martes, 24 de noviembre de 2015

Iniciativa Debate Público






Iniciativa Debate Público


Posted: 24 Nov 2015 09:49 AM PST
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirma que el sistema actual garantiza la independencia judicial. /ÁLVARO MINGUITO
Ter García | Diagonal | 24/11/15
Antes de ocupar el cargo de presidente del gobierno de los jueces –el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– a instancia de Alberto Ruiz Gallardón mediante un acuerdo con el PSOE, Carlos Lesmes trabajaba como director general de Relaciones con la Administración de Justicia con el Gobierno de José María Aznar. Pilar Teso Gamella, que optaba también a presidir este órgano, pero finalmente se mantuvo en su puesto en el Tribunal Supremo, fue antes asesora del Ministerio de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero. Álvaro Cuesta, actual vocal también del CGPJ, ingresó en el PSOE en 1974 y desde entonces ocupó varios cargos, desde diputado por Asturias hasta vicecoordinador de la campaña de lo socialistas para las elecciones europeas de 2004. Son sólo algunos casos de un escenario denunciado desde la magistratura, partidos políticos, organizaciones civiles y hasta desde la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que identifican el sistema judicial como uno de los puntos rojos en cuanto a calidad democrática en España.
Hasta 1985, eran los propios jueces quienes elegían, a través de sus asociaciones, a doce de los miembros del CGPJ, quedando los ocho restantes en manos de Congreso y Senado. Los elegidos, a su vez, decidían el presidente del Consejo –hasta la actualidad han sido todos hombres–. Ese año se cambió el sistema. Argumentando que los doce jueces elegidos llevaban a la corporativización, la recién estrenada Ley del Poder Judicial ordenaba que fueran las Cámaras las que eligieran a los veinte magistrados que formarían el órgano –diez por cámara–.
Un estudio del PCIJ señala que los presidentes de tribunales elegidos por el CGPJ eran precisamente los candidatos que no reunían todos los requisitos    
En 2001, un nuevo cambio en la norma dejaba la puerta medio abierta a la participación de los jueces en la elección del Consejo, dejando en manos de las asociaciones y agrupaciones de jueces una primera selección de 36 nombres sobre los que decidirían el Congreso y Senado. Cuando, en 2011, el Partido Popular volvió al gobierno, su programa electoral prometía reforzar la independencia judicial. Un año después, Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia, prometió la vuelta al sistema de elección anterior a 1985. Pero once meses más tarde, la siguiente reforma del Poder Ju­dicial, acordada con el PSOE, daba un giro de 180 grados a lo prometido, quitando de en medio a los jueces en la preselección de los miembros del CGPJ, que volvían a ser elegidos directamente por Congreso y Senado. En la práctica, negociados por el PSOE y PP.
"El mayor problema que tiene la justicia en España no es la falta de medios, ni el caos organizativo, que también, sino la politización de la justicia", señala Jesús Villegas, magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de Guadalajara y secretario general de la Plataforma Cívica por la Inde­pendencia Judicial (PCIJ). "Aho­ra nuestro órgano de gobierno lo elige el Parlamento, y los jueces estamos atemorizados con que nuestro trabajo se pueda ver influido por consideraciones políticas", continúa.
La principal función del CGPJ, según la web del Poder Judicial, es la "salvaguardia o lagarantía de la independencia de los jueces y tribunales, cuando ejercen su función judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial". Más mundanamente, es el órgano que decide sobre permisos, incompatibilidades, traslados o sanciones a jueces. También sobre el nombramiento de todos los miembros del Tribunal Supremo –salvo el presidente, que es el mismo que el del propio CGPJ–, de los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, y de dos de los miembros del Tribunal Constitucional –el resto los eligen Congreso, Senado y Gobierno–. En resumen, de todos los tribunales que crean jurisprudencia –interpretación de la legalidad sobre un caso que se hace extensible a casos similares– o donde se investigan y juzgan los casos judiciales, como los de corrupción, en los que hay acusados que tienen la consideración de aforados –reciben un tratamiento especial–, o casos relacionados con terrorismo, y también sobre casos como el del Aturem el Parlament, etc.
Victoria Rosell (Podemos) propone que sean los ciudadanos quienes decidan los miembros del gobierno de los jueces
Y aquí continúan las sombras sobre la independencia judicial. Un estudio realizado por la PCIJ sobre los últimos nombramientos decididos por el Consejo señalaba que, en los nueve casos analizados, la persona elegida era precisamente la única de las que se presentaba a la convocatoria que no reunía todos los requisitos necesarios. Es el caso del nuevo presidente de la Au­dien­cia Provincial de Valencia, Fer­nan­do de Rosa, que incluso se computaba como antigüedad los años que trabajó como secretario autonómico y consejero de Justicia de Fran­cisco Camps. Sólo contaba con un año de experiencia en órgano colegiado –tribunales con varios magistrados y presidente–, frente a los 15 y 28 de sus competidores.
En la VI Encuesta a la Carrera Judicial, realizada por SigmaDos para el CGPJ, el 67% de los jueces respondieron que no creían que en los nombramientos realizados por el Consejo prevalecieran los criterios de mérito y capacidad, aunque esta parte de la encuesta no fue difundida entre los medios de comunicación. "Venimos denunciando que esos nombramientos se hacen sin garantías de que respondan a principios de méritos y capacidad. El procedimiento que hay no tiene garantías y los requisitos son muy vagos. Se puede elegir a alguien por motivos políticos y después vestir el muñeco", señala Villegas.

¿Qué hacemos con el CGPJ?

"¿Qué se podría hacer para cambiar esta situación? Volver al sistema que había antes del 85: que una parte la elija el Parlamento y otra la elijan los propios jueces, y así se compensan", propone Villegas, que después puntualiza que los jueces elegidos por los parlamentarios, podrían también ser elegidos por la ciudadanía. "Ahora se elige en su totalidad por el Parla­mento y en la práctica el Consejo se convierte en un apéndice de los partidos políticos".
Desde los partidos políticos, lanzan propuestas para todos los gustos. Ciudadanos propone directamente eliminar el Consejo, convirtiéndolo en un órgano formado por una sola persona que, eso sí, seguiría siendo elegida por el Congreso, manteniendo o incluso reforzando su relación con el partido en el Gobierno. Desde el PSOE se limitan a defender que se mantenga la "unidad del Poder Judicial", sin dar más detalle.
Desde IU, Enrique Santiago propone que los miembros del CGPJ sean elegidos por tercios por parte de instituciones, jueces y ciudadanía
Victoria Rosell, número dos por Tenerife y la candidata del partido de Pablo Iglesias para ocupar la cartera de Justicia, señala a Diagonal que el cambio pasaría por "dar entrada a la ciudadanía para proponer o para votar a los juristas que formen el CGPJ", órgano que también podría estar abierto a una mayor presencia de abogados y fiscales. Desde el partido también han propuesto, ya como parte de su programa, que los miembros del gobierno de los jueces pasen de los 20 actuales –más el presidente– a quince.
Rosell señala también el cambio de acceso a la carrera judicial, potenciar los tribunales de instancia, frente a los juzgados –en los que las investigaciones de los casos judiciales recaen en un solo juez–, limitar el número de cargos aforados –aquellos que reciben un trato especial cuando son llevados a juicio, actualmente más de 17.600 cargos políticos–, reforzar la justicia gratuita o –en el marco de la lucha contra la corrupción–, aumentar la independencia de la policía judicial, inspectores de Hacienda o peritos. "En Francia, la justicia tiene una policía propia, que no depende del Gobierno. Aquí todas las fuerzas policiales dependen de Interior, los inspectores de Ha­cienda, peritos… Estás pidiendo informes o información a personas que muchas veces dependen del poder investigado. Los policías te confiesan que sufren muchas presiones cuando investigan sobre corrupción, y ya hemos visto muchos tiras y aflojas con los peritos", explica la juez.
Enrique Santiago, miembro de la Ejecutiva de Izquierda Unida y número uno de la lista por Madrid, explica que desde su partido también apuestan por la entrada de la ciudadanía en la elección de los miembros del CGPJ, pero no en su totalidad. "Tiene que haber un sistema mixto en el que participen las instituciones, los jueces y la ciudadanía, por tercios", señala a Diagonal.
Otras de las propuestas que señala Santiago pasan por que la instrucción de losprocesos judiciales recaiga en los fiscales. Es una propuesta que ya lanzó Alberto Ruiz-Gallardón, pero que no finalmente quedó en un cajón. Desde el PP han vuelto a recordar esta propuesta, ahora con el apoyo del PSOE y de IU, aunque Santiago señala que este cambio tendría que ir acompañado de una reforma del Ministerio Fiscalque garantice su independencia, ya que actualmente esta institución responde a una organización jerárquica en la que la máxima voz, el fiscal general del Estado, es elegido también por el Gobierno.

Otras medidas en Justicia

Tasas judiciales
PSOE pide que se mantengan sólo a empresas que facturen más de un millón de euros anuales. Podemos e IU también piden la derogación o reforma de las tasas.
Justicia gratuita
Victoria Rosell (Podemos) propone que se establezcan mínimos comunes para el turno de oficio "porque no todas las comunidades tienen el mismo interés ni los mismos recursos".
Corrupción
Podemos apunta hacia una mayor independencia en los actores presentes en la instrucción de los casos. Enrique Santiago (IU) defiende crear unidades especiales de investigación.
Justicia universal
Su recuperación está entre las propuestas que estudia Podemos para su programa.  El PSOE quiere derogar la ley que la eliminaba, pero para luchar contra el Estado Islámico.
Ley de Enjuiciamiento Crimiminal
Todos los partidos piden la derogación de la última Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el PP porque impide la investigación de sumarios complejos, al imponer plazos.
Instrucción
PP y PSOE apuestan por quitar a los jueces la investigación de causas y dársela a los fiscales. IU apoya el cambio, pero con modificaciones que garanticen la independencia de los fiscales.
Carrera judicial
IU propone un cambio en el sistema de acceso a la carrera judicial, que tacha de "memorístico". Desde el PSOE proponen ayudas económicas a los opositores a juez sin recursos.

Los errores de los jueces, ahora los pagamos todos

El 18 de noviembre entró en vigor la última reforma de la Ley del Poder Judicial. Desde que se aprobara la Ley en 1985, con ésta son ya 42 reformas –todas posteriores al año 2000–, a las que se sumará otra más en diciembre. Entre los cambios aplicados en lo que va de año –seis reformas hasta ahora– destaca que los jueces y magistrados dejarán de hacer frente a la responsabilidad civil con su patrimonio por daños causados durante su actividad, como en los casos de hábeas corpus (detención ilegal o arbitraria) que se puedan dar por ordenar prisión preventiva para acusados que finalmente resulten absueltos. Antes, los jueces respondían con su patrimonio, contratando un seguro de responsabilidad civil. En 2010, el Consejo General del Poder Judicial comenzó a contratar un seguro colectivo con el que amparar las posibles denuncias contra los jueces, y fianzas para eludir la cárcel, por el que el órgano pagaba 450.000 euros anuales. En noviembre, el gobierno de los jueces decidió eliminar el seguro colectivo, pero ahora, un año después, serán las arcas del Estado las que afronten las indemnizaciones por errores judiciales.
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Posted: 24 Nov 2015 06:03 AM PST

 | La Marea | 24/11/2015
El pasado día 1 de noviembre un militante de Ciudadanos en Madrid presentó una denuncia en el partido ante la comisión de garantías para denunciar al número cuatro de Ciudadanos en las listas por Madrid al Congreso, Miguel Ángel Gutierrez Vivas, que además es subdelegado territorial en Madrid de la formación. La denuncia versa sobre la violación del código anticorrupción del partido de Albert Rivera por el señor Gutierrez Vivas por falsear el curriculum. Este caso se une al publicado por Infolibre y ElDiario.es sobre el diputado en la asamblea de Madrid Cesar Zafra, quien también falseo el currículum.
Según la denuncia a la que ha tenido acceso La Marea, el candidato Miguel Ángel Gutiérrez Vivas ha venido utilizando de forma fraudulenta el título de Doctor Ingeniero desde hace aproximadamente una década, además de la titulación de Ingeniero Superior, cuando la que admitió en una entrevista en El País fue la de "Ingeniero Topógrafo", que equivale a Ingeniero Técnico. Es decir, Gutiérrez ha utilizado una titulación dos grados por encima de la que posee. El denunciante en su escrito expresa con un ejemplo la utilización fraudulenta de la titulación: "Es como si un auxiliar de enfermería pretendiese que es médico".
En el currículo solicitado por La Marea a Ciudadanos, y que fue facilitado por el departamento de prensa de la formación, figura que Miguel Gutierrez Vivas es "Ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en Tecnologías y Seguridad de la Información".
Sin embargo, en los currículos facilitados por Miguel Angel Gutiérrez Vivas a los diferentes procesos de elección de candidatos y procesos internos se incluía una titulación superior, según documentación validada ante notario por el denunciante, para soportar la denuncia se incluye el curriculum que el número 4 de las listas a Madrid presentó para la elección de candidatos de la Junta Directiva de Ciudadanos en Madrid celebrada el 24 de enero de 2014. En el curriculum de Miguel Ángel Gutiérrez Vivas se incluye que es "Ingeniero Superior por la UPM" (Anexo 1). También incluyó como su titulación la de Ingeniero Superior en su página personal de Linkedin con fecha de abril de 2015. (Anexo 2). Titulación que actualmente en su perfil ha cambiado al genérico de Ingeniero.
Además, durante su carrera profesional anterior a su incorporación a Ciudadanos vino utilizando el título de Doctor Ingeniero en Geodesia y Cartografía en la información facilitada a los medios especializados cada vez que había un nombramiento que afectaba a su vida laboral. [1]  [2]  [3].
Según el código ético de Ciudadanos, falsear el curriculum es motivo de cese o dimisión de la formación naranja. Además, en el acuerdo de investidura firmado con la Comunidad de Madrid en el punto 3 señala lo siguiente: "Separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica". Desde La Marea hemos intentando contactar con Miguel Ángel Gutierrez Vivas pero desde el departamento de prensa de Ciudadanos han alegado que no se puede hablar de este asunto hasta que la comisión de garantías se pronuncie.
ANEXO 1 – Presentaciones de candidatos a la Directiva de Ciudadanos en Madrid de enero de 2015
ANEXO 2 – Linkedin de Miguel Ángel Gutierrez Vivas en abril de 2015
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Posted: 24 Nov 2015 04:35 AM PST

La Marea | 24/11/2015
Los alcaldes Ada Colau, Xulio Ferreiro y Jose María Gonzalez "Kichi"; los actores Alberto San Juan y Pilar Bardem; el presentador El Gran Wyoming y los escritores Isaac Rosa y Belén Gopegui. Son algunos de los más de 2.000 nombres que figuran entre los firmantes del manifiesto #NoEnNuestroNombre, con el que proclaman su oposición "drástica" a "cualquier respuesta al odio que implique más odio, más intolerancia, más muertes de inocentes y menos derechos y libertades".
Además, la iniciativa cuenta con una página web en la que cualquiera puede firmar y que llama a una manifestación el próximo sábado, 28 de noviembre, en la Plaza Reina Sofía de Madrid, para oponerse a las intervenciones militares occidentales en Oriente Medio pero también para impedir que se recorten libertades con la excusa de aumentar la seguridad contra posibles atentados, que forma parte de la "política del miedo".
El manifiesto es un alegato "contra el terrorismo, contra la islamofobia y contra sus guerras". "Ni los recortes de libertades ni los bombardeos nos traerán la seguridad y la paz", continúa, en referencia a los ataques que Francia lleva realizando en territorio sirio durante las últimas semanas. Para los firmantes, "si al dolor por las víctimas inocentes se responde provocando más dolor a otras también inocentes, la espiral será imparable".
"El fanatismo terrorista del Daesh (ISIS) es funcional y retroalimenta al fanatismo racista europeo, mientras nuestros gobiernos practican recortes de derechos sociales y libertades fundamentales, xenofobia institucional y bombardeos indiscriminados, que han demostrado ineficaces. Nos negamos a participar en el falso mercadeo entre derechos y seguridad", profundiza el texto.
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Posted: 24 Nov 2015 03:08 AM PST
"Un cuervo, el animal más poderoso en los mitos haida, se encontraba vagando por la playa, cuando escuchó un ruido en el interior de una almeja. Cuando se acercó, descubrió que estaba llena de diminutas criaturas, asustadas por el cuervo y por el enorme mundo exterior. El cuervo con la lengua, que le había metido y sacado de tantos problemas, halagó y engatusó a las pequeñas criaturas a salir y a jugar en su maravilloso y resplandeciente nuevo mundo"
Traducción no literal de un texto de Bill Reid, artista haida (Cita extraída de mi propia tesis doctoral).

Reflejo de una corneja en un charco de París. (2012) Fuente
Biotay | Naukas | 24/11/2015
Los cuervos forman parte de la historia de la humanidad, pero, al contrario que otros animales, estos no han vivido bajo nuestra cultura, sino en paralelo. Los seres humanos nos hemos sentido fascinados y aterrados a partes iguales con su presencia. A un lado del mundo las poblaciones indígenas haida (Norteamérica) los creían responsables de la existencia del ser humano, mientras que al otro lado los temíamos, pues en Europa se les asociaba con los cadáveres y la carroña.
Con el paso del tiempo, y el avance de la ciencia, hemos descubierto que los cuervos merecen nuestra fascinación. No solo se han adaptado a la perfección a nuestra alteración del entorno (en Tokio son considerados una plaga), sino que han demostrado ser capaces de comportamientos previamente propios de la mitología: juegan a provocar a otros animales, se divierten y se alimentan en grupo, usan herramientas, parece ser que se desparasitan usando hormigas e ¡incluso parecen tener cierto miedo a la muerte!
Las habilidades cognitivas de los cuervos (junto con los loros en general) llevaron en el 2005 a los expertos a replantearse si estábamos entendiendo mal el cerebro de las aves. La conclusión era bien clara, habíamos subestimado terriblemente sus capacidades.
Hoy quiero plantearos un reto, a modo de  juego, quiero que os enfrentéis a un cuervo.
Este vídeo pertenece a un trabajo, publicado a principios de año, que ha supuesto otra agradable sorpresa. Los cuervos del estudio dieron con la solución espontáneamente. Antes de seguir leyendo, ved el vídeo y decidme si habéis averiguado por qué el cuervo elige una u otra tarjeta.
En caso de que no hayáis dado con la respuesta, os doy una primera pista: la figura central tiene un rol diferente al resto, no tapa alimento alguno, tiene un papel importante. Tenéis otra oportunidad.
¿No? De acuerdo, segunda pista: Tiene que ver con la igualdad entre distintos elementos.
Muchos habréis comprendido rápidamente de qué se trata (otros quizás aún lo estéis pensando). El cuervo está eligiendo la ficha que es igual o diferente a la central, depende de si sus componentes sean iguales o diferentes entre sí. Si la ficha central posee dos figuras iguales, la respuesta correcta será aquella con dos figuras iguales.
Durante la fase inicial del experimento se enseñó a los cuervos a elegir tarjetas iguales en una característica (color,  forma, o número de elementos), y se  les premiaba con comida. En la segunda fase las tarjetas ya no eran completamente iguales, y con ella llegó la sorpresa, los cuervos comenzaron a elegir las tarjetas que mantenían una relación no evidente entre sí, realizando un razonamiento analógico.
Este tipo de experimento pone de relieve una de tantas características que, como tantas, hasta hace muy poco tiempo se creían únicamente humanas, después fue probada también en primates no-humanos (babuinos). Como suele ocurrir en la ciencia, a medida que se expande nuestro conocimiento, nuestro tamaño se reduce. Si no has entendido lo que hacía el cuervo hasta que lo has leído, no te preocupes, los propios autores recuerdan que el razonamiento de los cuervos no fue totalmente espontáneo, pues ya habían sido entrenados para reconocer igualdades sencillas (Digamos que contaban con las dos pistas que yo he dado). Pero también hay que recordar que las igualdades difíciles, las que requieren un razonamiento de orden superior, los cuervos se las sacaron de la manga cuando nadie lo esperaba.
Las aves no poseen una corteza prefrontal como nosotros, pues su cerebro es muy diferente. Cualquier comportamiento tan complejo (presumiblemente inexistente en su antepasado común con nosotros) nos lleva a pensar en convergencias evolutivas. De alguna forma su nidopalium ha tenido una historia evolutiva paralela a nuestra corteza prefrontal. Alejados de nosotros, pero  moviéndose en paralelo a lo largo del tiempo.
Larga vida al cuervo que trajo al mundo a la humanidad.

Referencias y más información
Anna Smirnova, Zoya Zorina, Tanya Obozova, Edward Wasserman.Crows Spontaneously Exhibit Analogical Reasoning. Current Biology, 2014 DOI: 10.1016/j.cub.2014.11.063
Corvid Cognition: Something to Crow About? Current Biology (link)
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Posted: 24 Nov 2015 02:55 AM PST


Redacción/Rokambol/24.11.15
Bruselas sancionará a los fabricantes que incumplan la norma.
Grabado en la culata cuando se trate de rifles, ametralladoras y pistolas, serigrafiado en los cañones de los tanques y piezas de artillería, en ambas alas de los aviones de combate, en la popa de todos los buques de guerra, en el extremo delantero de los misiles y en las vainas de los proyectiles de los cañones. A partir del próximo mes de enero las frases "Disparar mata" y "No usar contra Occidente" serán obligatorias en todas las armas de nueva fabricación. Las balas quedarán exentas, pero no así las cajas que contengan la munición, que además de los dos slogans impresos deberán mostrar fotografías de ambulancias a toda velocidad.
Los mensajes, similares gráficamente a los utilizados en las cajetillas de tabaco, irán cambiando periódicamente en función de las necesidades geopolíticas y macroeconómicas del momento. "Disparar podría beneficiar a según quien", "Las balas contienen plomo", "La pólvora hace toser", "Las autoridades militares advierten de los peligros del retroceso", "La falta de disparos podría perjudicar gravemente a Donald Trump" o "Disparar obstruye las arterias de la víctima", son algunas de las frases que también podremos ver próximamente en todo el material bélico de manufactura europea.   Más en Rokambol
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Posted: 24 Nov 2015 02:43 AM PST

eldiario.es | 24/11/2015
No son las siete plagas de Egipto, pero casi. Como si de una maldición bíblica se tratara, ABC recoge hoy en sus cuatro primeras páginas de Madrid el caos en el que a su juicio Manuela Carmena ha sumido a la capital. Bajo el título  La dejadez municipal sume la plaza de España en su peor momento, el diario hace una radiografía de los problemas que encuentra en la plaza.
Las personas sin hogar están al mismo nivel que los residuos en la escala de los problemas que diagnostica ABC: "La delincuencia, la basura y las mafias de mendigos son dueños y señores del eje entre la Gran Vía y Princesa", describe el subtítulo del reportaje. Y a esos males se suma uno más: "hordas de rumanos que toman la plaza cada día".
«Plaga» de hojas en Madrid: «¡No me he matado de milagro!»
El caos, además, no se limita a la plaza de España.  "Plaga" de hojas en Madrid: "¡No me he matado de milagro!". Es el titular de un segundo reportaje que cuenta cómo "los vecinos se quejan del peligro" de las hojas que se acumulan en otoño en el suelo de la ciudad y se queja de la falta de limpieza por parte del Ayuntamiento.
Hace varias semanas, el Gobierno municipal anunció un proyecto para reformar la plaza de España. Prometió que estará listo antes de este verano y que se ejecutará durante la legislatura.
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Posted: 24 Nov 2015 02:03 AM PST

20 minutos | 24/11/2015
Las Fuerzas Aéreas turcas han derribado este martes un avión Sukhoi Su-24 ruso cerca de la frontera sirio-turca que, supuestamente, habría violado el espacio aéreo del país.
El ministro de Defensa ruso niega este extremo, afirma que el aparato volaba a 6.000 metros y ha confirmado que los pilotos han podido salir catapultados antes de que el avión se estrellase, aunque se desconoce su paradero, dice la agencia rusa Tass.
"Durante el vuelo, el avión permaneció todo el tiempo sobre el territorio de Siria, como quedó registrado en los radares", ha explicado el Ministerio.
La agencia turca Anadolu asegura que primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, ha llamado ya al jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y al ministro de Exteriores para hablar del incidente.
Turquía sostiene, por su parte, que lanzó diez advertencias en un periodo de cinco minutos a la aeronave y que después lo derribó con la intervención de los caza F-16.
Suriye sınırında uçağın düşme anı pic.twitter.com/RZ3mqUUYOE
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 24, 2015
Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının pilotları https://t.co/lyDnALZESi pic.twitter.com/HkrjQiIzG2
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 24, 2015
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Posted: 24 Nov 2015 01:45 AM PST
Gonzalo Cortizo / Carmen Moraga | El Diario | 23/11/2015
El número dos de Ciudadanos en Madrid se hizo pasar por abogado sin poseer la habilitación para ejercer como tal. César Zafra, coordinador de la formación en Madrid y diputado autonómico, trabajó durante meses en el despacho Martínez-Aybar, con sede en Alcobendas. En declaraciones a eldiario.es, el diputado afirma: "Mi misión era redactar demandas, recibir clientes y asesorarles". Sin embargo, Zafra no es abogado.
La mentira del dirigente del partido de Albert Rivera se extiende al currículum que depositó ante la Asamblea de Madrid tras ser elegido diputado autonómico. En esa carta de presentación, el número dos de la formación en Madrid también asegura ser abogado. Además de en ese documento, el diputado ha presumido de su condición de abogado en las redes sociales.
César Zafra estudió Derecho y se colegió en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en calidad de "no ejerciente". Así consta en los registros del ICAM, a los que ha accedido eldiario.es. El Estatuto General de la Abogacía es muy claro a la hora de referirse a este tipo de profesionales: "Quienes se hallen inscritos en un Colegio de Abogados como no ejercientes no podrán dedicarse a realizar labores propias de la Abogacía, ni utilizar la denominación de abogado".
Según su propio relato, el diputado de Ciudadanos entró en el citado bufete en calidad de pasante para posteriormente ser ascendido a asociado junior, una situación imposible habida cuenta de su calificación profesional. Zafra se encargó de evitar que nadie tuviese acceso a sus secretos y se comunicó por escrito con el Colegio de Abogados de Madrid para solicitar que sus datos no fueran distribuidos si alguien los reclamaba. "Mandé un escrito pidiendo que no se diesen mis datos", señala en conversación con esta redacción. Según el diputado autonómico, lo hizo para evitar que su desembarco en la política animase a muchos curiosos a conseguir su teléfono y dirección a través del citado organismo. A la hora de reclamar privacidad, Zafra invocó el derecho a la protección de sus datos, tal y como ha podido confirmar esta redacción.
La actitud del alto cargo de Ciudadanos podría considerarse delictiva en virtud del artículo 403 del Código Penal, referido al intrusismo profesional. Según ese texto, "el que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título estaría cometiendo un delito". En el caso de Zafra, ese delito se vería agravado por haberse atribuido públicamente la cualidad profesional de la que carece y por haber ejercido el engaño "en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión". Según el Código Penal quien además de cometer el delito incurriese en las agravantes se enfrentaría a penas de prisión de entre 6 meses y dos años.
En referencia a lo que dice su currículum público, Zafra aclara que "debería haber puesto otra cosa que no sea tan rimbombante". El despacho del que asegura haber sido asociado tuvo sede en Alcobendas y ofrecía servicios de asesoría, seguros y detectives privados.
Imagen Google Street View asesoría CiudadanosImagen Google Street View asesoría Ciudadanos
César Zafra es el coordinador de la Agrupación Ciudadanos de Madrid. Es el portavoz adjunto y número dos de Ignacio Aguado –portavoz de Ciudadanos– en la Asamblea de Madrid. Como diputado, está siendo, junto con Aguado, una de las cabezas visibles de su grupo en la Comisión de corrupción. En el Parlamento regional ejerce también como portavoz de la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
Tiene 31 años y carece de experiencia y de pasado político. Sin embargo, desde que se incorporó a Ciudadanos ha ejercido su cargo de coordinador de Madrid con mano dura, expulsando del partido a varios militantes durante el proceso de primarias para la elección de la candidatura regional. En Getafe y Móstoles impuso gestoras y en Arganda del Rey le acusaron de haber impuesto a dedo a los miembros de la agrupación.
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Posted: 23 Nov 2015 12:05 PM PST
Ada Colau, durante la entrevista, en el Ayuntamiento de Barcelona. / BRAIS G. ROUCO
Brais G. Rouco, La Directa, Fotos: Brais G. Rouco | Diagonal | 23/11/15
163 días. Es el tiempo que ha pasado desde que Ada Colau (Barcelona, ​​1974), representante de Barcelona en Comú (BeC), fue investida alcaldesa de Barcelona, ​​la primera mujer de la historia de la ciudad en ocupar ese cargo. Su ajustada victoria –con 11 concejales de 41, sólo uno más que CiU– hace que tenga claro que la capacidad de actuación de (BeC) "dependerá, también, del acuerdo y del diálogo con otras fuerzas políticas municipales". La trayectoria de Colau es el ejemplo del traspaso que se ha hecho desde la lucha de calle en la política institucional en el escenario de partidos post 15-M. La alcaldesa de Barcelona piensa que "nos encontramos en un momento en que la sociedad está pidiendo más participación, más transparencia y cambios en las instituciones y en las formas de hacer política". A cambio, espera "una ciudadanía vigilante" en relación con sus decisiones.

¿El marco institucional existente a nivel municipal tiene límites para llevar a cabo las transformaciones que os planteáis desde BeC en un principio?

Está claro que el ámbito municipal tiene limitaciones que no nos gustan y que no quisiéramos. Desde que entramos en el Ayuntamiento, reivindicamos la soberanía municipal. Es la administración más cercana a la ciudadanía. Nos encontramos en un momento en que la sociedad está pidiendo más participación, más transparencia y cambios en las instituciones y en las formas de hacer política. Además, la administración municipal es la que da más servicios directos: la gente pide servicios sociales, vivienda, etcétera. En cambio –y no por casualidad–, el diseño institucional que se hizo después de la transición recorta absolutamente la soberanía municipal y es a la que da menos recursos de todas las administraciones.
"Nosotros, ahora mismo, somos un gobierno en minoría, con once concejales en un pleno de 41. Ganamos las elecciones contra todo pronóstico, con un mandato de cambio clarísimo de la ciudadanía"

Entre lo que tenéis entre manos, ¿qué reformas planteáis para hacer más democrática una institución como el Ayuntamiento?

Por un lado, estamos mucho más limitados de lo que nos gustaría, pero, por el otro, hay mucho margen y es una cuestión de voluntad política. ¿Hasta donde llegaremos? La respuesta no depende de nosotros, sino que –una vez más– volvemos la pregunta al conjunto de la ciudadanía. Nosotros, ahora mismo, somos un gobierno en minoría, con once concejales en un pleno de 41. Ganamos las elecciones contra todo pronóstico, con un mandato de cambio clarísimo de la ciudadanía. Éramos una candidatura nueva, impulsada con poco tiempo y pocos recursos. Con todo, también tenemos un mandato de diálogo: nos encontramos en el Consistorio más plural de la historia y hay que pactar con varias fuerzas para aprobar muchas cosas, como los presupuestos o el Plan de Actuación Municipal. Lo que se podrá hacer dependerá del acuerdo con otras fuerzas municipales y de la voluntad de la ciudad en un sentido más amplio: los movimientos sociales, de las entidades y de los diferentes actores que se impliquen. Para que las cosas cambien debe haber corresponsabilidad.
"Cuando ganamos, tuvimos que designar muchos cargos en los que no habíamos pensado", explica Colau.

¿Por qué apostar por fichar al exconcejal socialista Jordi Martí como nuevo gerente del Ayuntamiento? ¿Piensas que su salario –97.000 euros anuales– debería adaptarse al código ético?

La figura del gerente municipal es un perfil técnico que no es tan fácil de encontrar. Es el máximo responsable de toda la estructura técnica y ejecutiva. Supervisa 12.000 trabajadores y un presupuesto de más de 2.500 millones de euros. Cuando nosotros ganamos [las elecciones], tuvimos que designar muchos altos cargos en los que no habíamos pensado. Nosotros no habíamos gobernado nunca, eso es un hecho. Consulté gente con la que confío políticamente que me recomendó Jordi Martí. Le propusimos y aceptó una rebaja del sueldo anterior de gerente municipal. Él es quien pone la firma sobre grandes decisiones que conllevan muchos millones de euros. Tiene un perfil técnico altamente especializado, experiencia gerencial y recorrido dentro de la administración pública. Durante estos primeros meses, está yendo bien; la verdad es que estoy contenta. A lo largo de los próximos años se podrá juzgar su trabajo. Con todo, debemos hacer una reflexión colectiva sobre cuáles deben ser los mínimos y los máximos de los salarios de directivos.
"Tuvimos que designar muchos altos cargos en los que no habíamos pensado"

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca considera que no basta con las acciones puestas en marcha para impulsar la 'ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética'. ¿Hay un plan concreto para poder desplegar la ILP en Barcelona?

La PAH hace muy bien exigiéndonos más porque es su función; ha ido muy por delante de todas las instituciones y las administraciones, ha marcado el camino y ha demostrado que era una cuestión de voluntad política. Los desahucios se han reducido, pero todavía se producen y siguen habiendo pisos vacíos. Las expulsiones por impago de alquiler, que representan más del 90% en Barcelona, ​​dependen de leyes estatales. Hemos presentado una medida de gobierno que es la aplicación de la ILP y hemos empezado a implementarla. También hemos requerido la cesión obligatoria de más de 500 pisos de la Sareb, pero el procedimiento es de uno a uno y los trámites son muy largos. Necesitamos que los cientos de viviendas vacías en manos de diferentes grandes tenedores se faciliten inmediatamente para ponerlos en alquiler social. En los próximos días tenemos una reunión con los operadores jurídicos para hablar de la aplicación de la ley, pero nos encontramos en una situación de impass con un gobierno de la Generalitat en funciones que no está al cien por cien. Cuando se constituya el próximo gobierno, exigiremos que aplique la parte que le corresponde.
Durante la entrevista, la alcaldesa se refirió a la política de seguridad.

Las tarifas de transporte público de la ATM son de las más caras de la Unión Europea en relación con el salario mínimo. ¿Se podrá aplicar una rebaja tarifaria de cara al 2016?

El transporte público es una prioridad absoluta por el gobierno de BeC como mecanismo de transporte para las clases populares y por la mayoría de población de la ciudad, pero no depende sólo del Ayuntamiento, sino de la Autoridad del Transporte Metropolitano, donde debemos poner de acuerdo a tres administraciones diferentes: el Ayuntamiento, la Generalitat y el Área Metropolitana. Ahora, se está discutiendo sobre las tarifas del próximo año y, en principio, deben aprobarse en diciembre. Tenemos las conversaciones abiertas. Nosotros queremos congelar, como mínimo, los precios de 2016 y aumentar la tarificación social. Un ejemplo sería pasar de la T-12 a T-16. También estamos a favor de hacer abonos para estudiantes y personas desempleadas. Por otra parte, la gran asignatura pendiente es la financiación del transporte público, donde hay una situación de fraude y infrafinanciación. Los principales organismos competentes, la Generalitat y el Estado, han rebajado sus aportaciones. En cuanto a los precios, somos partidarios de hacer una reducción general a medio y largo plazo, pero no es aceptable que el Ayuntamiento de Barcelona tenga que asumir cargas financieras que perdona a la Generalidad de Cataluña y el Estado.

¿Se mantendrán las políticas de control estricto y sanciones contra la gente que no paga billete en el transporte público?

Está claro que se debe controlar el fraude. El transporte público es un bien común. En este sentido, es normal que se vigile el cumplimiento de las normas porque, si no, la gente piensa que no está obligada a cumplir las reglas del juego si otros se las saltan. Dicho esto, en un contexto de crisis, está claro que hay gente que no paga el transporte público porque no tiene capacidad económica. Tenemos que mejorar la tarificación social para la gente que tiene dificultades económicas y entonces podremos ser absolutamente estrictos con el control del fraude.
"El nuevo plan director reforzará una policía de proximidad, de prevención y de mediación muy ligada al territorio"

Una de las promesas electorales de BeC era disolver las UPAS, ahora USP. ¿Por qué todavía no ha disuelto este cuerpo de antidisturbios de la Guardia Urbana?

Dimos instrucciones a la Guardia Urbana para que dejara de hacer funciones de antidisturbios justo al llegar al Ayuntamiento. El orden público no es una competencia municipal, sino de los Mossos. Otro debate es el modelo que debe tener la Guardia Urbana. Amadeu Recasens, el nuevo comisionado de Seguridad, está trabajando en un nuevo plan director, que se presentará pronto para reforzar una policía de proximidad, de prevención y de mediación muy ligada al territorio. También tiene que haber unas unidades de apoyo especiales por si hay situaciones puntuales que requieran más efectivos.

Pero, ¿que se hará exactamente con los efectivos que forman parte de estos cuerpos?

La idea es que las Unidades de Apoyo Especial estén más vinculadas a las funciones del territorio. Queremos que no estén completamente apartadas del cuerpo y que asuman la interlocución con las asociaciones de vecinos, las entidades de comerciantes, las AMPA y el conjunto de asociaciones vinculadas a los distritos y los barrios. Cuando hay conocimiento del territorio, se puede intervenir de manera preventiva y evitar conflictos.

Una de las personas que ha mantenido dentro del cuerpo de la Guardia Urbana es Evelio Vázquez, que consideró falsos los hechos del 4-F narrados en 'Ciutat Morta'. ¿Por qué ha decidido mantenerle al frente de la GUB?

Con el Evelio Vázquez, hemos hablado tanto Amadeu Recasens como yo misma una vez accedimos al Ayuntamiento. Él dijo que estaba en sintonía con los objetivos que se estaban planteando y valoramos positivamente que el máximo responsable del cuerpo de la GUB quisiera acompañar el proceso de transición hacia el nuevo plan director. El diseño del próximo planeamiento debe hacerse contando con la Guardia Urbana para que tenga éxito. Evelio Vázquez nos pareció un gran activo para acompañarnos en el proceso.

¿Entienden, sin embargo, que esta decisión puede generar dudas entre una parte de la población?

Cualquier decisión puede generar dudas y eso lo entiendo. Aceptamos todas las críticas y queremos una ciudadanía absolutamente vigilante. Ahora estamos en una fase de transición y, durante los próximos meses, se podrá evaluar si ha sido una buena decisión. Yo, de momento, creo que sí lo ha sido.
"La solución para resolver el problema [de los manteros] no puede ser estrictamente policial y judicial"

El pasado lunes, asistimos a una gran operación de la Guardia Urbana contra los vendedores ambulantes en el barrio de Besòs Mar. ¿Las operaciones policiales son la solución a las problemáticas que se han generado en torno a la venta ambulante?

La Guardia Urbana actuó como policía judicial, por órdenes del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona. El fenómeno del top manta es global, complejo, viene de lejos. La solución para resolver el problema no puede ser estrictamente policial y judicial. Se trata de un colectivo que no tiene voluntad de delinquir, pero que se encuentra en una situación de exclusión por una ley de extranjería que muchos consideran racista y que les hace estar en el limbo de la irregularidad. Cuando llegamos al Ayuntamiento, nos encontramos que sólo había una gestión policial del conflicto, con miles de sanciones que no han solucionado nada. En la gestión que se hace del espacio público, hay una respuesta que va a las causas del fenómeno. Hemos creado un grupo de trabajo enfocado desde el área de derechos sociales para tratar directamente con el colectivo y con otros actores implicados para encontrar soluciones a medio y largo plazo. Mientras tanto, la Guardia Urbana ha de seguir con su labor de gestión del espacio público. Pensamos que, más que atacar al vendedor ambulante, hay que ver qué pasa con las mercancías y saber quién las falsifica y se enriquece con su venta. También hemos pedido más colaboración entre las diferentes administraciones afectadas para ir al origen del problema y evitar que se persiga a los más vulnerables, que son los vendedores.
La gestión del turismo es uno de los primeros puntos rojos tratados por el Ayuntamiento de Ada Colau.

Tiene el compromiso de hacer una revisión de la ordenanza, pero, hasta ahora, no ha trascendido que haya ningún cambio. ¿Se ha tomado alguna medida al respecto?

Tiene sentido que haya una ley que regule la convivencia en el espacio público, pero pensamos que la antigua ordenanza estaba muy enfocada a la sanción y la penalización de colectivos vulnerables, cuando lo que debería hacer es abordar estos conflictos socialmente. Lo hemos criticado con dureza y lo mantenemos. No es sólo una cuestión de opinión política o moralidad, la ordenanza se ha demostrado ineficaz: la aprobación de la norma ha supuesto cientos de miles de euros en sanciones que ni se han cobrado ni han servido para cambiar los comportamientos en el espacio público. Hay que trabajar por un nuevo pacto de convivencia para superar el marco de la ordenanza de civismo. Está sobrepasada y se debe hacer un planteamiento que no se centre en la sanción. No lo decimos sólo nosotros, las entidades vecinales y el síndico de agravios creen lo mismo. Hemos creado un grupo de trabajo interno y transversal a las diferentes áreas para poder reunir toda la información pertinente. Después, tendremos que trabajar con el resto de grupos municipales, con el movimiento vecinal, el mundo del comercio y la síndica de Greuges para encontrar un nuevo pacto de convivencia.

¿Apuesta por un turismo sostenible que reduzca el número de camas en los barrios más afectados? ¿Qué medidas estás dirigiendo?

En una gran ciudad como Barcelona, ​​hay intereses contrapuestos y barrios muy afectados por la presión turística. Hay quien considera que se está haciendo poco para contrarrestarlo y también hay amplios sectores empresariales y comerciales que creen que se está haciendo demasiado. Tenemos dos exigencias en sentido contrario. Siempre hemos estado de acuerdo con los vecinos de los barrios más afectados por la presión turística. Durante la campaña, nos comprometimos a aplicar una suspensión de nuevas licencias de alojamientos turísticos, muchos de nosotros venimos de los barrios afectados y conocemos la problemática, los procesos de gentrificación y la especulación inmobiliaria que implica. En el ámbito del turismo, tampoco ha habido liderazgo político: el gobierno anterior dejó que las empresas del sector tuvieran un desarrollo caótico. Con todo, nuestra prioridad es gobernar el sector turístico, que hasta ahora no tenía ningún tipo de control democrático. Primero, suspender temporalmente las nuevas licencias para alojamientos turísticos. También creamos el Consejo Municipal de Turismo, un espacio democrático de debate ciudadano. En diciembre, se aprobará su reglamento en el plenario. El objetivo es hacer una radiografía del estado de la cuestión: faltan muchos elementos para poder decidir si Barcelona puede crecer o debería decrecer en el ámbito turístico. Estas cuestiones deben plantearse democráticamente, dando voz y escuchando a todos. Es normal que haya intereses particulares y de negocio, pero, primeramente, hay intereses generales como el derecho al espacio público, a la vivienda o al descanso. Debatir el modelo turístico es debatir el modelo de ciudad. Ahora mismo, el modelo de turismo también es una amenaza para el modelo de ciudad, que no es sostenible. Hay indicios de burbuja turística y se debe poner orden para hacer que la actividad turística esté al servicio del conjunto de la ciudadanía.
"Necesitamos pisos de alquiler social para cubrir una situación de emergencia"

¿El Ayuntamiento está aplicando políticas activas para clausurar los pisos turísticos ilegales o bien convertirlos en viviendas dedicadas al alquiler social? Plataformas vecinales como la Asociación de Vecinos de l'Òstia consideran que el consistorio no está invirtiendo bastante esfuerzos.

Hemos hecho la suspensión provisional de las nuevas licencias. En Ciutat Vella, Gala Pin comenzó un proceso de inspecciones exhaustivas de las viviendas turísticas para ofrecer a los pequeños propietarios la posibilidad de alquilar sus propiedades en un régimen de alquiler social. Necesitamos pisos de alquiler social para cubrir una situación de emergencia que nos deja con más de 30.000 familias inscritas en un registro de solicitantes de vivienda social y un parque público insuficiente para atender todas las demandas. El Ayuntamiento, sin embargo, tiene una capacidad limitada: una parte de la regulación depende de la Generalitat de Catalunya. Pensamos que el 100% de la tasa turística debería destinarse a compensar los efectos de la presión del turismo en los barrios que más la sufren, pero la Generalitat no quiere. Estamos haciendo todo lo posible en lo que es competencia del Ayuntamiento, pero una cuestión tan grande como el modelo turístico de Barcelona no se puede en decidir con cuatro meses, con un gobierno en minoría y la oposición de todos los partidos menos la CUP.

El Ayuntamiento aprobó, el pasado 22 de septiembre, la medida de gobierno Barcelona Ciudad Refugio, que comprometía 10,5 millones de euros en 2015 para afrontar la crisis de las refugiadas. ¿Podrá agotar el presupuesto para este año?

Barcelona quiere ser ciudad de acogida. Creemos que afrontar la crisis de los refugiados es una obligación moral y política para cualquier administración pública. Nos hemos reunido con todas las entidades expertas en temas de asilo y hemos recibido una avalancha de solicitudes de la ciudadanía para colaborar. El Ayuntamiento ya tiene una política de acogida muy avanzada a través del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), con unos servicios técnicos sobre cuestiones sociales muy buenos. Nombramos a Ignasi Calbó –que tiene mucha experiencia en el ámbito– como comisionado para que coordine todos los activos existentes. Adelantándonos a la llegada de personas refugiadas, hemos trabajado en un plan de acogida para optimizar los servicios y atender a las personas que sufren situaciones realmente duras. Además, en Barcelona, ​​ya hay solicitantes de asilo provenientes de países como Ucrania, Siria, Irak o Eritrea, pero no son reconocidos por el Estado. A pesar de no tener el estatus jurídico de refugiados, estamos proveyendo todos los servicios municipales a esta gente. También apoyamos la cooperación con las entidades que trabajan en los países de tránsito de refugiadas, mientras que, con la partida de 10,5 millones de euros, queremos comprar o alquilar viviendas, tanto para las personas que lo necesitan aquí como para las solicitantes de refugio.

Al firmar el Compromiso de las Escaleras, BeC renovó el contrato con Movistar de manera temporal tras justificar que, si no lo hacía, la empresa cortaría todas las líneas del Ayuntamiento. ¿Qué decisión definitiva tomaréis en relación con esto?

Nada más llegar al Ayuntamiento, nos encontramos que se acababa el contrato de Telefónica y que había prevista una prórroga de dos años. La redujimos al mínimo posible, un año. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha contactado varias veces con la empresa para pedir que no haya represalias para las personas trabajadoras que se hayan acogido a la huelga y que se mejoren las condiciones. En cuestión de telefonía, sin embargo, no tenemos muchas alternativas: por el volumen que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, ​​no hay ninguna empresa o cooperativa que pueda aportar el servicio que da Telefónica o Vodafone. En la búsqueda de una alternativa, esto también depende de que el tejido de la ciudad genere opciones diferentes a las de las grandes operadoras telefónicas.
Entrevista publicada originalmente en La Directa.
La entrada Ada Colau: "Tuvimos que designar muchos altos cargos en los que no habíamos pensado" aparece primero en Iniciativa Debate.
Posted: 23 Nov 2015 11:05 AM PST
DAVID FERNÁNDEZ|Diagonal|23/11/15
La emisión de gases de efecto invernadero (GIS) durante 2014 superó en España los 325 millones de toneladas de CO2, según datos avanzados por el Gobierno a la Comisión Europea. La cifra supone 3,5 millones de toneladas más que las registradas en el año anterior. "2014 es el primer año en que se produce un incremento de las emisiones desde que en 2008 descendieran bruscamente debido a la crisis económica", explican desde Ecologistas en Acción, que subraya que estos datos reflejan "la inacción de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha políticas de lucha contra el calentamiento global".
España es el Estado de la Unión Europea en el que más han aumentado las emisiones de este tipo de gases desde 1990, año tomado como referencia para el protocolo de Kioto. Desde Ecologistas apuntan que este incremento se debe a que, aunque disminuyó la demanda de electricidad debido a la situación económica, también se incrementó la generación de energía con carbón, que contaba con el apoyo del Gobierno.
El incremento de la generación de energía con carbón, las emisiones de los residuos, el consumo de carburantes y la industria cementera son los principales responsables
También señalan las emisiones generadas por los residuos, que cifran en cerca de un millón de toneladas, y el aumento en el consumo de carburantes –2% el diésel y un 1% la gasolina– como consecuencia del abaratamiento del petróleo. El sector cementero es otro de los responsables del aumento de los gases de efecto invernadero, con un aumento de sus emisiones de un 17% debido al aumento de las exportaciones de esta industria. En menos medida, el aumento de la actividad industrial y las emisiones del sector ganadero. Desde Ecologistas en Acción la conclusión es clara: "La ausencia de una política efectiva de los diversos gobiernos en la lucha contra el cambio climático es más que evidente".
Entre 1990 y 2014, España ha aumentado sus emisiones anuales en 34,8 millones de toneladas, una cifra tres veces superior a la suma del aumento en las emisiones de Portugal, Chipre, Irlanda y Malta –los siguientes países con más aumento en emisiones–. El aumento total en emisiones de GIS en la Unión Europea en el mismo periodo fue del 24%. Sin embargo, desde Ecologistas en Acción señalan que esta cifra no tiene en cuenta las emisiones causadas por el tráfico aéreo y marítimo internacional, ni tampoco por la producción en otros países –China e India especialmente– de manufacturas importadas por la Unión Europea. "Si se contabilizara las emisiones debidas a los productos importados y consumidos en su territorio, la llamada 'huella de carbono', es posible que la Unión Europea aumentara sus emisiones en lugar de reducirlas", explica la organización. La llamada 'huella de carbono' está estimada, según varios autores, en entre un 30 y un 70% de las cifras oficiales de emisiones.
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