tantas otras regiones, seguirán trabajando hasta que haya una sanidad universal.
Así, ante la situación tan desigual que mantienen los diferentes sistemas de salud autonómicos respecto de la exclusión, el único paso del Gobierno ha sido obcecarse en que se cumpla el RDL 16/2012, proponiendo a las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado a principios de septiembre la creación de un registro diferenciado de personas sin papeles que residan en territorio español desde hace más de seis meses y se encuentren en "una situación de vulnerabilidad y exclusión", casos que tendrían derecho a asistencia.
Ante la evidente discriminación, la mayoría de comunidades rechazaron la propuesta y exigieron, de nuevo, la derogación del 16/2012. El último intento fue el pasado 15 de septiembre en el Congreso, con la enésima propuesta para derogar el 'decreto del apart­heid'. El PP lo volvió a tumbar.
192 fueron los menores de edad a los que se les negó la asistencia sanitaria debido al 16/2012 entre enero de 2014 y julio de 2015, según el último informe de Reder, publicado en septiembre.
1.567 son los casos de personas excluidas del sistema sanitario entre enero de 2014 y julio de 2015 debido al 'decreto del apartheid', recogidos en el informe Reder. El decreto dejó sin tarjeta a casi 900.000 personas.
La entrada Ofensiva autonómica contra la exclusión sanitaria aparece primero en Iniciativa Debate.
Posted: 09 Oct 2015 01:53 AM PDT


  • La Iglesia Católica ha mantenido una serie de prerrogativas y privilegios económicos que, a fecha de hoy, resultan tan anacrónicos como inaceptables.
José Ramón Villanueva Herrero | Nueva Tribuna | 08 de Octubre de 2015


Firma del acuerdo entre España y la Santa Sede en 1979.
Firma del acuerdo entre España y la Santa Sede en 1979.
La democracia española debe defender el principio de laicidad, el cual se sustenta en la libertad de conciencia de sus ciudadanos y en la neutralidad del Estado en materia religiosa
Cuando el pasado 28 de septiembre los votos de los concejales del PP, PSOE y CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza impidieron la propuesta de modificación del Reglamento de protocolo, ceremonial y distinciones de la corporación de la capital aragonesa planteada por Zaragoza en Común (ZeC), grupo al que pertenece el alcalde Pedro Santisteve y, de este modo, se mantenía en dicho Reglamento la obligatoriedad de los concejales de asistir a los actos religiosos católicos relevantes en la ciudad de Zaragoza, volvía a ponerse sobre la mesa el tema de la necesaria y nunca alcanzada laicidad de las instituciones públicas en España, una cuestión pendiente, todavía, en nuestra democracia aconfesional. Y es que no sólo carecemos de un Estatuto de Laicidad, sino que, por el contrario, la Iglesia Católica ha mantenido una serie de prerrogativas y privilegios económicos que, a fecha de hoy, resultan tan anacrónicos como inaceptables.
Uno de los más transcendentales acuerdos de la recién renacida democracia española fueron los firmados con el Vaticano el 3 de enero de 1979, los cuales se desglosaban en 4 apartados: asuntos jurídicos; enseñanza y asuntos culturales; asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y al servicio militar de clérigos y religiosos y, finalmente, los acuerdos sobre asuntos económicos, siendo estos últimos los que, desde entonces, más polémica y debate social han generado.
Vistos en perspectiva, dichos acuerdos resulta obvio que son excesivamente complacientes y generosos con la Iglesia Católica a pesar del indudable peso histórico e implantación social de la misma en España.  Temerosos del poder fáctico que tanto la Iglesia como el Ejército representaban, temerosos de la actitud de ambos ante la joven democracia, el entonces Gobierno de la UCD de Suarez los  intentó contentar de muy diversas maneras para evitar su posible hostilidad hacia las instituciones surgidas de la Constitución de 1978. Y es que todavía se recordaba la estrecha connivencia de la Iglesia con el régimen franquista, los atronadores alegatos Guerra Campos, el obispo ultramontano de Cuenca  en la TVE del régimen, o la poderosa influencia de Cantero Cuadrado en las instituciones de la dictadura, en las Cortes franquista o el Consejo del Reino.
Ahora, 36 años después, parece obvio que dichos acuerdos resultan anacrónicos en una democracia asentada y madura y, en consecuencia, requieren, cuando menos, una profunda revisión si no su completa derogación, aunque esto último resulta harto improbable puesto que el PP nunca lo hará y el PSOE sólo lo plantea cuando se halla en la oposición pero ha sido incapaz de dar pasos en este sentido durante los 21 años que ha detentado el poder España con los Gobiernos de Felipe González primero y de Rodríguez Zapatero después.
En el caso concreto de los acuerdos económicos, "los más subterráneos y desconocidos por la sociedad civil" según Luis Manglano, que al igual que los anteriores fueron firmados en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 por el entonces ministro Marcelino Oreja Aguirre y por el cardenal Giovanni Villot, reemplazaban al vetusto Concordato de 1953 y los componen tan sólo 7 artículos y un Protocolo Adicional. Posteriormente, tras su aprobación por las Cortes Generales, sería ratificado por el rey Juan Carlos I el 4 de diciembre de 1979.
De entrada, se señala que  "la revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica resulta de especial importancia" hasta el punto de instar a que "El Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones contraídas en el pasado".  De este modo, en artículos sucesivos, quedará patente el generoso trato de favor que, desde 1979, recibiría la Iglesia Católica en la nueva legalidad constitucional.
Especial interés tiene el artículo 2, relativo a la financiación eclesiástica, se señala que "El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico". Para ello, transcurridos tres ejercicios completos desde la firma, se indica que el Estado "podrá asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto y otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado". No obstante, hasta que se aplique este nuevo sistema, basado en la manifestación expresa de los contribuyentes en asignar a la Iglesia la aportación correspondiente consignada en su IRPF, el Estado se compromete a consignar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "la adecuada dotación" a la Iglesia, la cual tendrá "carácter global y único, que será actualizada anualmente". Observemos el trato de favor que se concede a la Iglesia: hasta que ésta no logre su autofinanciación vía consignación voluntaria de los ciudadanos en su declaración del IRPF, se garantiza, por parte del Estado, una "adecuada dotación", en consecuencia sin recortes, en los PGE, cantidad, que, se garantiza, será actualizada anualmente y que, por ello, estará exenta de recortes independientemente de cuál sea la situación de las arcas públicas, una garantía que nunca se ha aplicado a la salvaguardia de los servicios públicos ( educación, sanidad, asistencia social y pensiones) en estos aciagos tiempos de crisis económica.
En consecuencia, a pesar de indicarse que el propósito de la Iglesia es"lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", esto es, su autofinanciación, ésta, a fecha de hoy, sigue sin lograrse y, por ello, corre en buena parte a cuenta de los PGE que, en este aspecto, como hemos dicho, está exento de recortes presupuestarios pues cuenta con la garantía de su actualización anual. Por ello, 36 años después, seguimos sin lograr la deseable autofinanciación de la Iglesia Católica, como ocurre en otros países democráticos de nuestro entorno como es el caso de Francia, donde su Constitución de 1958 la define como una "República, indivisible, laica, democrática y social", y en donde la Iglesia se autofinancia desde hace 110 años, desde que la Ley de 9 de diciembre de 1905 dejó claro que "El Estado no reconoce, ni paga ni subvenciona ningún culto". Por ello, y lejos de toda animadversión hacia el espíritu y las prácticas religiosas, en relación a este tema, recuerdo el hermoso texto que leí en un monumento de la ciudad francesa de Vendôme y que decía: "La laicidad: no se ha inventado nada mejor para vivir juntos".
Pero volvamos a España. Además de la financiación a cargo de los fondos públicos, los Acuerdos de 1979 conceden a la Iglesia toda una serie de exenciones tributarias, recogidas sobre todo en el artículo 4, como es el caso de la "exención total y permanente" de la Contribución Territorial Urbana, el actual IBI, de sus edificios, exención que se hace extensiva a los impuestos reales o de producto sobre la renta y sobre el patrimonio. Igualmente, se le concede la exención total de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones patrimoniales en aquellos de sus bienes que se dediquen al culto, al sustento del clero, al "sagrado apostolado" y al "ejercicio de la caridad". Finalmente, se le reconoce a la Iglesia la exención de contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia.
A todas las exenciones fiscales anteriores, en el artículo 5 se contemplan también beneficios fiscales para las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas en el artículo anterior que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médico-hospitalarias o de asistencia social.
Además de lo dicho, el Protocolo Adicional vuelve a incidir en que la asignación presupuestaria será una dotación global fijada anualmente en los PGE y señala, también, que se fijarán de común acuerdo los conceptos tributarios en los que se concretan las exenciones. Y, a modo de garantía, se deja constancia de que, "Siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español, ambas partes concretarán los beneficios fiscales y los supuestos de no sujeción que resulten aplicables de conformidad con los principios de este Acuerdo". Por si alguna duda quedaba del trato de favor que impregna todo el texto de los Acuerdos del 3 de enero de 1979.
A este cúmulo de privilegios y exenciones tributarias, se sumaría, años más tarde, durante el Gobierno Aznar, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que hacía extensiva a la Iglesia Católica todos los beneficios aplicables a este tipo de entidades sociales y ONGs. De este modo, como si de un auténtico regalo de Navidad se tratara, dicha ley completaba el círculo de las exenciones tributarias de las cuales disfrutaba la Iglesia Católica, la cual, en la práctica, parece disfrutar, al margen de su labor espiritual y social, de un un auténtico paraíso (fiscal) en la tierra.
Así las cosas, varias reflexiones debemos de tener en cuenta. En primer lugar, una cuestión esencial: la democracia española debe defender el principio de laicidad, el cual se sustenta en la libertad de conciencia de sus ciudadanos y en la neutralidad del Estado en materia religiosa. En este sentido, resulta muy acertado el análisis de Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico,  quien recientemente señalaba que, en España, "hemos convertido, a través de los Acuerdos, a la Iglesia Católica en co-legisladora" y, ejemplo reciente de ello fue la campaña eclesiástica lanzada durante el Gobierno Zapatero contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la más reciente imposición por parte de la Conferencia Episcopal de la materia de religión en el currículo de Bachillerato con el servil asentimiento del ministro Wert. Ello es otro ejemplo de que"El Estado español ha renunciado a su soberanía legislativa sobre la regulación de derechos fundamentales, por ejemplo la libertad de conciencia".  Por ello, según Llamazares resulta necesaria una modificación  sustancial, tal vez una derogación de los Acuerdos de 1979 puesto que ningún Estado democrático puede enajenar su soberanía en materia de derechos fundamentales a favor de una comunidad religiosa. En consecuencia, resulta acertada su propuesta de que la nueva función de los Acuerdos se reduciría a la consulta por parte del Estado cuando éste fuera a legislar en asuntos religiosos.
Entre los numerosos déficits democráticos de los que adolece nuestra sociedad, se halla la ausencia de un Estatuto de Laicidad, algo que debió de ser tarea y deber del PSOE durante sus años de Gobierno, pero que nunca tuvo el coraje político de impulsar. Habían olvidado el Dictamen de la Ponencia encargada de elaborar, en el congreso extraordinario del PSOE de 1931, el programa que los diputados socialistas deberían llevar a las Cortes Constituyentes de la II República y que, en su Apartado Sexto decía textualmente que los socialistas debían: "Afirmar la independencia confesional del Estado, la libertad de todos los cultos y la imprescindible necesidad de que, en el plazo más breve posible, los fieles sostengan económicamente sus respectivas iglesias", además de reafirmar el "sometimiento de las comunidades y órdenes religiosas al derecho político, civil del Estado". En consecuencia, defender la identidad laica de la democracia española no supone, ni debe interpretarse, como una actitud antirreligiosa sino como el deseo de lograr una necesaria y plena separación de la Iglesia y del Estado, lo cual supone, en definitiva, seguir el mensaje evangélico de "dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios".
Constatado que el pensamiento laicista parece claramente deficitario en la sociedad española, otra cuestión esencial cuando se trata el espinoso tema de los asuntos económicos de la Iglesia española. Bien acertado iba Cervantes cuando puso en la boca de Don Quijote aquella frase de"Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho". Y seguimos topando pues en esta materia, en este auténtico paraíso fiscal en donde parece instalada, el magistrado Luis Manglano recordaba algo tan obvio como que "no hay Estado social de derecho sin solidaridad tributaria" y ello resulta especialmente grave en esta época de crisis, recortes y austeridad en la cual, la Iglesia, pese a su innegable labor social y asistencial, dadas las exenciones de que disfruta, no ha contribuido en materia fiscal, más aún, sigue recibiendo unos ingresos anuales garantizados por parte del Estado, algo que el resto de los servicios públicos estatales no tienen tan seguro.
Esta falta de solidaridad fiscal queda patente en el caso de las ingentes pérdidas de recaudación del IBI de los municipios españoles ante la exención que disfruta la Iglesia con relación a este impuesto que, en el caso de los inmuebles que dedica a actividades lucrativas, resulta legal y socialmente inaceptable. Como tampoco resulta de recibo que, tras invertir el Estado o las Comunidades Autónomas ingentes cantidades de dinero en la restauración de edificios religiosos, cuando éstos se abren al público, la Iglesia cobre una entrada, se quede con unos ingresos por los que no tributa y, por ello, el ciudadano ha pagado por partida doble: primero, con sus impuestos, luego con la entrada. Ahí tenemos el ejemplo de la catedral de la Seo de Zaragoza que, tras 20 años de restauración, tras una tan costosa como brillante restauración, sólo se puede visitar previo pago, al igual que otros muchos edificios religiosos de toda España.
Como decía el añorado Luis Gómez Llorente, la revisión de los acuerdos con el Vaticano era "absolutamente imprescindible", como lo era la defensa del laicismo, tanto en cuanto ello significaba la auténtica libertad de conciencia y autonomía moral. Y añadía: para que todos los ciudadanos seamos iguales, no debe haber confesionalidad y ello no significa hostilidad hacia la religión, aunque se critique (justificadamente) al alto clero.
Por todo lo dicho, los Acuerdos de 1979 son anacrónicos, atentatorios contra la soberanía legislativa de cualquier Estado democrático moderno e insolidarios fiscalmente.
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Posted: 09 Oct 2015 01:19 AM PDT
Carlos Fernández Liria | Cuarto Poder | 09/10/2015
Algunas Juntas de Facultad de las universidades públicas han comenzado el curso con una inquietud. La normativa dice que las facultades podrán autorizar o no a que cuatro artículos publicados en revistas "científicas" puedan ser presentados como una tesis doctoral. Como los artículos pueden venir firmados por varios autores, una misma publicación podría equivaler así no a una, sino a seis o siete cuartas partes de una tesis doctoral. Algunos profesores se han rasgado las vestiduras ante lo que consideran un despropósito, recordando cosas muy elementales en el mundo académico de antaño (es decir, en el mundo, digamos, 'pre-Bolonia'): un doctor es la autoridad académica más alta que existe. La única palabra que en la Universidad vale más que la  palabra de un doctor es la palabra de dos o más doctores discutiendo entre sí en público (no en el salón de su casa). Y de hecho, la columna vertebral de una universidad debería ser la continua discusión de los doctores entre sí. Por eso, no se accede al grado de doctor más que enfrentándose a un tribunal de otros cinco doctores, en un acto público en el que puede entrar cualquier ciudadano que pase por ahí. Por mi parte, yo ya estoy hastiado de estrellarme contra una pared intentando argumentar que todas estas cosas tienen sentido -y es más, que si se suprimen se acaba sin más con la esencia de la universidad pública-.
Durante todos los años de lucha contra Bolonia, se demostró que los argumentos de Humboldto de Hegel no valían un pimiento frente a la estrategia retórica de los reformadores: como las cátedras están corruptas, suprimamos las cátedras (o todas sus funciones); como los tribunales están amañados, suprimamos los tribunales (y con ello el carácter público de las comisiones); como los funcionarios a veces hacen el vago, flexibilicemos la plantilla y generalicemos la precariedad en la Universidad. Por ese camino, las estructuras universitarias se han ido desmoronando y con ellas el presupuesto para mantenerlas, de modo que si este invierno nos quedamos sin calefacción se argumentará que es lógico, porque las tuberías estaban tan corrompidas como las cátedras, los tribunales y los funcionarios. Es repugnante ver que algunos catedráticos, como Félix de Azúa, desde su prestigiosa atalaya mediática, haya aplaudido esta demolición de la Universidad pública argumentando que en ella todo es endogamia, incesto, ignorancia y corrupción (todo menos, curiosamente, el propio Félix de Azúa y algunos otros como él que debieron llegar a catedráticos por derecho divino sin incesto ni endogamia).  Eso sin contar con que, encima, ha sido ahí donde nació Podemos. Para gente como Antonio Elorza, habría valido la pena volar todo el campus de Somosaguas con tal de impedir una cosa así.
En fin, Félix de Azúa ha sido el  más vociferante de los calumniadores, pero hay que decir que la demolición de la universidad contó con la complicidad de las autoridades académicas y con la pasividad irresponsable de la mayor parte de su personal docente. Sólo el movimiento estudiantil, para qué recordarlo, salió en defensa de la institución universitaria. Por eso, asquea notar ahora cierta perplejidad ante dilemas como el que hemos mencionado. Cuatro artículos conceden ahora el título de doctor. Un título que antes se conseguía con el trabajo, a menudo, de toda una vida académica. Algunos ponen cara de indignación ante este supuesto despropósito, sin advertir que el verdadero escollo está en otro sitio: la normativa da un plazo de tres años para realizar la tesis doctoral. Esto quiere decir que se espera que una persona sea doctor con cuatro años de grado y tres de doctorado (reconociéndose, además, que el primer año de grado es puramente un refuerzo de un bachillerato que en España se consideró demasiado cojo para la convergencia europea). Antes de la aplicación del Plan Bolonia, el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), un especie de equivalente de las antiguas tesinas, se realizaba con cinco años de licenciatura y dos de doctorado (y, a veces, uno más, que normalmente se utilizaba en hacer el trabajo). Es decir que, en buenta lógica, lo que habría que pedir es que, retroactivamente, concedieran el título de doctor a todos los diplomados que cursaron el DEA. O visto desde otro punto de vista: en realidad, los futuros doctores ya no serán verdaderos doctores. El tribunal que los tendrá que juzgar será cada vez más un trámite a extinguir, ya que las todas las Agencias de Evaluación concenden más valor a la evaluación ciega y anónima de las revistas científicas (que a algunos les parece muy objetiva, pero que a otros nos recuerda a los encapuchados que juzgaban en las mazmorras de la santa inquisición en tiempos oscuros todavía pre-ilustrados)  que a la discusión expuesta a la luz pública de los tribunales académicos.
No hay nada más tonto que no reconocer una derrota. Si la tesis hay que hacerla en tres años, es una tontería intentar empotrar ahí algo más que ochenta páginas (cuatro artículos).  Hay que reconocer, sencillamente, que la reforma de las universidades -eso que se llamó Bolonia- ha suprimido el título de doctor y lo ha sustituido por otra cosa que se va a llamar igual. Lo mismo que suprimió el quinto año de licenciatura, la estabilidad del profesorado o tantas otras cosas más. Lo que todos estos años se ha pretendido -con la excusa de la convergencia europea o del Plan Bolonia- ha sido jibarizar la universidad pública. Reducir al máximo la parte de la universidad financiada con dinero público. O mejor dicho, poner el dinero público al servicio del mundo empresarial que pueda intervenir a traves de inversiones o másteres de precios prohibitivos. Se trataba de dotar a las empresas de un ejército de trabajadores sin sueldo (o pagados con dinero público) a los que se llama becarios. Se trataba de garantizar que las empresas que invirtieran en algún departamento universitario recibirían una sustanciosa plusvalía pagada con el dinero de los ciudadanos. Para ello, en efecto, bastaba supeditar la financiación pública de los proyectos de investigación y de los departamentos docentes a la previa obtención de fuentes de financiación externa (es decir, privada). De este modo, el dinero público fluye de forma natural hacia los chiringuitos privados. Lo que se escondía tras el denominado Plan Bolonia era la implantación de un inmenso aspirador de dinero público a favor de la empresa privada. A esto se llamó "poner la Universidad al servicio de la sociedad". En este proyecto, sobraban muchas cosas: los estudiantes en primer lugar, porque había muchos más de los que se necesitaban. Los contenidos académicos, porque tanta sobre-cualificación no tenía demanda (la prueba es que los doctores andan por ahí sirviendo copas en los bares de Alemania o del Reino Unido). Sobraban los funcionarios, porque no eran flexibles como las demandas mercantiles. Sobraban decenas de departamentos e incluso facultades enteras. Nadie en el mercado necesita ya saber griego clásico o filosofía del siglo XVI. Sobraba quinto de carrera. Sobre todo, sobraban los precios públicos de las tasas universitarias. Ahora hemos descubierto que sobraba también el doctorado. Y algunos se han llevado las manos a la cabeza, como si todo esto les viniera de sorpresa.
Se dice que lo que está pasando no tiene nada que ver con el famoso Plan Bolonia. Cada vez que escribo un artículo sobre estos temas, hay siempre una legión de comentaristas que me dicen que Bolonia no tiene nada que ver con todo eso. Yo es que no sé cómo se puede estar tan en la Luna, durante tanto tiempo seguido. Pues claro que el Plan Bolonia no tenía nada que ver con todo eso. Hubo un libro excelente que publicaron algunos estudiantes muy activos de la lucha contra Bolonia; se llamaba, significativamente, Bolonia no existe (Hiru, 2009). Lo primero que hacía era denunciar que las reformas del Plan Bolonia no eran más que una tapadera de todo eso que estaba pasando y que ahora estamos sufriendo. Bolonia era un plan de homologación de títulos europeos. Proponía un tres más dos (tres años de grado, dos de máster). No decía que no se pudiera hacer esto a precios públicos. Proponía también un plan de movilidad europea del estudiantado. Todo eso no tenía nada de malo. De hecho, habría sido muy fácil de lograr sin resistencia alguna y con extrema facilidad, llamando grado a los tres cursos de la diplomatura (el llamado primer ciclo) y máster a los dos últimos cursos de la licenciatura (el segundo ciclo). ¿Por qué no se hizo así? Pues porque lo que se pretendía hacer no era eso. Bolonia no era más que humo. Era la tinta del calamar  para encubrir una reconversión empresarial de la universidad pública a favor de la privada. Los estudiantes se dieron muy bien cuenta de que se la estaban jugando y por eso presentaron una batalla frontal durante toda una década. Nos les fue difícil enterarse de la verdad: les bastó con leer los informes sobre educación que se estaban haciendo en la OMC. Los profesores, mientras tanto, andaban cazando moscas, sin comprender qué podía tener de malo eso de homologarse con Europa. Incluso algunos tontos de remate (más bien de izquierdas, además) se creyeron que se les estaba brindando una buena ocasión para mejorar las metodologías de la enseñanza, para enseñar a enseñar a los profesores y,  por qué no, para enseñar a los alumnos a aprender a aprender. Desembarcaron algunos pedagogos y algunos sinvergüenzas disfrazados de pedagogos y la liaron con que se estaba preparando un cambio completo de la cultura del aprendizaje. Cuanta más confusión, mejor. Mientras tanto, los planes de reconversión de la universidad pública avanzaban inexorables.
Al final, ni siquiera ha sido verdad lo de la movilidad europea. Todo lo contrario: por una paradoja del destino, Bolonia trajo consigo la obligatoriedad de asistencia a clase, que dificultó mucho la movilidad. Y a la postre, las becas Erasmus (que habría bastado multiplicar por cuatro para cuadriplicar la movilidad europea, tan simple como eso) están heridas de muerte y son cada vez más impracticables. Las tasas se han elevado al cubo y la famosa universidad al "servicio de la sociedad" se ha convertido para la sociedad en un lujo bastante impracticable. ¿Es qué ha salido mal el Plan Bolonia? No, es que jamás se trató de que saliera bien el Plan Bolonia. De lo que se trataba era de destruir la universidad pública y ponerla a competir con las privadas (de hecho, todavía se nos acusa de que los másteres de 4000 euros de la UCM -el quinto de carrera que antes costaba 600 euros-, hacen una competencia desleal a los de las universidades privadas). Se trataba de debilitar una institución que funcionaba mucho menos mal de lo que se ha pretendido en los medios de comunicación pagando a gentuza y a mercenarios y propagandistas. Lo único que  pretendía el Plan Bolonia, que era la convergencia europea del tres más dos, fue, curiosamente, lo primero a lo que se renunció, puesto que en España se implantó un cuatro más uno. Pues nada, ni por esas cierta gente se dio por enterada de que la cosa no iba de eso.
Y ahora, ya en el paisaje de después de la batalla, seguimos igual. Estoy harto de ver colegas boquiabiertos porque nos hemos quedado sin doctorado. Balbuceando además, que Bolonia no tiene la culpa. No claro, Bolonia es una ciudad de Italia, no tiene nada que ver con todo esto. Y el Plan Bolonia era un papelucho lleno de buenas intenciones. Por lo visto, algunos pensaron (y por lo visto siguen pensando) que esos diez años de luchas estudiantiles fueron contra la ciudad de Bolonia o contra lo que no era sino la propaganda de la OMC. Algunos no vieron más que molinos de viento. Pero esta vez eran gigantes.
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Posted: 09 Oct 2015 01:17 AM PDT
'Esto lo cambia todo', el documental de Avi Lewis y Naomi Klein, propone convertir la crisis climática en una oportunidad para superar el capitalismo y construir un mundo mejor.
Lorena Cervera | Diagonal | 09/10/15
Una protesta contra la explotación minera de la península griega de Calcidia (Halkidiki).
"Si bebes agua o respiras aire, entonces el cambio climático te afecta", así de contundente se muestra una de las protagonistas del documental Esto lo cambia todo, dirigido por Avi Lewis y basado en el libro homónimo de Naomi Klein.
Inspirados por el ejemplo de Alemania, Klein y Lewis pretenden instrumentalizar el documental para consolidar un movimiento internacional que afronte bottom-up (de abajo a arriba) no sólo el cambio climático sino también un sistema económico en decadencia y con grandes deficiencias.
Tras el estreno del documental en el festival de Toronto, el pasado 26 de septiembre16 ciudades europeas, entre ellas Madrid y Barcelona, proyectaron Esto lo cambia todo.
Este estreno-protesta fue parte de acciones globales que iniciaron el camino hacia el próximo foro sobre cambio climático organizado por la ONU en París a finales de noviembre, así como de la Marcha Mundial por el Clima del 29 de noviembre.
Un documental-activista que permite a movimientos sociales organizar proyecciones de la película antes de que llegue a las salas de cine con la intención de devolver el poder a la gente. Con un discurso provocativo y convincente, Lewis y Klein son conscientes de que "el documental no cambiará absolutamente nada, pero la gente que lo vea puede responder a la llamada a la acción" que la película propone.
Una de las primeras escenas de la película de Avi Lewis captura una reunión de la Royal Society británica, la organización científica más antigua del mundo, en la que algunos de sus miembros creen que la forma más eficiente de combatir el cambio climático eslanzando partículas químicas a la atmósfera que ayudarían a bloquear el calentamiento en el hemisferio norte.
En esta misma línea, algunos economistas piensan que la mejor manera de proteger a los elefantes es creando un mercado fuerte para el marfil o que sostenibilidad es un concepto marxista.
Al mostrar las opiniones y posibles soluciones que algunos expertos proponen para combatir el cambio climático, Lewis evidencia que la manera en la que se está abordando por parte de estos influyentes expertos, y por ende de gobiernos, no es suficiente.
No hay tiempo para parches, para soluciones efímeras y sectarias. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos de países desarrollados no están tomando acciones, aunque tal y como Klein matiza "leyes deben ser aprobadas" para abordar la crisis climática.
Esto lo cambia todo ha sido filmado durante más de cuatro años, al mismo tiempo que Klein investigaba para su último bestseller, en nueve países y cinco continentes.
El documental retrata luchas locales de cuatro comunidades en EE UU, Canada, India y Grecia. Todas sus protagonistas son mujeres en lo que parecer ser un metafórico intento de dar voz a la Madre Tierra, ancestro común.
Crystal es una joven líder indígena de Alberta, Canada, que investiga las causas de la destrucción de una vasta zona explotada por las extracciones petrolíferas.
Alexis y su pareja, Mike, tienen una granja de cabras en Montana, EE UU, que ha sido afectada por la rotura de un oleoducto de petróleo. Esta pareja junto con la comunidad indígena local están organizándose en contra de la extracción de combustibles fósiles, proponiendo la instalación de paneles solares como alternativa.
La primera vez que se responsabiliza al sistema capitalista de la aceleración del cambio climático sucede en Grecia. Melachrini, una ama de casa griega, denuncia que la crisis económica se ha utilizado como argumento para permitir extracciones mineras y perforaciones que están amenazando montañas, mares y la economía local, basada en el turismo.
Por último, Jyothu, una matriarca India, está organizando un movimiento social para evitar la construcción de una planta de carbón que destruirá la vida de un pantano.
La película de Lewis es la respuesta a una creciente conciencia medioambiental, tal y como Kollmuss y Agyeman acuñan. Klein y Lewis no son los primeros en intentar concienciar sobre el cambio climático a través del cine. En septiembre de 1990, la revista Hollywood Reporter anunció la existencia de un nuevo género cinematográfico: el film vert.
En los últimos años, tres documentales sobre temas medioambientales han ganado el Oscar: La marcha de los pingüinos (2005), Una verdad incómoda (2006) y The cove(2009).
Sin embargo, Lewis y Klein han querido crear algo diferente, una película activista en la que la historia de fondo es el cambio climático y la principal es el poder popular para cambiar la Historia.
De hecho, la propia Klein confiesa al principio del documental. "¿Puedo ser sincera? Siempre he odiado las películas sobre el cambio climático. ¿Qué ocurre con esos glaciares que desaparecen y esos osos polares desesperados que me hacen mirar a otro lado? Quizá nos hemos aburrido de oír hablar del fin del mundo. O quizás es que no nos lo están contando bien".
Tanto Klein como Lewis son conscientes del poder del documental para abrir espacios de debate, que organicen y refuercen movimientos sociales que, a su vez, y como pasó en Alemania, ejerzan presión sobre gobiernos y, finalmente, cambien el rumbo.
De hecho, Klein ha reconocido que "mientras los libros se leen a solas, las películas se ven colectivamente" y de ese espacio común puede surgir un movimiento organizado. Otros documentales como Comprar, Tirar, Comprar de Cosima Dannoritzer o El mundo según Monsanto de Marie-Monique Robin consiguieron que la obsolescencia programada o los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) se debatieran pública y políticamente.
Para Lewis y Klein, estamos en el momento de "aprovechar la crisis existencial del cambio climático para transformar el fracasado sistema económico en algo radicalmente mejor".
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