jueves, 5 de noviembre de 2015

Iniciativa Debate Público






Iniciativa Debate Público


Posted: 05 Nov 2015 04:01 AM PST
MANOLO MONEREO | Cuartopoder | 4/11/2015
El récord de temporalidad en los contratos, que revelaba la última EPA, un claro exponente de la precarización de las relaciones laborales. / Gráfico: Ana Isabel Cordobés
Se han hecho muchos análisis para entender el largo ciclo de acumulación capitalista en España desde 1994 al 2007. No hay demasiadas cosas que añadir. Querría fijarme ahora en algunos aspectos que, aunque conocidos, hay que tenerlos en cuenta para el nuevo papel que va a jugar España en la división del trabajo que se está configurando en la Unión Europea y, específicamente, en la zona euro.  Los rasgos a los que me voy a referir ya existían en la anterior etapa y, a mi juicio, se agravarán en el futuro. La tesis que se defiende es que la recuperación regresiva que estamos viviendo va a acentuar todas las malformaciones y debilidades estructurales de nuestra economía y que es necesaria una nueva política y un cambio en las relaciones de poder existentes en nuestro país.
Hablar de recuperación regresiva es jugar conscientemente con elementos aparentemente contradictorios; como suele decirse, lo contradictorio está en la realidad y no en los conceptos que empleamos. En el anterior ciclo, desde 1995 al 2007, en el momento de su máximo esplendor, se daban cinco rasgos que, de una u otra manera, siguen presentes en nuestra realidad y que vienen para quedarse:
  1. El enorme crecimiento de las desigualdades sociales, de género y territoriales.
  2. La estabilización de la pobreza en torno a un 20% —hay que subrayarlo— en momentos de crecimiento y de máxima generación de empleo.
  3. La precarización general de las relaciones laborales.
  4. La destrucción sistemática del medio ambiente.
  5. La corrupción como sistema y como requisito estructural del modelo económico vigente.
Todo esto en un entorno general de dependencia económico-financiera y de subalternidad política creciente del Estado español.
Estos cinco rasgos, donde el problema de la deuda privada que deviene en pública va a seguir siendo fundamental, se han agravado con la crisis, pero —y es lo fundamental— configuran ya el tipo de modelo productivo que han ido configurando las políticas de crisis, eso que se ha venido a llamar políticas de austeridad.
El término de recuperación regresiva (RR) que empleo conscientemente es para poner el acento, en primer lugar, en que la débil recuperación macroeconómica de la economía que se nos vende intenta dar la idea de que volveremos, de una u otra manera, a la etapa anterior al 2007. Aquí está la trampa: la recuperación es regresiva porque, en primer lugar, se consolida y hace definitiva la pérdida de derechos, prestaciones y libertades que teníamos antes de la crisis; en segundo lugar, el nuevo modelo productivo que se está definiendo se basa en una insoportable desigualdad social y de género y con una precarización general de nuestras vidas; en tercer lugar, la variable clave del nuevo modelo sigue siendo la salarial, en un sentido muy preciso: una economía fundada en un débil Estado social, en salarios bajos, y en la desestabilización permanente de las relaciones laborales; y en cuarto lugar, un patrón productivo con una industrialización débil y extremadamente dependiente, un sector servicios hipertrofiado de nuevo ligado al turismo y en relación directa con la construcción, con un sector primario bloqueado que es incapaz de asegurarnos la autonomía alimentaria.
La recuperación positiva (RP) se plantea, en primer lugar, recuperar los derechos, prestaciones y libertades perdidas; en segundo lugar, la necesidad de un nuevo modelo productivo, creando uncírculo virtuoso de futuro que una la reestructuración ecológica de nuestra economía y de nuestra sociedad con la democracia económica y el impulso de nuevas tecnologías, que tengan como centro la satisfacción de las necesidades humanas básicas y el autogobierno de las personas. Lo que está en juego no es conservar lo que tenemos frente a los riesgos del cambio y las inseguridades del próximo futuro. No, esta es una mentira más del poder, de los poderes que nos gobiernan y manipulan; la alternativa real es: o cambiamos el sistema bipartidista dominante, el régimen existente, o nuestro futuro inmediato será el de salarios bajos, derechos sociales y laborales en regresión, generaciones enteras sin futuro, condenadas al exilio económico y a la perdida de nuestra condición de personas. Para decirlo con más claridad: cambio o inseguridad permanente; regresión social o desarrollo económico y social; esperanza o resignación; ser sujetos activos de nuestro futuro o masa pasiva controlada y dirigida por los que mandan; ciudadanía con derechos y poderes o súbditos de un sistema oligárquico  y corrupto.
Unir estos tres aspectos—democracia económica, restructuración ecológica de la economía y la sociedad, nuevas tecnologías— implica un nuevo proyecto de país. No habrá un nuevo modelo productivo si no se rompe con la división del trabajo que nos está imponiendo la Unión Europea y la zona euro. No habrá un nuevo modelo productivo si no se cambian las relaciones de poder existentes, es decir, el poder de la oligarquía, de la trama financiero-económico-mediática que domina parasitariamente los destinos de nuestra patria y mata las energías creadoras existentes en nuestra sociedad. No habrá un nuevo modelo productivo en nuestro país si no se construye un nuevo Estado y buscamos una nueva unidad entre las naciones y pueblos de esa realidad plural que hemos llamado tradicionalmente España.
No hay soluciones solamente económicas, sabiendo que estas son muy importantes; hace falta, por así decirlo, una "política de la economía" empeñada en trasformar las relaciones de poder existentes. Muchos hemos hablado en estos años de la necesidad de una auténtica "revolución democrática" capaz de liquidar el poder de una oligarquía convertida en "trama", en bloque de poder, que anuda al capitalismo monopolista financiero, clase política y control de los medios. La condición previa: un proceso constituyente que elabore una nueva Constitución que garantice los derechos sociales, el ejercicio del derecho a la autodeterminación con el objetivo de crear un Estado federal; que someta la economía a la lógica de las necesidades básicas de las personas; democratice el conjunto de las relaciones sociales y de género; defienda en serio la soberanía popular, desde una política basada en la paz, en el desarme y en la independencia de los pueblos. En definitiva, una sociedad de mujeres y hombres libres e iguales comprometidos con la justicia y la emancipación.
En momentos donde la guerra retorna como instrumento político definitorio, sería bueno poner en el frontispicio de nuestra futura constitución aquel singular Ar.6 de la Constitución de la 2ª República que escuetamente decía: "España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional". Esto significa, aquí y ahora, algo concreto y preciso: no a la OTAN, no a las bases extranjeras en nuestro territorio. Resumiendo mucho: una República Soberana en una Europa Confederal.
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Posted: 05 Nov 2015 03:39 AM PST
EDUCACIÓN PÚBLICA / UN DEBATE FALSO SOBRE EL PROFESORADO
AGUSTÍN MORENO | Cuartopoder | 5/11/2015
Los últimos días se ha abierto un debate sobre la competencia del profesorado a partir de dos ideas:  si hay que excluir a los malos docentes y  si el sueldo de los profesores debe estar ligado al rendimiento. Parto del principio de que todo alumno tiene derecho a un buen profesor, pero este no es el camino. Estas ideas han sido formuladas por el filósofo José Antonio Marina y el ministro de Educación, Íñigo Mendez de Vigo.
Marina, que se presenta como pedagogo, es un antiguo profesor de filosofía de un instituto de un pueblo de la sierra de Madrid, que desde hace años se gana la vida como divulgador. Ahora ha aceptado el encargo del peor Ministerio de Educación de la historia de este país para elaborar un "Libro Blanco del Docente". Estoy seguro que no se le escapa la doble intencionalidad del sucesor de Wert: evitar negociar con los sindicatos de profesores un Estatuto de la Función Docente, vieja asignatura pendiente; y utilizar las conclusiones electoralmente para el PP.
Yo no soy nada corporativo, pero algunas de las conclusiones que se han avanzado me parecen disparatadas. Por ejemplo, decir que "los profesores deben fomentar que se excluya a los malos docentes". Solo quien lleva mucho tiempo alejado de la realidad de las aulas puede ignorar que quienes pueden y deben velar por la calidad,son los equipos directivos y la inspección. No corresponde al profesorado juzgar y delatar a sus compañeros. La propuesta no es inocua. Trata de generalizar ante la opinión pública un clima de sospecha sobre la competencia del profesorado público que ha superado duras oposiciones y ha sido evaluado en sus prácticas.
La propuesta de pagar parte del salario del docente en función de su rendimiento pretende convertir la escuela en una empresa y en un negocio. Si se analiza, se pueden realizar las siguientes objeciones pedagógicas y de justicia social. Por un lado, es absurdo aplicar un criterio de 'productividad' en la educación ¿Qué se evaluaría? ¿Cómo se mide con notas numéricas el crecimiento integral del alumnado como persona y como ciudadano? Por otro lado, provocaría una competencia entre el profesorado y los centros, en vez de la necesaria cooperación entre ellos y la socialización de las buenas prácticas. Por último ¿quién evalúa? Si las pruebas son externas entraríamos en una dinámica de preparación de éstas (PISA, CDI, reválidas…) que rompería la esencia de la evaluación formativa; si son las direcciones de los centros, aumentaría el riesgo de clientelismo y de funcionamiento antidemocrático.
También supondría una carrera injusta entre centros y entre profesores y grupos de alumnos, porque la realidad educativa es muy plural y llena de desigualdades. Estoy pensando en centros que conozco de cerca como los del barrio de Vallecas (Madrid), que tienen la consideración de "centros de difícil desempeño para la función docente". Quizás les viniera bien al ministro y a Marina darse una vuelta por ellos para que no hagan propuestas tan superficiales como alejadas de la realidad.
La evaluación es necesaria y es preciso abrir un debate sobre ella. La evaluación tiene que ser sobre todo el sistema y, por supuesto, no debería estar vinculada al salario del profesorado. Porque es ineficaz para mejorar. Méndez de Vigo y Marina no saben nada de las innovaciones y proyectos que se vienen haciendo en muchos centros públicos por el compromiso del profesorado que tiene muy claro que, a pesar de todos los recortes, no se puede enseñar un poco menos o un poco mal. Somos nosotros los que hacemos escuela de calidad y no la LOMCE ¿O por qué se creen que el 86% de la ciudadanía aprueban y reconocen al profesorado de la pública , mientras suspenden severamente al Ministerio?
El ataque al profesorado no es nuevo. Ya lo hicieron Wert y Esperanza Aguirre. O más recientemente Ciudadanos, cuando habló de "burocracia estalinista" para atacar a la universidad y a su profesorado. Responsabilizar a los docentes de la situación de la educación en España es muy cínico. Se olvidan de unos recortes de 7.764 millones de euros en cuatro años, del despido de 32.000 profesores  y del endurecimiento de las condiciones de trabajo de los docentes: trabajamos más horas, con más alumnos por clase y con el salario congelado hace años. No recuerdan que se ha liquidado la formación del profesorado en comunidades como Madrid. Esto es lo que habría que abordar y proponer soluciones en el 'Libro Blanco del Docente' si quiere tener alguna utilidad. ¿Dirá algo Marina sobre revertir los recortes y derogar la LOMCE?
Educar es una tarea colectiva, no un acto solitario e individual del profesor. Qué poco coherentes son estas propuestas con aquel proverbio africano -tan profusamente repetido por el filósofo- de que "para educar hace falta toda una tribu". ¿Ahora se trata de poner a cada profesor ante sus alumnos a competir y a llevarse un euro más o menos en una especie de trabajo a destajo? Además, es olvidarse de las finalidades de la educación que tan claro formula otro profesor de filosofía: "La educación tiene como finalidad básica el desarrollo humano, moral, e intelectual de las personas. Ello se materializa en los siguientes principios: la universalidad o derecho de toda la ciudadanía a la educación; la humanidad o pleno desarrollo de la personalidad de todo ser humano; la civilidad al basarse la educación en los derechos y libertades fundamentales; la autonomía, para que todas las personas puedan aprender por sí mismas", Felipe Aguado.
Las propuestas comentadas son puro neoliberalismo que consideran la escuela como una empresa y buscan avanzar hacia un proceso de privatización aún mayor. Al final va a resultar que el diplodocus era Marina. Como estoy seguro que no trabaja altruistamente, creo que es una obligación del Ministerio que explique a la opinión pública cuánto nos va a costar a la ciudadanía este encargo.
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Posted: 05 Nov 2015 03:16 AM PST
  • Lo conozco y los conozco, tengo edad para ello, son franquistas. No franquistas sociológicos o cosa por el estilo, lo son ideológicos y también de corazón.
Suso de Toro|Zona Crítica – El Diario|04/11/2015
Fernández Díaz dice que "mucha gente se ha quedado por el camino" porque han "tenido que asumir sacrificios"
Conduzco con la radio encendida y anuncian que van a entrevistar al ministro del Interior, Fernández Díaz, y digo "¡no!". Y la apago. No estoy dispuesto a escucharlo, me niego. Me niego a aceptar que eso sea normal, que una persona así salga en la radio y se la entreviste como si eso fuera "democrático". No lo es. Fernández Díaz, como este Gobierno, no es democrático y me niego a aceptarlo con mi asentimiento.
Lo conozco y los conozco, tengo edad para ello, son franquistas. No franquistas sociológicos o cosa por el estilo, lo son ideológicos y también de corazón. Asumen como suyo toda esa historia de terror y muerte, sé perfectamente lo que harían si se volviesen a dar aquellas circunstancias. Es así de simple, lo sé. Y ya no tengo estómago para seguir aguantando otros tantos años de democracia regida por franquistas. Me arrepiento enormemente de haber callado tanto, aceptado tanto, asentido tanto. No los aguanto y, al menos y ya que puedo apagarla, no los quiero en mi radio. ¡Fuera de mi coche!
Gobernaron y gobiernan, justificaron los fusilamientos, las torturas, la cárcel, las fosas comunes, la codicia y el clasismo sin límites y el racismo social que condena a los débiles, el odio a las libertades y a la libertad misma…Vale. Pero eso no es lo peor, lo peor no es ser vencido, lo peor es rendirse y eso es lo que ha hecho la izquierda y los demócratas españoles dándole reconocimiento a lo que no se le debía haber dado.
El pensamiento político reaccionario se extendió inexorable e imperceptiblemente por la sociedad española, un pensamiento esencialmente castizo y nacionalista. Y eso ha educado a generaciones, es el aire que se respira y que se presupone en las noticias, en la política, en las ideas, en el fútbol, en la literatura misma…La cultura política española, la ideología social, es reaccionaria. Si hubo un momento en que eso estuvo en cuestión hoy no lo es. Solo así se puede comprender que un partido que pretende representar la izquierda histórica española, como el PSOE, se abrace a Rajoy en una alianza contra un parlamento catalán que no reconoce las instituciones del estado. Rajoy ufano con sus mesas petitorias por toda España, sus millones de firmas contra el estatuto catalán, su recurso al Constitucional consigue que Sánchez acabe abrazado a él.
Eso no es lo peor, lo peor no es ser vencido, lo peor es rendirse y eso es lo que ha hecho la izquierda y los demócratas españoles
Ese pensamiento está asentado hoy con toda naturalidad, es el sobreentendido de toda la vida social española, es "lo natural" y por tanto resulta invisible, solo es visible y choca y es señalado lo que está fuera de ese pensamiento "natural". Y es así que el mismo día en que escapo del ministro del Interior en la radio leo un artículo de Juan Cruz en que recrimina a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no haya utilizado la palabra "España" en ningún momento a lo largo de una entrevista. He publicado dos libros con la palabra "España" y "españoles" en el título, así que me siento cómodo para decir que "España" y "español" son dos palabras abiertas a interpretación y que cada uno las vive, las siente o no y las entiende como quiere, incluso ignorándolas o negándolas, porque para eso se murió Franco y para eso está el sentirse libre. Colau dijo lo que dijo y dejó de decir lo que dejó porque quiso, porque tiene derecho y le dio la gana. Y es injusto juzgar esa decisión suya, porque se juzga su opinión. Y eso en el fondo lo sabe Juan Cruz si no le pierde la pasión.
Cruz es alguien de quien, como editor que fue, se puede decir algo parecido a lo que se dijo de Carmen Balcells, creó figuras literarias de alcance internacional, como periodista es alguien que nos ha contado muchas cosas y tiene cosas que contar y como escritor es ese niño inocente que aparece como un fantasma en sus mejores libros. Pero tan ideológico es que Colau tenga reparo o cuidado en utilizar la palabra "España" como que Cruz crea que debe usarla y se lo señale. En una ocasión, viajando por ahí adelante, una española me calificó de "nacionalista" por referirme a Galicia como "mi país", intenté hacerle ver, imagino que no lo conseguí, que ella también se refería a España como "mi país" y, en cambio, no se consideraba nacionalista. El nacionalismo de estado, como parte del pensamiento conservador que es, en España es invisible. Por mi parte, hace años escribí entre muchas otras cosas, "La España de Paco Ibáñez", hoy ya no lo haría, no tengo fuerzas. Me habéis cansado todos, Juan.
Pero la invisibilidad del pensamiento conservador permite que circule por todos los ámbitos con el carimbo de la responsabilidad y la probidad, ahí está José Antonio Marina, que lleva años impartiendo pensamiento conservador muy razonadamente y con buenas maneras. Es como el famoso "sentido común", un razonar transparente como el agua, "lo natural". Y ahora que tiene su momento y el ministro de Educación de este gobierno le pide ideas, y no será por casualidad, es su momento para decir eso que siempre tuvo en la punta de la lengua y se calló: hay que "condicionar el sueldo de los docentes a la evaluación del centro".
Como desde hace unos años he vuelto a la docencia tienen derecho a razonar que mi comentario es interesado, pero les ruego que piensen en una maestra con una clase de veinticinco niños de tres años, pongo por caso. O treinta y algo adolescentes en un aula de un colegio donde hay niños y niñas con discapacidades y otros con problemas familiares o de integración cultural y hay que dar la asignatura que sea. Al señor Marina solo le deseo que se vea durante un mes en esa situación y que le pagasen en función de los resultados académicos, no se atrevería a decir eso que no es frivolidad, es crueldad e ideología. La ideología que castiga la enseñanza pública, la que le quita oportunidades a quienes más lo necesita, la ideología clasista de la derecha.
Hay otras maneras de entender la educación, la enseñanza pública, la profesión y la situación del profesorado y alumnado, pero no es la del señor Marina, con tanto sentido común, ni la de este gobierno. Pero esa opinión no la pide el ministro.
Ésta es una sociedad donde no hay referentes en la vida pública que piensen "distinto", todos piensan "lo natural", "lo normal", "como debe de ser". A ese consenso reaccionario se refiere Rajoy cuando habla de "la gente normal" para negar la disidencia, lo diferente, lo particular…, lo democrático.
Si han podido llegar hasta aquí sin enfadarse conmigo me atrevo a sugerir que, si tienen tiempo, échenle un vistazo a un artículo anterior en este mismo espacio, "Cómo hemos llegado a esto". Comprobarán que me repito y que cada vez lo hago peor.
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Posted: 05 Nov 2015 03:10 AM PST

Redacción/Rokambol/5.11.15
La mayoría estaban listas para ser detonadas.
El zulo, de pequeñas dimensiones, estaba excavado en uno de los jardines del Parque Güell, de Barcelona, y escondía una deteriorada caja de zapatos con media docena de intenciones, todas ellas del líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
El hallazgo ha sido posible gracias a la colaboración de un vecino de Barcelona que ya había advertido diversas anomalías en las intervenciones de Rivera en televisión. "No sé,…cada vez que ese chaval pronunciaba la palabra España me entraban ganas de irme a buscar un zulo", ha declarado.
Después de excavar más de noventa mil metros cuadrados de jardines y parterres en siete comunidades autónomas, el autor del descubrimiento confiesa que fue, sin embargo, una señora con la que coincide casi a diario en la panadería quien le señaló el lugar exacto. "Ve al Parque Güell, hijo. Algo huele a rayos allí".
Parece ser que al abrir la caja que contenía las intenciones viejas, una de ellas intentó adoptar la postura de una simple suposición pero el hombre consiguió agarrarla por el rabo y sacarla al exterior, junto con las demás.
A pesar del papel manuscrito encontrado en el zulo, que decía "Cosas guarras que yo, Albert Rivera, quiero de verdad para España y no la mierda esa que les suelto a los memos que me votan", el líder de Ciudadanos niega conocer la existencia del Parque Güell.
La Policía cree que podría haber más intenciones de Rivera ocultas en el recto de algún votante.   Más en Rokambol
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Posted: 05 Nov 2015 02:51 AM PST
Iñigo Sáenz de Ugarte|Guerra eterna – El Diario|5 noviembre 2015
Nada mejor que los niños para endulzar una foto propagandística. Los tipos de los trajes sonríen, se colocan cerca de ellos, se hace la foto y se difunde por redes desde la cuenta de un asesor. Un grupo de familias de refugiados coge un avión con destino a un país europeo donde tendrá el apoyo necesario. El viaje que iniciaron hace años desde su país de origen está muy cerca de tocar a su fin. Su sueño está a punto de cumplirse.
#Selfies με τον Σουλτς αλλά και η κραυγή αγωνίας των προσφύγων https://t.co/lqcFXQbg1b pic.twitter.com/WRUGYL9ycq
— The TOC (@TheTOC_gr) November 4, 2015
En esta foto sólo aparece el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. En el aeropuerto, en la misma pista de aterrizaje, estaban todos. A saber, Schulz, Alexis Tsipras (primer ministro griego), Dimitris Avramopoulos (comisario europeo de Inmigración), Jean Asselborn (ministro de Exteriores de Luxemburgo) y  Yannis Mousalas (ministro griego de Inmigración). Con ellos, altos cargos, asesores, traductores, escoltas, personal del aeropuerto y periodistas. Casi tantos como los refugiados.
Estos últimos eran 30. Su destino, Luxemburgo, donde encontrarán acogida gracias a la cuota concedida por el Gobierno de ese país, que asciende a la cifra de 181 personas procedentes de Grecia. Es una cifra pequeña para un país pequeño, pero era suficiente para montar esta vez un pequeño show a disposición de las cámaras con el que demostrar que la Unión Europea se preocupa. Como dice Pablo Rodríguez:
"Un enorme despliegue político y mediático, con periodistas, fotógrafos y las cámaras de la UE retransmitiendo las imágenes en directo para toda Europa. Un despliegue absolutamente desproporcionado que roza la obscenidad".
¿Cómo definirlo de otra manera? El programa de reubicación oficial promovido por la UE para la refugiados que se encuentran en Grecia ha beneficiado ya a 116 personas. 116.
Sabemos que centenares de miles de personas han entrado en territorio europeo para huir de las guerras de sus países o de un destino miserable en los países vecinos. La Unión Europea ha celebrado cumbres para encontrar una solución a esta marea humana y ha establecido unas cuotas, ridículas por insuficientes, que muchos países se niegan a aceptar, o que aceptan, como es el caso de España, pero sin que hasta ahora se conviertan en realidad.
Sabemos que la posición oficial de la UE es que hay que establecer un sistema de registro de refugiados cuando llegan a un país de la Unión y que a partir de ahí sean distribuidos en aquellos países dispuestos a acogerles a través de unos criterios pactados de antemano. Nos dicen que ese movimiento masivo de personas cruzando las fronteras es una situación imposible de manejar que no puede permitirse.
Mientras los gobiernos discuten cómo establecer un sistema que saben que no puede funcionar, entre otras cosas por su falta de voluntad y la cifra insignificantes de refugiados que admiten, en la isla de Lesbos ya no tienen sitio para enterrar a los muertos, a aquellos que ya no serán un problema para UE. Son los supervivientes lo que de verdad preocupan a nuestros gobiernos.
La realidad es que la única esperanza de esos refugiados es asumir la responsabilidad de encontrar un destino. Cruzar un mar en el que pueden morir ahogados. Iniciar un penoso viaje a pie en la mayoría de los casos, ahora bajo condiciones meteorológicas mucho peores que hace un mes, para atravesar fronteras de países cuyos gobiernos en algunos casos les tratan como si fueran ganado o, como mínimo, una amenaza.
Pretendemos que esperen a conseguir su puesto en una lotería macabra en la que el premio incluirá una foto con Schulz y un pasaje de avión.
Sí, es obsceno.
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Posted: 05 Nov 2015 02:27 AM PST
  • 17 de las 34 compañías del Ibex tienen en común con otra sociedad del índice a algún socio con al menos el 5% de las acciones.
  • La concentración de intereses empresariales en la élite empresarial española afecta a sectores como la banca, las energéticas o las constructoras.
  • La Caixa y la Corporación Financiera Alba (de la familia March) son algunos de los principales propietarios de las grandes empresas cotizadas.
Raúl Sánchez|El Diario|04/11/2015
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Posted: 05 Nov 2015 01:54 AM PST
OPERACIÓN PANDORA Y CONTRA RESISTENCIA GALEGA
Las operaciones contra el movimiento libertario y el independentismo gallego, lleva de nuevo la palabra "terrorismo" a los medios de comunicación.
Ter García|Diagonal|04/11/15|Edición impresa
Concentración en Madrid contra la segunda parte de la operación Pandora. / VICTOR SERRI
A poco menos de un mes de que comience oficialmente la campaña electoral, la palabra "terrorismo" ya ha vuelto a aparecer insistentemente en los medios de comunicación. Tras dos semanas de juicio a Askapena, organización internacionalista vasca a la que la Audiencia Nacional acusa de ser el "aparato internacional" de ETA, le ha tocado el turno a los "nuevos terrorismos". "Nueve detenidos en una operación antiterrorista de los Mossos en Barcelona y Manresa", titulaba el pasado 28 de octubre el diario La Vanguardia. "Nueve detenidos por su relación con un grupo terrorista de carácter anarquista", titulaba20minutos.
El viernes siguiente, de nuevo el "terrorismo", ahora unido a Galicia. "La Guardia Civil asesta otro golpe al brazo político de Resistencia Galega", publicada La Voz de Galicia. Pero, ¿de dónde salen estos 'nuevos grupos terroristas' de los que no se conocen víctimas?

Resistencia Galega

El punto de partida fue la publicación en varias páginas web de un texto anónimotitulado "Manifesto pola Resistencia Galega" en julio de 2005. Éste defendía la necesidad de luchar por la independencia de Galicia, también a través de acciones "ilegales".
Cuatro meses después, el 14 de noviembre de 2005, coincidiendo con el segundo aniversario del desastre del Prestige, la Guardia Civil asaltó tres centros sociales de Santiago de Compostela, Vigo y Ourense, además de varios domicilios. La operación Castañeira se saldó con once personas detenidas, militantes de la Assembleia da Mocidade Galega (AMI), y con el cierre de varias páginas web que defendían el independentismo gallego.
La Guardia Civil acusa a los detenidos de formar parte de una "asociación ilícita", aunque no especifica el nombre y, después de los agentes les ofrecieran ser confidentes pagados del cuerpo de seguridad, según afirmaron, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz les deja en libertad con cargos. Tres años después, el magistrado decide archivar la causa, en la que a la acusación de "asociación ilícita" se sumaban ya las de enaltecimiento del terrorismo, daños, alteración del orden público, quema de banderas, agresiones a agentes de la autoridad, incendios en cajeros y mobiliario urbano, pintadas e injurias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad. Cargos ya típicos de las movilizaciones sociales, pero muy lejanos al ámbito del terrorismo.
"En realidad es un operativo contra Causa Galiza, una organización política totalmente legal"
Pasaron tres años más hasta que la palabra "terrorismo" apareció vinculada en los medios a la ya bautizada Resistencia Galega. Fue a raíz de otra operación de la Guardia Civil, ordenada por la Audiencia Nacional, que se saldó con la detención de cuatro personas. El alto tribunal les atribuyó la autoría de pequeños ataques con explosivos contra cajeros automáticos, algunas sedes del Partido Popular y PSOE, en locales de empresas. La acusación: delitos de pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa. El juicio se celebró dos años después y la sentencia, dictada por el magistrado Alfonso Guevara –"El 'antijuez' que nunca rectifica", le llamaba un artículo publicado en la web El Confidencial–, ya daba por probada la existencia de Resistencia Galega como organización terrorista. La condena ha sido recurrida ante el Tribunal de Estrasburgo.
En mayo de 2014 se celebró un nuevo juicio vinculado a Resistencia Galega. Carlos Calvo y Xurxo Rodríguez fueron condenados a doce y seis años de prisión respectivamente por delitos de tenencia de explosivos y, en el caso de Calvo, también pertenencia a banda terrorista. Como prueba principal: una carta de la novia de uno de ellos en la que le recriminaba "andar poniendo explosivos por ahí". El Tribunal Supremo rebajó después la condena de Calvo a siete años, absolviéndole del delito de pertenencia a banda terrorista, pero un nuevo juicio, en abril de 2015, le sumó siete años más.
La última acción contra el ente Resistencia Galega fue el pasado 30 de octubre. Un gran operativo de la Guardia Civil, acompañado desde primera hora de la mañana por los medios de comunicación, según señala a Diagonal Nahuel, testigo de una de las detenciones, hizo registros en once viviendas y en la sede de Causa Galiza, organización política de carácter independentista a la que ahora la Audiencia Nacional acusa de ser el "aparato político" de Resistencia Galega.
La acusación inicial contra las nueve personas detenidas en la operación Jaro fue la de enaltecimiento del terrorismo, por ser los supuestos organizadores del 'Día de Galiza Combatente', un evento en el que se rinde homenaje a los comunistas gallegos y en cuya última edición, el pasado 11 de octubre, se recordó también a dos militantes del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive que murieron en 1990 cuando colocaron un artefacto explosivo en una discoteca en Santiago de Compostela –cuando se encontraba vacía– a la que consideraban núcleo del narcotráfico en la ciudad.
Sin embargo, después de que ocho de los detenidos declararan tres días después ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a esta acusación se le ha añadido la de integración en organización terrorista, ahora en referencia a Causa Galiza, a la que ha suspendido de actividades durante los próximos dos años, aunque las actividades de las que se acusa a la organización se limitan a enaltecimiento. "Supuestamente esto era un operativo contra Resistencia Galega, pero en realidad es un operativo contra Causa Galiza, que es una organización política totalmente legal. Querían hacer un gran dispositivo de cara a la campaña electoral", afirma Nahuel, quien señala el "pifostio tan espectacular" armado por la Guardia Civil por lo que, en principio, eran supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo –penados con hasta tres años según la última reforma del Código Penal–. "Han decidido por su propia cuenta prohibir a Causa Galiza, sin ninguna acusación concreta en relación con actos violentos. Les han prescrito del espacio político gallego", apunta Uxío, del colectivo antirrepresivo Ceivar.
Uno de los detenidos, al cierre de esta edición, aún no ha declarado ante la Audiencia Nacional por problemas de salud. Otro de los detenidos es Antón Arias Curto, de 70 años de edad, al que los medios de comunicación tachan de "histórico del terrorismo gallego". "A esta persona se le ha acusado gratuitamente, ni siquiera es miembro de la dirección general de Causa Galiza, lo han detenido por su trayectoria, para dar el mensaje de que no les importa que sean personas enfermas o de avanzada edad, que haya motivos para la detención o no. Les interesa crear ese terror", subraya Uxío.
Hasta ahora, aunque ninguno de los ataques que se atribuyen a Resistencia Galega haya causado víctimas, se cuentan ya seis personas en prisión cumpliendo penas que van de los seis a los 18 años de cárcel.

Esos 'temibles' anarquistas

El 17 de junio de 2012, varias páginas web publicaban el texto de presentación de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). En él se hacía una llamada a colectivos anarquistas para crear puntos de unión y así "contribuir a la creación de un movimiento anarquista fuerte y coordinado".
No pasaron cuatro meses hasta que el "anarquismo inserrucionalista" fue presentado como una "amenaza terrorista potencial" en una ponencia de Daniel Canals, jefe de la Unitat Central d'Anàlisis d'Estratègies d'Organitzaciones (UCAEO) de los Mossos d'Esquadra. Y medio año más hasta que la Ser publicara una información en la que recogía otro informe de la Policía Nacional en el que se alertaba sobre el crecimiento de los grupos anarquistas y su "infiltración" en movimientos sociales como el 15M, en coordinación con grupos anarquistas italianos y griegos.
El punto de inflexión definitivo vendría en octubre de 2013, con la explosión en la Basílica del Pilar, en Zaragoza, de un pequeño artefacto casero hecho a partir de una bombona de cámping gas. La explosión provocó daños en algunos bancos de madera y en una parte del yeso del templo. En el mismo mes, un subgrupo de la UCAEO especializado en lucha contra el anarquismo apuntaba por primera vez a los GAC como "organización terrorista", apunta un artículo de Jesús Rodríguez en La Directa.
El juez señaló que autorizó registros y detenciones solicitados por los Mossos, pero "no ordenó nada"
En noviembre, la Policía Nacional armaba un gran operativo para detener a cinco personas en Barcelona, a las que acusaba de ser los responsables de la acción en Zaragoza y de mandar por correo consoladores explosivos al arzobispo de Pamplona y al director de un colegio de los Legionarios de Cristo en Madrid. La etiqueta de terrorismo anarquista comenzó a aparecer en los medios de comunicación, y con ella nombres de varios grupos, muchos de discutible existencia –Comando Mateo Morral, Federación Anarquista Informal, Novembro Negro, Mayo Negro, etc–. Cuatro días después del operativo, el juez de Eloy Velasco ordenó la libertad con cargos para tres de las personas detenidas. Los otros dos, Mónica y Francisco, continúan a día de hoy en prisión preventiva.
Las referencias desde las fuerzas de seguridad al "terrorismo anarquista" siguieron en los meses siguientes. Ignacio Cosidó, jefe de la Policía Nacional afirmaba, en un desayuno informativo organizado por la web Voz Pópuli en junio de 2014, que "el terrorismo anarquista se ha implantado en España" y alertaba del "riesgo de atentados".
El 16 de diciembre de 2014, los Mossos d'Esquadra, por orden del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, llevan a cabo la Operación Pandora. Desde la madrugada, un impresionante dispositivo policial realizó registros en varios centros sociales de Barcelona, como la Kasa de la Muntanya, el Ateneu Libertari de Sant Andreu, el Ateneu Anarquista de Poble Sec y varios domicilios.
La operación, que se produjo con la presencia también de los medios de comunicación desde primera hora, se saldó con siete personas detenidas, que pasaron un mes y medio en prisión provisional hasta que el 30 de enero de este año el juez Javier Gómez Bermúdez ordenó su libertad provisional bajo fianza de 3.000 euros por cabeza. La acusación contra ellos: su vinculación a los GAC, organizarse para tirar bengalas y quemar contenedores durante las movilizaciones sociales, utilizar un servidor de correo electrónico seguro –RiseUp– o tener en posesión el libro Contra la Democracia.
Dos meses después de la puesta en libertad de los detenidos en la operación Pandora, Madrid sería el escenario principal de un nuevo operativo contra los ya mediáticos GAC. La operación Piñata, por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional –el mismo que ordenó la detención por el ataque en la Basílica del Pilar de Zaragoza–, supuso el registro en 17 puntos, entre los que se contaban los centros sociales madrileños La Quimera, en Lavapiés, y 13-14, en Vallecas, y la detención de 13 personas a las que se acusa de pertenencia a "organización criminal", otros 14 acusados de resistencia y desobediencia –durante los registros– y once más por usurpación.

Ideado por los Mossos

Después de un mes en prisión preventiva, el juez Eloy Velasco ordenó la puesta en libertad sin fianza para los 13 detenidos por supuesta pertenencia a organización criminal. El juez señalaba en su auto que no hay indicios ni concreción suficiente de las supuestas actividades terroristas que habrían cometido los detenidos. También citaba un recurso presentado por la defensa de los detenidos en la que se subrayaba que la vinculación entre las GAC y el terrorismo era "absolutamente gratuita".
El 28 de octubre tuvo lugar el último paso, hasta la fecha, contra el llamado "terrrorismo anarquista". La segunda fase de la operación Pandora volvía a convertir Barcelona, y ahora también Manresa, en el escenario de una película de serie negra. Hasta diez furgonetas de los Mossos llegaron al Ateneu Libertari de Sants, uno de los locales registrados. Entre los nueve detenidos durante la operación se contaban miembros de Procés Embat y uno de los abogados que trabajan con colectivos sociales de la ciudad.
Este último es el único que, al cierre de esta edición, continuaba en prisión preventiva en un caso que ahora está bajo secreto de sumario. Durante la declaración ante la Audiencia Nacional dos días después de la operación, el juez Juan Pablo González –sustituto durante seis meses de Gómez Bermúdez en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia- señaló que él había autorizado registros y detenciones solicitadas por los Mossos d'Esquadra, "pero yo no he ordenado nada respecto a eso". De nuevo, como principales pruebas en el caso: algunas anotaciones en libretas confiscadas, tener el libro Contra la Democracia y usar el servidor RiseUp.
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Posted: 05 Nov 2015 01:20 AM PST
Seguidores artificiales, encuestas que lo parecen, medios de comunicación con presuntas líneas editoriales divergentes volcados al unísono en una propaganda sin precedentes… Todo parece, más que la verdadera irrupción de una nueva (aunque ya llevara un decenio pasando sin pena ni gloria por la política estatal) alternativa política, un burdo producto de mercadotecnia.
Y todo esto tiene un nombre: estafa legal. Pero hasta qué punto será efectivo el trampantojo es lo que determinarán las urnas y la madurez política y social el próximo 20 de diciembre.
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Posted: 05 Nov 2015 12:34 AM PST
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Genoveva López Morales | Cubadebate | 04/10/2015
Que la industria farmacéutica ostenta un poder inmenso de influencia en los gobiernos es de sobra conocido. Temas tan espinosos (por decirlo de una manera suave) como su lucha contra la venta de genéricos para el SIDA o sus recurrentes denuncias contra el gobierno indio por su decisión de prohibir la comercialización de algunos medicamentos [1]son de sobra conocidos, lo que es curioso, porque es uno de los sectores más subvencionados por los gobiernos tanto en becas de formación como en subvenciones directas para investigación. Dinero público que revierte únicamente en manos privadas.
Allen Frances, el director durante años del DSM que define los trastornos y patologías mentales, en una entrevista a El País admitía: 'fuimos muy conservadores y solo introdujimos dos de los 94 nuevos trastornos mentales que se habían sugerido. Al acabar, nos felicitamos, convencidos de que habíamos hecho un buen trabajo. Pero el DSM IV resultó ser un dique demasiado endeble para frenar el empuje agresivo y diabólicamente astuto de las empresas farmacéuticas para introducir nuevas entidades patológicas. No supimos anticiparnos al poder de las farmacéuticas para hacer creer a médicos, padres y pacientes que el trastorno psiquiátrico es algo muy común y de fácil solución' [2].
¿Pero cuánto gasta la industria farmacéutica en hacer presión a los poderes públicos? El Observatorio de las Corporaciones en Europa ha estudiado las cifras y apunta a que la industria farmacéutica ha declarado unas cifras de en torno a 40 millones de euros, incluyendo empresas, asociaciones farmacéuticas y las empresas de lobby que contratan para tal fin. Esta cifra es en torno a 15 veces más que lo que pueden gastar en lobby las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de consumidores que trabajan por la salud pública o para promover el acceso a los medicamentos. Sin embargo, estas son las cifras declaradas, el gasto real puede ser mucho más. El incremento, respecto de 2012, suponen 6 millones de euros, a pesar de que las ocho asociaciones comerciales de lobby más importantes declaran un incremento siete veces mayor.
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Pero no sólo es dinero lo que gastan, la industria farmacéutica mantiene reuniones frecuentes con los departamentos y personal de la Comisión Europea, de hecho, los partenariados público-privados más grandes en la Unión Europea son realizados con la industria farmacéutica. Los canales de influencia que la industria farmacéutica utiliza para promover sus intereses son, por ejemplo, la participación en los grupos consultivos de la Comisión Europea o las aproximadamente 50 reuniones que ha llevado a cabo EFPIA – la Federación Europea de las Industrias y Asociaciones Farmacéuticas – en los primeros cuatro meses y medio de la Comisión Juncker, nivel de reuniones impensable para lobbys que representan los intereses de la ciudadanía o de los consumidores. Pero, ¿por qué se está haciendo tan visible últimamente el sector farmacéutico?, ¿Cuál es ahora su mayor preocupación? La respuesta es fácil, el TTIP.

Su mayor preocupación: EL TTIP

El TTIP, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, está en el punto de mira de la industria, especialmente por las patentes y los acuerdos de transparencia, de hecho el lobby de las farmacéuticas incrementó de manera dramática una vez terminada la fase preparatoria y cuando las negociaciones reales se iniciaron. Las negociaciones, a puerta cerrada, tienen como objetivo que el TTIP no incluya medidas regulatorias como por ejemplo, la inclusión de estándares o de marcos legales, eliminación de derechos de propiedad intelectual o medidas de protección de inversión. Frente a esto, amplios sectores de la sociedad civil están muy preocupados, ya que probablemente el TTIP supondrá una reducción de los estándares de protección de los consumidores y una consiguiente erosión de las políticas de salud y medioambientales para la ciudadanía.
La armonización de políticas entre Estados Unidos y Europa corre el riesgo de precipitarnos al vacío, reduciendo las obligaciones regulatorias a estándares mínimos a ambos lados del Atlántico. El secretismo y la ausencia de transparencia en torno a las negociaciones, junto con el inmenso acceso de las corporaciones a los poderes público en comparación con el público en general, acrecienta las sospechas de que el TTIP supondrá la promoción de los intereses comerciales de las multinacionales, en lugar de la promoción del interés general de la ciudadanía.
Los amplios y numerosos contactos entre la industria farmacéutica y la Comisión Europea sobre el TTIP, combinado con que las demandas sectoriales supondrían un detrimento importante en el acceso a las medicinas y a la salud pública en la Unión Europea. Estas demandas incluyen amplios periodos de monopolio a través de medidas de propiedad intelectual, la erosión de las regulaciones establecidas en la UE para proteger la salud pública y críticas a la reciente regulación de los ensayos clínicos [3].

La necesidad de controlar el lobby

Por todas estas razones es necesario controlar el nivel de lobby que reciben los poderes públicos. En una intentona, la Comisión Europea abrió lo que se llama el Registro de Transparencia, donde se deben registrar el número de lobbistas que tiene cada organización. A continuación, el gasto declarado por cada una de las corporaciones:
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Es interesante ver cómo, de acuerdo al Registro de Transparencia, al menos dos corporaciones farmacéuticas declaran menos en lobby que lo que es declarado por las empresas subcontratadas para ejercer el lobby. Por ejemplo, Alexion Pharmaceuticals, declara en la Unión Europea gastos inferiores a 9.999 euros (entre enero y noviembre de 2014), sin embargo, la organización que le gestiona el lobby, g+ (europe) declara que paga entre 25.000 y 49.999 euros. Otro ejemplo, Stallergenes que declara un gasto de lobby entre 50.000 euros y 99.999 euros, aparece en la lista de FTI Consulting Belgium, su empresa de lobby, en el ratio entre 100.000 y 199.999 euros.
Es necesario establecer controles al sistema de lobby, lo cual sólo puede ser conseguido a través de un registro obligatorio y real de las empresas de lobby en la Unión Europea, así como la publicación y apertura de las reuniones de lobby que se llevan a cabo entre las empresas privadas y los poderes públicos.
Es necesario terminar con un sistema donde los intereses privados son asesores de los poderes públicos y llegar a un sistema más equilibrado, donde las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas sean representados. Es necesario terminar con la miopía de los poderes reguladores, que fallan en reconocer que los intereses lucrativos de los regulados, en este caso la industria farmacéutica, son incompatibles con las responsabilidades públicas, que en teoría, deberían llevar a cabo los políticos en pro de la ciudadanía general.
Se ha producido una importante captura de la información en torno a los medicamentos y a las políticas de salud por parte de la industria farmacéutica. Muchas veces, su retórica parece ganar en los debates políticos, argumentando que las patentes fomentan la 'innovación' y la 'investigación' y la regulación supone una barrera a las mismas, mientras que reciben inmensas sumas a través de la Iniciativa para la Innovación en Medicamentos (IMI en sus siglas en inglés), que según reza su página web es el mayor partenariado público-privado de Europa.
Arrojar luz sobre el lobby de la industria farmacéutica y ofrecer más claridad a la ciudadanía es absolutamente necesario para servir de manera genuina a las necesidades de salud de la ciudadanía, además de facilitar el acceso a los medicamentos esenciales, en lugar de servir a los oscuros intereses comerciales de uno de los lobbys más importantes del mundo.
Los datos de este artículo han sido obtenidos del informe: Policy prescriptions: the firepower of the EU pharmaceutical lobby and implications for public health. Publicado por Corporate Europe en septiembre de 2015.

Notas

[3] Las compañías farmacéuticas y los investigadores académicos se verán obligados a hacer públicos los resultados de todos sus ensayos clínicos europeos, en una base de datos de acceso público, en virtud de un proyecto de ley, acordado, de manera informal por los ministros de la UE y aprobado por los diputados del Comité de Salud Pública:http://www.nogracias.eu/2014/01/26/avanza-la-transparencia-en-europa-para-los-ensayos-clinicos/#sthash.M3jDMYLU.dpuf
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