sábado, 16 de enero de 2016

Iniciativa Debate Público





Iniciativa Debate Público


Posted: 16 Jan 2016 05:44 AM PST
Esto tiene un par de años, pero como decía aquél: "yo acabo de verlo". Y es que me ha dejado boquiabierto un buen rato; ojiplático aún me hallo. Y encantado de haberme topado con esta amalgama de berlango-buñuelismo en estado impuro. Con negras tormentas que agitan los aires que empujan a Kit, pero sin despeinar al cura. Sobresaliente.
Los autores (Fanfarria Taquikardia) lo comentan así:
Galiza, Outono 2013. Chovía, como non. Non había neve aínda, pero si castañas e porco. Preguntáronnos si podíamos tocar nunha procesión. ¿Qué é iso? ¿Qué se toca nunha procesión? O que queirades… dixeronnos. E asi foi. Fin.
Galicia, otoño 2013. Llovía, cómo no. No había nieve todavía, pero sí castañas y cerdo. Nos preguntaron si podíamos tocar en una procesión.
— ¿Qué es eso?, ¿qué se toca en una procesión?
— Lo que queráis
— Y así fue. Fin
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Posted: 16 Jan 2016 02:52 AM PST
Santiago Alba Rico | cuartopoder.es | 16/01/2016
Empiezo de un modo un poco pedante, pero enseguida se me entenderá bien.     
Quizás porque me estoy volviendo conservador, o porque siempre lo he sido, creo firmemente en los modales y las formas como en necesarios adminículos de reconocimiento del otro y de la jerarquización del espacio. Las sociedades humanas gestionan los cuerpos y los lugares, así como la relación entre ellos, y ni la liberación de los cuerpos ni la desacralización de los recintos puede hacernos olvidar, por ejemplo, las diferencias enfermo/sano o viejo/joven ni la muy elemental, dentro/fuera o arriba/abajo. Expresamos nuestras categorías culturales y políticas, nuestro concepto de la vida y del orden, a través de esa diferencias y de su inscripción en un espacio concreto. Digamos que entre, por un lado, la liturgia paralizadora del Templo o el culto religioso al cuerpo del Emperador y, del otro, el cuerpo a cuerpo de la batalla final entre las ruinas, caben combinaciones –entre cuerpos y espacios– más o menos igualitarias y progresistas, a condición de aceptar que la idea de cultura está asociada a este juego discriminador. Quiero decir que no creo –y no quiero– que se pueda hacer cualquier gesto en cualquier sitio. Eso es lo que llamamos obsceno en su sentido etimológico; lo que está "fuera de escena", lo que no encaja en un espacio concreto, el gesto disonante o discordante en relación con su contexto local. Se puede y se debe redefinir socialmente la obscenidad, pero este concepto es inseparable del reconocimiento horizontal entre iguales discretos (es decir, provistos de cuerpos diferenciados) y del reconocimiento vertical de lugares consensuales (es decir, investidos de autoridad impersonal o colectiva).
De manera muy sencilla: en cualquier otro mundo posible quiero poder escuchar en reverencial silencio la Séptima de Shostakovich sin que suene un teléfono móvil; y quiero escuchar, en cambio, un concierto pop saltando, aullando y bebiendo alcohol. En cualquier otro mundo posible quiero que siga siendo obsceno fumar en los hospitales, pero quiero también que se acepte que, si es indispensable curar allí, es mejor cuidar en casa – y morir en la propia cama -. Quiero que en las aulas sea obsceno pegarse, insultar, mandar un whatshap, pero que la atención de la escucha se imponga en virtud de la autorevolezza de la enseñanza misma, y del amor a los alumnos, y no de la desnuda autoritá represiva del maestro o del director. Quiero quedarme sin habla ante la imponente belleza de la montaña y protegerla, por tanto, de la profanación de la especulación y de las excavadoras. Quiero entrar de puntillas, con ansias en amores inflamada, en el dormitorio de mis niños; e indefenso y seguro, con ansias en amores inflamada, en la alcoba del amado; y quiero, por tanto, que el hogar -fuego y sexo- sea inexpugnable para los bancos y los ejércitos. En cualquier otro mundo posible, quiero que se distinga claramente entre un museo, un estadio, un cementerio, una plaza libre, un mercado, una universidad.
Por las mismas razones quiero –y, aun más, exijo– que se respete el Parlamento. Quiero que se reconozca la especificidad autorizada de ese recinto. Ahora bien, por eso mismo es necesario identificar claramente su fuente de autoridad y distinguirla sin ambigüedades de la de –por ejemplo– una Iglesia. Para los creyentes una iglesia es respetable porque es sagrada, y ello en virtud de los misterios que ocurren en su interior; lo es –digamos– porque está habitada por Dios. La creencia de los creyentes se nos impone incluso a los que no lo somos a través del espacio físico del templo, y cuanto más viejo es, cuanto más tiempo venerando común se ha acumulado entre sus muros, más respeto universal merece: hay que estar antropológicamente chiflado para querer derribar la catedral de Burgos o la mezquita de Ibn Tulun.
Un Parlamento no merece menos respeto; merece el mismo o más, a condición de que lo sea. Cristo irrumpió en el Templo de Jerusalén – recordemos de pasada – cuando se convirtió en un centro comercial. Pero aclaremos que un Parlamento es respetable exactamente por lo contrario que hace respetable a una iglesia: porque no es un espacio sagrado; porque es un espacio laico. Es decir, por la relación exterior que mantiene con el laos, el término que utilizan los griegos para nombrar al pueblo. El Parlamento no es respetable por los misterios que ocurren en su interior ni por los hombres y mujeres concretos que lo habitan. Si el Parlamento se desconecta de ese exterior concreto o se conecta con un exterior misterioso y jeroglífico (el Ibex35, la banca alemana o el FMI) deja de ser laico para convertirse en obsceno y, en consecuencia, en un lugar profanado o no respetado. Si se desconecta del laos para conectarse a un misterio o a una persona, se convierte en una Iglesia. Este proceso de desplazamiento y secuestro es lo que Marx y Freud, en campos diferentes, llamaban "fetichismo". Mantener una relación fetichista con el espacio que habitan los representantes del laos es vaciarlo de todo sentido y constituye, de esa manera, una imperdonable falta de respeto.
Seamos serios. Hasta que entraron rastas, camisetas y bebés, el Parlamento – aparte algunos admirables islotes de chocante dignidad – era un lugar fundamentalmente obsceno en el que los gestos, las palabras y los indumentos se ajustaban sin chirridos a su falsa sacralidad. Nada parecía obsceno porque era el lugar mismo el que estaba fuera de lugar. Nos habían acostumbrado de tal modo a que la realidad se quedara en el exterior que cuando por fin ha entrado en su recinto, a muchos nos ha parecido una alucinación. A mí, sí, me ha parecido una alucinación, hasta el punto de que, mientras seguía desde muy lejos la sesión, escribí a algún amigo diputado un mensaje de Telegram temiendo que lo sacaran a gorrazos: pero qué haces ahí, cómo te has colado, te van a moler a palos. No es extraño que a la derecha y sus medios la entrada de la realidad en ese lugar fuera de lugar les haya parecido, por tanto, un "show" o les haya recordado, con escándalo, a un "plató de televisión". Esos son los dos únicos mundos que conocen: o la iglesia o la televisión. Si de pronto el Parlamento no parece una iglesia tiene que parecer por fuerza un espectáculo televisivo. No. Entre la iglesia y la televisión está el Parlamento, donde debe hablar el laos, donde se hace política. Se han pasado años faltando al respeto al Parlamento, convirtiéndolo en un lugar misterioso o personalizado en el que uno podía dormirse, jugar con la tablet, ausentarse o abuchear a un representante del pueblo, pero en el que estaba prohibido hacer política; y cuando los nuevos diputados deciden respetar el lugar y politizarlo, a nuestra vieja clase parlamentaria les resulta tan extravagante, tan chocante, ¡que piensan en el circo! A mí y a muchos nos emocionó; nos pareció de pronto un lugar habitado; un lugar respetable. No es que los diputados de Podemos y de las confluencias llevaran la realidad al Parlamento; es que devolvieron el Parlamento, hasta ahora fuera de lugar, al lugar que le corresponde. Dejó de ser obsceno para ser laico. No fue un espectáculo; fue un acontecimiento.
Quiero – exijo – que se respete el Parlamento. Quiero además que se marque la solemnidad de las jornadas y de los recintos mediante gestos y símbolos. Soy cada vez más conservador. Me gustan las ceremonias. La indumentaria es muy importante. Quiero que Alberto Rodríguez, como hizo, lleve su rasta de gala; que Pablo luzca su coleta mejor peinada; Carolina, su bebé más lindo; que Nagua use su euskera más pulido, Tone su galego más preciso, Xabier su catalán más vivo. Son los representantes de los pueblos, diablos, y no pueden permitirse vestir, hablar, moverse de cualquier manera.
No exijo que la derecha deje de ser ella misma, con sus corbatas, sus pelos engominados, sus falditas tableadas y sus collares de perlas. Quiero, me importa, esa diferencia. Quiero que todo el mundo tenga clara esa diferencia y escoja libremente su mundo. No exijo que se quiten las corbatas. Lo que exijo es que la vieja clase política respete el Parlamento y a los representantes de los pueblos de España; lo que exijo es que respete esa diferencia. No sólo el ABC o La Razón, no sólo Pilar Cernuda o la nublada e inofensiva Celia Villalobos, muchos de los diputados – las caras eran elocuentes – se sentían realmente ofendidos y asqueados: ¡tenían que compartir la iglesia con gente que meterían gustosamente en la cárcel!
Ese es el problema. Estoy un poco indignado, lo confieso, pero sobre todo asustado. Que la vieja clase política y sus medios de comunicación recurran a típicos esquemas de negación racista – de un empirismo bellaco y rastrero – para afirmar e imponer su propia diferencia y criminalizar la de 69 representantes de los pueblos de España revela sin duda su sentido de la democracia, pero también su falta de escrúpulos a la hora defender sus privilegios. Digámoslo así: hay, desde luego, una lucha de clases, pero también, superpuesta pero no idéntica, una lucha de almas. No les gustamos. Es su derecho. Pero es peor: les ofendemos, les agredimos, les asqueamos con nuestra presencia. No es que no aprecien o no compartan nuestro programa político. Es su derecho. Es que no les gusta nuestra forma de vestir, de follar, de querer, de cuidar, de divertirnos. No nos van ni a tolerar ni a perdonar. Contra eso –ya ha ocurrido antes– también se dan golpes de Estado, se construyen prisiones y se levantan paredones.
Dan miedo, pero por eso mismo nunca jamás nuestros 69 diputados deben parecerse a ellos. Tienen que conservar, mimar, subrayar – política, estética y ceremonialmente – la diferencia. Respetemos, por favor, el Parlamento y a quienes nos han votado.
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Posted: 15 Jan 2016 11:53 PM PST
La inversión hotelera en España alcanzó su récord histórico con 2.614 millones de euros. Los hoteles de lujo se hacen una constante en las grandes operaciones urbanísticas como las del grupo Wanda o Distrito Castellana Norte, que cuenta con la oposición de la mayor parte de las asociaciones de vecinos afectadas.
La venta del hotel Ritz fue la operación que alcanzó una mayor cifra en 2015. / NATHAN RUPERT
Ter García, Pablo Elorduy | Diagonal | 15/01/16
En mayo de 2015, el grupo árabe Olayan y la firma hotelera Mandarin Oriental compraron el hotel Ritz por 130 millones de euros, o, lo que es lo mismo, 778.443 euros por habitación. Fue la mayor operación hotelera del pasado año y sirvió, según puntualiza la consultora Irea, "para situar una cifra de referencia en el mercado de gran lujo de la ciudad de Madrid".
"Desde la caída de la burbuja inmobiliaria se está creando una nueva burbuja en torno al turismo", explica a Diagonal Nines Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. "Esta burbuja está basada en el turismo de alto poder adquisitivo, de tal forma que se incrementa el número de plazas creando hoteles de lujo, de cuatro o cinco estrellas, que se mezclan con oficinas y comercios, los llamados complejos mixtos, como el que estamos viendo en Canalejas", dice, en referencia al proyecto aprobado en torno a la céntrica plaza de Canalejas.
Nieto advierte que esta apuesta por el sector hotelero de lujo se hace sin que se hayan realizado estudios serios sobre oferta y demanda, o capacidad de territorio, tal y como pasó con la burbuja inmobiliaria. "De pronto ha surgido la idea de que se necesitan más y más hoteles, y nos podemos encontrar en pocos años otra vez con un pinchazo", añade Nieto.
Por ciudades, Madrid es el primer espacio de inversión hotelera, acumulando 582 millones de euros en transacciones. Después, Barcelona, con 282 millones más. Con la diferencia de que mientras el Gobierno municipal madrileño no ha introducido cambios en el modelo, en Barcelona, el equipo de Ada Colau aprobó una moratoria para la construcción de hoteles, albergues y residencias que ha parado 30 hoteles. No obstante, el sector sigue viendo como una oportunidad la inversión en hoteles en la capital catalana, como anunciaba un estudio de Aguirre Newman presentado esta semana.
Málaga es otra de las ciudades donde más han puesto el ojo los inversores hoteleros, con un 173 millones de euros. A nivel regional, Canarias tuvo operaciones del sector que alcanzaron los 683 millones de euros (547 millones más que en 2014) y Baleares los 418 millones (casi el doble que el año anterior).

Fondos de inversión

Y, ¿quién está detrás de estas grandes operaciones? Desde Irea destacan el papel jugado por las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMIS), una figura financiera creada en 2009 –con la burbuja inmobiliaria ya estallada y escupiendo viviendas en forma de 'activos tóxicos'– destinada a la inversión en inmuebles, con un capital social mínimo de 5 millones de euros y al menos 50 accionistas, que disfruta de beneficios fiscales –en 2009 tributaban al 19% en el impuesto de sociedades y, a partir de 2012, directamente no tributan y obtienen bonificaciones del 95% a la adquisición residencial–.

"[Las socimi] se han convertido en el principal dinamizador del mercado", señalan desde la consultora. La inversión en el sector hotelero realizada por este tipo de sociedades ha alcanzado los 984 millones de euros, cerca del 40% del total. Entre ellas, tuvieron un papel estelar Hispania y Merlin Properties.
El estudio de Irea apunta que Hispania adquirió un total de 26 hoteles que sumaron 8.753 habitaciones. Hispania es un vehículo especulativo inmobiliario creado por Azora en el que entró el rey de la especulación George Soros con 92 millones de euros en marzo de 2014 junto a otros cinco fondos internacionales. Azora cuenta entre sus apoderados con Juan del Rivero, exjefe de Goldman Sachs para España y Portugal y con figuras del Santander y Royal Urbis.
Por su parte, Merlin Properties, que en 2015 compró once hoteles que sumaron otras 2.157 habitaciones, fue fundada por el antiguo equipo inversor de Deutsche Bank. Tras el mágico nombre están inversores institucionales como Vanguard, fondos de pensiones como Standard Life, aseguradoras como AXA y hasta el fondo soberano de Noruega. También fondos internacionales de inversión como Fidelity y Black Rock. En junio apostó fuerte, comprándole a Sacyr la cartera de inmuebles Testa por 1.986 millones de euros. La cartera incluía edificios emblemáticos como la Torre Sacyr, una de las cuatro torres del norte de Madrid y varios hoteles de playa.
Otra de las líneas de inversión en el sector hotelero fue la inversión de inmuebles para su reconversión en hoteles. En 2015 esta parte del sector alcanzó los 144 millones de euros de inversión, cifra menor que la conseguida en los dos años anteriores. Aún así, Irea destaca la inversión de fondos de inversión como Platinum Estates, un grupo asiático propiedad de la familia india Mohinai que en mayo compró tres edificios en Callao por 21,5 millones de euros. Uno de ellos para convertirlo en hotel. En uno de estos edificios se encontraba el histórico Café Berlín, que cerró sus puertas el pasado 2 de enero como consecuencia de esta cambio de propiedad. El estudio también señala la actividad de Activum, el fondo buitre que compró el pasado verano el Mercado de Fuencarral y también un edificio en Ronda de Atocha, para convertirlo en otro hotel.

Wanda en el edificio España

La compra del edificio España por parte del grupo chino Wanda en junio de 2014 por 265 millones de euros fue una de las grandes operaciones de ese año. A su alrededor: toda una serie de cambios normativos que permitieran al inversor convertir el edificio en un hotel de lujo, como el cambio del nivel de protección del edificio para que pudiera ser demolido salvo su fachada, por acuerdo de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, o cambios en el plan general de ordenación urbana.


Tras un año de conversaciones y el cambio de gobierno local, en septiembre de 2015, el equipo de Manuela Carmena anunciaba, con José Manuel Calvo al frente de Urbanismo, daba una rueda de prensa en la que presentaba dos informes sobre la viabilidad y la necesidad de mantener la fachada original del edificio. Todo bien hasta esta semana, cuando varios medios de comunicación publicaban que Wanda abandonaba el edificio por la imposición de mantener la fachada.
El último capítulo del culebrón llegó de la boca del responsable del grupo, Wang Jianlin, que ahora acusa al Ayuntamiento de emprender una "campaña personal" contra la Wanda. "Me parece todo un montaje desde el primer minuto para presionar al Ayuntamiento para que admita la demolición completa del edificio", sentencia Nieto. "Es lamentable que los medios de comunicación hayan entrado al trapo y en estos días haya salido en todos los medios que Wanda se va y ahora digan que es un rumor. También que Cifuentes se reúna con la embajada china por este tema".

Y el fantasma de Castellana Norte

La Operación Chamartín, rebautizada por sus promotores como Distrito Castellana Norte, es otro de los grandes proyectos inmobiliarios. También incluye un hotel de cinco estrellas, aunque la mayor parte de los 3,7 kilómetros por construir irán destinados a viviendas, muchas de ellas de lujo, edificios de oficinas y comercios. Otro 'complejo mixto'.
Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) señalan que el consorcio urbanístico Distrito Castellana Norte –BBVA y Constructora San José– "lleva meses difundiendo la idea de que su proyecto cuenta con el beneplácito de los vecinos afectados", un beneplácito muy "lejos de la realidad", según apuntan. Desde la FRAVM señalan que la gran mayoría de las asociaciones de vecinos de los distritos de Fuencarral-El Pardo y Chamartín, constituidas en la Plataforma de Asociaciones y Entidades Ciudadanas de la Zona Norte, acaban de hacer público un manifiesto en el que rechazan de manera tajante el actual proyecto de prolongación de la Castellana.
¿Los motivos? Las al menos 250.000 viviendas vacías y 1,7 millones de metros cuadrados de oficinas sin usar que ya se cuentan en Madrid y el aumento del aislamiento, contaminación atmosférica y problemas de movilidad que consideran que crearía la puesta en marcha del proyecto de Distrito Castellana Norte.
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Posted: 15 Jan 2016 11:26 PM PST
  • Representantes políticos, académicos y activistas lanzan una iniciativa "contra la austeridad y por una Europa democrática".
  • El movimiento organiza unas jornadas para finales de febrero en Madrid en las que se hablará de derechos laborales y sociales; comercio internacional; deuda; migración; y el euro.
  • La iniciativa llega después de que Varufakis haya puesto en marcha el Movimiento 2025 por la Democracia en Europa (DiEM25) y de la campaña Por un plan B en Europa impulsada por Mélenchon, Lafontaine y el propio Varufakis, entre otros.
Reunión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varufakis el 14 de octubre de 2015 en el Ayuntamiento de Barcelona.Reunión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varufakis el 14 de octubre de 2015 en el Ayuntamiento de Barcelona. TWITTER DE @ADACOLAU
Andrés Gil | El Diario | 15/01/2016
En la última campaña se ha hablado poco de la construcción europea. En los debates electorales estuvo ausente. Pero, ahora, vuelve a cobrar fuerza la reflexión entre representantes políticos, académicos y activistas sobre el modelo europeo.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varufakis; la presidenta del Transnational Institute, Susan George; la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra; el diputado de IU-UP, Alberto Garzón; los eurodiputados de Podemos Lola Sánchez y Miguel Urbán; la activista Yayo Herrero; el alcalde Cádiz, José María González; el cineasta Ken Loach; el portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Pablo Echenique; y eurodiputados de Podemos y de IU, entre otros, acaban de hacer el llamamiento Un plan B para Europa.
El texto,  adelantado por El País, afirma: "En julio de 2015 asistimos a un Golpe de Estado financiero ejecutado desde la Unión Europea y sus Instituciones contra el Gobierno griego condenando a la población griega a seguir sufriendo las políticas de austeridad que ya habían rechazado en dos ocasiones a través de las urnas. Este golpe ha intensificado el debate sobre el poder de las instituciones de la Unión Europea, su incompatibilidad con la democracia y su papel como garante de los derechos básicos exigidos por los europeos". Y concluye: "Queremos generar un espacio de confluencia en el que todas las personas, movimientos y organizaciones que nos oponemos a al modelo actual de Unión Europea y consensuar una agenda común de objetivos, proyectos y acciones,con el fin último de romper con el régimen de austeridad de la UE y democratizar radicalmente las Instituciones Europeas, poniéndolas al servicio de la ciudadanía".
Para ello, proponen convocar una conferencia europea los días 19, 20 y 21 de febrero en Madrid, la que se hablará de derechos laborales y sociales; comercio internacional; deuda; migración; y el euro.

Precedentes

La iniciativa llega dos meses después de que Varufakis haya lanzado el Movimiento 2025 por la Democracia en Europa (DiEM25), una plataforma que busca democratizar las instituciones de la UE.
Y también después de que, en verano pasado, el propio Varufakis, impulsara la campaña Por un plan B en Europa, junto con  el líder del Parti de Gauche francés, Jean-Luc Mélenchon, la expresidenta del parlamento heleno Zoe Konstantopoulou –candidata de Unidad Popular, escisión de Syriza–, el alemán Oskar Lafontaine –Die Linke–, y el italiano Stefano Fassina –Partido Democrático, exviceministro de Economía–.
La campaña fue presentada en octubre en el Parlamento Europeo por Mélenchon, los eurodiputados del GUE Marina Albiol (IU), Miloslav Ransdorf  (Partido Comunista de Bohemia y Moravia) Javier Couso (IU), Nikolaos Chountis (Unidad Popular), Sabine Lösing (Die Linke) y Rina Ronja Kari (Movimiento popular contra la UE, danés).
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Posted: 15 Jan 2016 11:03 PM PST
  • Reprende a la jueza Collazos por archivar "sin practicar diligencia de investigación alguna" y no preocuparse de saber quién ordenó destruir los discos duros.
  • La Fiscalía y la jueza alegaron que los ordenadores eran del PP, pero la Sección Cuarta les corrige: los ficheros creados en ellos por Bárcenas le pertenecen.
  • Los magistrados estiman así los recursos de las acusaciones populares en el caso de la caja B del PP Izquierda Unida y Observatori Desc y de UPyD.
Pedro Águeda | El Diario | 15/01/2016
El episodio de la posible destrucción de pruebas de la financiación irregular del PP por parte de la formación política no ha terminado. Después de que la Audiencia de Madrid extraviara la causa y se repusiera parte de la documentación, una jueza archivó la investigación. Ahora, la Sección Cuarta ha rectificado aquella decisión y ordena a la magistrada Esperanza Collazos que practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
"La decisión de sobreseimiento provisional se adoptó por la instructora inmediatamente después de incoar el procedimiento. Esto es, sin practicar diligencia de investigación alguna sobre los hechos", recoge el auto de la Sección Cuarta, que supone un duro correctivo a la jueza Collazos. Así es imposible, entre otras cosas, conocer "quién ordenó" la destrucción de los discos duros, añaden los magistrados.
La Sección Cuarta estima los recursos presentados por las representaciones de Izquierda Unida y otros partidos, Observatori Desc -ambas también acusación popular en el caso de la caja B del PP- y de UPyD . Las acusaciones populares denuncian un presunto delito de daños y otro de encubrimiento. La Fiscalía se sumó al Partido Popular en contra de los recursos de las citadas organizaciones y para lograr el archivo definitivo.
"Desconoce también este tribunal quien o quienes acordaron u ordenaron en la sede del Partido Popular la destrucción de las unidades de disco duro, pues este aspecto no ha sido investigado ni esclarecido; no consta tampoco en las actuaciones si el seno de la organización de la formación política del Partido Popular existía o no un protocolo formal, conocido o aceptado por sus trabajadores, sobre el uso de las herramientas informáticas…", continúa el auto.
El origen de la causa está en la petición de dos unidades de disco duro que el juez Pablo Ruz solicitó al PP durante la instrucción de la causa conocida como 'papeles de Bárcenas' o 'caja B'. El partido respondió que habían sido destruidos para garantizar la confidencialidad de los datos allí almacenados. Ruz apreció entonces posible delito informático y de encubrimiento y se inhibió en favor de la Audiencia de Madrid al no ser él competente para investigarlos.
Como ocurrió con las agendas de las secretarias y el registro de visitas a la sede de Génova, el juez Ruz se topaba con la desaparición de pruebas fundamentales para el esclarecimiento de la financiación irregular del partido, algo que consideró indiciariamente acreditado cuando cerró la instrucción.
La jueza Collazos afirmó, sin embargo, que no constaba la relevancia para la causa de la caja B de los documentos destruidos. La Sección, sin embargo, se pregunta cómo puede concluir eso si desconoce el contenido de los 'papeles de Bárcenas' y el pen drive que entregó al juez Ruz el extesorero con parte de la información destruida. Ni una cosa, ni otra han sido incorporadas a la causa del Juzgado número 32 de Madrid en momento alguno.

La Fiscalía, con el PP

Para la Fiscalía, el PP destruyó algo que le pertenecía, por lo que no hay delito de daños informáticos. En cuanto al encubrimiento, el Ministerio Público alegaba que no se puede investigar ese posible delito si todavía no se conoce que hubiera algo que ocultar porque un tribunal no se ha pronunciado, o lo que es lo mismo, mientras no haya sentencia de los papeles de Bárcenas.
Ambas tesis fueron asumidas por la jueza que recibe un duro correctivo por parte de la Audiencia de Madrid. Los magistrados exponen diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual el ordenador puede ser de la empresa, pero los archivos creados en él por el trabajador le pertenecen.
"El ordenador es solo el continente y los ficheros constituyen un contenido ajeno creado o almacenado en la herramienta informática, por lo que la titularidad de los dispositivos electrónicos y herramientas informáticas suministradas a un trabajador no se extiende sin más, salvo acuerdo previo, a los ficheros digitales creados con ellas ni a aquellos otros que en las mismas hayan podido ser almacenados por el usuario", explica la Sección Cuarta. Además, los jueces se preguntan si se entregó una copia a Bárcenas. "Su denuncia por robo invita a deducir que no", escriben los magistrados.
La Audiencia alude al retraso que ha sufrido la causa. Se trata, según dicen los magistrados, de una "insólita y azarosa tramitación procesal" que ha provocado que ellos conocieran de la misma un año y tres meses. Por una parte, está extravío citado y, por otro, que la jueza tardó un año en resolver algunos de los recursos.
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Posted: 15 Jan 2016 10:45 PM PST
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Redacción/Rokambol/16.01.16
"Con la mitad de su graduación podrían ver cincuenta pobres", ha dicho Fernández Díaz.
"Ese chaval ve muchísimas más cosas que cualquier proletario", ha advertido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de recibir esta semana un detallado informe sobre el "descarado exceso de dioptrías" que estaría utilizando el dirigente de Podemos en detrimento de otros sectores más desfavorecidos de la sociedad.
El informe está elaborado por la Dirección Dióptrica del Ministerio y cuenta con el aval de siete optometristas jurados que siguieron a Iñigo Errejón por toda la ciudad de Madrid durante una semana. "No solo ve más y mejores cosas que los demás de su especie sino que, encima, las ve venir antes que el resto de los ciudadanos de a pie", asegura el equipo de investigadores.
Al parecer, los optometristas detectives le lanzaron en una ocasión un dardo ponzoñoso que el diputado de Podemos esquivó inexplicablemente, a pesar de que en ese justo momento se hallaba mirando una brillante utopía situada en lontananza. "Nadie puede ver una utopía a esa distancia sin unas gafas de puta madre", aseguran los agentes. "Luego le tiramos un ladrillo pequeño, un bloque de hormigón de 50 x 40 y una granada anticarro, una cosa detrás de otra, y volvió a burlarlas con la misma destreza y anticipación", añaden.
Por su parte, el propio ministro del Interior se reunirá hoy mismo con el óptico-predicador Alain Afflelou para calcular exactamente el número de pobres que podrían mejorar su visión con las dioptrías fraudulentas que obran en poder de Iñigo Errejón.   Más en Rokambol
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Posted: 15 Jan 2016 01:13 PM PST
Pablo María Fernández* | eldiario.es | 12/01/2016
La crisis-estafa que llevamos padeciendo estos últimos años está sirviendo, entre otras cosas, para dejar al descubierto el sistema estructuralmente injusto que nos rodea. Se suponía que vivíamos, como declara la Constitución española, en un Estado social y democrático de Derecho que, por encima de todo, busca la libertad, la justicia y la igualdad para todas las personas. Hemos podido comprobar que del dicho al hecho había un gran trecho.
Los derechos humanos son sistemáticamente violados por las distintas administraciones del Estado que, lejos de enrojecerse, sacan pecho y han sido capaces de legislar – basta recordar la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal (Ley Mordaza) que entró en vigor el pasado 1 de julio- en diferentes ámbitos, para dar cobertura legal a lo que eran flagrantes vulneraciones de derechos humanos como las "devoluciones en caliente" y para sancionar lo que hasta ese momento era posible y que estaba reconocido como derechos básicos, por ejemplo, los casos de ocupaciones de oficinas bancarias, parar desahucios, manifestaciones y concentraciones espontáneas, etc.
Cada vez tenemos más claro quiénes legislan y a quiénes favorecen las leyes. Cada vez tenemos más claro que el 31,73% de personas paradas en Andalucía – más de 10 puntos por encima de la media estatal, que es del 21% (EPA del tercer trimestre) – y las miles de familias abandonadas a su suerte, sin ningún tipo de ingreso o ayudas por parte de las administraciones, no están en la agenda política de quienes nos gobiernan ni serán las líneas rojas para alcanzar pactos. Las llamadas a cerrar filas para defender lo que llaman la unidad de España frente a quienes quieren fragmentarla, expresa de forma clara que no son las necesidades de la gente lo que mueve a gran parte de la clase política.
¿Para cuándo se pondrá encima de la mesa, a la hora de negociar tal o cual pacto, la necesidad de abordar y legislar para frenar la emergencia social y dar respuesta, de una vez y para siempre, a las necesidades reales de las personas? ¿Para cuándo el cumplimiento real del derecho a la vivienda? ¿Para cuándo una Renta Básica Universal? ¿Para cuándo nadie más viviendo en la calle? ¿Para cuándo los suministros básicos garantizados? ¿Para cuándo la erradicación del chabolismo? ¿Para cuándo una sociedad en la que las personas sean lo primero?
Estando como están las cosas, y comprobando, día tras día, la nula preocupación de las administraciones por abordar las injusticias, viendo como los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 o de la Constitución del 78 son pura retórica, papel  mojado, aderezos para que quede bonito y para que parezca verdad que queremos una sociedad justa y humana, se agradece que la Abogacía del Estado nos ilustre y aleccione sobre cómo debemos interpretar las cosas y no olvidemos que "Hacienda somos todos" era, solamente, publicidad.
Y algún día, más tempano que tarde, nos dirán que aquella frase que podemos leer en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: "Toda persona tiene derecho a  un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, la alimentación, la vivienda, los servicios sociales necesarios, los seguros en caso de desempleo…" también era, solamente, publicidad.
*Pablo María Fernández es coordinador del área de Marginación de la APDHA
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Posted: 15 Jan 2016 12:56 PM PST
El escritor José Manuel Caballero Bonald, uno de los multados por Hacienda, en una foto de archivo. / Efe
Juan Ángel Juristo | cuartopoder.es | 15/01/2016
Tarde o temprano tenía que estallar, aunque la cosa viene ya de 2012, cuando se cruzaron los datos de Hacienda con los de la Seguridad Social y, esto a partir de 2013, se hizo efectivo. Cualquiera que esté jubilado no puede cobrar más de 9.000 euros brutos de derechos de autor, por encima del salario mínimo, so pena de tener que renunciar a la pensión o, en su defecto, pagar una multa a la Seguridad Social. De resultas de ello, escritores como Antonio Gamoneda, Premio Cervantes, José Manuel Caballero Bonald, también Premio Cervantes, se han visto multados porque sus derechos de autor rebasan esa cantidad. El caso ha saltado por la importancia institucional de los escritores, pero hay muchos otros, como Eduardo Mendoza Javier Reverte, que ha llegado a decir que si escribes en España pierdes de seguro la pensión.
El problema es grave, tanto que amenaza a creadores científicos, artísticos y literarios a una precariedad obligada. Antonio Gamoneda, en declaraciones que recoge Diario de Leónamenaza incluso con dejar de escribir; califica la ley de "destructiva de la cultura" y confiesa que con la aplicación de la ley no tiene ni para vivir. Este cruce de datos entre Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social no se aplica por igual, pues en Cataluña, parece ser, se llega a acuerdos. Pero en el caso de Madrid y otras comunidades, la norma es la de cumplir la maldita ley a rajatabla, un poco a lo juez de la horca.
El problema de los escritores con los derechos de autor no es nuevo y hace años fueron sonados los casos de Torrente Ballester, Miguel Delibes y el propio Camilo José Cela. En estos casos la cosa tenía que ver con asuntos relativos exclusivamente a impuestos, es decir, a Hacienda y no tenía nada que ver con la Tesorería de la Seguridad Social. Pero la ley del 2012 es abrumadora al cruzar los datos pues obliga a la pobreza a los creadores casi de cualquier condición que sea, a no ser ricos por otras causas. Se suele pedir seis meses sin recibir la pensión si se incurre en ilegalidad, sin ir más lejos. En el caso de Mendoza la cosa llegó a cuatro años. Culpable, claro, por vender muchos libros.
Esto llevó a que en el mes de noviembre algunos creadores se plantaran ante la puerta del Ministerio y dirigieran una carta a Fátima Báñez, Ministra de Trabajo, en que se decía que: "Más allá de las consecuencias que puede suponer esta normativa en el plano personal de cada autor, nos preocupa el daño que se produce al privar a toda una sociedad de las aportaciones que puedan realizar nuestros creadores en una etapa de su vida en la que el grado de madurez, experiencia y sabiduría deberían ser cuidadas y no rechazadas por obsoletas". Entre estos creadores se encontraban Forges, Marta Rivera de la Cruz, José Mercé, Juan Goytisolo, Javier Reverte, Paloma Pedrero o el fotógrafo Chema Madoz.
Por su parte la SGAE, como portavoz de la ACE, Asociación Colegial de Escritores y de CEDRO, envió a los Ministerios de Cultura, Empleo y Seguridad Socal una declaración conjunta en la que defendía el derecho a seguir cobrando tras la jubilación de una manera digna. Situación sangrante si se tiene en cuenta que los herederos de los creadores sí tienen derecho a cobrar la jubilación al cien por cien y, de paso, beneficiarse de los derechos de autor. Algo surrealista si se tiene en cuenta que la mayoría de los escritores perciben la jubilación por actividades que nada tiene que ver con los derechos de autor, ya que de media, según Carlos Muñoz, asesor jurídico de la ACE y encargado de hacer viable esta situación, un escritor no cobra más de 20.000 euros de derechos de autor, lo que le ha llevado a afirmar, con ironía, que si eres escritor y jubilado debes plantearte o perder la pensión o ganar el Premio Planeta. Situación insólita en el panorama de los derechos de autor en Europa.
La ACE está pasando ahora por una nueva etapa, con un presidente, Manuel Rico, que quiere resolver con carácter urgente esta situación: la semana que viene se reunirá con representantes de la SGAE y de CEDRO para intentar llegar a un acuerdo conjunto a fin de hacer frente a este curioso y tremendo problema. En Trabajo de Madrid, un inspector le dijo que los libros publicados antes de la edad de jubilación no deberían entrar en el cómputo, pero en realidad la cosa no está clara y las interpretaciones sobre esto corren al albur… de Hacienda.
Javier Gutiérrez, director general de la VEGAP, que se encarga de los derechos de los artistas, ha llegado a afirmar que muchos creadores plásticos dejan de presentarse a premios o renuncian a ellos o los derechos de autor para no perder las pensiones. Por nuestra parte, finalizamos con unas declaraciones para cuartopoder.es de Manuel Rico que resume con exactitud la situación actual:
"El Ministerio de Empleo y Seguridad Social está actuando como si los escritores y, en general, los creadores, fueran delincuentes o estafadores. En la Unión Europea, todo escritor jubilado puede compatibilizar la pensión con actividades literarias o con el cobro de derechos de autor. Se entiende que en esa edad se encuentran en el máximo nivel de experiencia y de capacidad intelectual para ofrecérsela a la sociedad. El hecho de que para no perder la pensión haya escritores, premios Cervantes o premios nacionales en algunos casos, que hayan decidido no ejercer su derecho a crear es una pérdida colectiva de dimensiones incalculables.Por otro lado, supone restar a Hacienda unos ingresos más que estimables vía IRPF, con lo que el Estado renuncia a contar con más recursos para atender las necesidades sociales.
Las organizaciones autorales, como ACE, con las de gestión de derechos como CEDRO, la SGAE o VEGAP no vamos a permanecer impasibles. Estamos preparando un plan de actuación para defender el derecho del autor jubilado a seguir creando."
Seguiremos informando la semana que viene, después de la reunión con CEDRO y la SGAE.
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Posted: 15 Jan 2016 12:48 PM PST

Gerardo Tecé | lamarea.es | 15/01/2016
Dicen que los secretos mejor guardados son los que quedan a la vista de todo el mundo y el miércoles la legislatura de la incertidumbre, la legislatura de habrá nuevas elecciones en dos meses porque el PSOE impedirá un gobierno del PP, echaba a andar en el Congreso bajo una presidencia en manos de los socialistas.
Los escaños conseguidos en las elecciones se traducen en sillas de la mesa del Congreso. Una mesa formada por nueve miembros que podría permitir con cinco votos que las diferentes Mareas y candidaturas territoriales afines a Podemos pudieran formar grupo propio como requisito primero para que Podemos se siente a hablar con un Pedro Sánchez que asegura estar dispuesto a intentarlo. Los mejores secretos se guardan a la vista de todos y el primer movimiento de ficha del PSOE en la nueva legislatura ha sido renunciar a su mitad de la silla (la otra mitad la cedió el PP) para que Ciudadanos tuviera en esa mesa dos asientos en lugar del único que en proporción a escaños le correspondía, dejando 5-4 la toma de decisiones sobre las mareas a favor de PP-C's. A cambio Ciudadanos apoya a Patxi López para presidir un Congreso "con presidencia de distinto color a la del Gobierno", iba dando pistas libre de carga Albert Rivera por los pasillos, mientras Pedro Sánchez, ante la pregunta de los grupos parlamentarios de Podemos, ponía cara de ya me gustaría, pero la ecuación que he propiciado no me lo permite.
Para resolver una investigación la primera pregunta que se hace la policía es quién se ha beneficiado de la muerte de la abuelita, quién tenía prisa por cobrar la herencia y la primera pregunta que se haría la policía en este caso sería a qué partidos les interesan nuevas elecciones cuáles tienen prisa por cobrar lo conseguido en las urnas. Unas nuevas elecciones le interesan a Podemos, que tras el pinchazo el 20D del zeppelin de C's podría desactivar la Operación Podemos de Derechas y presentarse como la única fuerza de eso que se llama la nueva política. Unas nuevas elecciones no le interesan al PP, que repetiría resultado pero encontrándose de frente con un Podemos previsiblemente más fuerte que ahora y sobre todo no les interesa a los dos partidos que tienen en su mano la llave para abrir o cerrar la puerta a nuevas elecciones. No le interesa a Ciudadanos, que tras el pinchazo inauguró la nueva política haciendo de Celestina para el pacto entre los dos viejos partidos y al PSOE, que cada vez que una urna se abre se hace más pequeño.
Mientras las cuentas para formar Gobierno no salen por más vueltas que le dé Ferreras al pactómetro, en el Congreso, y a la vista de todos, las cuentas están tomando una estructura sólida y bien articulada para que la nueva transición sea una silla de tres patas, que según todos los ingenieros cojea menos que la de cuatro. ¿Y si estamos buscando Gobierno con lupa por los alrededores de Moncloa cuando hay que mirar al Congreso? ¿Y si la solución que permitiera a PP, PSOE y C's no tener que abrir la urna de nuevo fuera un pacto de nueva transición consistente en, pasadas las negociaciones sin éxito, dejar gobernar in extremis a un PP sin Rajoy, lo que se conoce en ajedrez como la jugada Puigdemont, y que sea el Congreso el que le marque al Gobierno el ritmo de una legislatura del tipo RAE: que fije (posiciones), limpie (la superficie de lo ensuciado) y dé esplendor a una supuesta renovación política basada en una foto de tres que mantenga las estructuras de poder intactas?
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Posted: 15 Jan 2016 12:30 PM PST
kaosenlared.net | 15/01/2015
Podemos ha registrado ya en el Congreso, con la firma de sus nuevos diputados, la proposición de ley bautizada como "Ley 25 de Emergencia Social", que ha sido la primera iniciativa que entra en el Registro de la Cámara baja en la legislatura recién inaugurada, una propuesta que esperan que se pueda tramitar a pesar de que en este momento el Gobierno está en funciones y no se han constituido las nuevas comisiones del Congreso.
Lo que proponen en esta iniciativa es la prohibición de los desahucios y de los cortes de luz o calefacción a las familias sin recursos, que se garantice una alternativa habitacional a las víctimas de violencia machista aunque no exista denuncia previa, y que se ponga fin a los copagos farmacéuticos para los pensionistas.
De momento no han hablado con otras fuerzas políticas sobre la posible tramitación de esta iniciativa, lo que esperan hacer próximamente, pero sí han mantenido conversaciones con organizaciones y movimientos sociales para que puedan incorporar también sus propuestas en la fase de enmiendas.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA LEY:
Ley 25 de emergencia social
Durante los últimos años hemos visto cómo las políticas de los partidos políticos en el gobierno nos han obligado a ajustarnos el cinturón a las mayorías en beneficio de una minoría privilegiada. Hemos visto cómo se rescataba a la banca con decretos de urgencia y cómo se ponían de acuerdo en tiempo récord tanto el PP y el PSOE para pactar políticas de recorte que nos afectaron. Esta cadena de abusos contra la mayoría se perpetuó y nos ha colocado a la cabeza de los índices de desigualdad en Europa. España, que alguna vez fue un ejemplo de servicios públicos como la sanidad, se vio a la cola de sus pares europeos y la gente golpeada en sus derechos y sus bolsillos.Ahora, luego de vivir un año electoralmente intenso que tuvo como protagonista el cambio y luego de que la gente volviera a entrar en las instituciones y les devolviera la dignidad, es tiempo de decir que el rescate debe ser una prioridad. Es urgente rescatar a nuestra gente. Podemos, como herramienta del cambio, ha realizado una serie de conversaciones con diversas fuerzas de la sociedad civil y movimientos sociales con la intención de lograr un consenso social sobre las medidas que necesita la gente. Así fue que nació el Plan de Rescate Ciudadano que se encuentra en el programa de Podemos, un programa construido por la gente y para la gente.



En este Plan de Rescate Ciudadano se encuentra el Plan 25, que contempla una serie de medidas que la gente necesita y merece. ¿Por qué '25'? Porque el artículo 25 de la Ley Universal de Derechos Humanos explica lo que desde Podemos queremos para nuestro país: un país donde nadie quede fuera."Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."
Y eso es lo que nosotros queremos y con lo que nos comprometimos.
Por eso, nuestra Ley25 de emergencia social, es ese primer paso para llevar a cabo nuestro Plan de Rescate Ciudadano. Se trata del inicio de un proceso que este miércoles 13 dará el primer paso y convocará durante las siguientes semanas a miembros de la sociedad civil, organizaciones y movimientos a dialogar y exigir lo que la gente necesita con urgencia. Se trata de una Ley25 que contiene medidas de sentido común. Nadie podría negarse a ellas. Las medidas fundamentales están orientadas a combatir la pobreza energética, garantizar el derecho a la vivienda y al acceso universal a la salud.
Creemos que más allá de los juegos de sillones, de los pactos y arreglos, lo que corresponde es una legislatura que signifique lo que la ciudadanía votó en las urnas: cambio. Y el primer paso es resolver con carácter de urgencia las cuatro medidas prioritarias que nuestra LEY25 de emergencia social plantea.
La diferencia entre la vieja y la nueva política es justamente esta: que mientras unos están discutiendo por qué sillón les toca, nosotros estamos pensando en gobernar para la gente y ponemos como prioridad sobre la mesa un pacto con la ciudadanía. Este miércoles 13, que entramos al Parlamento, lo hacemos priorizando a la gente. Es momento de entrar en las instituciones para que vuelvan a mirar los problemas reales de todos y todas.
http://podemos.info/ley-25-de-emergencia-social/
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