viernes, 15 de enero de 2016

Iniciativa Debate Público





Iniciativa Debate Público


Posted: 15 Jan 2016 09:12 AM PST
Raúl Capín, durante la entrevista. / DANIEL RATO
Daniel Rato | diagonalperiodico.net | 15/01/2016
El próximo martes 19 de enero dará comienzo el juicio oral contra Raúl Capín, fotoperiodista madrileño detenido en mayo de 2013 y acusado de atentado contra la autoridad por los hechos ocurridos en dos manifestaciones celebradas el 23 de febrero y del 25 de abril de ese año. Ese mismo día también fue detenido Adolfo Luján, otro fotoperiodista acusado de un presunto delito de calumnias contra la Policía. Las penas a las que Capín se enfrenta son de dos años de cárcel. Hablamos con él sobre su próximo juicio, los hechos de los que se le acusan y la libertad de información en el Estado español.

¿Cómo con qué ánimo te enfrentas al juicio oral que comienza el martes 19?

Un poco extraño, porque se me hace rara esta situación. Pero, por otro lado, tampoco me produce mucho miedo. Creo que mi caso forma parte de toda esta espiral represiva que ha culminado con las Leyes Mordaza, pero que lleva dándose desde el 15M, agravada por la crisis. Y creo que para Delegación de Gobierno en Madrid era incómodo que hubiese periodistas informando sobre policías que pegaban a la gente que estaba en un portal intentando parar un desahucio, o gente que protestaba porque les habían estafado con las preferentes… Han sido muchos los conflictos.

Te detienen en mayo de 2013 acusado de atentado contra la autoridad por los hechos del 23 de febrero en una manifestación convocada por Marea Ciudadana, y por supuestamente organizar a un grupo de manifestantes para agredir a unos policías de incógnito el 25 de abril en la manifestación 'Asedia El Congreso'. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Lo que ocurrió el 25 de abril es que había un grupo de chavales y, con ellos, un grupo de señores que rondaban los 40 años con la cara tapada. Estos últimos les decían a los chavales "venga, vamos a cruzar cubos" o "vamos a cruzar estos bancos que aquellos hijos de puta nos han pegado" en referencia a la policía.
Luego ya, cerca de Embajadores, quedaba un grupo pequeño de chavales y el grupo de policías se echó encima de ellos para detenerles. Estos empezaron a gritar y el grupo más numeroso de chavales, que ya se iba, volvió y empezaron a forcejear con la policía. Al final, todos se escaparon. Nosotros, el fotoperiodista Adolfo Luján y yo, publicamos las fotos de cuando estos sujetos estaban encapuchados en la manifestación y luego ya, sin esta braga que llevaban, cuando van a detener como policías a estos chicos. Y no creo que mostrar eso les hiciese mucha gracia.
Ha habido una etapa en la que se ha visto que la policía se infiltraba en las manifestaciones para crear incidentes y luego decir que estos actos son violentos y que el 15M era un grupo violento y radical. Yo creo que el que hubiese gente haciendo visibles estas cosas les llevó a que nos detuvieran a Adolfo y a mí. El motivo debió de ser que aquellos que hacen streaming, que tiene blogs o que colaboran en medios pequeños cogieran miedo.

Y respecto a la acusación de atentado contra la autoridad, ¿en qué hechos se basa?

Éste es un incidente que ocurre en Atocha en el cual hay una chica gritando y como dos o tres personas encima de ella. No van identificados ni en ningún momento se identifican como policías. Un grupo de fotógrafos nos dirigimos hacia allí. Yo fui de los primeros que llegué, pero momentos más tarde todos los demás, cámaras de televisión, de vídeo, fotógrafos… se acercaron a ver lo que pasaba. Y en esos momentos es lo típico, está todo el mundo a codazos intentando sacar la foto. Cuando los policías (insisto en que nunca se identificaron como tales) vieron que estaban rodeados de prensa, yo creo que se asustaron y se fueron. A mí me acusan de que se escapase la chica porque le habría dado un rodillazo a un policía y también le habría agredido con un palo. Debe ser algo difícil estar haciendo fotos y a la vez con otra mano estar buscando un palo para darles. Resulta un poco surrealista.
En el expediente que tiene el abogado en relación al juicio que tengo la semana que vienen las fotos que aparecen como prueba. Son las que tomó Carlos Hidalgo de ABC. Y las hizo en colaboración con la policía. Pero en las fotos sólo se me ve que estoy allí con una cámara de fotos.

¿Crees que las detenciones tuya y de Adolfo Luján han tenido la intención de ejemplarizar o servir de advertencia para aquellos que informan sobre estas cuestiones?

Yo creo que un poco sí. Nos tocó a nosotros, pero le podía haber ocurrido a cualquier otro. Muchas veces ha habido cargas contra gente de prensa. A un compañero de Iruña le piden incluso 6 años de cárcel cuando es a él a quien le agrede la policía en una manifestación. Delegación de Gobierno llevaba un tiempo queriendo quitarse a periodistas que les eran molestos. Porque ya tienen medios afines como es son ABC, La Razón, El Mundo o El País.

Alguno de estos medios, antes de tu detención, habían publicado informaciones que construían una imagen de ti como manifestante o como "radical de izquierdas", en lugar de como periodista, en manifestaciones o escraches. Hasta el momento, ¿habías notado algún tipo de fijación o acoso hacia ti en estos actos?

Me habían pegado varias veces ya. Y en el escrache de la PAH en el domicilio de Jesús Posada, por entonces Presidente del Congreso, el 12 de abril de 2013, yo llevaba un brazalete del Col·legi de Periodistes de Catalunya porque había estado allí trabajando. La policía dijo que era falso, pero en el periódico tienen las facturas de cuando hemos estado trabajando allí. Y cuando llamamos para pedir explicaciones nos dijeron que sólo sirve para Catalunya, que fuera de allí ellos no se hacen responsables. Eso es cierto. Pero también es cierto que el brazalete no es falsificado, es dado por el Col·legi de Periodistes. Por eso, cuando el jefe de policía me arrancó el brazalete y se fue con él, yo salí detrás para reclamarlo. Porque si luego me obligan a identificarme, yo estoy obligado a hacerlo. Y lo único que hice fue pedirle que me devolviese el brazalete. En ese momento un fotógrafo de El Mundo hizo una foto que recortaron a la hora de publicarse y donde no se ve el brazalete por ninguna parte.

¿Cómo crees que se puede construir un proceso contra ti con las pruebas que se presentan y con una pena de dos años de cárcel?

El caso es que se construye. Yo me imagino que aunque ellos sepan que no llegará muy lejos, la gente ya coge miedo. Porque tener que ir detenido y acudir a un juicio no es un plato de buen gusto. Y más si te piden dos años de cárcel. Yo como no tengo antecedentes, no llegaría a entrar, pero es algo que ya te limita tu trabajo. Porque piensas que sin haber hecho nada ya me pasa esto, si mañana tengo que cubrir otra manifestación tendría que poner tres veces más de cuidado o cortarme para que no me vuelvan a acusar de otra cosa y me busquen un pleito grande.

Si finalmente eres declarado inocente de las acusaciones ¿qué lectura se puede hacer sobre todo este proceso?

El proceso creo que tiene que servir para que la sociedad vea que un Gobierno no puede montar un Estado Policial cuando las cosas no le son favorables. Cuando está haciendo unas políticas que van contra la mayoría del interés de los ciudadanos y hay medios que informan de ello, no pueden sacarse de la manga una Ley Mordaza para impedir las manifestaciones, las paradas de los desahucios, los escraches… Esto son cosas que tienen más que ver con dictaduras militares que con estados de derecho constitucionales. La lectura que se debería de hacer es, sobre todo, por parte de los medios de comunicación. Su función debería de ser, además de informar, la de ser críticos con el poder, contar las cosas como son, guste o no guste.

¿Existe algún tipo de unidad u organización entre los periodistas de medios alternativos o freelance para concienciar a la opinión pública y apoyarse en casos como en el tuyo?

Después de estas detenciones de Adolfo y mía, se montó una plataforma por la libertad de información, pero no acabó de funcionar del todo. Y la verdad es que no hay mucha unidad. Cada uno hace su trabajo a su manera y para el medio de comunicación que sea, pero siempre hay rencillas que impiden una unión para defender estos intereses.
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Posted: 15 Jan 2016 05:15 AM PST
María Dolores Amorós* | nuevatribuna.es | 15/01/2016
Pedro Sánchez, el de los juegos de palabras aprendidas frente a las protestas, totalmente justificadas, de Pablo Iglesias, repite "dialogar no es chantajear, influir no es imponer y acordar no es bloquear", con la salvedad de que, una vez vomitado el mantra que le han escrito y que repite cual hombre de Estado se queda desinflado como muñeco de plástico barato.
Que Sánchez juzgue las protestas de Pablo Iglesias como "pataleta de niño pequeño" es una muestra de infantilismo propio. No es precisamente Pablo Iglesias "niño de pataletas cuando algo no sale como a él le gustaría". Ni mucho menos. Lleva demostrando el compromiso de sus palabras desde que dio el salto a la política con tal dedicación. Lo acontecido nadie tiene que contárnoslo y menos Pedro Sánchez.
Porque no solo estuvimos con la máxima atención puesta en día tan significativo, el de la Constitución de las nuevas Cortes, en qué se hacía y qué se contaba a través de los distintos y variopintos medios de comunicación, sino porque ya somos mayorcitos y con capacidad de discernir ante las distintas informaciones que competían en ser los primeros en dar la nueva, que no buena.
Y lo que pasó no es más que una 'vendida' total y absoluta del PSOE, a través de su figurín todavía Secretario general, ante un PP corrupto y ejemplar en las peores prácticas contra la decencia y la honradez, así como un tender la mano -ni quedaba ni se deseaba otra-  a la nueva parte de la derecha ideológica, la del Ciudadano-Hugo-Boss, para la composición de la nueva Mesa del Congreso.
Es decir, el PSOE ha regalado la mesa del Congreso a la derecha, a PP y C's, cuando PSOE más Podemos podrían haber obtenido fácilmente la mayoría de la Mesa. La decisión ha sido unilateral por parte del PSOE, con un Pedro Sánchez al servicio de los que le mandan. Y es que al parecer el Partido Socialista ha pactado con PP y C'S para erradicar a Podemos y dar la mesa a la derechona con tal de obtener la Presidencia. De auténtica golfada se puede calificar.
Y es que la conformación de la Mesa del Congreso no es algo intrascendente, más bien al contrario. La Mesa tiene, entre otras facultades, la potestad de dar el visto bueno, o no, a las Propuestas o bien Proposiciones de Ley que los distintos grupos parlamentarios puedan presentar en el Congreso.
El mismo día de la Constitución de estas últimas Cortes Generales, 13 enero 2016, Podemos presentó su muy anunciada proposición de Ley de Emergencia Social, la #‎Ley25, cuyo referente es el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta proposición legislativa pretende su pleno y rápido cumplimiento para que todo el mundo tenga derecho a un nivel de vida adecuado y digno. Además, es una iniciativa de mínimos que está pensada para que todos los grupos puedan debatirla e incorporarse a la misma, cuando, por otra parte, las medidas que se incluyen en la proposición de ley no tienen coste para los Presupuestos Generales del Estado.
La diferencia entre esta proposición y la 'batería' de titulares, que no de propuestas, que el PSOE ha tramitado un día después es clara. La proposición de Ley de Podemos exige su inmediata puesta en funcionamiento para -insistimos- paliar, de entrada, las enormes injusticias y quiebros sociales que se están padeciendo en esta España de hoy tras el paso del absolutismo 'atiliano' de Mariano Rajoy y su gran famiglia.
Por su parte, Pedro Sánchez en el conjunto de titulares presentados en el Congreso no recoge nada de absoluta inmediatez, ni tan siquiera cómo materializará esas iniciativas, si mediante proposiciones no de ley para instar al Gobierno a hacer reformas o  mediante propuestas legislativas concretas.
En definitiva, con la actual Mesa del Congreso en manos de la derecha, el PSOE puede lavarse las manos ante la ciudadanía en la muy probable no aceptación de propuesta legislativa de Emergencia Social, de contenido de absoluta necesidad social. Porque, de hacerlo abiertamente, decir el PSOE NO a algo de tan palpable urgencia, sabe que sería su muerte política definitiva.
Es decir, expresar el PSOE su NO a la propuesta de #Ley25 sería la manera más explícita de confesar en qué ha devenido este partido desde aquellos años de Suresnes: un caminar con rumbo fijo hacia la consumación de un partido más al servicio de los mercados, al beneficio del capital -con todo lo que conlleva- frente a las justas y obligadas demandas de los ciudadanos de este país.
El paso dado, de común acuerdo con PP y Ciudadanos, para la conformación de una Mesa con mayoría de miembros de la rancia-derecha-heredera-del-dictador es una clara muestra de que el viaje de Pedro Sánchez a Portugal no ha sido sino un viaje vacacional y de placer sin más. Pura apariencia. Con este gesto, la realidad política está servida. No hacen falta tantos circunloquios de fingimientos para acabar en brazos del PP y C's. No hace falta que lance regañinas a Podemos. Este partido, todos sus miembros y sus seguidores, con Pablo Iglesias al frente, sabe bien cuándo y por qué debe plantar cara como sea y donde toca, ahora en las Instituciones de las que forma parte.
Y ante los acontecimientos que han sucedido de inmediato es innegable que el pacto para la Mesa no ha sido sino el preludio de la Gran Coalición, esta vez tripartita, que, fija su mirada en sus propios intereses y en la servidumbre a los mercados, niega la plurinacionalidad del Estado. Niega la realidad.
A ello hay que sumar el regalo que, 'conformada' la Mesa del Congreso, PP y PSOE hacen a los partidos que rompen España, ERC y DiL, cuando por reglamento no les corresponde y niegan a Podemos, la izquierda, los grupos correspondientes a Compromís-Podem, En Comú-Podem y En Marea.
Queda bien clara la pretensión de que Podemos acabe rompiéndose y con ello quede decapitada de una vez por todas la Izquierda en este país. Bien lo advirtió no hace mucho Varufakis.
La #GranCoaliciónTripartita no se va a hacer esperar demasiado. Por aquello de "si el país lo necesita", "por bien del país", "los mercados nos lo demandan…".
*María Dolores Amorós es Catedrática de Lengua Española
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Posted: 15 Jan 2016 04:14 AM PST
El Rastreadoreldiario.es | 14/01/2015
Portada de ABC del 14 de enero de 2016.
En su editorial, ABC afirma: "Mención crítica especial merece la grotesca y desafiante escenificación que los diputados populistas y de extrema izquierda prometieron sus cargos. […] A Podemos ya hay que exigirle menos imposturas gestuales. La voluntad popular exige soluciones, no provocaciones amenazantes ni chirigotas".
La columnista Mayte Alcaraz, en un artículo titulado Mamá Bescansa, escribe: "Y para colmo del desconcierto, los periódicos y las teles serias y responsables han tenido que velar u ocultar la imagen de ese mismo menor al que su propia madre exhibió ayer como si fuera Chabeli Iglesias. Siempre quedará la duda de si no hubiera sido más consecuente con la irresponsabilidad de mamá Bescansa y de tío Pablo haber velado la imagen de la madre".
Portada de La Razón del 14 de enero de 2016.
El Mundo,  en su editorial,escribe: "El enojo en este asunto [la negativa a los cuatro grupos de Podemos y sus confluencias] le sirvió ayer a Podemos de subterfugio para enmarcar el show que orquestó en la Carrera de San Jerónimo. Al juramento del cargo por parte de sus diputados -que lanzaron un extemporáneo alegato en favor de la reforma constitucional-, se unió la llegada en bicicleta de alguno de sus parlamentarios y hasta la organización de una banda de música. En conjunto, un reguero de gestos de cara a la galería que denotan que Pablo Iglesias ha confundido las Cortes con un plató de televisión; y la regeneración democrática, con una opereta de baja estofa".
Portada de El Mundo del 14 de enero de 2016.
Y prosigue, ahora contra la diputada Carolina Bescansa: "El acto central de esta representación fue la aparición de Carolina Bescansa con su bebé. Desde Podemos justificaron este hecho inédito como una manera de simbolizar la carencia de medidas de conciliación laboral. En realidad, fue unejercicio de banalización de la actividad política dirigido a buscar votos. Y no sólo por el hecho de que el Congreso disponga de guardería, sino porque quien trabaja por la conciliación lo que quiere es facilitar que las madres y los padres puedan compatibilizar su vida privada con la laboral. Y ello sólo se consigue con medidas efectivas, no con futilidades como pasarle la criatura a Iglesias para que lo acune y perseguir así la fotografía del día. […] A la espera de que Podemos empiece a aceptar los usos y costumbres del parlamentarismo, sí debería ser un objetivo común de todos los partidos la regeneración del Congreso, en aras de la mejora de la calidad democrática del país".
Y su columnista Arcadi Espada insiste en un texto titulado 'El niño toma posesión': "La diputada Carolina Bescansa entró ayer en el hemiciclo con un niño a cuestas, diciendo que ella tenía toma y su Dieguito también, y sobre todo, ¡lo primero!, pidió a los fotógrafos que le pusieran el píxel al niño. Lo asombroso, según comprobé de inmediato en las webs noticiosas y comprobará hoy el lector en la inmensa mayoría de periódicos, es que le hicieron caso. Yo le habría dicho a la madre Bescansa que el niñito trajera el píxel puesto de casa, o que lo dejase en la guardería del Congreso, donde tienen algunos preciosos. La diputada Bescansa utilizó a su hijo de objeto propagandístico, sin que eso tenga nada que ver con la leche que mamó el cagoncillo, sino sólo, y escuetamente, con la burda estrategia comunicativa del partido Podemos, sistemáticamente basada en lo que llamaré a partir de ahora el anecdotismo, y que consiste en la usurpación de la realidad a manos de la simpleza".
"Pero la diputada Bescansa no lo merece", sentencia España: "Lo que merece, sin más, es que el presidente Patxi López, en su primera medida de calado, le aplique la famosa jurisprudencia Celia Villalobos Candy-Crush y la sancione con 500 euros de multa por no estar al caso".
Portada de El País del 14 de enero de 2016.
El País, en su editorial, titulado  'El Show de Podemos', sostiene: "Sobran las faltas de respeto al Parlamento. Los diputados de Podemos se excedieron en las fórmulas de acatamiento a la Constitución; aún aceptándola, inmediatamente se sintieron obligados a proclamar que trabajarán para cambiarla. Una aspiración política perfectamente canalizable a través del trabajo parlamentario, sin necesidad de convertir el pleno del Congreso en una suerte de teatro donde solo cuenta la imaginación de cada cual para montar números presuntamente espectaculares. Podemos tiene un problema evidente: sus dirigentes están tan acostumbrados a manejarse ante las cámaras de televisión que han confundido el Congreso de los Diputados con un plató".
"El mal tono con el que Iglesias empieza la legislatura", prosigue el texto, "queda en evidencia con su reacción a los pactos que dieron origen a la constitución de esa Mesa, que no pueden considerarse estrictamente políticos, sino funcionales: había que poner en marcha la legislatura, y elegir a la Mesa era el paso imprescindible. Mal precedente que levanta obstáculos casi insalvables en el propósito de Pedro Sánchez de buscar una mayoría de Gobierno con esta fuerza. Por cierto, los demás partidos han respetado a Podemos con una representación en la Mesa proporcionada a su fuerza parlamentaria. Es una lástima que la sesión constitutiva del Congreso se haya deslizado por tales derroteros. En cualquier caso, la institución comienza a andar y hay que confiar en que el paso del tiempo y el rodaje parlamentario devuelvan a la Cámara la seriedad que se espera de un nuevo tiempo político. El buen hacer de Patxi López puede contribuir mucho a ello".
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Posted: 15 Jan 2016 03:46 AM PST

Redacción/Rokambol/15.01.16
"Allí dentro no hay atmósfera, tal y como la conocemos en el exterior, así que tendremos que recurrir al helio comprimido y a la astucia", ha declarado el jefe del grupo de expedicionarios que intentarán acceder a la axila derecha de la vicepresidenta del Congreso por su parte más oriental.
Al parecer, la misión se dividirá en dos grupos en cuanto lleguen al bajovientre de Villalobos, uno se dirigirá hacia el sobaco derecho y otro hacia el izquierdo. Lo más importante, según cuentan todos los expertos, es que se rodee el ombligo de la expresidenta del Congreso, pues esa cavidad nunca ha sido cartografiada y, por lo tanto, no se sabe nada de ese lugar. "Dicen que allí abajo podrían estar los restos del portaaviones Franklin Roosevelt y varias expediciones anteriores, pero nosotros no vamos a averiguarlo", puntualizan los exploradores. "Caer dentro del ombligo de Celia Villalobos significaría el fin de la misión, aunque llevásemos víveres, vehículos y equipos de transmisión", aseguran.
Los otros dos equipos que intervienen en la operación de prevención higiénica del Congreso de los Diputados, se internarán solo en una de las ingles de la diputada, donde se limitarán a tomar muestras y salir corriendo. La razón por la que estos dos grupos aún no saben en cual de las dos ingles se aventurarán es muy sencilla: Seguridad. "Imagínense que nos adentramos en los pliegues de la ingle izquierda y de repente a Celia se le ocurre cruzar las piernas. Moriríamos todos", coinciden en señalar los tres jefes de equipo. "Esperaremos a que separe uno de sus muslos, y entonces entraremos en la ingle que ofrezca menos plegamientos y una atmósfera más rica en oxígeno", añaden.   Más en Rokambol
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Posted: 15 Jan 2016 01:32 AM PST

insurgente.org | 15/01/2015
La Audiencia Provincial de Cádiz ha emitido un auto que ordena el ingreso penitenciario de la exalcaldesa del PSOE de Jerez, Pilar Sánchez, para cumplir la pena de cuatro años y medio de prisión que le ha sido impuesta por el denominado «caso PTA».
De no hacerlo por propia voluntad, la sección octava de la Audiencia (con sede Jerez) ordena a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su localización y detención, según ha señalado hoy Canal Sur radio. La Audiencia ha ordenado también el ingreso en prisión de la exdirigente socialista y delegada municipal de Medio Rural, María del Carmen Martínez, condenada por el mismo caso a una pena superior a dos años de prisión.
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Posted: 15 Jan 2016 12:59 AM PST
Cientos de activistas, políticos e intelectuales de la talla de Yanis Varoufakis, Ada Colau, Susan George, Ken Loach, Teresa Rodríguez, Carlos Sánchez Mato, Miguel Urbán, Marina Albiol o Noam Chomsky, firman el llamamiento 'Plan B, contra la austeridad, por una Europa democrática' y convocan a una conferencia europea que se celebrará en Madrid los días 19, 20 y 21 de febrero.
Más de 150 políticos y activistas firman el llamamiento "Un Plan B para Europa"
Yago Álvarez | El Salmón contracorriente |15 de enero de 2016
El llamamiento, que nace casi de forma paralela al movimiento DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025)lanzado por el exMinistro Yanis Varoufakis hace sólo unos días, ha sido lanzado esta misma mañana con la intención de denunciar una Europa falta de democracia, insolidaria y basada en la "austeridad que privatiza los bienes comunes y destruye los derechos sociales y laborales en lugar de hacer frente a las causas iniciales de la crisis, la desregulación del sistema financiero y la captura corporativa de las instituciones de la UE a través de los grandes lobbies y las puertas giratorias", tal y como indica el texto.
Esta iniciativa es lanzada por personalidades del mundo de la política, intelectuales y activistas de movimientos sociales entre los que se encuentra el ex-Ministro de Finanzas Yanis Varoufakis junto con la ex-presidenta del Parlamento griego Zoe Konstantopoulou, los eurodiputados de Podemos e Izquierda Unida, Lola Sánchez, Miguel Urbán, Marina Albiol y Javier Couso, la alcaldesa de Barceloa Ada Colau, el Alcalde de Cádiz José María González "Kichi", el concejal de economía y hacienda de Madrid Carlos Sánchez Mato, la Presidenta del Transnational Institute Susan George, el lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky, Yayo Herrero de Ecologistas en Acción o el director de cine Ken Loach.
Ante la Europa de la austeridad, la desigualdad, precaria, insolidaria y"gobernada de facto por una tecnocracia al servicio de los intereses de una pequeña, pero poderosa, minoría de poderes económicos y financieros" en la que nos encontramos en estos momentos, el llamamiento propone una mayor coordinación, colaboración y cooperación práctica entre los movimientos sociales, plataformas ciudadanas y ONG's que ya se han puesto a trabajar para cambiar esta Europa, como la campaña No al TTIP, Blockupy o las Euromarchas. Una unión de fuerzas solidaria e interancionalista que pueda plantar cara a la Europa de la austeridad.
Para ello, los firmantes del llamamiento, convocan a la ciudadanía a participar en una conferencia europea que se celebrará los días 19, 20 y 21 de febrero en Madrid, en la que se celebrarán exposiciones, charlas y talleres para debatir sobre deuda, moneda, migración, derechos laborales, estructura europea o comercio internacional.
Para adehrirse y firmar el llamamiento podéis vistar la web del Plan B.
Llamamiento Plan B y firmantes:
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Posted: 15 Jan 2016 12:40 AM PST
Juan Hernández Zubizarreta, Alainet | Rebelión | 15/01/2016
Las autoridades encargadas de negociar el TTIP, TPP, CETA, TISA… ignoran el sistema internacional de los derechos humanos y privilegian los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Están reformando el sistema jurídico internacional por la vía de los hechos y profundizando en la fragmentación del Derecho Internacional.
El control de legalidad de estos tratados y acuerdos implica analizar el procedimiento de elaboración, la forma de aplicación y su posible colisión con el sistema internacional de los derechos humanos; también supone estudiar sus impactos en la función reguladora de los Estados para proteger y garantizar los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales.
Para ello, vamos a tener en cuenta los informes elaborados –en julio y agosto de 2015- por el experto independiente -Alfred-Maurice de Zayas- sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo [1]. También vamos a analizar el informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos -Sra. Victoria Tauli-Corpuz- de los derechos de los pueblos indígenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Una primera cuestión de procedimiento, un experto independiente o una Relatora de la ONU no son personas expertas sin más, ya que forman parte del Procedimiento Especial y son nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) -compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas- para examinar e informar sobre un tema o cuestión específica de derechos humanos.
La expresión "procedimientos especiales" se refiere a los mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacer frente a situaciones concretas en países concretos o a cuestiones temáticas en todo el mundo.
Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo
El 29 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 18/6 sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo [2].
La resolución también creó el mandato del Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo por un periodo inicial de tres años. El mandato fue porrogado por un periodo de tres años, hasta el 30 de abril de 2018 [3].
Uno de los informes aborda los efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión, los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos multilaterales de libre comercio en el orden internacional democrático y equitativo [4] y el otro informe hace hincapié en los efectos de la solución de controversias entre los inversores y el Estado en un orden internacional democrático y equitativo [5].
Para la elaboración de los mismos, se han tenido en cuenta los informes de ocho titulares de mandatos de procedimientos especiales y las observaciones generales y finales pertinentes de los órganos de tratados como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño [6].
El Experto independiente considera que "los tratados y acuerdos de comercio e inversiones conllevan una regresión en la protección de derechos como el derecho a la vida, a la alimentación (A/HRC/25/57), al agua y el saneamiento, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura, al mejoramiento de las normas laborales, a un poder judicial independiente, a un medio ambiente inocuo y a no ser sometido a reasentamiento forzoso. Por otra parte, existe una legítima preocupación por la posibilidad de que los acuerdos internacionales de inversión agraven el problema de la pobreza extrema, la renegociación de la deuda externa, la regulación financiera y los derechos de los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidad y las personas de edad y otros grupos vulnerables".
Antecedentes
La desaparecida Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su resolución 2004/16 decidió prorrogar por otros tres años su mandato y tomó el acuerdo en la resolución 2005/6, de ocho de agosto, de profundizar en los efectos de los métodos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales y de analizar los medios y formas de proteger a las personas o grupos frente a los daños causados por la actividad comercial [7]. A su vez se designó a la Sra. Chin Sung Chung y a la Sra. Florizelle O´Connor para que elaboraran un documento sobre "Acuerdos económicos bilaterales y multilaterales y sus repercusión sobre los derechos humanos de los beneficiarios" y otro titulado "La función de los Estados en la garantía de los derechos humanos, con referencia a las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales," encargado al Sr. Gaspar Biró.
En la 21ª sesión de la Subcomisión, del 24 de agosto de 2006, se presentaron ambos documentos. El documento de trabajo sobre los acuerdos económicos bilaterales y multilaterales y su repercusión sobre los derechos humanos de los beneficiarios [8] se centró en cuatro ideas. La primera, en cómo el papel de las transnacionales en los acuerdos económicos es fundamental y cómo la red económica tejida en torno a los acuerdos multilaterales y regionales se complementa con la proliferación de los tratados bilaterales. La preocupación deviene de la falta de transparencia y cauces democráticos en su negociación, de la necesidad de atraer inversiones sin condiciones por los países pobres y de las dificultades jurídicas de aplicar la extraterritorialidad de las normas. La segunda analizó los efectos directos e indirectos sobre los derechos humanos. La tercera incidió en la responsabilidad, en grados diferentes, de los Estados y de las empresas transnacionales. La cuarta estableció diversas fórmulas para promover la responsabilidad: invocar la responsabilidad derivada de los instrumentos internacionales de derechos humanos, preparar evaluaciones que delimiten los impactos de los acuerdos económicos, aplicar la cláusula de excepción general de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el Sistema Generalizado de Preferencias en las negociaciones comerciales, incorporar en los acuerdos comerciales la responsabilidad de las multinacionales, y volver a la "doctrina Calvo" respecto a la competencia de los tribunales nacionales de justicia.
El documento relativo a la responsabilidad de los Estados en la garantía de los derechos humanos [9] se centró en lo que denominó la "renuencia" de los Estados a cumplir sus obligaciones de derechos humanos en relación con las actividades de las empresas transnacionales. Esto implica describir los efectos de las privatizaciones de sectores básicos y la coincidencia de funciones esenciales de los Estados con las funciones públicas. Los Estados deben obligar a las multinacionales a cumplir la ley pero, a su vez, éstas tienen obligaciones y responsabilidades en sus esferas de interés.
El marco normativo
La adecuación de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones a la legalidad internacional implica contrastar el contenido de los mismos con los tratados de derechos humanos, los principios generales del derecho, el derecho internacional consuetudinario, las declaraciones y las resoluciones; todo ello constituye un orden público esencial y de obligado cumplimiento.
Por otra parte, tal y como analizaremos, este régimen jurídico prevalece sobre el orden y la estabilidad de los intereses de los inversores.
Sobre la elaboración de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones
En primer lugar, la elaboración, negociación y aprobación de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no puede realizarse de espaldas a la ciudadanía y a los representantes democráticos tal y como obliga el artículo 25 a) en concordancia con el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [10]. La opacidad y el secreto en las negociaciones de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no se ajustan al orden internacional [11].
En el informe titulado "La Defensora del Pueblo Europeo apoya el carácter secreto de las negociaciones del TTIP" y publicado en la página web de economía CIUDADANA [12], se recoge como "la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha decidido que en la reclamación 1777/2014/PHP contra la Comisión Europea sobre la solicitud de acceso a 20 documentos originales relativos al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), realizada por el ciudadano Gregorio Abascal a través de su blog Economía Ciudadana, lo siguiente: "No ha habido mala administración por parte de la Comisión Europea", procediendo al cierre de la investigación". El informe añade "con esta decisión, O'Reilly consolida la posición de la Comisión Europea y del Consejo Europeo sobre la absoluta prioridad de mantener en secreto los documentos del TTIP, ignorando no sólo a la ciudadanía y su derecho a la información, sino también al Tribunal Europeo de Justicia, único órgano legitimado para la interpretación de la legislación de la Unión Europea, y la interpretación del mismo Reglamento 1049/2001 de la sentencia C‐ 350/12 P en casación".
En las negociaciones del TTIP entre la UE y EEUU se está produciendo un incumplimiento sistemático de la legislación internacional y de la legislación comunitaria. Incumplimiento que explica el Europarlamentario Konstantinos Chrysogonos en su informe sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en la Comisión de Asuntos jurídicos del Parlamento Europeo [13].
Sobre el cuerpo normativo de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas han elaborado un cuerpo normativo -tal y como afirma el Experto independiente- que ha puesto en el escenario mundial no solo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, sino también instrumentos jurídicamente vinculantes, entre ellos diez tratados fundamentales de derechos humanos [14] e innumerables declaraciones y resoluciones de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos, los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo –Convenios 14, 29, 77, 78, 87, 95, 98, 102, 105, 138, 169 y 182- y la Organización Mundial de la Salud y otros tratados internacionales como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como la Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El extenso cuerpo de tratados, protocolos y declaraciones sobre derechos humanos que ya existe crea un marco jurídico internacional que debe ser tenido en cuenta siempre que un Estado firme o ratifique un acuerdo con otros Estados. El régimen de derechos humanos, debe considerarse superior a otros acuerdos, incluidos los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Los tribunales nacionales y los tribunales y mecanismos de arbitraje internacionales deben estar subordinados a ese régimen.
Sobre el Orden Público Internacional
Hay que tener en cuenta el carácter dinámico del Derecho Internacional, ya que éste es un Derecho universal vinculado a las personas cuyas fuentes normativas no son sólo los tratados o acuerdos entre Estados sino la propia Carta de Naciones Unidas, las Declaraciones, otros instrumentos al margen de la ratificación de los Estados, la costumbre y los principios generales del Derecho. La construcción del ius cogens o normas de orden público internacional se regula en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados [15]. El ius cogensintegra un nuevo orden público internacional investido de imperium al margen de los Estados. Tiene, a su vez, eficacia erga omnes y múltiples fuentes normativas. Barbagaleta (1999) [16] ha ratificado las características descritas del ius cogens incidiendo en su universalidad e imperatividad al margen de los Estados, aunque requiere una aceptación mayoritaria de la comunidad internacional. En esta línea de interpretación expansiva y progresista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aunque minoritaria doctrinalmente, Alberto Galinsoga afirma que, "Los instrumentos normativos universales de protección de los derechos humanos tienen un carácter polifuncional, en el sentido de que proclaman los valores éticos-políticos relevantes, reconocen los principios jurídicos rectores en la materia, establecen un estándar minimum normativo de carácter subsidiario, en defecto de norma nacional o internacional más favorable, y marcan los objetivos hacia los que los Estados deben dirigir sus políticas, medidas legislativas y administrativas". "Los principios reconocidos en las grandes Convenciones Internacionales de derechos humanos se imponen como rectores de las normas aplicables en este ámbito y vertebran toda la normativa internacional general, regional y nacional. Como principios jurídicos vinculantes se imponen a todas las normas que contravengan su contenido, y como tales, pueden y deben ser aplicados por las legislaciones nacionales" (Galinsoga, 2002: 353 y 356) [17].
Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos es vinculante y no una mera recomendación ética. En el Derecho Internacional el sistema de fuentes viene recogido en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia y forman parte del mismo, las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del Derecho y las decisiones judiciales; la costumbre tiene el mismo valor jurídico que los tratados internacionales y el Derecho Internacional consuetudinario está en vigor y es obligatorio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos forma parte del mismo y es una verdadera norma imperativa o de ius cogens que encarna y protege intereses esenciales de la comunidad internacional y que según el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que una norma imperativa no puede derogarse y ni cabe acuerdo en contrario por otra norma que no sea imperativa [18].
El Derecho Internacional consuetudinario es de obligado cumplimiento y tiene una jerarquía superior a los tratados y acuerdos de comercio e inversiones.
Sobre la superioridad jerárquica de los derechos humanos frente a las normas de comercio e inversiones
Los tratados de comercio e inversiones deben respetar y someterse –son jerárquicamente inferiores- a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Carta de Naciones Unidas y a los tratados de Naciones Unidas.
La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 103 establece que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta. Es decir, las normas de comercio e inversiones están subordinadas a las nomas sobre derechos humanos [19]. En esta dirección el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 1989 en el caso Soering c. el Reino Unido, establece que las obligaciones existentes en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevalecen sobre las de los tratados de extradición y, por extensión, sobre los tratados y acuerdos de comercio e inversiones (Teitelbaum, 2004) [20].
El Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una declaración en la que se dice: "Mientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duración limitados y susceptibles de transacción, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresión de una reivindicación fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tienen por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los regímenes de propiedad intelectual -aunque tradicionalmente brindan protección a los autores y creadores individuales – se centran cada vez más en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales". Por su parte, en la resolución 2000/7 del 17/08/2000, la Subcomisión de derechos humanos de la ONU ha dicho: "Afirma que la protección de los intereses morales y materiales que resultan de toda producción científica, literaria o artística de que una persona es autora es, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos y el inciso c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un derecho humano, en los límites del interés general; declara, sin embargo, que dada que la aplicación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que se relacionan con el comercio (ADPIC), no tiene en cuenta como debería la naturaleza fundamental de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, en particular el derecho de cada persona a disfrutar de las ventajas de los progresos científicos y de sus aplicaciones, del derecho a la salud, a la alimentación y del derecho a la autodeterminación, hay conflictos visibles entre el régimen relativo a los derechos de la propiedad intelectual contenido en el Acuerdo, por una parte, y el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por la otra; recuerda a todos los gobiernos la primacía de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las políticas y los acuerdos económicos".
La Corte Interamericana de derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC/2/82, de 24 de septiembre de 1982 relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención, se expresó en estos términos: "los tratados modernos sobre derechos humanos en general, y en particular la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de 1os Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a otros contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción".
También la Comisión Europea de Derechos Humanos, basándose en el Preámbulo de la Convención Europea expresó en el caso 788/ Austria vs. Italia que: "el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convención no fue concederse derechos y obligaciones recíprocas con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa… y establecer un orden público común de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia común de tradiciones políticas, ideas y regímenes de derechos".
Por consiguiente, es imprescindible comprobar que los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y con las normas que regulan los derechos humanos.
Sobre las Observaciones Generales
El Experto internacional afirma que "… las Naciones Unidas ha establecido mecanismos de aplicación, incluidos los órganos creados en virtud de tratados, como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que han llevado adelante la labor de fijación de normas mediante la aprobación de observaciones generales sobre las disposiciones de los pactos internacionales y han participado en las actividades de vigilancia, el examen de los informes periódicos de los Estados partes y las visitas sobre el terreno". Las observaciones generales son interpretaciones autorizadas realizadas por los distintos órganos credos en virtud de los tratados de derechos humanos.
"El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha formulado observaciones generales pertinentes: núm. 12 sobre el derecho a una alimentación adecuada (art. 11), párrafos 19 y 36 ("Los Estados Partes deben asegurarse de que, en los acuerdos internacionales, se preste la debida atención al derecho a una alimentación adecuada"); núm. 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12), párrafo 39 ("En relación con la concertación de otros acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para cerciorarse de que esos instrumentos no afectan adversamente al derecho a la salud") y párrafo 41, que prohíbe imponer embargos o sanciones al suministro de medicamentos y equipo médico; núm. 15, sobre el derecho al agua (arts. 11 y 12), párrafos 31, 35 y 36 ("Los Estados Partes deberán velar por que en los acuerdos internacionales se preste la debida atención al derecho al agua y, con tal fin, deberán considerar la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos jurídicos. En cuanto a la concertación y aplicación de otros acuerdos internacionales y regionales, los Estados Partes deberán adoptar medidas para garantizar que estos instrumentos no repercutan negativamente en el derecho al agua potable"); núm. 18 sobre el derecho al trabajo (art. 6) y núm. 19 sobre el derecho a la seguridad social (art. 9)".
Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones deben tener en cuenta y adecuarse a las diferentes observaciones mencionadas.
Sobre los Principios Generales
Entre las fuentes de derecho reconocidas por la Corte Internacional de Justicia figuran los principios generales del derecho (art. 38, párrafo 1 c), del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que configuran el orden jurídico nacional e internacional. Entre esos principios fundamentales están el de buena fe que significa que la ley debe ser coherente y no puede ser utilizada antitéticamente para destruir derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra este principio en el artículo 30, que se refleja en el artículo 5 de los dos Pactos. Otros principios generales del derecho pertinentes son los principios de proporcionalidad, previsibilidad, rebus sic stantibus, la prohibición del abuso de derecho, de incitación a la comisión de un delito y de tratados o contratos que sean contra las buenas costumbres y la ilegalidad del enriquecimiento injusto.
Los tribunales también puede aplicar el principio de equidad, en la medida en que en todos los acuerdos existe un elemento inherente de la misma.
Los inversores pueden invocar el principio pacta sunt servanda -los acuerdos deben cumplirse- regulado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero requiere de la buena fe y aplicarse de una manera que no contravenga la Carta o los tratados de las Naciones Unidas.
En virtud del artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Estados establecerán "un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos". Este principio está reforzado por el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En conclusión, los tratados y acuerdos de comercio e inversiones deben respetar el conjunto de los Principios Generales del Derecho.
Sobre el Derecho Penal Internacional
El derecho penal internacional y los precedentes de Nuremberg también podrían ser pertinentes para examinar los tratados y acuerdos de comercio e inversión. Como manifiesta el Experto independiente, "sería apropiado comprobar si el concepto de "conspiración" para cometer actos contra bonos mores (o "empresa criminal conjunta", en la expresión utilizada por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia) pueden aplicarse al método aplicado para elaborar y negociar en secreto algunos acuerdos internacionales de inversión. ¿Son los Estados o algunas empresas transnacionales culpables de "conspiración"? Los actos constitutivos de una conspiración de este tipo pueden incluir proporcionar deliberadamente información falsa; publicar previsiones falsas de crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo; contratar a grupos de estudio, economistas, universidades o fundaciones para que preparen "informes teleológicos"; y conspirar con grandes empresas de medios de comunicación para asegurarse de que solo se presente la parte positiva de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio y se supriman o minimicen los aspectos polémicos. La cuestión de la responsabilidad penal de las empresas por ecocidio y otros delitos es merecedora de un análisis a fondo en un informe futuro".
Sobre los Estados
El Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo recoge reflexiones importantes que se reproducen a continuación:
La Carta de las Naciones Unidas establece una orden internacional de Estados soberanos, que no puede ser sustituido por un nuevo orden internacional articulado sobre las normas de comercio e inversiones. Todos los Estados están obligados por la Carta de las Naciones Unidas y todos los tratados deben ser conformes con ella, en particular con sus artículos 1, 2, 55 y 56 [21].
Los Estado legítimos deben promover el bienestar de la población que se halle bajo su jurisdicción; las funciones esenciales del Estado no pueden ser privatizadas. La adopción de tratado o acuerdos de comercio e inversiones requiere evaluaciones de impacto en los derechos humanos, la salud y el medio ambiente.
Como establece el informe del Experto independiente, "un gobierno que pone en peligro su facultad de defender y proteger los intereses de las personas que viven bajo su jurisdicción traiciona su propia razón de ser y pierde su legitimidad democrática. Entre los derechos que deben garantizar los Estados figuran el derecho a la vida, a la seguridad de la propia persona, a la participación en los asuntos públicos, a una patria, a la libre circulación, a la salud, a la educación, al empleo y a la seguridad social. Estos compromisos están consagrados, entre otros, en los artículos 1, 2, 6, 9, 12, 17, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos".
Por ejemplo, "los Estados deben garantizar el acceso a medicamentos asequibles es esencial para proteger el derecho a la vida, y negarse a proporcionar esos medicamentos asequibles equivale al delito penal de denegación de ayuda humanitaria de asistencia a personas en peligro. Dicho de otro modo, no es posible apropiarse de los conocimientos para obtener un beneficio, ni estos pueden ser privatizados ni convertidos en bienes comerciables, sino que más bien deben ser compartidos en un espíritu de solidaridad internacional". La confrontación entre las normas reguladas en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es flagrante.
El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas ha destacado en sus informes que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos estipulan, en los principios 8 y 9, que "los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las prácticas empresariales sean conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado" y que "los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyan acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a través de tratados o contratos de inversión". Por tanto, todos los acuerdos y tratados de comercio e inversión que se negocien deben incluir una clara disposición que estipule que en caso de conflicto entre las obligaciones de derechos humanos del Estado y las obligaciones impuestas por otros tratados, prevalecerán los instrumentos de derechos humanos.
"La validez de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio debe ponerse a prueba aplicando las normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Por ejemplo, un tratado puede ser nulo si es posible demostrar que hubo una violación manifiesta de la constitución del Estado, errores referentes a un hecho o a una situación cuya existencia se diera por supuesta en el momento de la firma del tratado y constituyera una base esencial del consentimiento a obligarse por el tratado (art. 48), conducta fraudulenta de otra parte negociadora (art. 49), engaño deliberado o afirmaciones falsas, corrupción (art. 50), coacción (arts. 51 y 52) o conflicto con una norma imperativa de derecho internacional (art. 53). La terminación de un tratado o la suspensión de su aplicación son posibles a causa de una violación grave (art. 60), imposibilidad subsiguiente de cumplimiento (art. 61) o un cambio fundamental en las circunstancias (art. 62). Normalmente los tratados contienen disposiciones para la denuncia o el retiro. De no existir esas disposiciones, este derecho puede inferirse de la naturaleza del tratado (art. 56). En la medida en que los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio den lugar a violaciones de los derechos humanos, esto será causa de su modificación o terminación. El procedimiento se establece en los artículos 65 y ss".
Los tratados internacionales deben ser sometidos al control de constitucionalidad, a fin de que los tribunales nacionales determinen si son conformes con la parte dogmática de la Constitución en lo que se refiere a los derechos y garantías contenidos en ella y más particularmente con las normas internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía de jus cogens (normas imperativas de derecho internacional). Un Estado no puede renunciar a su función esencial de legislar en interés público (Teitelbaum, 2004)
A modo de conclusión, afirma el Experto independiente, "sería apropiado reafirmar que, si bien los acuerdos de libre comercio y de inversión tienen su razón de ser, la función principal del Estado es actuar en interés del público. Existen muchas oportunidades para que las empresas y los inversores obtengan beneficios legítimos y establezcan auténticas colaboraciones con los Estados en vez de mantener relaciones asimétricas. La norma básica debería consistir en: a) dar a las empresas lo que les pertenece, es decir, un medio en el cual competir limpiamente; b) restituir a los Estados lo que les pertenece de manera fundamental e inalienable, es decir, la soberanía y el espacio normativo; c) reconocer a los parlamentos lo que les pertenece, es decir, la facultad de examinar todos los aspectos de los tratados sin métodos no democráticos como el secreto y la aprobación mediante procedimientos de urgencia; y d) dar al pueblo lo que le pertenece, es decir, los derechos a la participación pública, el debido proceso y la democracia".
Sobre los tribunales arbitrales
Los Estados tienen la responsabilidad de brindar protección, en particular con respecto a la administración de justicia. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos requiere que los Estados velen por que los actos judiciales sean examinados por tribunales competentes e independientes en un régimen de transparencia y rendición de cuentas. Paradójicamente, los Estados han acordado la creación de tribunales ad hoc de solución de controversias entre inversores y Estados que no suelen ser independientes y transparentes y no suelen rendir cuentas. El informe sobre los efectos de la solución de controversias entre los inversores y el Estado en un orden internacional democrático y equitativo establece que:
"Los últimos 25 años han dado numerosos ejemplos de violaciones de derechos por los inversionistas y sentencias arbitrales sin escrúpulos que no solo han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, sino que han generado una "parálisis normativa" o incluso una "congelación", impidiendo a los Estados adoptar reglamentos sobre la eliminación de los desechos o el control del tabaco por temor a ser demandados ante los tribunales de solución de controversias entre inversores y Estados". El Experto independiente declaraba en el periódico theguardian –el 16 de noviembre de 2015- que un solo mecanismo – el sistema de resolución de controversias inversionista-Estado (ISDS) – pone en peligro el actual sistema de justicia, el concepto de equilibrio de poderes y la esencia del Estado de Derecho. Sus implicaciones para el respeto de los derechos humanos en todo el mundo pueden ser devastadoras [22].
En una dirección opuesta, destacan las declaraciones a favor de los tribunales arbitrales que realizaba el vicepresidente de Philip Morris, Marc Firistone, en el marco del contencioso que mantiene con Uruguay: "no hay una tensión inherente en proteger los derechos fundamentales del sector privado al mismo tiempo que se protegen los derechos humanos. No hay nada que amenace al orden mundial. Por contraste, lo que sería 'devastador' para el orden público es si la legitimidad y la ecuanimidad se aplicaran en forma selectiva" [23]. Es decir, según el alto responsable de Philip Morris, hay que tratar igual a los desiguales y las transnacionales deben ser tratadas igual que los hombres y mujeres de Uruguay; la salud de la población debe situarse en el mismo plano que los intereses económicos de los dueños de la multinacional. El sistema internacional de los derechos humanos es atacado frontalmente por el capital.
El señor Zayas considera que "hay múltiples razones para oponerse a la solución de controversias entre inversores y Estados sobre la base de las necesidades de una gobernanza democrática, la administración de justicia mediante tribunales transparentes y responsables, la doctrina de la soberanía del Estado y el derecho de los derechos humanos".
"Las sentencias que resuelven las controversias entre inversores y Estados han llevado a estos últimos a abandonar medidas para proteger la salud pública y a reducir las exigencias de las normas ambientales. La parálisis normativa derivada de la mera existencia de un sistema de solución de controversias entre inversores y Estados ha disuadido, y podría disuadir en el futuro a los Estados, de tomar medidas para respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y, por lo tanto, tiene un efecto negativo en el orden internacional democrático y equitativo".
"Si bien los tribunales internacionales pueden y deben declarar inadmisibles los casos improcedentes de abuso del derecho a presentar comunicaciones (véase el artículo 3 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) o de abuso de procedimiento, los tribunales de solución de controversias entre inversores y Estados rara vez lo hacen y aceptan los litigios improcedentes y vejatorios que ocasionan enormes gastos a las partes, lo cual es especialmente perjudicial para los países en desarrollo".
La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
La Relatora, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, ha elaborado el informe [24] relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas [25] y presentado a la Asamblea General de conformidad con el mandato que le confirió el Consejo de Derechos Humanos en sus resoluciones 15/14 y 24/9 [26].
Sobre los antecedentes
En los antecedentes del informe la Relatora afirma que le causa una gran preocupación el aumento de las inversiones extranjeras relacionadas con las tierras de los pueblos indígenas, las aguas y la extracción de recursos naturales como minerales y metales, petróleo, gas y madera, entre otros. Además, considera que hay que analizar a fondo los regímenes internacionales de inversión y el modo en que afectan al respeto o a la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas; se produce una colisión con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Para la elaboración del informe se han tenido en cuenta de manera especial el informe que el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo presentó en el 70° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/30/44) sobre los efectos negativos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión, los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos multilaterales de libre comercio en el orden internacional, el informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/19/59/Add.5) y el informe que el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental presentó en el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General (A/69/299), que analiza el impacto de los acuerdos de inversión en el derecho a la salud. Además, en 2015, diez titulares de mandatos han expresado públicamente su preocupación por el impacto que los acuerdos de libre comercio e inversión tienen en los derechos humanos".
Sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas
"Los tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversiones y su impacto sobre los derechos humanos incluye aspectos como los derechos sobre la tierra, la degradación ambiental, la pobreza, la capacidad de reglamentación y de protección del Estado, el déficit democrático y los desafíos al estado de derecho en relación con la elaboración y aplicación de dichos acuerdos, y la capacidad de los gobiernos para prestar servicios de salud y relacionados con el agua".
Derecho a las tierras, los territorios y los recursos
"Como se establece, entre otros, en los artículos 8, 25, 26, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido de otro modo, así como el derecho a poseer, utilizar, explotar y controlar dichos recursos. El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece los derechos individuales y colectivos a poseer bienes en propiedad, complementa las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas".
"Las cláusulas de no discriminación y expropiación de los acuerdos de inversión y de libre comercio pueden fácilmente ir en detrimento de la protección de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y de los derechos culturales estrechamente conexos. Las cláusulas sobre un trato no discriminatorio, como ya se ha señalado, otorgan a los inversores extranjeros el mismo trato que el dado a los inversores nacionales y de otros países. En la práctica, esto significa que, si los derechos de los pueblos indígenas no están expresamente incluidos como excepciones a dichas disposiciones, cualquier protección especial de sus tierras, ya con base en el derecho consuetudinario o en leyes específicas de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, podría quedar obsoleta en el ámbito de las inversiones".
"Las cláusulas de expropiación de los acuerdos de inversión pueden ser también un importante obstáculo para las reclamaciones relativas a las tierras indígenas. Si, para cumplir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normas de derechos humanos, los gobiernos receptores que tienen suscritos tratados y acuerdos de comercio e inversiones adoptan medidas positivas para devolver las tierras en régimen consuetudinario tomadas por los inversores extranjeros a los pueblos indígenas, podrían tener que pagar una compensación a esos inversores a valores de mercado. Los tribunales de solución de controversias entre inversores y Estados han impuesto esa compensación a valores de mercado, incluso cuando la expropiación de tierras se había realizado con un fin público legítimo o para remediar una apropiación injusta de tierras y territorios de los pueblos indígenas".
Consentimiento libre, previo e informado
"El derecho de consentimiento libre, previo e informado está incluido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el derecho de consulta lo está en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de esas disposiciones, solo los representantes de los gobiernos nacionales negocian, redactan y pactan los acuerdos de inversión, que a menudo se elaboran en estricta privacidad. La Relatora Especial no tiene constancia de que los representantes de los pueblos indígenas o los funcionarios de los sistemas reconocidos de autogobierno indígena hayan sido invitados a participar en la negociación y redacción formales de los acuerdos de libre comercio e inversión que les afectarán directamente. Dado que dichos acuerdos son formalmente vinculantes en todos los niveles de gobierno y que muchos proyectos de inversión tienen un gran impacto sobre los pueblos indígenas, esa situación es, por sí sola, una violación de los derechos de consentimiento libre, previo e informado, participación, consulta y libre determinación".
"Cuando se emprenden proyectos de inversión que afectan directamente a los pueblos indígenas es preciso mantener con ellos consultas de buena fe, conforme a lo exigido en los artículos 19 y 32, párrafo 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y el artículo 6, párrafo 2, del Convenio 169 de la OIT. La aplicación de esos artículos a los acuerdos de inversión y de libre comercio ofrece la oportunidad de incluir las perspectivas y necesidades de los pueblos indígenas en las disposiciones de los acuerdos y evitar futuras violaciones de sus derechos humanos. Cuando se pierde esa oportunidad, aumentan las posibilidades de que se produzcan conflictos, se suspendan proyectos y se pierdan beneficios".
"Las violaciones se agravan por el hecho de que existe el riesgo potencial de que la responsabilidad económica por daños y perjuicios atribuida al Estado parte sea trasladada a los gobiernos indígenas. Por ejemplo, algunos gobiernos, como el del Canadá y México, han pretendido recaudar las indemnizaciones concedidas a las empresas en concepto de daños y perjuicios reteniendo fondos a los gobiernos locales".
"Las violaciones del derecho de consentimiento libre, previo e informado pueden también contribuir a posteriores abusos contra los derechos de los pueblos indígenas en el marco de los acuerdos de inversión y de libre comercio. La aplicación del principio del consentimiento libre, previo e informado a los acuerdos de inversión y de libre comercio ofrece la oportunidad de incluir las perspectivas y necesidades de los pueblos indígenas en las disposiciones de dichos acuerdos y evitar futuros abusos contra sus derechos humanos. Cuando se pierde esa oportunidad, el posible efecto preventivo de la observancia del derecho de consentimiento libre, previo e informado se malogra".
Derechos culturales
"Hay muchas maneras en que los posibles efectos de los acuerdos de inversión y de libre comercio podrían socavar los derechos culturales de los pueblos indígenas. En primer lugar, a las graves consecuencias que los acuerdos de inversión y de libre comercio tienen para las tierras y los derechos territoriales de los pueblos indígenas se añade la importancia cultural de las tierras y los territorios indígenas".
Libre determinación, pobreza y derechos económicos y sociales
"Como ya se ha señalado, los pueblos indígenas no participan en las negociaciones ni en la redacción de los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, las disposiciones de dichos acuerdos afectan a su régimen de autogobierno y al uso de sus tierras, territorios y recursos".
"Un efecto concreto de ese desequilibrio en la labor de los gobiernos indígenas y la negación de los derechos de libre determinación en la redacción de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones podría ser la restricción de la imposición fiscal. En las cláusulas sobre un trato justo y equitativo que se incluyen en los tratados y acuerdos mencionados se han cuestionado diversos tipos de impuestos, como los impuestos sobre el valor añadido, los impuestos sobre el consumo de cigarrillos, los timbres fiscales sobre el tabaco, los impuestos de sociedades o los impuestos sobre los recursos naturales. Un impuesto que solamente se impone a los pueblos no indígenas (entre los que pueden estar los inversores extranjeros) podría infringir las disposiciones nacionales sobre el trato, por ejemplo, las disposiciones del modelo de TBI de los Estados Unidos".
"Entre las violaciones cabe citar los ataques flagrantes y sostenidos a la integridad cultural de los pueblos indígenas; el menosprecio y la falta de reconocimiento del derecho consuetudinario y los sistemas de gobernanza; la falta de elaboración de marcos que permitan a los pueblos indígenas ejercer su derecho al desarrollo y al autogobierno; y las prácticas que despojan a los pueblos indígenas de autonomía sobre sus tierras y recursos naturales".
"Esas relaciones desiguales de poder entre los pueblos indígenas y las empresas y los Estados contribuyen también a la existencia de niveles endémicos de pobreza entre los pueblos indígenas. Aun cuando los pueblos indígenas conforman el 5% de la población mundial, representan el 15% de todas las personas que viven en la pobreza. Y una enorme proporción del 33% de las personas que viven en la pobreza extrema rural a nivel global proceden de comunidades indígenas. Esas cifras son especialmente alarmantes si se tiene en cuenta la riqueza de recursos naturales que existe en los territorios indígenas. Ese nivel de pobreza es una violación del derecho de los pueblos indígenas al desarrollo, así como de sus derechos económicos y sociales a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, a la alimentación, al agua, la salud y la educación".
"Las violaciones del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y de otros derechos económicos y sociales están estrechamente vinculadas a las experiencias que los pueblos indígenas han sufrido históricamente de marginación, desposesión y destrucción ambiental de sus tierras ancestrales, y a la falta de libre determinación sobre las vías de desarrollo. El impacto de los tratados y acuerdos de comercio e inversión agrava aún más todos esos factores. Además, los efectos sistémicos de dichos acuerdos, contribuyen también a las causas de la pobreza y a la negación del derecho a la libre determinación".
"Los costos que los Estados tienen que afrontar para defender los casos de solución de controversias entre inversores y Estados y para pagar las indemnizaciones que puedan imponérseles pueden llegar a ser extremadamente altos. Ello desvía los recursos públicos, lo cual podría limitar la capacidad de los Estados para invertir en la plena efectividad de los derechos económicos y sociales de las comunidades indígenas".
Efectos sistémicos de los regímenes de inversión y libre comercio
"El informe aborda la asimetría entre los Estados y los agentes económicos, la limitación del marco normativo y legislativo de los Estados, la pérdida de fondos públicos, la perpetuación de los desequilibrios internacionales de poder y el crecimiento económico a nivel nacional".
"Los regímenes internacionales de inversión y de libre comercio se han desarrollado como una vertiente del derecho internacional independiente de las normas de derechos humanos y de derechos indígenas. A pesar de las importantes cuestiones de interés público que están en juego en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y del carácter consuetudinario de muchos principios de derechos humanos, no existen mecanismos formales para exigir que los acuerdos de inversión y libre comercio respeten los derechos humanos. Además, como ya se ha señalado, el propio régimen de inversión y de libre comercio es impreciso, complejo y opaco. Existen muchos mecanismos, reglamentos y acuerdos de arbitraje diferentes, y una falta general de transparencia. Ello impide a los legisladores y a los responsables de la formulación de las políticas tener una visión sistémica de los regímenes internacionales de inversión y de libre comercio y de su efecto sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y poder así tomar decisiones para una reforma eficaz".
Notas:
[1] Este trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta los informes mencionados. En muchas ocasiones se reproducen apartados literales de los mismos.
[2] Principales instrumentos internacionales relevantes para el mandato
[3] A/HRC/RES/27/9 http://www.ohchr.org/SP/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex….
[4] A/HRC/30/44 Asamblea General de Naciones Unidas
[5] A/70/285 Asamblea General de Naciones Unidas
[6] El Experto Independiente ha recurrido al asesoramiento de economistas y ha prestado atención a los informes de otros titulares de mandatos de procedimientos especiales, entre ellos el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (A/HRC/19/59/Add.5 y A/HRC/10/5/Add.2); el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación (A/HRC/29/25); el ex Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (A/HRC/29/28, párrs. 30 y 31), apoya firmemente los artículos 1 a 10 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011 (A/HRC/17/31, anexo) y el marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar". Se basa en las observaciones generales y las observaciones finales pertinentes de los órganos de tratados como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño. Acoge con beneplácito la actuación de la UNCTAD, plasmada en sus diagnósticos perceptivos, sus conferencias recientes y sus iniciativas de reforma pertinentes.
[7] En el mismo año, unos meses antes Cetim y la Asociación Americana de Juristas presentaron por escrito a la Subcomisión una iniciativa en la dirección de los objetivos de la resolución referida. ONU E/CN.4/Sub.2/2005/NGO/22.
[8] De conformidad con la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de Derechos Humanos", todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos, incluida la Subcomisión, fueron asumidos a partir del 19 de junio de 2006 por el Consejo de Derechos Humanos. En consecuencia, desde la misma fecha, la signatura E/ CN.4/Sub.2/… de la serie documentos de la Subcomisión ha sido sustituida por A/ HRC/ Sub.1/
El documento reseñado responde a la signatura A/ HRC/ Sub.1/58/CRPÁG.8.
[9] ONU A/HRC/Sub.1/CRPÁG.12
[10] Artículo 25 a) Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades
  1. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
[11] Destaca en este sentido, la declaración del Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, que afirma "… que el desarrollo sostenible y los derechos humanos están relacionados entre sí" y "los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia conforman una parte central de esta relación". "Cuando las personas más afectadas por las políticas de desarrollo y medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas y las mujeres que a menudo son las principales cuidadoras de la familia, pueden ejercer sus derechos a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia, las políticas son más justas y efectivas". http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33670#.VkoH_b8-P78
Los Expertos y Expertas de la ONU instan a América Latina y el Caribe a adoptar un acuerdo sin precedentes sobre democracia ambiental, información, participación y justicia.
Sr. John Knox, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible;
Sr. Baskut Tuncak, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos;
Sr. Dainius Pûras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental;
Sr. Léo Heller, Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento;
Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación;
Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión;
Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;
Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;
Sr. Philip Alston, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos;
Sra. Virginia Dandan, Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional ;
Sr. Alfred de Zayas, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo;
Sr. Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas ;
Sra. Leilani Farha, Relatora especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado;
Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas;
Sra. Eleonora Zielinska, actual presidenta del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.
[12] Economía CIUDADANA http://www.economiaciudadana.org/2015/11/la-defensora-del-pueblo-europeo…
[13] Sobre los informes anuales trigésimo y trigésimo primero sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2014/2253(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+…
[14] Los tratados universales y regionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, deben prevalecer necesariamente sobre otros tratados.
[15] Oscar Ermida considera que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reguló el ius cogens como "la Norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general, que tenga el mismo carácter" Ermida Uriate, Oscar: "Derechos laborales y comercio internacional", en Globalización económica y Relaciones Laborales, (editores Wilfredo Sanguinetti y Agustín García), ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003.
[16] Barbagaleta, Hector Hugo: "Hablemos de flexibilidad y globalización", Derecho Laboral, núm. 194, 1999.
[17] Galinsoga, Albert: "Las Transformaciones de la Sociedad Internacional y los derechos humanos", El vuelo del ICARO, núm.2-3, 2001-2002.
[18] La posición oficial y ortodoxa de la academia entiende que "los redactores no consideraron la Declaración como legalmente vinculante y esperaban que la obligaciones jurídicas correspondientes a esos derechos serían más tarde impuestas a los Estados…" (Zambrana, 2013: 49). Zambrana, Nicolás: "Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en (Francisco J. Zamora et al) La responsabilidad de las multinacionales por violaciones de derechos humanos, Universidad de Alcalá, 2013.
En otra dirección radicalmente opuesta se encuentra, Bartolomé Clavero (2009) que considera "que la mayoría de los instrumentos humanos son expresión del derecho internacional consuetudinario, de derecho que debe en principio practicarse con independencia del carácter del documento que lo declara o por el que se acuerda; es el caso de la Declaración de Derechos Humanos". Clavero, Bartolomé: "El valor vinculante de la Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas", 2009 http://www.derechosindigenas.org/docs/clavero-art42/

[19] La Carta de Naciones Unidas es considerada por sectores de la doctrina, y de acuerdo con su artículo 103 que establece la preeminencia de las obligaciones establecidas frente a cualquier otra, como la matriz legal y ética de todas las normas ius cogens y obligaciones erga omnes.
[20] Teitelbaum, Alejandro: "Los tratados bilaterales de libre comercio", Rebelión, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4218.
[21] Artículo 1: Los propósitos de las Naciones Unidas son:
  • 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
  • 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;
  • 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión;
  • 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.
Artículo 2: Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:
  • 1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.
  • 2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.
  • 3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.
  • 4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
  • 5. Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.
  • 6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.
  • 7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.
Artículo 55: Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:
  1. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
  2. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y
  3. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.
Artículo 56: Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55.
[22] How can Philip Morris sue Uruguay over its tobacco laws? http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/philip-morris-urugu…
[23] Declaraciones recogidas en el periódico theguardian http://www.theguardian.com/business/2015/nov/19/philip-morris-we-are-def…
[24] Las ideas transcritas son textos literales del informe mencionado.
[25] Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de los derechos de los pueblos indígenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/informes-anual…
[26] Mandato de la Relatora Especial http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/biblioteca/un-docs/12-hrc…
Juan Hernández Zubizarreta es Profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina.
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Posted: 15 Jan 2016 12:39 AM PST

Raúl Rejón | eldiario.es | 14/01/2015
El propio Ayuntamiento lo admite: "Sabemos que Madrid está sucio", ha expresado este jueves la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés. El Gobierno local de Manuela Carmena (Ahora Madrid) asegura que ha detectado una serie de "negligencias" en los contratos de limpieza de la ciudad que hacen muy complicado que la urbe se adecente. Está acumulando argumentos contra la privatización llevada a cabo por el equipo de Ana Botella (PP).Regresa la idea de que los contratos se resuelvan y se remunicipalice el servicio.
Lo que viene a decir ahora es que la adjudicación se pensó para ahorrar dinero a base de recortes "sin atender a las necesidades de la limpieza". El compromiso firmado por la ciudad es abonar unos 240 millones al año a cuatro contratistas hasta 2021 (Ferrovial, Sacyr y OHL y Obrascón) La base de todo está en el esquema de pago y exigencias a las empresas adjudicatarias: los contratos no incluían un número de operarios. El 80% del precio que paga la ciudad es fija. El resto es variable en v irtud de los famosos "68 indicadores" de calidad. La lógica aplicada era que para cobrar ese dinero, las contratistas se esforzarían por sacar buena nota y llevarse la cantidad máxima.
Sin embargo, la realidad ha quebrado ese principio. El Ayuntamiento explica que para controlar exhaustivamente la batería de indicadores sería preciso doblar la plantilla de inspectores municipales. "Es imposible", cuentan, por las restricciones en la contratación pública que llegan desde el Ministerio de Hacienda. De los 155 actuales habría que sobrepasar los 300. Así que esa fórmula para incentivar la calidad se queda coja. El área de Medio Ambiente calcula que los descuentos por falta de limpieza a las empresas han llegado a los 15 millones de euros hasta ahora.

Diferencias entre barrios

La empresas no estaban, pues, obligadas a una plantilla mínima. Y la inspección de su trabajo no alcanzaba para evaluar al completo el estado de Madrid. El Ayuntamiento se queja ahora de que, además, al dibujar el servicio de limpieza, el actual régimen asigna recursos económicos de manera muy desigual según los zonas de la capital. El más dotado, por características especiales, es el que comprende los barrios céntricos: 73,99 euros por persona. Le sigue el lote de los barrios de Salamanca, Arganzuela, Retiro… con 52 euros. Los lotes menos dotados incluyen las zonas sureñas de Vallecas, Moratalaz, Carabanchel, Usera o Villaverde con entre 36 y 39 euros por habitante y año. El mismo esquema se repite en cuanto a la valoración de los metros por limpiar.
El dinero que Madrid dedica a la limpieza de sus calles ha ido cayendo sostenidamente desde 2009. En 2011 eran 206 millones, en 2015: 153. Sabanés considera que  "lo prioritario es recuperar recursos, sobre todo humanos, para cubrir las necesidades de limpieza de la ciudad". Las empresas ya han reconocido que el "servicio es malo". Pero también han insistido en que "son contratos deficitarios" y el Ayuntamiento "lo sabe".
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Posted: 15 Jan 2016 12:09 AM PST
  • Seis meses después del acuerdo del 13 de julio que mantuvo a Grecia en el euro, los acreedores y Atenas han pactado la "principal" reforma del tercer rescate, con un recorte estimado de 2.000 millones.
  • La medida, aún no firmada, elevará la jubilación a los 67 años.
Pablo García – Bruselas | El Diario | 14/01/2016
Seis meses después del  doloroso acuerdo del 13 de julio de 2015 que salvó la permanencia de Grecia en el euro a cambio de más recortes, el Gobierno de Syriza va poco a poco, no sin resistencia, aplicando los puntos más duros del compromiso alcanzado aquella madrugada en Bruselas. Ahora ultima con sus acreedores un nuevo acuerdo ("el principal", según el comisario económico Pierre Moscovici) sobre las pensiones, que implicará una jubilación más tardía y una carga mayor para el contribuyente griego. Esta ha sido la principal conclusión del Eurogrupo, la reunión informal de ministros de Finanzas de la Eurozona, de la que también ha trascendido que el FMI participará en las negociaciones.
Medidas muy polémicas que este jueves Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, ha evitado mencionar, resaltando en su lugar el "significativo progreso" que se ha hecho y está por hacer para "reencaminar" la situación. Dijsselbloem ha insistido en una reforma de las pensiones ambiciosa. Pero el acuerdo no está cerrado y Klaus Regling el director general del Mecanismo Europeo de Estabilidad (una de las partes acreedoras) ha advertido que la liquidez del sistema financiero griego "volverá pronto a apretarse" si no hay "avances" que acarreen un desembolso.
Regling ha indicado asimismo que se movilizaron en los últimos meses unos 10.000 millones de euros, de los que 4.000 no serán necesarios. También ha señalado que se han inyectado ya en la economía griega 16.000 millones del primer tramo del actual rescate y que hay otros 64.000 millones disponibles para los próximos años. La reforma de las pensiones que diseña el Ejecutivo de Syriza contempla un recorte cercano a los 2.000 millones de euros.
Dijsselbloem ha apuntado que los acreedores deberán viajar a Grecia para vigilar si los progresos se realizan correctamente como paso previo para dar luz verde a un nuevo tramo. Quedan por esclarecerse los detalles de la nueva reforma, que acelerará el retraso de la jubilación a los 67 años y eliminará todas las exenciones de las que gozan numerosos colectivos (abogados, ingenieros, notarios, médicos, veterinarios, farmacéuticos, periodistas). La reforma también elevará la cotización de las pensiones complementarias. Este jueves ha tenido lugar en Atenas una manifestación con 5.000 personas, muchas pertenecientes a estos sectores, para protestar contra la medida.

El papel del FMI

Este jueves también se ha confirmado el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI) al tercer programa de rescate griego, tras haber participado en los dos primeros. Ya a la entrada del Eurogrupo, Dijsselbloem declaró que Grecia estaba de acuerdo, y que Euclides Tsakalotos, el titular de Finanzas, le había "confirmado que el gobierno griego acepta que el FMI deba ser parte del proceso". Una versión que Tsakalotos confirmó a los periodistas a la salida de la reunión.
Durante la negociación del verano de 2015 con Atenas, el Fondo, que exigía recortes más profundos que el resto de acreedores pero que fue el primero en transigir sobre la deuda, se levantó de la mesa. La vuelta del FMI puede entenderse como una exigencia de la troika, pero también como un intento final de Tsipras para que se negocie una reducción de la deuda. A finales de 2015, Tsakalotos criticó que los acreedores rehuían este capítulo para no favorecer a Podemos en las elecciones generales del 20-D en España.
El entendimiento entre Atenas y los acreedores viene siendo bueno desde mediados de julio y el desembolso del rescate no parece peligrar. El Gobierno de Tsipras tuvo que endurecer en noviembre la ley de ejecuciones hipotecarias (desahucios) permitiendo por primera vez expulsar a un deudor de su primera vivienda pasada una moratoria de cinco años. Pero el presidente heleno quiere de una vez por todas discutir sobre la deuda pública (200% del PIB), un pasaje que teóricamente debería de haberse abordado a finales de 2015 y que continúa posponiéndose.
La entrada Tsipras compromete un duro recorte en las pensiones y acepta que el FMI esté en el rescate griego aparece primero en Iniciativa Debate.
Posted: 14 Jan 2016 11:45 PM PST
  • Su abogado espanta el riesgo de fuga: es "un político conocido", tiene arraigo familiar y sus cuentas en el extranjero están bloqueadas.
  • Velasco denegó la libertad a Granados tres días después de que la Guardia Civil encontrara un maletín con casi 1 millón de euros en casa de sus suegros.
  • Recurre a la Sala de lo Penal después de que su exsocio David Marjaliza fuera el excarcelado el 30 de diciembre por 'tirar de la manta'.
Francisco Granados, Esperanza Aguirre y José María Aznar, en un mitin en mayo de 2011. / Flickr de Francisco GranadosGranados, Aguirre y Aznar, en un mitin en mayo de 2011. / Flickr de Francisco Granados
Pedro Águeda | El Diario | 14/01/2016
Catorce meses después de su ingreso en prisión, el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados quiere salir de la cárcel cuanto antes. Con ese propósito, su defensa acaba de proponer a la Audiencia Nacional que le coloque una pulsera telemática para estar localizado las 24 horas, pero fuera del centro penitenciario de Estremera que él mismo inauguró y en el que permanece desde octubre de 2014.
El abogado de Granados ha recurrido ante la Sala de lo Penal el auto del juez Eloy Velasco que impidió al expolítico recibir el nuevo año en libertad. Su abogado alega que no hay un solo indicio de los riesgos que establece la ley para negar su puesta en libertad provisional, esto es, el de fuga, la destrucción de pruebas o la reincidencia.
"El señor Granados es un conocido político, que ha vivido durante toda su vida en Valdemoro, que ha cosechado una carrera política de muy largo recorrido. Todos sus bienes se encuentran también en España, por lo que en el extranjero no tendría medio de sustento alguno, si sus cuentas bancarias fueran bloqueadas, como así se encuentran en la actualidad", dice el escrito de la defensa, al que ha tenido acceso eldiario.es.
La defensa de Granados también propone como alternativa la comparecencia diaria en el juzgado de Valdemoro o en la propia Audiencia Nacional o el arresto domiciliario. Su abogado se apoya en que, antes o después, Granados saldrá de la cárcel y el juicio, seguramente, no se habrá celebrado aún. El exconsejero fue detenido el 27 de octubre de 2014 y, según la Ley, no puede permanecer más de dos en prisión preventiva. Su estancia en prisión, escribe el abogado, se ha convertido en "una pena adelantada".
"No es posible concebir que alguien vaya a abandonar a su familia y sus responsabilidades profesionales por estar inmerso en un proceso penal, máxime teniendo en cuenta que el señor Granados es un personaje público que podría ser fácilmente identificado allá donde fuese", insiste.
Granados intentó pasar las últimas Navidades en su casa, pero el escrito presentado el 18 de diciembre fue rechazado por el juez diez días más tarde. En la decisión de Velasco pesó el  hallazgo de un maletín con más de 900.000 euros en el domicilio de los suegros del que fuera hombre fuerte del Gobierno de Esperanza Aguirre. El registro tuvo lugar tres días después de la solicitud de libertad. Los billetes estaban dentro de una maletín oculto en el altillo de un armario. El matrimonio fue llamado a declarar por el juez Velasco, quien les imputa un delito de blanqueo de capitales por no dar explicaciones convincentes del origen del dinero. La esposa de Granados, Nieves Alarcón, también está imputada en el caso Púnica por el mismo delito.
El abogado de Granados, sin embargo, rebate el riesgo de ocultación de pruebas de Granados. "Parece que durante más de catorce meses en prisión provisional, el Juzgado ha tenido tiempo de sobra para asegurar todas sus fuentes de prueba", asegura en su escrito.

El último de la 'Púnica' en la cárcel

Al mismo tiempo que denegaba la excarcelación de Granados, el juez Velasco autorizaba el 28 de diciembre la de Marjaliza, siempre que abonara una fianza de 100.000 euros. El imputado presentó una finca como aval, a la que debió sumar más de 11.000 euros de su cuñado, y el 30 de diciembre abandonó la cárcel de Aranjuez. "Resulta más relevante todavía que todos los miembros de la supuesta organización criminal están ya en libertad", alega el abogado de Granados para conseguir la libertad de su cliente.
La salida de Marjaliza de prisión estuvo precedida de cuatro visitas al juzgado de Eloy Velasco, la última el pasado mes de noviembre. Marjaliza ha decidido colaborar con la justicia y aportar información al instructor sobre los presuntos delitos que investiga. En su relato del pasado verano aparecieron nuevos nombres de políticos que mantienen en vilo al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Según desveló El Español el pasado julio, Marjaliza ha implicado al número 3 de la lista de Cristina Cifuentes, el actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, en un "reparto" de comisiones por adjudicaciones de obra pública. En la confesión de Marjaliza también aparecían mencionados el número 11 de la lista de Cifuentes, Bartolomé González, y una diputada de Ciudadanos, Eva Bórox, por su época de concejal en las listas del PSOE. El exsocio de Granados también ha implicado al socialista Tomás Gómez en el reparto de comisiones por adjudicaciones de vivienda pública en Getafe, la localidad de la que fue alcalde.
El abogado Enrique Molina, que defiende a Granados, insiste en su escrito en que en el auto por el que Velasco envió a la cárcel a su defendido, no concreta, como exige el Tribunal Constitucional para la prisión provisional, los hechos en los que se basa para acusarle de ocho delitos de corrupción, incluido el de liderar una organización criminal.
La "supuesta participación" de Granados en dicha organización, escribe el abogado Molina, "no está ni siquiera determinada más allá de una cuenta en Suiza" a nombre de su defendido. Una cuenta que, por otra parte, añade el letrado, ha sido "reconocida por el señor Granados muchos meses antes de conocer la existencia de las presentes actuaciones". El expolítico defiende que esa cuenta fue abierta con "un poco de dinero" de su padre y que pasó a ser titular de ella su amigo y socio David Marjaliza porque el banco le exigió que buscara a alguien solvente como condición para poder poder desvincularse de ella.
El hecho de que el juez Velasco decidiera el pasado mes de septiembre dividir la investigación en 12 causas, con la intención de agilizar la instrucción, reafirma a la defensa de Granados en que la supuesta organización criminal que se investigaba en la anterior pieza principal no existe. El letrado se queja de que no sabe en qué piezas debe personarse o de si ya lo ha hecho el juzgado de oficio por él. Una parte de la investigación de la trama Púnica sigue secreta.
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