jueves, 15 de octubre de 2015

Iniciativa Debate Público





Iniciativa Debate Público


Posted: 14 Oct 2015 02:06 AM PDT

Redacción/Rokambol/14.10.15
"Coméosla con patatas, hostia", les ha sugerido.
Ante la negativa de los principales cocineros españoles a cocinar encuestas electorales, el Partido Popular tramitará de urgencia una reforma constitucional que permitirá a la Guardia Civil entrar en el domicilio de un chef y trasladarlo a la Moncloa sin necesidad de mandamiento judicial.
La nueva reforma permitirá que el Gobierno pueda retener al cocinero durante un periodo máximo de siete horas, "suficientes para preparar una encuesta como Dios manda", según palabras del portavoz popular Rafael Hernando.
La nueva disposición legal incluirá también una serie de medidas que el Gobierno podrá aplicar sobre el chef intervenido en el probable caso de que éste se niegue a cocinar o, aún peor, cocine mal a sabiendas. En ese sentido, la Guardia Civil "podrá disponer al cocinero sobre un lecho de hostias con porra, acompañado de guarnición de patadas cortas a ambos lados de la nariz y un par de electrodos en los huevos".
Por otro lado, Metroscopia ha anunciado su intención de lanzar un libro de recetas con sus mejores encuestas, tanto de cocina nacional como internacional, incluyendo pinchos de opinión y todo tipo de ensaladas subjetivas.   Más en Rokambol
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Posted: 14 Oct 2015 02:00 AM PDT
Edmundo Fayanás Escuer | Rebelión | 14/10/2015
Como vemos día a día, sigue la ofensiva de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), así como los poderes financieros, para cargarse el sistema público de pensiones, anunciándonos la hecatombe venidera. En consecuencia, que mejor solución, que hacerse una pensión privada.
¿Vamos al desastre de las pensiones públicas?
NO. Quién nos va a garantizar mejor las pensiones, que el propio Estado. ¿Creen ustedes que los bancos son más seguros? Vean, que ha pasado con los bancos quebrados o por empresas quebradas como las multinacionales Enron o Worldcom que significó la pérdida de las pensiones privadas de decenas de miles de sus trabajadores.
El gran argumento, que se utiliza es la demografía. Para ello, no dudan en presentarnos pirámides de población de los años 2050 o 2060 y ahí ya nos comunican la hecatombe total.
¿Son fiables estas pirámides poblacionales? No lo son, porque no están hechas de forma científica, sino con la finalidad de conseguir unos resultados para justificar los fines de la privatización de las pensiones públicas.
Recordemos los errores de las pirámides de población elaboradas en el año 1990, que como conclusión nos anunciaban, que para el año 2000, la Seguridad Social estaría quebrada, por la disminución de población. Llegó el año 2000, la población española había crecido y la Seguridad Social tenía superávits.
En el año 2000, nos vuelven a presentar una pirámide poblacional donde nos hablan de que en el año 2010, la población española sería de 39 millones y en consecuencia nos anuncian la hecatombe de la Seguridad Social. La realidad es, que en el año 2010, nuestro país pasó de los 47 millones de habitantes y tuvo un fondo de reserva de las pensiones de 68.000 millones de euros.
¿Cabe mayor desatino? ¿Han pedido perdón? ¿Por qué insisten cuando saben que se equivocan? Como ven, los intereses económicos de los poderosos están muy por encima de los intereses generales.
Otro de los argumentos, que se emplean es el déficit de la Seguridad Social ¿Tiene déficit la Seguridad Social?
SI. ¿Por qué lo tiene? Porque los ingresos han disminuido mientras que los gastos crecen, aunque a un ritmo menor.
¿Por qué tiene déficit la Seguridad Social? Es consecuencia de las políticas llevadas por el PP: austeridad, reforma laboral, subvenciones a empresas y bancos….. Veamos.
La reforma laboral ha provocado un abaratamiento del despido de los trabajadores y ha permitido una rebaja salarial en torno al 15% del salario que se cobraba. Además, ha provocado un aumento del paro hasta el 25% y el empleo que se está creando es de baja calidad, con poco salario e inestable. Las empresas no suelen cumplir los horarios pactados y los trabajadores hacen horas sin cobrarlas bajo la amenaza de despido.
Nos dicen que la tasa de paro disminuye, pero el déficit de la Seguridad Social no lo hace en el mismo porcentaje ¿Por qué? Entre finales de junio de 2014 y el de 2015, el número de trabajadores contratados fue de 523.501, es decir, ha habido un incremento del 3,2%. Sin embargo, la recaudación sólo ha crecido un 0,8% ¿Por qué esta disonancia? Dos son los motivos, por un lado, la cotización media a finales de junio de 2014 era de 3.023 euros por trabajador, mientras que un año después es de 2.952, es decir, los salarios siguen bajando, a pesar de lo que nos dice el optimista Rajoy.
Por otro lado, como nos han anunciado se han creado 523.501 puestos de trabajo, pero el aumento de horas de trabajo equivalía en este periodo a sólo 310.000 jornadas completas de trabajo (40horas), por lo que se confirma la gran precarización de los trabajos.
Cuando dejemos de tener una inflación negativa, como la que tenemos los dos últimos años, podremos entender en toda su plenitud, la pérdida de poder adquisitivo que significa la revalorización del 0,25% de las pensiones impuestas por el PP y entenderemos al desastre que nos lleva dicha medida a través de menor valor de las pensiones.
¿Se puede recaudar más para la Seguridad Social?
SI, pero hay que hacer que los salarios se revaloricen y los empleos sean más estables y que de una vez por todas se luche contra la economía sumergida, que ronda el 24%. Debe hacerse que la recaudación sea más progresiva, haciendo que los salarios más altos paguen más. No es de recibo que por ejemplo la Sra Botín (Santander), Alierta (Telefónica), González (BBVA)…. paguen lo mismo, que un trabajador medio de sus empresas.
Es difícilmente entendible, que las políticas activas de creación de empleo, no las paguen los presupuestos del Estado, sino que sea a costa de los ingresos de la Seguridad Social y en consecuencia de las pensiones. Las exenciones empresariales desarrolladas por el PP han supuesto una pérdida de recaudación de unos 2.000 millones de euros anuales en los ingresos de la Seguridad Social.
El Partido Popular plantea, que las pensiones de viudedad y orfandad salgan de la Seguridad Social y dependan directamente del Estado. Actualmente, hay 2.350.932 pensiones y su coste medio es de 8.838,2 euros anuales y hay 339.811 pensiones de orfandad con un coste medio de 5.192,32 euros anuales.
En estas pensiones de viudedad y de orfandad hay unas, que son contributivas y otras que debían ser pagadas por el Estado, pero las paga actualmente la Seguridad Social. No debemos permitir, que estas pensiones salgan de la Seguridad Social pero si lo que se debe hacer, es que aquellas pensiones de viudedad y de orfandad que le corresponden al Estado, éste ingrese ese cantidad a la Seguridad Social. De esta forma seguiremos con una única caja y garantizaremos, que estas pensiones no dependan de los intereses partidarios, que se vayan dando en cada momento.
Como vemos, las pensiones están sufriendo grandes presiones desde el mundo de los poderosos que solo miran por sus beneficios y no por el bien común.
Si queremos que las pensiones sigan con una estructura como hasta ahora, deberemos pelearlas diariamente y de eso debemos ser conscientes, porque si no nos movilizamos está claro lo que quieren y nos jugamos un bienestar mínimo y el futuro también de nuestros hijos y nietos.
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Posted: 14 Oct 2015 01:58 AM PDT
  • El Grupo Parlamentario Popular se reúne en el Congreso para hacer balance de la legislatura
  • El acto tendrá lugar en el hall del edificio de grupos parlamentarios y también se han instalado un escenario y varias cámaras
El Diario | 14/10/2015
Grifo de cerveza instalado por el PP en el CongresoGrifo de cerveza instalado por el PP en el Congreso
El PP está de celebración. La formación reúne hoy a su grupo parlamentario en el Congreso para hacer balance de la legislatura y a la luz de los preparativos del acto, la evaluación de estos cuatro años en Moncloa va a ser más que satisfactoria para los populares. Para muestra, un botón o, mejor dicho, un grifo: el de cerveza que ha instalado el PP en los pasillos del Congreso para regar el encuentro.
El grifo ha aparecido en las últimas horas en el hall del edificio de grupos del Congreso de los Diputados. Junto a él también se han instalado un escenario y varias cámaras, además de carteles con el logotipo del Partido Popular y el lema de la cita: "De la crisis a la recuperación". Una fiesta por todo lo alto.
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Posted: 14 Oct 2015 01:28 AM PDT
Susan George presenta en la Universitat de València "Los usurpadores. Cómo las empresas transnacionales toman el poder" (Icaria).
Enric Llopis | Rebelión | 14/10/2015
"The New York Times" ha informado recientemente de que 158 familias han aportado la mitad del dinero recaudado para financiar la campaña presidencial en Estados Unidos. La mayoría de estas familias obtuvieron sus patrimonios en los sectores financiero y energético. Según cifras de la Comisión Europea, entre 2008 y 2010 los bancos de los países de la UE recibieron 1,6 billones de euros en ayudas públicas. Con ejemplos de estas características, la politóloga, activista y presidenta de honor de ATTAC-Francia, Susan George, teje su último libro, "Los usurpadores. Cómo las empresas transnacionales toman el poder" (Icaria), presentado ayer en la Universitat de València. El texto trata del poder, en concreto, el de las transnacionales, "que se basa en una ideología llamada neoliberalismo, que es profundamente ilegítima y antidemocrática".
En el antetítulo del libro, la autora de "Informe Lugano", "El pensamiento secuestrado" o "Sus crisis, nuestras soluciones", entre otros textos, advierte de que el Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos es actualmente "la amenaza que se cierne sobre Europa". De hecho, el 7 de octubre la iniciativa ciudadana "Stop TTIP", que agrupa a cerca de 500 organizaciones, entregó a la Comisión Europea 3,3 millones de firmas de 23 estados de la UE, para pedir la suspensión de las negociaciones sobre el Tratado. "Se trata de acuerdos confeccionados a la medida de las grandes corporaciones", apunta Susan George.
En julio de 2013 comenzaron en Bruselas las negociaciones en torno al TTIP. Sin embargo, "su meticulosa preparación es una tarea de décadas", afirma la activista y presidenta del Consejo del Transnational Institute de Amsterdam. "Tan pronto se secó la tinta que creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, las corporaciones comenzaron ya a prepararse para conquistas aún mayores". A los pocos meses, el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Comisión Europea convocaron el Diálogo Comercial Trasatlántico (TABD), foro en el que participaban líderes de 70 empresas a ambos lados del "charco", los secretarios de gabinetes ministeriales estadounidenses y los comisarios de la UE.
Detrás de instituciones como el TABD, que agrupa a gigantes farmacéuticos, químicos, petroleras y tabacaleras; la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT), que agrupa a los presidentes de 50 grandes empresas, el Consejo Empresarial Europeo-Americano (EABC) o la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC), la mayor organización de lobby del mundo, se esconde lo que Susan George denomina la "corporatocracia": grandes corporaciones que actúan "entre bambalinas", de modo gradual y a menudo poco perceptible. La prueba es que, según el Observatorio Europeo de las Corporaciones (CEO), en 119 de las 127 reuniones previas al lanzamiento del TTIP, entre enero de 2012 y abril de 2013, participaron grandes corporaciones y grupos de presión.
La autora de "Los usurpadores" pone el énfasis en la cláusula ISDS (Acuerdos sobre Disputas de Inversor a Estado), que permite a las corporaciones demandar a los estados si ven peligrar sus beneficios. Las grandes empresas pueden, en virtud del ISDS, llevar los casos en los que se consideren perjudicadas a tribunales de arbitraje, de carácter privado. Susan George pone el ejemplo de la aseguradora holandesa Achmea, que ganó 22 millones de euros al estado de Eslovaquia después que los médicos de este país paralizaran en 2011 la privatización de los hospitales. La transnacional Lone Paint también interpuso una demanda al gobierno de Quebec por 250 millones de dólares, después que el ejecutivo estableciera una moratoria al "fracking" en el río San Lorenzo.
Uno de los casos más notorios fue la demanda interpuesta en un tribunal de arbitraje por Occidental Petroleum contra el Estado de Ecuador. El tribunal estableció en 2012 que este país debía abonar una indemnización de 1.770 millones de dólares a la compañía, a la que había impedido realizar perforaciones en una reserva ecológica. En el año 2013 se registraron 560 casos en distintos tribunales de arbitraje, de los que 224 fueron dirimidos.
Susan George plantea los hechos en términos de urgencia histórica para los países agrupados en la denominación "Occidente". "Deben escoger entre la herencia de la Ilustración, desarrollada a partir del siglo XVIII, y la Gran Regresión Neoliberal". La politóloga se declara optimista: "Cuando a finales de los años 60 nos manifestábamos para que Estados Unidos abandonara Vietnam, todo el mundo nos entendía, no hacía falta grandes discursos". ¿Cómo explicar a la gente común el TTIP? "Si coges a un vampiro y lo expones a luz del día, se muere; el Tratado de Libre Comercio no puede soportar la luz del día".
El mundo del poder y del los grupos de presión se halla estrechamente vinculado a la gran recesión. Estimulados por la expansión del neoliberalismo, desde mediados de los 80 las multinacionales estadounidenses de la banca y los seguros, entre otras, emplearon a cerca de 3.000 personas e invirtieron unos 5.000 millones de dólares. El objetivo, liquidar la legislación aprobada por Roosevelt en los años 30, que protegía en cierto modo a los Estados Unidos frente a los cataclismos financieros. Así pues, recuerda Susan George en el libro "Los usurpadores", "desde la caída de Lehman Brothers no se ha hecho prácticamente nada para volver a regular las finanzas". De hecho, el comercio de derivados financieros ha alcanzado los 2.300.000.000.000 de dólares diarios, cantidad un tercio superior a la de 2007. El comercio de divisas se ha triplicado desde el inicio de la crisis, y ha alcanzado los cinco billones de dólares diarios.
En la Unión Europea la situación no es muy diferente, ya que estimaciones informales apuntan que entre 10.000 y 15.000 lobbistas se codean diariamente con europarlamentarios y funcionarios de Bruselas. En ocasiones aparecen personajes icónicos en el mundo de los grupos de presión, como el estadounidense Richard Berman, quien, detalla Susan George, "ha defendido a las destilerías de bebidas alcohólicas y a las elaboradoras de comida basura, además de preparar campañas de las grandes corporaciones contra los sindicatos". Los notables despachos de abogados, como los de Estados Unidos con delegación en Bruselas, también celebran las nuevas oportunidades de negocio. El libro "Los usurpadores" da cuenta de las piruletas de "foei gras" bañadas de chocolate fundido con las que se discutía sobre los potenciales beneficios del TTIP.
Además de acuñar neologismos como "corporatocracia", la politóloga y activista innova calificativos como "teo-liberales", quienes a pesar de lo que apuntan las estadísticas (la gente común vive cada vez peor), continúan "diseminando con éxito sus ideas". "Los sumos sacerdotes de esta doctrina se encuentran en Bruselas, los misioneros itinerantes en Davos, sus practicantes en la sala de juntas de las grandes empresas…". Esta religión del dinero, este culto a lo privado y esta deificación del individualismo puede expresarse en términos macroeconómicos: en los años 70, en Europa, el Trabajo representaba en forma de salarios en torno al 70% del PIB, mientras que el 30% restante correspondía al Capital. Actualmente el Capital acumula al menos el 40% del PIB y el Trabajo cerca de un 60%. A esa diferencia del 10% (1,3 billones de euros) en la correlación capital-trabajo es a lo que Susan George denomina "regresión neoliberal".
El poder de las empresas transnacionales no se topa con límites ni regulaciones en la aldea global. Penetran en cualquier "nicho" susceptible de cerrar un lucrativo negocio. Y lo hacen de manera sutil, sigilosa, como afirma Susan George, difícilmente la "Corporatocracia" tiene su origen en decisiones oficiales explícitas. En septiembre de 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas organizó un encuentro para abordar las enfermedades mortales más significativas. Entre los invitados figuraban grupos de presión como la Asociación Internacional de Alimentos y Bebidas o la Federación Internacional de Asociaciones de Industrias Farmacéuticas. El influjo de las transnacionales no entiende de regulaciones ni barreras. "Se han asegurado un papel prácticamente oficial en las negociaciones de la ONU sobre el clima; han enmarcado los debates de tal modo que su concepción de una Economía Verde es la que prevalece".
Nota:
Susan George es presidenta honorífica de ATTAC Francia y del Transnational Institute de Amsterdam (aquí, su ponencia sobre el TTIP en Espacio Público).
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Posted: 14 Oct 2015 12:36 AM PDT
  • Su existencia pasa más desapercibida que el cobro por sacar en cajeros, pero ahí están.
  • Las entidades sólo pueden cobrar por los servicios que solicitan los clientes y en muchas ocasiones no es así.
Rocío Martínez Rincón | El Diario | 13/10/2015
El Congreso convalida mañana la prohibición de que los bancos cobren dobles comisiones por usar los cajeros
La Caixa abrió la guerra de las dobles comisiones con el cobro de dos euros a los usuarios de cajeros automáticos que no fueran clientes. Ante las protestas de los consumidores, el Gobierno intervino con la prohibición de la medida. Pero no es la única comisión que podría dar qué hablar en el futuro. La entidad catalana también fue pionera en aplicar una comisión de dos euros a las personas que realicen ingresos en cuentas corrientes en los que no sean titulares. Dos euros cobra también Banco Popular por este mismo concepto, y Banco Santander, tres. Esta entidad explica en su libro de tarifas que este recargo se aplica a los ingresos en los que hubiese que detallar la persona que realiza el movimiento o el concepto del abono en las oficinas a las que se les comunique expresamente.
En los tres casos, la comisión se carga contra la persona que realiza el ingreso. Desde La Caixa afirman que esta comisión se refiere a un servicio que solicita una persona que no es cliente, "aunque a veces no llega ni siquiera a aplicarse", al tiempo que recuerdan que ese tipo de ingresos siempre pueden realizarse a través del cajero automático sin ningún tipo de coste. Mientras, Fernando Herrero, secretario general de Adicae, recuerda que el Banco de España ya se pronunció acerca de esta comisión y añade que en realidad los bancos la aplican bajo la excusa de que dan el servicio de señalar el nombre de la persona que ingresa y el concepto del ingreso. Con todo, Herrero califica de "desproporcionado" este cobro.

Comisión por estar en números rojos

Una de las comisiones más polémicas es la relacionada con la comunicación de posiciones deudoras. Todas las entidades la cobran debido a que entienden que el procedimiento de comunicación de una situación de números rojos en una cuenta corriente o depósito a la vista genera gastos. Sus importes rondan los 30-35 euros, sin embargo, no es un servicio que solicite el cliente. En este punto, hay que recordar que la ley vigente dice que la banca sólamente podrá cobrar comisiones por servicios solicitados en firme y aceptados por los clientes, siempre que estos servicios hayan sido efectivamente prestados y los gastos que genera la prestación de ese servicio, se hayan generado. Además, antes de prestar un servicio bancario a un cliente, las entidades están obligadas a informar, mediante un mensaje claro y de forma gratuita, la comisión que se va a aplicar. El cliente, una vez al tanto de los costes del servicio, tiene derecho a rechazar la operación solicitada y, por lo tanto, no abonar recargo alguno.
El uso de tarjetas cuenta también con comisiones que, aunque responden a servicios que solicita el cliente, pueden resultar un tanto exóticas. La Caixa cobra por recargar las tarjetas prepago el 1% del importe a recargar, mientras que Bankia aplica un 3%, con un mínimo de cinco euros por el mismo concepto, y Banco Popular, cinco euros por cada recarga. Bien es cierto que ambos pueden ser considerados servicios que reclama el cliente, pero se da la paradoja de que si el cliente, haciendo uso de sus derechos, desiste de realizar la operación, tampoco puede realizar pagos con su tarjeta. Con todo, desde Bankia explican que las comisiones que aparecen en el libro de tarifas se refieren al máximo que la entidad puede cobrar, "pero luego la política comercial puede determinar cifras por debajo de las marcadas", para luego reconocer que esta tarifa sobre las tarjetas prepago no se está cobrando en las sucursales.
Otra comisión peculiar es la que cobra La Caixa por un servicio de gestión de cobro de pesetas, a petición del cliente. Por él cobra el 3% del importe en billetes gestionados, con un mínimo de tres euros, y seis euros por cada 100 monedas o fracción.
Algunas entidades también reconocen cobros en sus libros de tarifas por no utilizar ciertos servicios, situación que no puede considerarse como servicio solicitado por el cliente. La entidad catalana, además, cobra cinco euros al semestre por inoperancia de tarjetas de prepago, es decir, si no se produce ninguna operación con este medio de pago en seis o 12 meses. Santander, por su parte, aplica un recargo de 30 euros a los usuarios de TPV (Terminal de Punto de Venta o datáfono) cuando la facturación del comercio haya sido inferior a 200 euros durante dos meses naturales seguidos.
Fernando Herrero aconseja a los usuarios reclamar en caso de que cualquier entidad aplique comisiones que no se correspondan con servicios solicitados. El primer paso sería la protesta en ventanilla. Si no se obtiene el resultado deseado, el usuario deberá reclamar ante el propio servicio de atención al cliente de la entidad en cuestión. Si éste no le da respuesta en un plazo de dos meses o es insatisfactoria para el usuario, entonces puede interponer su queja ante el servicio de reclamaciones del Banco de España.

Demanda para recuperar los dos euros

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha registrado recientemente una demanda judicial colectiva contra CaixaBank para que proceda a la devolución de cada importe de 2 euros procedentes de las comisiones aplicadas a clientes de otros bancos por sacar efectivo de sus cajeros. Adicae estima que la entidad habría ganado como mínimo 16 millones de euros durante el periodo de tiempo en el que estuvo en vigor la comisión, declarada ilegal por el Gobierno. En la demanda, Adicae pide que CaixaBank identifique a todos los afectados a los que se les ha cobrado dos euros por sacar dinero de sus cajeros con el fin de proceder a la devolución del importe de oficio, es decir, sin que tenga el consumidor que reclamar.
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Posted: 13 Oct 2015 11:51 PM PDT
  • Mariano Rajoy Sobredo, padre del presidente del Gobierno, vive en La Moncloa, donde recibe asistencia y acompañamiento día y noche a cargo de dos personas contratadas por Presidencia
  • Un equipo médico se ocupa del presidente y su familia, pero nada regula que dicha atención incluya labores de compañía o cuidado de dependientes
  • El Gobierno asegura que "el presidente se conduce exactamente por los mismos criterios que sus predecesores"

Gonzalo Cortizo | El Diario | 14/10/2015
El presidente del Gobierno carga a los presupuestos de La Moncloa los gastos derivados del cuidado y acompañamiento de su padre, una tarea de la que se ocupan dos sanitarios eventuales que se reparten los cuidados en turnos. Se trata de la asistencia personal que requiere un enfermo de 95 años, pero alejada de los servicios estrictamente sanitarios a los que sí tienen derecho el presidente, su familia, los altos cargos de La Moncloa y los mandatarios extranjeros en visita oficial.
Mariano Rajoy Sobredo, padre de Rajoy y juez jubilado –fue presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra–, se trasladó al palacio de La Moncloa poco después de la llegada de su hijo al poder. Tiene 95 años. En marzo de 2014, tras una operación de cadera, su salud empeoró.  Sufrió un ictus, que obligó a su ingreso en el Hospital de La Paz, en Madrid.
Tras el ictus, los servicios médicos de Presidencia intentaron contratar los servicios de una empresa de acompañamiento a la que se solicitó presupuesto para encargarse de las tareas de atención al padre del presidente. El servicio requerido no era barato. El gasto de cuidar durante "el día y la noche" a Mariano Rajoy Sobredo se presupuestó en torno a los 5.000 euros mensuales. La interlocución con la empresa a la que se solicitó el servicio fue, según fuentes conocedoras de esas negociaciones, liderada por el jefe de los servicios médicos de Moncloa.
Finalmente el gabinete de Rajoy prefirió "buscar otras fórmulas" para costear los cuidados y decidió no firmar el contrato con esta empresa externa. Como alternativa, se optó por poner a sueldo a las dos personas que hoy se encargan de la atención del padre del presidente. Según fuentes de La Moncloa, su atención corre a cargo de un hombre y una mujer que responden a los nombres de Pilar y Francisco y que, desde la primavera de 2014, siguen cada uno de sus pasos por la residencia oficial del presidente del Gobierno.
eldiario.es se ha puesto en contacto con el gabinete de Rajoy para preguntar por estos gastos de atención al padre de Mariano Rajoy. Fuentes oficiales del Gobierno se limitan a explicar que "el presidente se conduce en este asunto exactamente por los mismos criterios que sus predecesores". La afirmación no responde con exactitud a la realidad.
El de Mariano Rajoy no es el único padre que ha vivido en La Moncloa con su hijo. José Luis Rodríguez Zapatero también compartió palacio con su progenitor, pero en estancias puntuales. En el caso del presidente socialista, los servicios médicos tuvieron que intervenir a causa de un complicado proceso infeccioso. Fue una actuación dentro del protocolo médico de La Moncloa, motivada por una urgencia. Nunca, hasta la llegada de Mariano Rajoy, el presupuesto de Presidencia se había encargado también de asumir el gasto que supone la atención personal durante las 24 horas a personas dependientes.
Los presidentes del Gobierno y sus familias disponen de un servicio sanitario de alto nivel a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de un equipo médico que también cuida la salud de los altos cargos de Moncloa o de los mandatarios extranjeros en visita oficial. Las funciones de este equipo son estrictamente médicas y, entre ellas, no está el acompañamiento o la prestación asistencial de la que sí disfruta el padre de Mariano Rajoy.
La  Ley General de Sanidad establece claramente qué son y que no son servicios sanitarios. La atención personalizada a ancianos o dependientes queda excluida de esas prestaciones y por ello, en 2006, el Gobierno de Zapatero puso en marcha la ley de Dependencia. La atención que recibe en La Moncloa el padre del presidente queda así excluida de los servicios médicos a los que tiene derecho por ser familia del jefe del Ejecutivo y residir en el complejo presidencial.
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Posted: 13 Oct 2015 01:20 PM PDT
Eco republicano | 13/10/2015
El sindicato ultra ha presentado la querella este martes ante el Juzgado de Madrid al entender que sus comentarios vertidos en facebook contra el Día de la Fiesta Nacional contituyen delitos de ultraje a España (art. 543 del Código Penal), contra los sentimientos religiosos (art. 525 del Código Penal), contra la Corona (art. 490 del Código Penal) y por un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertad pública (art. 510 del Código Penal).
El actor Willy Toledo utilizó su su perfil de Facebook para cagarse "en la Fiesta Nacional", "en la monarquía y sus monarcas" y, añade, que defeca en en el "descubrimiento", los "conquistadores codiciosos y asesinos" y en la "conquista genocida de América".

Otra denuncia desde Pamplona

Al parecer la denuncia de Manos Limpias, no es la única. Desde Pamplona también se ha puesto una denuncia contra el actor Guillermo Toledo. Adjuntamos la fotografía de la denuncia que está circulando por las redes sociales.
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Posted: 13 Oct 2015 01:04 PM PDT
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YTM | 13/10/2015
Yolanda Barcina, expresidenta de Navarra por UPN, ha encontrado un empleo en Movistar Plus, la empresa de vídeo que surgió de la fusión entre Movistar y Sogecable, según publica Hispanidad. El pasado mayo, Barcina comparaba el resultado de las elecciones autonómicas y municipales con la Alemania previa a Hitler, la Venezuela actual o la Argentina de Perón.
Envuelta en un escándalo el pasado año por injerencias en Hacienda, Barcina anunciaba en agosto que dejaba la vida política y dimitía de sus funciones en UPN. En abril de 2009 fue elegida presidenta de Unión del Pueblo Navarro en sustitución de Miguel Sanz. En las elecciones al Parlamento de Navarra de 2011 encabezó la candidatura de su partido al Parlamento de Navarra, que obtuvo 19 de los 50 escaños, siendo el más votado de Navarra.
Sin embargo, tuvo que pactar su investidura con el Partido Socialista de Navarra (PSN), lo que fue ratificado por ambas organizaciones el 18 de junio de 2011. El 23 de junio fue investida presidenta del Gobierno de Navarra con los votos de dichos grupos, y el 1 de julio de 2011 tomó posesión de dicho cargo.
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Posted: 13 Oct 2015 12:32 PM PDT

Daniel Cabezas | La Marea | 11/10/2015
Como cada año, llega el mes de octubre y se repite una estampa clásica en infinidad de zonas rurales de España: miles de cazadores salen al campo con el comienzo de la temporada de la caza menor.Perdices, liebres, conejos, palomas y faisanes, entre otras especies reguladas por el Real Decreto 1085/1989, serán su objetivo. Una actividad muy lucrativa para muchas pequeñas localidades españolas para las que el dinero que pagan los cazadores a cambio de disponer del coto supone, a menudo, la principal fuente de ingresos.
Unos metros por delante de los cazadores, ansiosos, caminan sus perros. Galgos, podencos, pointers, spaniels… Muchos de ellos llevan meses encerrados en jaulas de apenas unos metros cuadrados, y muy pocos tienen la suerte de compartir hogar con sus dueños. Algunos, los menos afortunados, terminarán la temporada muertos o abandonados. Y sólo un pequeño grupo terminará en perreras o albergues, quizá hasta que alguien los adopte y les dé la oportunidad de vivir lejos de aquellos que fueron sus dueños.

Del instinto al maltrato

"Todos los perros, en mayor o menor medida, tienen instinto de caza. Desde cachorros son sensibles al movimiento y por eso persiguen una pelota, ciclistas o piernas que se mueven", explica Mónica Saavedra, educadora de perros y terapeuta del comportamiento. Una cosa bien distinta es el maltrato al que son sometidos en determinadas circunstancias. "El encierro, el aislamiento, la privación de alimentación y de interacción social, así como el maltrato físico, son percibidos por el perro de forma muy similar a como lo haríamos nosotros. Ellos también sienten dolor físico y psicológico. Simplemente haciendo un ejercicio de empatía e intentando imaginar lo que sentiríamos encerrados en un zulo, hacinados, con heridas, sin ver la luz del sol y sin comer ya sabremos qué siente un perro en esas circunstancias".
Javier Moreno, portavoz de Igualdad Animal, va un paso más allá. "Creemos que la caza debe ser abolida. En España el lobby de los cazadores es muy poderoso y sólo hay que ver, por ejemplo, la nueva ley de caza de Castilla La Mancha, en la que prácticamente se convierten los montes en un coto privado para los cazadores, en la que se contempla poder matar animales como perros "asilvestrados" e incluso se permite obtener una licencia de caza a los 14 años", apunta. "No hay nada más demagógico que escuchar a un cazador decir que ama a los animales, alguien que se divierte y entretiene disparando y acabando con la vida de animales para exhibirlos como trofeos".

El drama de los galgos

Irene Blánquez conoce de primera mano ese maltrato. Es la directora de Febrero, el miedo de los galgos, un documental que refleja el maltrato sistemático que sufre esta raza a manos de los galgueros. "En zonas rurales donde se practica la caza de la liebre, es habitual ver cómo se entrena a los galgos. Algunos galgueros atan a sus perros a vehículos de motor y les obligan a correr atados a una velocidad entre 20 y 25 km por jornada. Aparte de ser una práctica cruel, es obviamente muy peligrosa para el animal. El galgo no puede dejar de correr, frenar, ni avisar si se rompe una pata, o si ya no le quedan más fuerzas para correr y la cuerda empieza a estrangularlo. Es una muestra más de la falta de empatía del galguero hacia sus perros".
Una vez termina la temporada de caza, en febrero, llega el abandono masivo. "Los motivos del descarte son diversos", cuenta Irene. "El perro no corre lo suficiente, o no tiene espíritu cazador, quizás está lesionado, o sencillamente "sucio". Este término, "sucio", es usado por los galgueros cuando el perro ya no persigue a la liebre en linea recta. Cuando el galgo aprende que si toma un atajo atrapará antes a la liebre (es decir, cuando actúa de forma inteligente) es descalificado y deja de ser un perro deseado. A menudo esto hiere tanto el orgullo del galguero que el perro es castigado por ello". Y de ahí, a la clásica y desgarradora imagen de los perros ahorcados, que aún sigue siendo típica en determinadas zonas de España.
Todos los expertos y organizaciones especializadas en derechos de los animales coinciden en una cosa: algo está cambiando. "El rechazo social a estas actividades no para de crecer", señala Javier Moreno. "Un ejemplo de ello son las polémicas que se generan en redes sociales en torno a la caza. Queda todavía mucha pedagogía por hacer y avanzar a nivel legislativo para que esta lacra vaya desapareciendo de nuestra sociedad. Es complicado, porque por desgracia esa España de La Escopeta Nacional que retrató Berlanga está todavía muy presente e incrustada completamente en la esfera política y empresarial".
"No entiendo a alguien que mata a otro ser vivo por deporte, si es que se puede llamar deporte, o por puro placer", apunta Mónica Saavedra. "Pero quiero pensar que hay algunos cazadores que, aunque no respeten la vida de otros animales, sí respetan y tratan bien a sus perros, compañeros de trabajo. Sin embargo, me temo que son una minoría".
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Posted: 13 Oct 2015 10:54 AM PDT
Joseph Stiglitz, Adam Hersh | Sin permiso | 10/10/2015

Los negociadores y ministros de Estados Unidos y otros 11 países de la cuenca del Pacífico se reúnen en Atlanta en un esfuerzo por ultimar los detalles del nuevo Trans-Pacific Partnership (TPP, Partenariado Trans-Pacifico), y es necesario un análisis sobrio de su contenido. El mayor acuerdo de comercio e inversión regional de la historia no es lo que parece.Se ha hablado mucho sobre la importancia del TPP para el "libre comercio".
En realidad se trata de un acuerdo para gestionar las relaciones comerciales y las inversiones de sus miembros. Y hacerlo en nombre de los grupos de presión empresariales más poderosos de cada país. No nos equivoquemos: es evidente por la naturaleza de las principales cuestiones pendientes, sobre las que los negociadores siguen regateando, que el TPP no tiene que ver con el "libre" comercio.
Nueva Zelanda ha amenazado con retirarse del acuerdo por la manera en que Canadá y los EE.UU. controlan el comercio de productos lácteos. Australia no está contenta con la forma en que los EE.UU. y México regulan el comercio de azúcar. Y los EE.UU. no están contentos con la forma en que Japón gestiona el comercio del arroz. Estas industrias están respaldadas por bloques de votantes importantes en sus respectivos países. Y estos temas representan sólo la punta del iceberg en términos de cómo el TPP impondrá una agenda que en realidad va en contra del libre comercio.
Para empezar, tenga en cuenta los efectos de un acuerdo que amplia los derechos de propiedad intelectual de las grandes compañías farmacéuticas, como hemos conocido gracias a las versiones filtradas del texto de negociación. La investigación económica demuestra claramente que tales derechos de propiedad intelectual no sirven para promover la investigación, en el mejor de los casos. De hecho, hay pruebas de lo contrario: cuando el Tribunal Supremo invalidó la patente de Myriad sobre el gen BRCA, se produjo una explosión de innovaciones que se tradujeron en mejores pruebas menos caras. En efecto, las disposiciones del TPP restringirán la competencia abierta y aumentarán los precios para los consumidores en los EE.UU. y en todo el mundo: anatema para el libre comercio.
El TPP regulará el comercio de productos farmacéuticos a través de una serie de cambios de unas reglas aparentemente arcanas sobre temas como "la vinculación de patentes", la "exclusividad de datos", y datos "biométricos". El resultado real es que se permitirá expandir a las empresas farmacéuticas – a veces casi por tiempo indefinido – sus monopolios sobre los medicamentos patentados, excluir a medicamentos genéricos más baratos del mercado, e impedir a competidores "biosimilares" la introducción de nuevos medicamentos durante años. Así es como el TPP regulará el comercio de la industria farmacéutica, si los EE.UU. se salen con la suya.
Del mismo modo, considere cómo los EE.UU. esperan utilizar el TPP para regular el comercio de la industria del tabaco. Durante décadas, las empresas tabacaleras estadounidenses han utilizado mecanismos de defensa para los inversores extranjeros creados por acuerdos similares al TPP para luchar contra regulaciones destinadas a frenar el flagelo para la salud pública que es el consumo de tabaco. Bajo estos sistemas de resolución de controversias inversores-Estado (ISDS), los inversores extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales ante mecanismos de arbitraje privados por reglamentos que consideren una amenaza para la rentabilidad esperada de sus inversiones.
Los intereses empresariales internacionales consideran imprescindibles los ISDS para proteger los derechos de propiedad donde no existen el imperio de la ley y tribunales creíbles. Pero este argumento no tiene sentido. Los EE.UU. están exigiendo el mismo mecanismo en un mega-acuerdo similar con la Unión Europea, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), a pesar de que no hay duda sobre la calidad de los sistemas jurídicos y los tribunales de Europa.Todo el mundo está de acuerdo, los inversores – cualquiera que sea su domicilio fiscal – merecen ser protegidos contra  expropiaciones o regulaciones discriminatorias. Pero los ISDS van mucho más allá: imponen la obligación de compensar a los inversores por las pérdidas de beneficios esperados y podría ser invocados incluso cuando las reglas no son discriminatorias y los beneficios se obtienen causando daño a la sociedad.
Actualmente Philip Morris International ha llevado a los tribunales a Australia y Uruguay (que no es socio del TPP) por exigir que los cigarrillos lleven etiquetas que adviertan de su peligro para la salud. Canadá, bajo amenaza de una demanda similar, se echó atrás de introducir una etiqueta de advertencia igualmente eficaz hace unos años.
Dado el velo de secreto que rodea a las negociaciones del TPP, no está claro si el tabaco será excluido parcialmente de los ISDS. De cualquier manera, la cuestión más amplia sigue estando ahí: estas disposiciones hacen que sea difícil a los gobiernos ejercer sus funciones básicas: la protección de la salud y la seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y la protección del medio ambiente.
Imagínese lo que habría ocurrido si esas disposiciones hubieran estado en vigor cuando se descubrieron los efectos letales del amianto. En lugar de cerrar las fabricas y obligar a los fabricantes a indemnizar a los perjudicados, bajo los ISDS, los gobiernos hubieran tenido que indemnizar a los fabricantes por no matar a sus ciudadanos. Los contribuyentes habrían pagado dos veces: primero por el daño causado a su salud por el amianto, y luego para compensar a los fabricantes por sus ganancias perdidas cuando el gobierno intervino para regular un producto peligroso.
No debe sorprender a nadie que los acuerdos internacionales de los Estados Unidos regulen, en vez de liberalizar, el comercio. Es lo que sucede cuando el proceso de decisión de las distintas políticas se cierra a las partes interesadas no empresariales;  por no hablar de los representantes elegidos por el pueblo en el Congreso de los EE.UU..
premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia, fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton y Vicepresidente Adjunto y Economista Jefe del Banco Mundial.
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economista en el Instituto Roosevelt y profesor visitante en la Universidad de Columbia.
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Fuente:
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Traducción:G. Buster
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