domingo, 25 de octubre de 2015

Iniciativa Debate Público




Iniciativa Debate Público


Posted: 25 Oct 2015 03:40 AM PDT
  • El 25 de noviembre vence este producto financiero complejo que la entidad comercializó entre clientes minoristas y que les obliga a convertir sus bonos en acciones a 17,69 euros, cuando ahora está por debajo de 3,7 euros por acción.
  • Si el canje se hiciera al precio actual, implicaría pérdidas del 79,4% de la inversión, sin tener en cuenta los intereses percibidos hasta ahora.
  • "Solo si el quebranto económico supera los 3.000 euros, a los afectados les saldrá rentable demandar al banco", según cálculos del abogado Marcelino Tarmago.
Pilar Blázquez|El Diario|24/10/2015
Banco Popular pone a disposición de pymes y autónomos en Galicia 700 millones de euros
Sucursal de Banco Popular.
Dentro de un mes, a las 0:00 horas del próximo 25 de noviembre, una nueva bomba financiera habrá estallado en España. En ese momento, más de 35.000 clientes del Banco Popular se convertirán en accionistas de la entidad, con unas abultadas pérdidas en sus cuentas de ahorro.
Son los propietarios de los  bonos subordinados necesariamente canjeables del Banco Popular, más conocidos como bonos convertibles, que se vendieron entre los clientes habituales de la entidad en 2009, por un importe de 700 millones de euros y cuya fecha inicial de vencimiento, en octubre de 2013, fue ampliada en una segunda versión de los bonos lanzada en 2012, hasta el 25 de noviembre de 2015. Las pérdidas se derivan de que el precio de conversión de la acción está fijado en 17,69 euros, cuando su cotización actual no llega a los 3,63 euros.
Una carta es quedarse con las acciones y esperar a que se revaloricen, pero lo cierto es que es casi imposible que mejoren el 80% necesario para compensar la inversión inicial. Además, los expertos advierten de que si se conservan las acciones en algunos casos se puede entender que el inversor acepta el riesgo que conlleva ser accionista y puede jugar en su contra a la hora de una demanda favorable a recuperar el dinero.
Tampoco el banco está dispuesto a volver a ofrecer soluciones salomónicas. "No hay prevista ninguna solución generalizada para los afectados. El día 25 se hará el canje obligatorio de los bonos por acciones y luego cada caso será tratado individualmente", confirman desde la entidad.
Como es de imaginar, nadie firmó este ruinoso negocio con conocimiento de causa. "Estamos ante un producto financiero complejo más. Muy parecido a los Valores Santander y en línea con las preferentes. El problema, como en todos, se encuentra en la "colocación" a clientes minoristas, explica José Méndez, abogado y socio director de MA4 y experto en este tipo de litigios.
En octubre de 2009, en plena crisis, las autoridades financieras europeas requerían a los bancos mayores exigencias de solvencia. Mientras unos colocaban participaciones preferentes, el banco presidido por Ángel Ron optó por una estrategia más similar a los  Valores Santander lanzados por el banco de la familia Botín en 2007. Así, lanzó una emisión de 700 millones de bonos subordinados necesariamente canjeables, para "fortalecer los recursos propios adaptándolos a los nuevos criterios de elegibilidad relativos a la solvencia", según se recogía en el folleto de lanzamiento.
Para captar ese capital, emitió bonos a un tipo de interés del euríbor a tres meses más un 4% hasta la fecha de vencimiento, inicialmente fijada para el 23 de octubre de 2013, momento en que los bonos se transformarían automáticamente en acciones del banco. El precio de conversión inicial estaba fijado en 7,01 euros por acción. El problema fue que casi desde el mismo día de la emisión las acciones del Popular entraron en caída libre.

Patada adelante

En 2012, cuando faltaba un año para su vencimiento, el producto acumulaba unas pérdidas del 52% de la inversión inicial. El banco quiso evitar el quebranto económico a sus clientes y les ofreció la salomónica solución de contratar una segunda emisión de bonos, remunerada al 7%, con ventanas trimestrales de liquidez y que retrasaba el vencimiento hasta el mencionado 25 de noviembre de 2015. Una patada hacia adelante que no ha salido bien.
Desde 2012, el Banco Popular ha realizado complejas operaciones financieras (entre ellas, una ampliación de capital y un agrupamiento o contrasplit de acciones) que han derivado en que el actual precio de canje de esos bonos se sitúe en los inalcanzables 17,69 euros por título. Esto implica una pérdida sobre el capital inicial del 79,4%, pero que descontados los intereses que los afectados han cobrado durante todos estos años se quedaría alrededor del 35%, según datos del propio banco.
En 2012, solo unos pocos se negaron a aceptar la oferta del banco (el 95,3% de los bonistas sí lo hicieron) y asumieron las pérdidas. De ellos, algunos demandaron a la entidad y en los últimos meses están apareciendo  las primeras sentencias a favor de los afectados. "El perfil del inversor es muy similar al de los preferentistas, personas mayores, sin ningún tipo de formación e información respecto a lo que firmaban o invertían. Se trata de un producto complejo que se contrató por la confianza y porque se vendió como una inversión segura", explica Carlos Tomé, del despacho de abogados gallegos Caruncho, Tomé y Judel.
En su despacho ya han llevado varias demandas contra Banco Popular por este producto. Asegura que los jueces están reconociendo que se trata de un producto financiero de inversión "complejo y arriesgado que, junto a una buena rentabilidad inicial comporta riesgos inherentes a la propia aleatoriedad de las fluctuaciones del mercado de referencia", según un extracto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra 119/2014 de 8 abril.

Pensárselo dos veces

Aún así, si algún afectado piensa que esto puede ser como las preferentes y que los jueces le van a dar la razón casi sin despeinarse, conviene que se lo piense dos veces antes de lanzarse a la vía judicial. Todos los expertos consultados coinciden en que este producto es más complicado que las preferentes y, como ocurre con los Valores Santander, no es fácil conseguir una sentencia a favor del demandante y además la condena en costas para la entidad.
En favor de los afectados juega que en 2012 no había muchas alternativas ante la oferta de ampliar el plazo de vencimiento. Era eso o perder más de la mitad de lo invertido. Además, aunque en el folleto de emisión del producto iba destinado a inversores mayoristas, también permitía la comercialización a minoristas, siempre que se cumplieran determinadas condiciones de información, plazos, etc. En algunas de las sentencias favorables, el motivo que esgrime el juez es que el cliente tuvo que "firmar en pocas horas y no tuvo tiempo de comprender el producto".
"Pero la casuística va a ser muy compleja. Por eso, yo considero que solo quienes tengan pérdidas superiores a los 3.000 euros deben plantearse demandar", advierte Marcelino Tamargo, abogado y fundador de Espacio Legal.
Para cuantías inferiores, solo podría ser conveniente arriesgarse si el cliente es minorista, sin ningún tipo de experiencia financiera ni en la contratación de un producto complejo. "Para el resto no compensa. Por ejemplo, en el caso de las cláusulas suelo, los jueces están dando la razón a los afectados pero no están condenando en costas a los bancos, lo que implica alrededor de 2.000 euros de coste para el demandante", recuerda Tamargo.
Otro consejo que ofrece este letrado está relacionado con la forma de actuar del afectado. En Banco Popular están intentando negociar con cada uno de ellos y eso puede ser un arma de doble filo. "Si se quiere demandar a la entidad para recuperar el dinero invertido, el 25 de noviembre habrá que asumir el canje de los bonos por las acciones, pedirle al banco el dinero (es decir, no quedarse con las acciones) y luego reclamar las pérdidas", advierte. De lo contrario, asegura Tamargo, "será mucho más complicado conseguir que un juez declare la nulidad de esta inversión".
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Posted: 25 Oct 2015 03:29 AM PDT
M.T./AFP|lainformación.com|30 septiembre 2015
  • El informe de Transport &,amp,amp,amp, Environment  deja patente que las emisiones de CO2 -tanto en motores diésel como gasolina- en 2012 fueron un 31% más de lo dicho.
Diferencia entre las emisiones de CO2 reales de los coches y las que se vendían
El fraude de las emisiones de CO2 no para de crecer. Volkswagen reconoce que solo en el Reino Unido ha habido 1,2 millones de coches afectados, casi un millón en Francia, 700.000 en España, que pide una compensación.
Las personas implicadas en el caso del programa informático montado en millones vehículos diésel del grupo Volkswagen "actuaron de manera criminal". Esa es la sentencia en la BBC de un miembro del Consejo de Administración de la firma alemana.

Más modelos afectados

Coches nuevos, entre ellos el Mercedes A, C y Clase E, BMW 5 Series y Peugeot 308, ahora están provocando alrededor de 50% más de combustible que sus resultados de las pruebas de laboratorio, los nuevos resultados han sido recopilados por Transport & Environment (T & E) revelan . T & E señala que la brecha se ha convertido en un abismo y, sin acción, es probable que crezca un 50% en promedio en 2020.
Coches de Mercedes tienen una brecha promedio entre la prueba y el rendimiento real de un 48% y su nuevo A, modelos de clase C y E tienen una diferencia de más del 50%. La serie 5 de BMW y Peugeot 308 están justo por debajo del 50%. Las causas de estas grandes desviaciones tienen que aclarar lo antes posible, señala el informe, muy duro.
Las emisiones de CO2 registradas en Europa en 2014 fueron, de promedio, un 40% superiores según un informe de la ONG 'Transport & Enviroment' (T&E). De ese modo, piden a los gobiernos que también se centren en las emisiones de los motores de gasolina.
"El sistema de prueba para la evaluación de la gestión de combustible y emisiones de CO2 de los coches está desacreditado", ha asegurado la ONG.
El informe de esta organización deja patente que las emisiones de CO2 -tanto en motores diésel como gasolina- en 2012 fueron un 31% más de lo que aseguran los fabricantes tras pasar las pruebas de certificación. Todo esto llega en medio del escándalo en el que el Grupo Volkswagen está acusado por las emisiones de sus motores diésel.
Ahora, este nuevo estudio asegura que las emisiones superaron ya el 40% en 2014, basándose en los niveles de consumo que 12.500 conductores registraban en la plataforma Sprintmotor.
El informe señala que existe una diferencia del 53% entre las emisiones reales y los verificados para la Clase C de Mercedes (con una muestra de 142 vehículos), o un 48% para el Peugeot 308 (73). El Toyota Auris y el Renault Twingo muestran, sin embargo, una diferencia más moderada con un 18% y 10%.
"Las causas de estas notables diferencias deben aclararse", dijo T&E, para el que los gobiernos europeos "deben extender sus encuestas para los vehículos de gasolina".

Peugeot duda de la metodología del informe

Por su parte, PSA Peugeot Citroën no ha querido pronunciarse en cuanto a este estudio por falta de información en su metodología. Sin embargo, un portavoz ha asegurado que el grupo está "comprometido con reducir el consumo" de sus modelos y que esto "se traduce diariamente por la fuerte caída en los niveles de consumo de una generación a otra de vehículos.

Mercedes señala que el estudio no es serio

Por otro lado, el fabricante alemán Daimler muestra las mayores diferencias en los modelos señalados de Mercedes y no dudan a la hora de cuestionar la "seriedad" del estudio: "Los autores del estudio no indican la cantidad de automóviles de Mercedes que fueron probados, y de hecho cualquier persona puede añadir datos Spritmonitor", ha explicado Matthias Brock, director de la comunicación del departamento de investigación y desarrollo del fabricante.
Johan Ransquin, de la Agencia Francesa para la Gestión de la Energía (ADEME), habla sobre las emisiones de CO2: "no es necesariamente una discrepancia entre lo que se mide en pruebas de laboratorio y la realidad. Lo que nos molesta es queesta diferencia crece con el tiempo. En general, se acepta que existan diferencias del 20-30%", ha asegurado el jefe del Departamento de Transporte y movilidad de la Agencia.
ADEME también ha lanzado una convocatoria para un proyecto llamado "Dust", un intento de medir el consumo de combustible de los vehículos a través de las unidades instaladas. En 2014, realizaron un estudio que muestra la diferencia de emisiones de NOx de los diésel en condiciones reales de conducción.
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Posted: 25 Oct 2015 02:54 AM PDT

Fermín Cabanillas | El Diario | 24/10/2015
Diez años de vida de forma ininterrumpida de un programa de televisión en España no se pueden contar todos los días, y más cuando se ubica en una hora de máxima audiencia, peleando contra pesos pesados como el Telediario de TVE-1 oEl Hormiguero de Antena-3, aunque José Miguel Monzón Navarro (El Gran Wyoming) tiene claro que es la necesidad de información independiente lo que ha hecho que El Intermedio haya cumplido su primera década de vida en antena, y vaya camino de la segunda.
Para este médico nacido en 1955, que solo ejerció como tal durante el servicio militar, " El Intermedio es un programa que tuvo la suerte de nacer con la cadena, y esto le ha dado la posibilidad de tener un tiempo de emisión instalado en prime time", aunque admite que "está en un espacio que realmente no le corresponde, por ser un programa que da mucha información. Pero creo que ha dejado claro que cuando a la gente la dan información, la coge de buen grado, pero hay que hacerlo con un toque de entretenimiento, porque si no, no cuela".
Y en este sentido, continúa: "Se dice que la gente no quiere información cuando llega a casa por la noche, porque llega cansada del trabajo y cosas así, pero si la das con vaselina, funciona". El Gran Wyoming -casi nadie le llama José Miguel- atiende a eldiario.es/andalucia en Gerena, un municipio sevillano que anualmente entrega el Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo, en recuerdo al periodista vecino de la localidad fallecido trágicamente hace 43 años.
En esta localidad reflexiona, entre otras cosas, sobre los premios como el que recibe en esa misma jornada, y lo hace con su particular toque: "Los premios son una mierda, pero cuando se lo dan a otros. Cuando se los dan a uno están muy bien". Recuerda la anécdota que le sucedió a Camilo José Cela con el Premio Cervantes, "que en una rueda de prensa le preguntaron por él, y dijo que no le interesaba, hasta que se lo dieron, y hasta se enfadaba cuando le recordaban esa grabación". Él dice tenerlo claro: "Yo, particularmente, lo recibo con humildad, pero no debe uno creerse que es diferente porque recibe premios, ya que cuando uno está expuesto a la audiencia, la popularidad es lo que trae, así que los acepto agradecido, como un acto de generosidad y afecto la gente que lo da, y no se puede ser grosero o maleducado con ese tipo de cosas".

"Hay demasiados medios en manos de gente que no es periodista"

Acostumbrado a lanzar decenas de puyas diarias desde su plató, El Gran Wyoming se detiene también a analizar el estado actual general de la prensa en España, de la que dice que "el gran problema es la gran concentración de medios en manos de gente que no tiene que ver con la comunicación". Y se explica: "Antes, los diarios tenían su línea editorial, pero pertenecían al mundo de la prensa, pero ahora pertenecen a grupos de poder".
No obstante, existen todavía algunas cuestiones que se pueden solventar, y de las que se pueden sacar conclusiones, como la incursión de los periódicos digitales en la vida diaria de las personas: "Ahora hay otras vías nuevas de información, como internet, que revolucionó el mundo en todos los sentidos cuando llegó, y también lo ha hecho con la información. Ahora, todo va a pasar por ahí, aunque creo que también se acabará controlando internet, o al menos las fuentes de las que se nutren redes sociales como Twitter".
Con argumentos como ése, ha recibido el que se considera uno de los premios de comunicación más importantes en suelo español. Un galardón que, tradicionalmente, se entrega en el mes de junio, pero que se ha llevado este año a octubre para coordinar la agenda del galardonado, del que se ha valorado su trayectoria y el respaldo de la audiencia durante casi diez años al programa que conduce en La Sexta. Según el jurado se trata de "un informativo único en la televisión, que analiza la actualidad diaria con sentido crítico y mucha dosis de humor".
El Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo recibe el nombre del que fuese director de Radio Sevilla Cadena SER, ganador de cuatro premios Ondas, que falleció a los 33 años en un accidente de tráfico. Los profesionales de la comunicación premiados en las ediciones anteriores son Iñaki Gabilondo, José Antonio Sánchez Araujo, Tom Martín Benítez, Jesús Quintero, María Esperanza Sánchez, Lorenzo Milá, Ana Rosa Quintana, Matías Prats, Ana Blanco, Rosa María Calaf, Gemma Nierga, María Teresa Campos, Ezequiel Martínez, Pepa Bueno y Javier Gutiérrez, además de la RTVA por su 25 aniversario. Todos ellos han recibido personalmente la escultura del artista local Antonio Polo, símbolo oficial del premio, que se entrega en la localidad de la que era originario Vicedo.
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Posted: 25 Oct 2015 02:29 AM PDT

Los movimientos europeos en lucha contra los TLC.

Pablo Elorduy|Diagonal|25/10/15|Edición impresa
Si es 15 de octubre, esto es Bélgica y estamos en las Euromarchas, una movilización contra la austeridad y por una Europa más justa y solidaria que reúne a algunos miles de personas en el corazón de la UE. La lucha contra los acuerdos de libre comercio –especialmente TTIP, CETA y TISA– ha dotado de contenido este encuentro de los movimientos europeos. Son organizaciones, plataformas y campañas principalmente de Alemania, Fran­cia, Italia, Bélgica, España o Grecia, que previamente no supieron encontrar una solución a su propia complejidad en la lucha contra la austeridad de los memorándum de rescate y en la oposición a la intervención política en los países del sur por parte de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
Dos cifras se repiten varias veces a lo largo del fin de semana de movilización en Bruselas como una puerta abierta a la esperanza: 250.000 personas salieron en Berlín el 10 de octubre contra los tratados de libre comercio; tres millones y medio de personas han firmado contra del TTIP, el acuerdo de libre comercio que la UE negocia con EE UU.
La manifestación de Berlín ha dejado huella y, aunque no se logró repetir números en la que tuvo lugar el 17 para cerrar los días de movilización en Bruselas, la denuncia del TTIP, el CETA y el TISA –Acuerdo sobre el Comercio de Servicios– se extiende por las "delegaciones" de los movimientos y organizaciones sindicales y políticas que se han dado cita en Bruselas. La próxima cita será el 12 de diciembre en París, durante la Conferencia del Clima COP21 de París, porque los tratados de libre comercio, recuerdan las organizaciones ecologistas, también tendrán un efecto devastador sobre la tierra. "Si queremos cuidar el clima no podemos aprobar el TTIP", sentencia Pascoe Sabido, experto en clima de la organización Corporate Europe Observatory (CEO).

Cómo acabar con los tratados

La estrategia para lograr que la presión acabe con estos tratados está muy clara para Lora Verheecke, de CEO. Esta investigadora cree que hay que presionar a los partidos socialistas para que rechacen en el Consejo Europeo la aprobación del Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA), alcanzado entre la UE y Canadá, y pendiente de ratificación en los distintos parlamentos.
"Deben notar las presiones desde abajo", explica Verheecke, quien apunta varias campañas que están teniendo lugar, como el envío masivo de mails a Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, o a Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, que les ha llevado a protestar públicamente, o la presión en las convenciones de los partidos políticos, especialmente los socialdemócratas. Así, las organizaciones europeas, políticas, sindicales, de campesinos o activistas reclaman que la presión sobre los socialistas pase por los parlamentos o departamentos autonómicos –en España han hecho mociones anti-TTIP las Cortes de Aragón, Andalucía o Can­tabria– y los municipios a los go­biernos de François Hollande en Francia, Matteo Renzi en Italia, o a un hipotético gobierno de Pedro Sánchez en España.
Acabar con la lógica de la gran coalición parece más factible en los distintos territorios europeos que en el Parlamento, donde las fisuras de S&D, el grupo parlamentario socialista, han sido escondidas en los momentos clave para que los tratados pasen las distintas fases hasta cambiar, irremediablemente, el mapa social y laboral de la Unión Europea.
¿Hace falta contar otra vez lo que supondrán estos tratados de libre comercio llamados "de nueva generación"? Aunque buena parte del activismo europeo lleva dos años en campaña contra la trinidad formada por TTIP, CETA y TISA , las organizaciones sociales consideran que hay una mayoría de la población que aún no tiene información suficiente.
Así lo entiende Monica Di Sisto, portavoz de la campaña italiana contra el TTIP, quien en su intervención durante las Euromarchas reclamó la creación de una red con eurodiputados y movimientos sociales que asuman esa lucha común. Di Sisto denuncia que estos tratados atentan contra los derechos humanos de la población europea. "Es necesario –explica Di Sisto– mostrar cómo se reduce el nivel de democracia. También cómo afectan a cuestiones ambientales y de género".
"Hay una preocupación legítima de que estos tratados bilaterales y multilaterales pueden agravar el problema de la extrema pobreza, arriesgar una justa y eficiente negociación sobre las deudas y afectar los derechos de pueblos indígenas, minorías, personas con diversidad funcional, personas mayores y otras en situación de vulnerabilidad", ha alertado un grupo de nueve expertos de Naciones Unidas que denuncian el impacto de estos acuerdos sobre una serie de derechos básicos.
Uno de ellos, Alfred de Zayas, relator independiente de la ONU que ejerció de cabeza visible de este grupo en Bruselas, ha denunciado que con la aprobación de estos tratados se "abandona el imperio de la ley". En su intervención en el taller sobre el TTIP de las Euromarchas, De Zayas recurrió a una fórmula del derecho romano para explicar el perjuicio de la nueva generación de tratados que se está negociando; es 'contra bonos mores', contra las buenas costumbres.
Estos tratados, afirma, son un ataque contra los artículos 1, 2, 55 y 56, y los capítulos 9 y 10, de la carta de Naciones Unidas. Para de Zayas, TTIP, CETA, TISA y los tribunales ISDS –que se incluyen con distintos nombres en los tres tratados– son incompatibles con el derecho promulgado en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Europea de Derechos Humanos.
"La libertad de mercado estará mejor garantizada que la libertad humana", escribe el economista Gérard Lambert en el monográfico Pour, publicado para denunciar el impacto que tendrán estos tratados. Y es que, entre las consignas para sacar a la luz a estos "monstruos" está la de insistir en su carácter irreversible. También en Pour, Thierry Bodson, sindicalista belga de la FGTB, primera central del país, aporta un mapa bastante aproximado del destino europeo: "Los gobiernos ya han aceptado ser desposeídos de su poder presupuestario mediante el pacto fiscal", firmado en 2012 y en vigor desde 2013. "Con el TTIP irán aún más lejos en el abandono de los poderes sociales y legislativos en beneficio del gran bussiness de inversores y multinacionales", señala Bodson.
En una conferencia sobre los peligros del CETA, el coordinador de la campaña Notransat contra el TTIP, Bruno Poncelet, señalaba el desequilibrio de fuerzas entre la sociedad civil europea y las transnacionales. Al tiempo que se armonizan, a la baja, los estándares laborales, "no hay armonización a nivel fiscal ni social". Las multinacionales tendrán, si se aprueban estos tratados, un mercado de más de 900 millones de personas, ampliado en virtud de tratados ya existentes como el NAFTA, y en condiciones de arrastrar al resto del planeta a sus reglas del juego. Poncelet resume las condiciones en que se entrará desde el momento en el que se apruebe el CETA: "Una competición a la baja" por ofrecer medidas de austeridad, ningunear las funciones de los sindicatos mediante la supresión de la negociación colectiva, rebajar las reglas de la seguridad social o, en última instancia, presentar demandas a los Estados que aprueben, por ejemplo, una subida del salario mínimo que rebaje las perspectivas de beneficios de una empresa.

El poder omnímodo

Llevar a cabo procesos de remunicipalización, dejar de servir agua embotellada para poner agua del grifo en los actos de un municipio, seguir frenando las prospecciones mediante técnicas de fractura hidráulica, aumentar la ratio de trabajadoras que cuidan a personas mayores o con diversidad funcional en centros especializados o mantener cerrados proyectos mineros como los de Corcoesto (Galicia) o Salave (Asturias), pueden ser, con que se apruebe cualquiera de estos tratados, motivos de demanda por parte de empresas multinacionales a las administraciones que osen discutir el poder de las transnacionales en el continente europeo.
"El balance entre la sociedad y el mundo de los negocios muestra que este último es mucho más fuerte –se lamenta Poncelet–, tienen más poder que nosotros". En Bruselas, las organizaciones que confluyen en las Euromarchas repiten la consigna de que sólo la presión organizada sobre los poderes políticos de la gran coalición europea puede revertir un proceso que, pese a la opacidad, encuentra una oposición unánime en toda la Europa que sabe de qué se habla cuando se habla de libre comercio.

Evolución de los tratados

CETA
El tratado con Canadá puede ser ratificado a mediados de 2016. Se lo considera el 'caballo de Troya' del TTIP, un precedente peligroso.
TISA
El acuerdo TISA afectará a sectores clave como transporte o telecomunicaciones. El Gobierno español ha anunciado que no lo someterá a referéndum.
TTIP
Entre las posibles formas de acabar con el TTIP está que se reconozca el derecho de la ciudadanía a decidir en cada país por la vía de un referéndum.
ISDS
No es un tratado si no un mecanismo parajurídico incluido en la trinidad (CETA, TTIP y TISA). Ya ha sido aplicado en varios acuerdos internacionales.
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Posted: 25 Oct 2015 02:23 AM PDT

 | 24/10/2015
Ana María, una vecina de la localidad de Benahavís (Málaga), fue multada con 500 euros por circular con su silla de ruedas, una scooter eléctrica, en sentido contrario.
La noticia aparecía en diarios locales el pasado de 10 de octubre, y luego saltó a todos los diarios el 12. Quizá por ser el día de la fiesta nacional, con todas sus polémicas, la noticia no alcanzó mucha difusión. Los hechos ocurrieron en agosto pero fue en este mes cuando el hjo, José Manuel, tuvo constancia de la sanción tras realizar una gestión.
"Mis padres fueron a pasar unos días al pueblo. Al final de la calle, para ir a una casa en la que viven unos familiares, no hay más remedio que ir por la acera. Sólo se accede a través de escaleras o de una carretera, de kilómetro y medio, no de 200 metros, como dice el alcalde", argumentó.
Fue entonces cuando un policía "le llamó la atención y le dijo que no podía circular en dirección prohibida". Su madre le pidió que le especificara por dónde estaba permitido hacerlo y, afirma, el agente "sólo le contestó que por ese punto no era posible". La mujer dijo que lo sentía pero que no tenía otra opción.
Desde el Ayuntamiento afirman que la denunciada "contestó de malas formas y menospreciando la autoridad del agente" y que siguió por una zona peatonal. José Manuel, que ha informado al Defensor del Pueblo Andaluz de lo ocurrido, apostilla que el regidor le ha ofrecido una ayuda para asumir la multa, lo que le indigna aún más. "No queremos dinero. A los minusválidos se les considera peatones y si la acera no es transitable pueden usar la calzada", asevera.
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Posted: 25 Oct 2015 02:01 AM PDT
"Como ya sabréis, porque no se cansan de repetirlas cuando las cifras son buenas, la EPA del verano ha traído algunas buenas noticias (…)"
Antón Losada. En un minuto.
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Posted: 25 Oct 2015 01:51 AM PDT
Rafael Simancas | Nueva Tribuna | 24/10/2015
Un nuevo partido de derecha constitucional es lícito y legítimo. Desde hacía tiempo, un buen número de españoles con ideología conservadora echaban de menos una opción de derecha europea, actualizada y aparentemente ajena a las prácticas clientelistas y corruptas con que se vincula al Partido Popular. Lo que no es lícito es que un partido de derechas, por renovado y moderno que se considere, intente hacerse pasar por lo que no es.
Ciudadanos no es un partido de centro, ni reformista, ni mucho menos progresista, como sostiene su máximo dirigente en un intento de pescar en todos los caladeros posibles. Ciudadanos es un partido de derechas, tal y como demuestra por sus hechos y por sus propuestas. Un partido legítimo, con posicionamientos políticos legítimos, pero un partido de derechas, con posicionamientos políticos inequívocamente de derechas.
Sus hechos son muy evidentes. Ciudadanos ha administrado los votos y la representación institucional que obtuvo en las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo como corresponde a un partido de derechas. Allí donde ha tenido la oportunidad de elegir, ha elegido siempre sumar fuerzas con el Partido Popular.
En la Comunidad de Madrid, el partido de Rivera pudo elegir entre sumar sus votos con el PP para hacer presidenta a Cristina Cifuentes y su programa de derechas, o sumar sus votos con PSOE y Podemos para hacer presidente a Ángel Gabilondo y su programa de izquierdas. Ciudadanos eligió apoyar al PP presidido por Esperanza Aguirre, el PP de las privatizaciones y los recortes, y el PP de los casos Gürtel, Púnica y Gestapillo.
Exactamente lo mismo sucedió en Murcia y La Rioja. En ambos parlamentos autonómicos podían formarse dos mayorías bien distintas: una liderada por el PP, y otra liderada por el PSOE. Y tanto en Murcia como en La Rioja, Ciudadanos eligió sumar sus escaños a los de los diputados del PP para investir sendos presidentes de derechas. Hay quienes contraponen el caso andaluz. No es válido. En Andalucía solo había un gobierno posible, el socialista. La suma de los votos del PP, Podemos, IU y Ciudadanos no era una alternativa viable.
Por tanto, los hechos son los hechos. Cuando el partido Ciudadanos ha podido elegir entre apoyar opciones de gobierno de derechas y opciones de gobierno de izquierdas, siempre ha elegido apoyar a la derecha. Porque es un partido de derechas.
Es un partido de derechas por sus hechos, y también por la carga ideológica implícita en muchas de sus propuestas más emblemáticas.
Rivera y sus gurús económicos han propuesto la implantación del contrato laboral único, que es una vieja reivindicación de los economistas más neoliberales y derechistas de España y de Europa. El contrato único equivale al contrato único temporal y precario, y supone la eliminación factual del contrato indefinido, más conocido como contrato "fijo". Convertir a todos los trabajadores en trabajadores temporales y precarios es una propuesta legítima, pero no es de centro ni progresista. Es de derechas.
Ciudadanos ha propuesto combatir el déficit fiscal de las Comunidades Autónomas ofreciéndoles margen competitivo para establecer copagos en la prestación de servicios públicos. Esto es: si una comunidad ofrece a sus ciudadanos una prestación sanitaria que vaya más allá de la cartera básica, como pueden ser las prótesis, el transporte sanitario o ciertos medicamentos, la administración autonómica se vería obligada a financiar tal prestación cobrando nuevos copagos a los ciudadanos. Igual ocurriría con la educación no obligatoria, como la enseñanza superior universitaria: vía libre para subir las tasas. ¿Lícito? Sí, pero de derechas.
El partido Ciudadanos, que se autocalifica de centrista, ha apoyado al PP en su negativa a extender la atención sanitaria universal para los inmigrantes sin permiso de residencia. El derecho humano básico a recibir auxilio en la enfermedad, se haya nacido donde se haya nacido, puede ignorarse y puede combatirse. De hecho, se ignora y se combate. Pero esta no es una opción progresista, sino de derechas.
Rivera, Garitano, Torres y compañía defienden simplificar los tipos de IVA a tan solo dos, elevando el actual tipo super-reducido del 4% al 7%. Esto supone casi duplicar la imposición indirecta sobre artículos de primera necesidad, como el pan, la leche, el queso, los huevos, la verdura, los libros y las viviendas de protección oficial, por ejemplo. ¿De izquierdas? No. ¿De centro? Tampoco.
Ciudadanos se manifiesta en contra de las diversas rentas mínimas frente a la pobreza que han puesto en marcha varias administraciones, y que han sido propuestas desde el PSOE hasta los sindicatos para su generalización. Ellos proponen sustituir tales rentas por unos "complementos salariales", destinados exclusivamente a quienes ya perciben rentas, pero son insuficientes. Insolidario y de derechas.
Plantean también legalizar la prostitución, para respetar la libertad individual y porque "regular dicha actividad permitiría recaudar hasta 6.000 millones de euros". El primer argumento ignora deliberadamente que la prostitución se ejerce hoy de forma mayoritaria en condiciones de explotación y violencia contra las mujeres. El segundo argumento es simplemente indigno. De derechas.
¿Su modelo de televisión pública? Ciudadanos acaba de acordar con el PP de la Comunidad de Madrid mantener el modelo vigente en Telemadrid, símbolo donde los haya de la televisión sectaria y al servicio del poder. Con la derecha, de nuevo.
¿Imagen cuidada? Seguro. ¿Nuevos? No tanto. ¿De centro progresista? Ni hablar. Son de derechas. Que nadie se equivoque.
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Posted: 24 Oct 2015 12:34 PM PDT
Rubén Sánchez | Facua | 21/10/2015
En los últimos treinta años, las privatizaciones y liberalizaciones trampa de sectores como la gasolina, la luz, el gas y las telecomunicaciones han tenido como consecuencia descomunales subidas de precios y la proliferación de fraudes masivos ante los que los gobiernos no actúan. Así lo denuncia el periodista y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, en el primer capítulo de su nuevo libro, Timocracia, que ha presentado este miércoles 21 de octubre en rueda de prensa.
Editado por FACUA y su Fundación, el libro puede descargarse gratis y por entregas en la web Timocracia.com. Con su particular sentido del humor, Sánchez hará un recorrido por "300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores", como adelanta la portada de Timocracia. La obra sale en castellano y en inglés (bajo el título Scamocracy).
"Las que en los años 80 eran nuestras principales empresas públicas han pasado a manos de bancos, fondos de inversión, gobiernos extranjeros…", denuncia el portavoz de FACUA en las primeras páginas del libro. "En sus consejos de administración se sientan muchos de los que antes eran ministros. Y las dos grandes compañías energéticas han tenido a sueldo a los presidentes que iniciaron las privatizaciones y desregulaciones: Felipe González (PSOE, Gas Natural Fenosa, cuyos principales accionistas son La Caixa y Repsol) y José María Aznar (PP, Endesa, bajo el control del Gobierno de Italia)".
"Estas puertas giratorias", denuncia Sánchez, "suponen para muchos políticos un pago en diferido por los servicios prestados cuando ejercían el poder -o más bien cuando eran las marionetas de quienes realmente lo tienen".
En treinta años, el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido un 187% -dato relativo al intervalo entre enero de 1985 y enero de 2015-, un porcentaje en el que evidentemente han tenido un importante peso los sectores objeto de las privatizaciones y liberalizaciones trampa. Por su parte, el salario medio de los españoles en estas tres décadas ha crecido sólo un 131%, cincuenta y seis puntos menos, pasando de 817 a 1.891 euros mensuales (el último dato del INE corresponde a 2013).
En el primer capítulo de Timocracia, el portavoz de FACUA utiliza devela cuánto han subido en los últimos treinta años los precios de cinco sectores liberalizados, utilizando como hilo conductor el viaje que hace Michael J. Fox en la máquina del tiempo en la película Regreso al futuro y cuya llegada a 2015 se produce precisamente el 21 de octubre.
1. Luz
En octubre de 1985, el usuario medio pagaba por la luz 25,41 euros al mes. En 1995, por el mismo consumo que diez años antes se pagaban 49,53 euros al mes, un 95% más.
Durante los gobiernos de Aznar la luz bajó un 11%. Desde que alcanzó el poder hasta 2001 bajó las tarifas eléctricas cinco veces -entonces se actualizaban anualmente-, el año después las mantuvo congeladas y los dos siguientes aprobó pequeñas subidas prácticamente imperceptibles para los consumidores.
"La utilizada por el primer presidente del PP fue la fórmula perfecta cuando se quiere convencer a los ciudadanos de las ventajas que tiene malvender las empresas públicas y liberalizar -o más bien desregular- sectores estratégicos para la economía de un país", advierte Rubén Sánchezen Timocracia. "Aznar aplicó bajadas en la electricidad porque impuso a las compañías que durante los primeros años de la liberalización tendrían que cortarse un poco al fijar los precios a cambio de indemnizarles con 12.000 millones de euros por los supuestos costes que les supondría su transición a la competencia -los denominados CTCs-. Indemnización -más bien regalo- que después se demostró que estuvo hinchada en al menos 3.600 millones de euros, pero que los siguientes gobiernos rehusaron reclamar a las eléctricas que devolvieran".
Las políticas de Aznar provocaron que su sucesor, Zapatero, heredase un enorme déficit de tarifa que nunca quiso cuestionar y optó por no realizar la necesaria auditoría a las energéticas para evaluar cuáles eran los costes reales de la generación eléctrica, con lo que las tarifas subieron enormemente durante sus dos legislaturas. "Así que los consumidores hemos tenido que indemnizar a las grandes eléctricas con decenas de miles de millones de euros porque había que creerse lo carísimo que les estaba suponiendo producir la energía y la estábamos pagando demasiado barata", continúa Sanchez. Además, "Zapatero tampoco quiso reclamar al oligopolyeléctrico que nos devolviera los miles de millones que les pagamos de más por los costes de transición a la competencia. Y tras ZP, Rajoy haría como que la cosa tampoco no iba con él".
En 2005, el usuario medio pagaba 44,88 euros al mes por su recibo de la luz, un 9% menos que en 1995. Hoy, si tomamos como referencia la media de los precios aplicados durante losprimeros nueve meses de 2015 el usuario medio pagó 76,97 euros al mes. Al echar la vista atrás diez años, la subida ha sido del 72%. En veinte años, del 55%, y en tres décadas, del 203%.
2. Butano
 La bombona de butano de 12,5 kilogramos estaba en 5,29 euros en 1985. En octubre de 1995costaba 5,93 euros; en diez años había subido sólo un 12%. En el mes octubre de 2005, la bombona superó por primera vez la barrera de los 10 euros: pasó a costar 10,29, un 74% más que una década atrás.
El butano batió todos sus records en mayo de 2013, cuando el Gobierno fijó el precio en 17,50 euros -más del triple que tres décadas atrás-, que mantuvo durante veintidós meses. La subida con respecto a 1985 representaba nada menos que el 231%. Pero durante 2015, que casualmente es año electoral, la bombona ha bajado cuatro veces. En octubre cuesta 12,76 euros, un 25% por encima del precio de hace diez años y un 141% más que hace tres décadas.
3. Gas natural
En el gas natural, el incremento ha sido considerable, pero no ha llegado ni de lejos al del butano y ni que decir tiene si lo comparamos con el de la luz o, como veremos después, los de los combustibles de automoción.
El consumidor medio pagaba en 1985 24,85 euros al mes. En 1995, su factura mensual era de 30,85 euros, un 24% más que diez años antes.
Una vez que las tarifas máximas dejaron de aprobarse cada año y el Gobierno pasó a hacerlo en intervalos más reducidos, si seguimos tomando como referencia el 21 de octubre como día para compararlas, en esa fecha en 2005 el usuario medio pagaba 37,05 euros mensuales, un 20% más que una década atrás.
En octubre de 2015, la factura del usuario medio es de 52,36 euros al mes. La subida en tres décadas asciende al 111%.
4. Teléfonía fija
En 1985, la cuota mensual por tener una línea con la Compañía Telefónica Nacional de España era de 6,01 euros. Las llamadas no se tarificaban por segundos, sino por pasos. Cada paso costaba 2 céntimos, y duraba entre 4 y 26 segundos en función de la distancia a la que estuviese la línea a la que se llamase, la hora del día y que fuese o no laborable. Si traducimos lo que costaban los pasos a las tarifas por minuto que utilizamos en la actualidad para comparar ofertas telefónicas, los precios de hace treinta años serían de entre 5 y 30 céntimos por minuto. En cuanto al establecimiento de cada comunicación, suponía 6 o 8 céntimos de euro, según el destino.
Así, una vez consumidos los 127 pasos incluidos en la cuota mensual, una conversacion de dos minutos podía costar entre 15 y 67 céntimos.
En 2015, tener una línea fija con Telefónica supone una cuota mensual de como mínimo 19 euros, más del triple que la de hace 30 años -concretamente es un 207% más cara-. Es la tarifa de su Contrato Básico, en el que las llamadas a otros fijos cuestan 24 céntimos de lunes a viernes, sea cual sea su destino y duración, y están incluidas en la cuota mensual si se hacen los fines de semana. Las llamadas a móviles, las más habituales, suponen 19 céntimos por el establecimiento de la comunicación -hasta un 217% más cara que en 1985- más 12 o 19 céntimos por minuto, en función del horario en que se realicen.
Si en 1985 la llamada más frecuente era la que tenía como destino otro número -fijo, por supuesto- de la misma ciudad, en 2015 la mayoría de las llamadas desde fijo se dirigen a teléfonos móviles. Tomando como referencia una conversación de dos minutos, lo que hace treinta años costaba 15 céntimos hoy supone como mínimo casi el triple, 44 céntimos -un 187% más-. Eso sí, un alto porcentaje de llamadas tienen hoy un precio mucho más económico que tres décadas atrás. Pero lo cierto es que la cantidad que desembolsamos cada mes los consumidores por el teléfono -sin contar la parte que corresponde al uso de internet- está muy por encima del de entonces. Las telecos nos han creado la necesidad de estar permanentemente localizables y de realizar llamadas de forma compulsiva.
5. Gasolina y gasóleo
Cuando Doc recoge a Marty al finalizar la primera parte de Regreso al futuro para que conozca e intente evitar lo que pasará con sus hijos en 2015, el DeLorean ya no necesita uranio para realizar los viajes en el tiempo y se alimenta de basura. Teniendo en cuenta el precio al que se ha puesto la gasolina, la gran decepción de los mayores fans de la trilogía, hoy cuarentañeros, no es que los coches aún no vuelen, sino que sigan sin funcionar a base de residuos.
En octubre de 1985, el gasóleo costaba en España 37 céntimos de euro por litro, la gasolinasúper 56 céntimos y la normal 52 céntimos. El 21 de octubre de 1995, el precio máximo semanal del gasóleo fue fijado por el Gobierno en 52 céntimos por litro, el de la gasolina súper en 67 céntimos y el de la sin plomo de 95 en 64 céntimos. Así que en diez años, el gasóleo había subido un 41%, la gasolina súper un 20% y la normal un 23%.
En el mes de octubre de 2005, el gasóleo tuvo un precio medio de 97 céntimos, la gasolina súper 1,14 euros y la sin plomo de 95 alcanzó 1,05 euros. La subida en una década había sido del 87% para el gasóleo, el 70% para la gasolina súper y el 64% para la normal.
En los primeros ocho meses de 201522, el precio del gasóleo fue de una media de 1,15 euros por litro y el de la gasolina de 95 octanos 1,26 euros -un 19 y un 20% más caros que diez años atrás-. Así que llenar el depósito de gasóleo cuesta más del triple que hace treinta años -un 211% más-, mientras que la gasolina ha subido un 142%. 
El gasóleo y la gasolina de 95 alcanzaron sus máximos históricos en España en septiembre de 2012: 1,43 y 1,50 euros por litro, respectivamente. Nada menos que un 314 y un 188% por encima de los precios regulados por el Gobierno en 1985.
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Posted: 24 Oct 2015 10:47 AM PDT
La situación del Parlamento después del 27S deja la CUP- CC como clave para permitir o no la formación del gobierno de Juntos por el Sí.  Posiblemente esta no es la única posibilidad, no es imposible que este apoyo pudiera estar en manos del PSC, a cambio de cesiones mutuas para  preparar  un nuevo marco de acuerdo autonómico después de las generales del 20 de diciembre.  Pero  ahora  esto  está lejos. Esta posición de la CUP-CC es extraordinaria- mente positiva, pero obliga a no fallar y aprovecharla en favor de las clases trabajadoras.  Nuestra  posición que hemos defendido dentro de la CUP-CC de que  formamos parte se puede resumir en:
1.- Validar el resultado del 27S que consolida la decisión mayoritaria de ruptura con el estado e iniciar un proceso constituyente de la República Catalana…  El objetivo de este Parlament tiene que ser poner fecha a la proclamación de la República Catalana y la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente. Velaremos para que esto no acabe en un nuevo proyecto autonomista de Pacto fiscal. No necesitamos unas nuevas elecciones plebiscitarias, ni pasar página con unas que no lo sean, ni queremos una posible reorganización de la burguesía, ni tampoco una segunda opción a JxS, ahora con la presión del Estado contra Mas para intentar arrebatar los votos que le permitan gobernar en minoría. Es importante profundizar la crisis con el estado haciendo efectiva en el Parlamento la mayoría independentista que ha salido del 27S. No es casual que la opción de nuevas elecciones esté encabezada por C's y los medios más centralistas, ellos quieren borrar los resultados del 27S, borrar el plebiscito y la herida que abre en las instituciones del régimen; nosotros no queremos.
Por lo tanto estamos por que se pueda formar gobierno y no volver a ir a elecciones anticipadas. Permitir la investidura de un gobierno JxS pasa por qué la CUP-CC ceda los 2 votos que necesita JxS y deje 8 en abstención, pero no puede ser a cualquier precio.
No es posible que la CUP-CC avale la investidura de Artur Mas o de los sectores de CDC di- rectamente relacionados con recortes y corrupción. No se puede pagar el precio de desdecirnos del compromiso de no votar Mas. No se puede decepcionar un sector de la clase obrera catalana y de los jóvenes que rechazan con toda la razón a Mas como el principal responsable de la política de recortes, ni de quienes no se fían de ir aplazando un posicionamiento claro de ruptura con el Estado. Ciertamente cambiar a Mas no garantiza un cambio de política, pero cuando la lucha obrera exige dimisiones y hay ministros que caen, esto aumenta la confianza de la gente y debilita la burguesía catalana.
Pero es más, esta condición previa nace avalada por la formación de JxS. Si cómo dicen no pueden renunciar a Mas porque es el referente indiscutible, entonces ¿por qué no lo pusieron de cabeza de lista? La respuesta es que no lo pusieron porque necesitaba una cobertura, un doble paraguas protector: uno de la «sociedad civil» (Omnium, ANC…) para convencer a un sector que no se fía de Artur Mas y de que el proceso independentista no acabará en el día de la marmota, sino que el proceso va adelante y no hay vuelta atrás. Y un segundo paraguas de cabeza de lista, a un Romeva y no a Mas al frente -izquierdizando el discurso- para evitar que sobre la candidatura cayera el balance desastroso para las clases populares catalanas del Gobierno Mas. Efectivamente Mas hace perder votos y crea un merecido rechazo, por eso lo escondieron y es incompatible con la voluntad de ensanchar la base social del independentismo. Si JxS responde a toda esta argumentación negándose a retirar Mas y acaban en elecciones anticipadas, será evidente que la burguesía catalana pone por delante su control político al avance del proceso.
2.- No a un acuerdo de gobierno,  ni  de  legislatura,  ni   de  «gobernabilidad». Una cosa es que la CUP-CC pueda dar dos votos y 8 abstenciones a la investidura de un miembro que proponga JxS y otra muy diferente que pueda acordar medidas de gobierno. Hay la tentación que presionando y aprovechando ahora que necesitan los dos votos se pueda obtener alguna otra medida a favor de las clases populares. Pero esta ventaja después se puede pagar muy cara. En cuatro días el nuevo gobierno estará preparando presupuestos y volverá a necesitar dos votos, y antes estará avanzando la privatización sanitaria con el Consorcio  Sanitario de Lleida… y también necesitará como mínimo los dos votos. La CUP-CC necesita y necesitará al día siguiente de formar gobierno las manos libres para poder ayudar a la movilización para imponer el plan de choque o de emergencia social. Este plan no saldrá de las mesas de negociación con JxS.
La CUP-CC no tiene que entrar a negociar con CDC y ERC ningún plan de gobierno. No puede entrar en el Gobierno, ni acordar ningún pacto de  legislatura ni  de «gobernabilidad», ni ninguna tregua, ni podemos salir como la muleta de JxS. No tenemos que crear ni una sola expectativa ni ilusiones en este gobierno. Necesitamos mantener una independencia completa de este gobierno, porque seguirá siendo un gobierno burgués controlado por CDC y ERC, las dos fuerzas responsables en los últimos años del mayor recorte y privatización de los servicios públicos, y por lo tanto una amenaza a las clases populares. Necesitamos un plan de choque, pero esta necesidad social urgente no será el resultado de ninguna negociación con CDC-ERC. De una negociación, y con la correlación de fuerzas salida del 27-S no es posible pretender que sea el Gobierno CDC-ERC quién, voluntariamente, mejore la situación  de  la  gente trabajadora: seria como pedir al zorro que cuide las gallinas. No se trata de «minimizar» la política neoliberal del gobierno o sacar algunas políticas asistenciales para acabar aceptando. No sólo no nos fiamos de este gobierno CDC-ERC para llegar a la República Catalana, sino que este gobierno sigue siendo una amenaza para los intereses de la clase trabajadora catalana: nuestro compromiso es luchar en favor de las clases populares y desde el primer día por un plan de choque o de emergencia. Nuestros dos votos a favor de JxS tendrían que ser cómo aquel que recomendaba Lenin que «quería sostener a Henderson con su voto como la cuerda sostiene al colgado». Queremos que sean las clases populares y no el estado español quién los eche para construir un Gobierno  de  los Trabajadores/as.
3.- Llamamiento a la constitución de una mesa Nacional por un Plan de choque o emergencia social. Sin esperar a un acuerdo para la investidura hay que llevar a la calle la lucha por un plan de choque que es urgente y sólo será posible desde la movilización de las clases populares. La CUP-CC no tenemos que esperar que se resuelva la situación en el Parlamento para hacer un llamamiento a partidos, sindicatos, organizaciones de los y de las trabajadoras, populares, de jóvenes, mareas… para discutir el plan de choque o de emergencia, constituir una Plataforma unitaria o Mesa Nacional para consensuar el inicio de un calendario de movilizaciones. Medidas urgentes como por ejemplo: 1) Paro inmediato de las privatizaciones: de la sanidad pública (Consorcio de Lleida…). Recuperación ATLL, rescate público del agua. 2) Renta mínima para todos/as los parados/as. Prohibición de los despidos. 3) Prohibición de desahucios mientras se elabora una ley garantizando que ninguna persona queda sin techo. 4) Compromiso de recuperación del gasto de la educación y sanidad pública a los niveles anteriores a los recortes. El dinero que hace falta para hacer frente estas necesidades sociales urgentes tiene que salir –entre otros- de no parar el pago de la deuda y desconocer el artículo 135 de la Constitución.
Estos puntos urgentes, imprescindibles para la clase trabajadora catalana y que  comportan inevitablemente el enfrentamiento con el estado y la lógica capitalista, no serán el resultado de la aritmética parlamentaria, sino que se ganarán en la calle con la movilización, por eso toda la dinámica parlamentaria se tiene que poner a su servicio. Hace falta también un llamamiento a la solidaridad de otros trabajadores/as y pueblos que han manifestado la simpatía por nuestra lucha, preparando la respuesta ante presiones, sanciones y represión del  Estado.
Mª Esther del Alcázar
Lucha Internacionalista                                                                                                        
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La entrada Ante la investidura de Gobierno de la Generalitat de Catalunya: Profundizar la crisis con el estado, Mas no, Movilización por el plan de choque aparece primero en Iniciativa Debate.
Posted: 24 Oct 2015 10:17 AM PDT
Aunque siempre es recomendable no basarse en un titular a la hora de emitir un juicio, en este caso lo es, si cabe, todavía menos. En definitiva, Teresa no hace otra cosa que describir una situación forzada por el propio sistema y actitudes inevitables para muchos millones de personas.
Otra cosa es que haya quien se haga el 'perfecto' retratándose como lo que es, y desde luego, engañando solo a quien esté predispuesto a ello.
La entrada Teresa Rodríguez: "Yo he cobrado en negro y he pagado en negro evidentemente" aparece primero en Iniciativa Debate.
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