lunes, 2 de mayo de 2016

Iniciativa Debate Público



Iniciativa Debate Público


Posted: 01 May 2016 07:38 AM PDT
El autor sostiene que el PSOE facilitó a los empresarios un instrumento para conseguir empleo más barato: las empresas de trabajo temporal.
La incertidumbre laboral como herramienta para despojarte de todoUn joven sirve helados en una cadena de comida rápida.
 | La Marea | 01 mayo 2016
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El proceso de precarización laboral que la clase obrera española ha sufrido desde los años 90 ha sido constante, continuo y agresivo con el objetivo de destruir la fuerza de los trabajadores e individualizarlos para desposeerlos del poder del colectivo. Estos ataques se han dirigido a derrocar los pilares de los derechos básicos y condiciones laborales, la estabilidad, el salario y la protección social.
El elemento prioritario sobre el que se han sustentado estas agresiones contra la clase trabajadora es la ofensiva llevada a cabo contra la estabilidad del empleo. La inclusión de la temporalidad como componente prioritario de las relaciones laborales es el baluarte sobre el que ha pivotado el resto de reducción de derechos. No sólo por el factor personal que para el trabajador tiene el hecho de estar sometido a la coacción que supone la incertidumbre permanente del miedo a la pérdida del puesto de trabajo, sino por el influjo que tiene ese temor en los procesos de organización colectiva obrera. Un trabajador con miedo y sin apoyo del resto del colectivo es menos combativo.
El Código Penal de 1973, en su artículo 499 bis ("De los delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo"), establecía como delito la cesión de trabajadores de una empresa a otra para suprimir o restringir la estabilidad en el empleo: "El que por cesión de mano de obra, simulación de contrato, sustitución o falseamiento de empresa o de cualquier otra forma maliciosa suprima o restrinja los beneficios de la estabilidad en el empleo y demás condiciones de trabajo reconocidas a los trabajadores por disposiciones legales". Es decir, hasta la reforma laboral del PSOE de 1994, suprimir la estabilidad laboral de un trabajador era delito. Un tipo penal que los socialistas se encargaron de finiquitar para poder crear las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y establecer así que la estabilidad laboral sería un privilegio al alcance de unos pocos. Montserrat Avilés, histórica abogada laboralista, definió de forma sucinta lo que suponían las ETT: "Son las antiguas empresas de prestamismo laboral legalizadas. Contribuyen, sin duda, a la precarización del mercado de trabajo".
La CEOE fue la principal impulsora de la aprobación de las ETT en España. En ningún momento los empresarios argumentaron que la implantación de estas empresas supondría una merma considerable de los derechos de los trabajadores, una precarización del tejido productivo y el establecimiento de la temporalidad como un elemento estructural de la sociedad. Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la CEOE en 1986, explicaba que la legalización de las ETT supondría el afloramiento de miles de puestos de trabajo que hasta entonces se situaban en la economía sumergida. Nada más lejos de la realidad. Un estudio elaborado por los catedráticos María Isabel Escobedo López e Ignacio Mauleón Torres establecía que, en 1991, la economía sumergida suponía el 14% del PIB. En 1997, tres años después de la legalización de las ETT, la tasa se situaba en el 17%, según otro trabajo de Ignacio Mauleón y Jordi Sardá. Hoy en día, la economía sumergida ronda ya el 20% del PIB.
El único objetivo que la CEOE buscaba con la legalización de las empresas temporales quedó pronto en evidencia. Sólo un año después de su aprobación, grandes empresas como Eulen crearon su propia ETT para librarse del salario fijado en el convenio y subcontratar con precios más bajos. El PSOE había facilitado a los empresarios un instrumento para conseguir empleo más barato e instaurar la incertidumbre en el trabajador, que poco a poco se haría más sumiso. Porque eso es justo lo que es una ETT: una pieza más del engranaje estructural que busca atomizar la fuerza de los trabajadores y destruir todas las redes de solidaridad y organización sindical y laboral. Así, cada trabajador será sólo un individuo aislado sin fuerza alguna para exigir mejoras de sus condiciones laborales.
Paros sin concesiones
Los antiguos trabajadores fabriles, los mineros y el resto de colectivos organizados de la clase obrera tradicional sabían que salían a exigir mejoras laborales, el mantenimiento de su puesto de trabajo era una certeza. Luchaban con el conocimiento pleno de que un solo despido suponía el paro indefinido y sin concesiones de sus compañeros hasta la readmisión.
La fuerza de esos colectivos se ha visto minada y la inestabilidad laboral estructural ha desintegrado las redes de organización obrera que permitían exigir derechos con la fuerza del puño. Es preciso eliminar el individualismo y reinstaurar en la conciencia colectiva que la lucha obrera es una realidad que vivimos cada día y que tiene su más terrible evidencia en la cola del paro, los desahucios y los recortes en sanidad y educación. El gran desafío para todos aquellos que, desde la política, quieran cambiar de forma radical la situación de la clase trabajadora parte de encontrar solución a los modos de organización colectiva para exigir y recuperar todos los derechos perdidos por el camino.
Posted: 01 May 2016 03:50 AM PDT
Ha vuelto a ocurrir. El gran periodista Eduardo Inda hace gala de su imparcialidad y objetividad en este par de breves cortes de la emisión del circo sin gracia de La Sexta Noche de ayer sábado.
Obviamente no ha sido así. Lo que se demuestra en estos vídeos es lo servicial e indecente que puede llegar a ser una persona (aunque tampoco hay que convertirlo en paradigma, porque se trata de un caso extremo de neurosis, psicosis, perversión o desvergüenza patológica, aún por determinar). Con una segunda lectura: ¿Cómo hay que calificar a quien contrata a este tipo de personajes?
(Vídeo 1) He aquí la imparcialidad de este bien pagado peón que dedica gran parte de su tiempo a descalificar de forma grosera a los políticos que cuestionan el actual sistema. Y el tiempo restante a incordiar incansablemente con una misma cantinela: "Traca-traca", "Venezuela", "ETA", "Irán", "Financiación ilegal", etc.
Como puede comprobarse es exactamente igual de maleducado, desagradable e impertinente con la psoeísta de la Andalucía de los ERE y el paro, Susana Díaz. ¡Ah, no, espera!, es que me he confundido de entrevista. A Inda, haciendo justicia a su edad intelectual, en este caso solo le ha faltado exhibir un cartel con un corazón (con la leyenda: Edu y Susi).
¡Ay, Eduardito!, que a una chica, malandrín, aunque esa chica sea una víbora y uno de los personajes más cínicos de la política española, no se le preguntan las cositas así. Tontito.
(Vídeo 2) En este otro corte, el presunto periodista liberal demuestra su grado de preparación y el vasto (basto en su caso) conocimiento de los temas a tratar (y sobre los que no duda opinar). Hasta Marhuenda parece Günter Wallraff por comparación.
Todo un ejemplo para el periodismo nacional presente y futuro. Así que ya sabéis, chavales/as, si acabáis de terminar Periodismo, olvidad lo aprendido, porque para convertir vuestra titulación en una profesión, y además bien pagada, y aparecer hasta en la sopa sentando cátedra sobre ponerología o fútbol o lo que se tercie, ya sabéis a quién imitar.
Posted: 01 May 2016 01:32 AM PDT
Qué desmesura contienen esos tipos penales, si pueden servir para tratar de amedrentar a un juez que manifiesta en una charla que la lucha contra todo delito, incluido el terrorismo, ha de realizarse siempre dentro del Estado de Derecho
Victoria Rosell – Diputada de Podemos y magistrada en servicios especiales | El Diario | 30/04/2016
Un magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, experto en derechos humanos, que fue juez del tribunal internacional de crímenes de guerra de Bosnia-Herzegovina, dijo hace una semana en una charla en Tolosa, invitado por la asociación cultural Foro por la Convivencia, que en nuestro país se han producido casos de tortura y que España ha sido condenada en seis ocasiones por el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) por no investigar suficientemente los casos de torturas denunciadas. Dos verdades contrastadas. Además, en su intervención aclaró que se encontraba allí hablando como parte de la sociedad civil, como ciudadano, no en su condición de juez, que se pronuncia a través de sus resoluciones en el tribunal.
El ministro, en declaraciones a la prensa, pide al Consejo General del Poder Judicial que actúe contra el magistrado, dice que son palabras "indignas" de un juez e "infames", e insinúa que habría podido cometer delitos de humillación a las víctimas o de apología del terrorismo. Qué desmesura contienen esos tipos penales, si pueden servir para tratar de amedrentar a un juez que manifiesta en una charla que la lucha contra todo delito, incluido el terrorismo, ha de realizarse siempre dentro del Estado de Derecho.
Con esas declaraciones no solo se retrata de nuevo como un enemigo de la libertad de expresión, además de utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo. También es enemigo de la verdad, pues se trata de casos probados en sentencias.
El Consejo de Ministros del que forma parte ha amparado casos de torturas y violencia policial inadmisibles en un Estado de Derecho, cuando ha indultado a varios agentes policiales condenados por torturas
Además se muestra contrario a la separación de poderes, ya bastante dañada con la configuración del Consejo General del Poder Judicial tras la última reforma de la LOPJ de la era Gallardón, aprobada por el Parlamento de la legislatura más regresiva en materia de derechos fundamentales de la ciudadanía.
El Consejo de Ministros del que forma parte ha amparado casos de torturas y violencia policial inadmisibles en un Estado de Derecho, cuando ha indultado a varios agentes policiales condenados por torturas; incluso en 2012 concedió un segundo indulto a cuatro mossos de esquadra penados a más de cuatro años de prisión por torturar a un detenido al que confundieron con un atracador, desoyendo los informes contrarios del tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Barcelona. Es el mismo Gobierno que no atiende las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y de los organismos de las Naciones Unidas. Actuaciones que no solo mejorarían nuestra calidad democrática y las garantías de la ciudadanía en general, sino también las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actúan conforme a la ley, que son la inmensa mayoría.
Si el Estado social y democrático de derecho que configura nuestro sistema constitucional se basa en los derechos y libertades fundamentales y en la separación de poderes, el ministro del Interior se revela como un auténtico "antisistema".
Posted: 01 May 2016 01:30 AM PDT
  • Trabajar sin contrato y sin recibir compensación económica alguna es una situación habitual entre los estudiantes y recién graduados como paso previo a obtener un contrato laboral.
  • Hablamos con personas que han hecho prácticas abusivas y que denuncian las situaciones por las que han tenido que pasar.
  • Organizaciones como la Oficina Precaria proponen para regular las prácticas la limitación de las horas anuales, un máximo de seis horas diarias de trabajo o pagar al menos el Salario Mínimo Interprofesional.
Moha Gerehou | El Diario | 30/04/2016
Si cuando Zapatero gobernaba se hacía alusión a los 'mileuristas' como el estrato laboral más precario, hoy en día serían los becarios los que ostentan el dudoso honor de ser los reyes del precariado. Oficialmente, los últimos datos de la Seguridad Social los cifran en 70.000, aunque es engañoso porque esta lista solo incluye a los que cotizan. Pero existe una amplia legión de estudiantes e incluso jóvenes que ya han terminado sus estudios que hacen prácticas sin regularizar su situación, en un mercado donde no recibir una remuneración, tener jornadas superiores a lo estipulado o competencias que exceden el carácter formativo de las becas están a la orden del día. Para ilustrar este fenómeno, hemos hablado con cinco personas que ponen voz a una situación que en los últimos años no ha parado de crecer.
Eduardo Robaina ha conseguido reunir más de 75.000 contra la precariedad en las prácticasEduardo Robaina ha conseguido reunir más de 75.000 contra la precariedad en las prácticas
Eduardo Robaina es uno de los que ha puesto el grito en el cielo ante esta situación. Este estudiante de periodismo en la Universidad Complutense, harto de prácticas en las que apenas cobraba por hacer lo que un redactor cualquiera y después de observar como la propia plataforma de la universidad, el COIE, permitía la publicación de ofertas no remuneradas, puso en marcha una exitosa iniciativa. "Decidí abrir una petición en change.org y ha sido un éxito, ya que hemos superado las 75.000 firmas". A la iniciativa se suman sobre todo periodistas, "pero también de otras carreras, incluso personas en Sudamérica que también sufren lo mismo y se solidarizan".
Inma es también estudiante de periodismo y dejó sus prácticas remuneradas por otras por las que no recibió compensación alguna, pero se dejó seducir por el nombre de la empresa, una de las más importantes de su sector y por el proyecto, que encarnaba lo que ella siempre quiso hacer. Estos motivos pesaron más que las condiciones ofertadas: media jornada y cero euros al bolsillo.
El primer mes aprendió mucho, "pero después era todo el rato hacer tareas monótonas y repetitivas, y claro cuando no cobras es más duro", lo que se aleja bastante del carácter formativo que se presupone a unas prácticas. Con la llegada del verano llegaba la oferta de renovación. En este caso las condiciones eran de ocho horas diarias durante los tres meses del periodo estival sin cobrar nada. Esta situación le indignó y tras quejarse varias veces la empresa decidió empezar a pagar a sus becarios, aunque ella no ya no se ha podido acoger a esas condiciones.
Para que luchas como la de Inma tengan base legal, aplicable a todos y no solo en casos concretos, hace unas semanas la Oficina Precaria presentó una Proposición No de Ley en el Congreso para regular las prácticas. Entre las medidas propuestas, limitar las becas a 500 horas anuales, un máximo de seis horas diarias de trabajo y la obligación de remuneración económica de al menos el Salario Mínimo Interprofesional. Además, y para evitar que las empresas se aprovechen del continuo flujo de becarios, se limitaría el número máximo al 5% de la plantilla.
Pero la 'brecariedad' permea casi todos los sectores de la economía. Guillermo es un estudiante de Ingería Industrial que aceptó unas prácticas curriculares (las obligatorias para poder terminar los estudios) en una empresa que no le pagaba nada por las 450 horas formativas que debía completar, a pesar de que debía trasladarse en coche hasta las oficinas. Tras terminar este periodo, la compañía decidió prorrogar su estancia extracurricularmente con la promesa de hacerle un contrato cuando surgiera la oportunidad. "Me dijeron que cuando surgieran proyectos me podrían hacer un contrato, pero no sabían cuando ocurriría eso". Hasta que llegó el momento, Guillermo estuvo cuatro meses sin cobrar nada y sin la recompensa de los créditos del periodo anterior. Ahora por fin tiene un contrato laboral en condiciones.
La abogacía es otro de los sectores que más padece las prácticas abusivas. Álvaro estudió derecho y relaciones laborales e hizo las correspondientes prácticas curriculares durante cuatro meses sin cobrar nada. Tras terminar este periodo, fue becario en un despacho "en el que trabajaba cinco horas al día durante cuatro meses sin que me pagaran nada. No existía ningún tipo de convenio, fue todo a través de un conocido".
Posteriormente pasó a trabajar bajo un contrato en prácticas por el que se percibe entre el 60% y el 75% de un contrato, pero denuncia que era "una trampa, ya que eran las mismas condiciones y responsabilidades que los demás y llegaba a trabajar hasta 10 horas diarias".
Posted: 01 May 2016 01:11 AM PDT
No lo dice un cualquiera, sino el primero que debe cumplir la Ley y dar ejemplo dentro de la Policía.
CAPÍTULO II
Principios básicos de actuación
Artículo quinto.
Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes:
1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente:
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión.
Declaraciones de Ignacio Cosidó sobre Podemos al programa El Cascabel de 13TV.
Posted: 30 Apr 2016 12:27 PM PDT
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, se adapta con habilidad a los cambios en el entorno político.
Banco Sabadell: El arte de llevarse bien con todo el mundoEl exsecretario de Estado y hoy consejero del Sabadell, David Vegara
 | La Marea | 30 abril 2016
El Banco Sabadell es uno de los pocos ganadores del cataclismo en el sector financiero español a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. La entidad catalana ha aprovechado la oportunidad de comprar bancos y cajas fallidas y saneadas con dinero público, como el Banco Guipuzcoano o Caja Mediterráneo (CAM), para dar el salto de un instituto mediano regional a situarse en el Top 5 de la banca española. Con la adquisición del TSB en Reino Unido en 2015, la entidad presidida por Josep Oliu se hizo presente de golpe en la escena europea.
Oliu, de 66 años, 30 de ellos en el Sabadell, intenta seguir la línea de todo buen banquero: llevarse bien con todos los partidos políticos sin adoptar posiciones. "Tomaremos todas las decisiones empresariales que creamos convenientes al margen de la política", comentó el propio Oliu en una conferencia de la Cámara de Comercio de Sabadell en enero pasado. Y subrayó que su banco "no hace, no hará y no ha hecho nunca" política.
Esta supuesta neutralidad no quiere decir que la entidad de Oliu no esté interesada en cultivar buenas relaciones con los dirigentes políticos, como todos en un sector que depende más que muchos otros de la regulación y las normativas de las administraciones. Sin ir más lejos, Oliu compareció con el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una rueda de prensa conjunta en marzo para presentar un libro sobre comerciantes catalanes. El histórico dirigente de Convergència i Unió (CiU), Miquel Roca, es el secretario del consejo de administración del Sabadell desde 2000.
En abril del año pasado, el banco fichó como consejero independiente a David Vegara, un economista que ya había trabajado en los servicios de estudios del Sabadell antes de su paso por la política como secretario de Estado de Economía en el anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Un gesto hacia un antiguo referente del Partido Popular, sin embargo, hizo mucho daño a la cuidada imagen de la entidad catalana, que se había trabajado una gran proyección a nivel nacional con la campaña publicitaria protagonizada por personajes famosos de ámbitos diversos, como el tenista Rafa Nadal o la cantaora Estrella Morente. En octubre de 2014, el Sabadell facilitó el aval de tres millones de euros para la fianza de Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas black en Caja Madrid.
El favor al ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar y exdirector del Fondo Monetario Internacional provocó un gran revuelo público. El consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola, admitió después que el aval a Rato había producido "cierto desgaste" para la entidad "en un momento de sensibilidad social extrema".

El "Podemos de derechas"

Antes del error de garantizar la fianza de Rato, Oliu había hecho unas declaraciones que trajeron cola. Durante un encuentro del Círculo de Empresarios, el banquero fue preguntado por Podemos, el partido de izquierdas que acababa de irrumpir en el mapa político al ganar un 8% de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014. Oliu propuso crear "una especie de Podemos de derechas" ya que "el que tenemos asusta un poco". El banquero, aparentemente, dijo estas frases en un tono jocoso, pero sus palabras fueron usadas más tarde por los rivales políticos de Ciudadanos para atribuirles supuestas conexiones con el Ibex-35. Tras el éxito del partido de Albert Rivera en las elecciones autonómicas y municipales de 2015, Oliu insistió en que él no tenía nada que ver con el ascenso de esta fuerza.
Esos mismos comicios produjeron un cambio radical en casa del presidente del Sabadell con la llegada de Barcelona en Comú de Ada Colau al ayuntamiento barcelonés. Pocos días después de la victoria de la antigua activista, Oliu dijo sobre Colau que "era un personaje digamos conocido y hasta ahora folclórico, pero a partir de las elecciones se ha convertido en un personaje institucional. Es la alcaldesa de Barcelona, y por las relaciones que tiene el banco con el Ayuntamiento de Barcelona me gustaría conocerla". Al día siguiente, el banquero se disculpó en la Junta de Accionistas por haber usado el término "folclórico".
En septiembre de 2015, Colau se reunió por primera vez con Oliu para hablar de las multas que empezaba a imponer el Ayuntamiento de Barcelona a los pisos vacíos de los bancos y otros asuntos. A diferencia de la mayoría de sus competidores, el Sabadell siempre ha destacado que nunca ha ejecutado un desahucio de una familia de su primera vivienda, sin ofrecer una alternativa habitacional, un hecho reconocido por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).
En cualquier caso, las preocupaciones políticas de Oliu no han desaparecido. Antes de las elecciones generales del 20-D, Oliu reflexionaba sobre el declive de CiU a nivel nacional: "Claro que ahora ya no existe el papel del partido bisagra que históricamente siempre había recaído en CiU. Que sea lo que Dios quiera".
Posted: 30 Apr 2016 12:05 PM PDT
  • La Audiencia Nacional decide que Ángel Hurtado no solo sustituya al recusado Enrique López en el tribunal sino también como ponente.
  • Los otros dos miembros del tribunal habían pedido a la Sala de Gobierno que se pronunciara ante las dudas que suscita el polémico acuerdo sobre sustituciones.
  • Pidieron "criterios objetivos, igualitarios, de transparencia y de distribución racional del trabajo" y les han contestado con Ángel Hurtado.
El juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Ángel HurtadoEl juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado
Pedro Águeda | El Diario | 29/04/2016
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha decidido que el magistrado que redacte la sentencia del caso conocido como los 'papeles de Bárcenas' sea el conservador Ángel Hurtado,  uno de los jueces que se opuso a que sus compañeros Enrique López y Concepción Espejel fueran apartados, por su proximidad al Partido Popular, de ese tribunal y del que juzgará el caso. Así consta en la respuesta que la Sala de Gobierno ha dado a otros dos magistrados de la Sección Segunda que solicitaron un pronunciamiento por la poca claridad del acuerdo que rige desde el pasado verano las sustituciones en caso de recusación.
Ese polémico acuerdo de julio de 2015 atribuye la sustitución en caso de ausencia por cualquier motivo al magistrado que tuviera asignado el siguiente procedimiento. Pero para los jueces José Ricardo de Prada y Julio de Diego no estaba claro qué pasaba si el juez al que se sustituye se le había encargado también redactar la sentencia del caso. Es el caso de Enrique López, apartado de los tribunales Gürtel y caja B, en los que además de integrar el tribunal tenía que redactar el fallo.
Los magistrados de la Sala habían aceptado que en el primer caso, el juicio principal por el caso Gürtel, el sustituto de López se encargara también de redactar la sentencia. Pero De Prada y De Diego, ambos miembros de esos dos tribunales, pidieron un posicionamiento de la Sala de Gobierno para cuando el mismo magistrado haya sido recusado en dos casos que afectan a la misma Sección y sea, a la vez, ponente de ambos.
"Consideramos que debe ser la Excma. Sala de Gobierno la que, siguiendo criterios objetivos, igualitarios, de transparencia y de distribución racional del trabajo, proceda a la asiganción de la ponencia en este segundo procedimiento y para los sucesivos", firmaron ambos un escrito. Y la Sala de Gobierno –formada entre otros por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska– decidieron el pasado 11 de abril que el mismo conservador que va a redactar la sentencia de Gürtel lo haga también en el caso de la financiación irregular del PP.

El origen de la polémica

Este es el último episodio de una polémica que nace en el mismo momento en que Concepción Espejel regresa a la Audiencia Nacional y es nombrada presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Una de sus primeras decisiones fue presidir todos los juicios que correspondieran a la Sección, a diferencia de la costumbre que se ejerce en otras. Por reparto, los casos Gürtel y de la financiación irregular del partido recayeron más tarde en su Sección.
También la normas de reparto hicieron que estuviera acompañada por Enrique López en ambos tribunales y que éste fuera el ponente de ambas sentencias. Pero López y Espejel fueron recusados por las acusaciones populares y defensas, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Para entonces, la Audiencia Nacional había aprobado un sistema de sustituciones que garantizaba que, al menos López, fuera sustituido por otro magistrado de tendencia conservadora.
En pleno mes de julio, Espejel propuso a la Sala de Gobierno que unificara los criterios de las distintas secciones para las sustituciones de magistrados. La Sala de Gobierno aprobó por unanimidad que si un magistrado se ausenta por vacaciones, licencias, enfermedad u "otras causas", sea sustituido por el compañero que tuviera asignado el siguiente procedimiento.
El acuerdo, adoptado con muchos magistrados ya de vacaciones, evitó incluir el término "recusación", por lo que éste quedó englobado en el apartado genérico de "otras causas". Su contenido no trascendió hasta octubre y entonces llegó la polémica.
Finalmente, y contra la mayoría de los pronósticos, la propia Espejel también fue apartada de los tribunales de Gürtel y la caja B por su proximidad a la formación de Mariano Rajoy. Esta decisión y la de apartar a López fueron adoptadas por la mayoría de sus propios compañeros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque algunos decidieron emitir un voto particular.
En el caso de Gürtel, el voto particular iba firmado por cuatro magistrados, pero la redacción corrió a cargo de Ángel Hurtado, el sustituto de López. En él, Hurtado rebatía que López debiera ser apartado por sus vínculos con el PP, al que calificaba de "actor secundario" en la trama que se iba a juzgar, la bautizada como Primera Época del caso Gurtel. En el banquillo de los acusados una veintena de exresponsables del PP y el propio partido en calidad de beneficiario a título lucrativo, o lo que es lo mismo, como sospechoso de haberse beneficiado del dinero de la corrupción.
En ese voto particular, Hurtado defendía además que López hubiera colaborado en el pasado con la fundación FAES. Este tipo de colaboraciones son para Hurtado, en el caso de los jueces, no solo "acertadas" sino también "aconsejables".
Posted: 30 Apr 2016 11:21 AM PDT
La Ministra alemana de Trabajo Andrea Nahles ha anunciado una ley que incluye importantes modificaciones con respecto al acceso a ayudas para ciudadanos de la Unión que vivan en el país.
La oposición y ONGs han criticado duramente la iniciativa, tachándola de populista y antisocial.
Carmela Negrete – Berlín | El Diario | 30/04/2016
La noticia ha inquietado a muchos ciudadanos europeos que viven en el país: La ministra alemana anunciaba el jueves que su país va a cambiar en breve la legislación para tapar un "hueco por el que se colaban" los parados de otros países y escoger así "el lugar en el que reciben las ayudas sociales". Según los planes del Ministerio, los extranjeros comunitarios residentes en el país tendrán derecho a cobrar ayudas no contributivas cuando lleven más de cinco años en el país trabajando.
Es un cambio anunciado ya en diciembre, cuando los representantes de los ayuntamientos pusieron el grito en el cielo tras una sentencia de la Corte Federal Social alemana, en la cual se declaraba que los ciudadanos europeos tenían derecho a una prestación mínima existencial (haciendo referencia a su vez a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional). Los Tribunales de lo Social serían quienes dictaminasen si la persona tenía derecho a la ayuda social, para lo cual era decisivo el factor del tiempo que la persona llevaba viviendo en suelo alemán, y dicha ayuda sería pagada por los ayuntamientos.
Esta sentencia venía a contradecir en parte el juicio emitido en septiembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según el cual los parados de la Unión que viniesen a Alemania a buscar trabajo podían ser excluidos de la ayuda no contributiva dirigida a apoyar la búsqueda de empleo, conocida como "Hartz IV" y cuyo presupuesto es nacional.

¿Cómo es la ley (todavía)?

La situación actual es confusa. De una parte está la jurisprudencia alemana que garantiza las ayudas, de otra la sentencia europea que daba razón al estado a la hora de no pagar prestaciones no contributivas. De ahí que en última instancia quienes decidían hasta ahora si la persona concreta recibía una ayuda o no, eran los Juzgados de lo Social, como ya explicamos en el pasado en eldiario.es.
Una vez que la persona trabaja y cotiza durante un año, y genera de ese modo el derecho a una prestación por desempleo, y tiene acceso a la prestación por desempleo no contributivo Hartz IV de forma indefinida. Quien tan solo ha trabajado entre seis meses y un año tiene derecho solo a seis meses de dicha ayuda. Pero una vez agotada, puede pedir la ayuda social de los ayuntamientos, ya que se considera que al vivir mas de seis meses en el país le corresponde por residencia. Durante los primeros tres meses de estancia, los parados de la UE no tienen derecho a ninguna ayuda en el país.

¿Qué quiere cambiar la ministra exactamente?

Andrea Nahles, del partido socialdemócrata alemán SPD, quiere que el periodo necesario para poder cobrar la ayuda de inserción laboral no contributiva conocida como Hartz IV se amplíe de un año a cinco. Es decir, que una persona que haya trabajado en el país por un periodo de tiempo menor, tendría derecho primero a una prestación por desempleo que le corresponda en función del tiempo trabajado, y al finalizar ésta, ya no recibiría la ayuda de inserción laboral, sino que tendría acceso solo a una única prestación por el periodo de un mes para la manutención y alquiler, así como un préstamo para el viaje de vuelta a su país de origen.
La ministra ha resaltado que "los responsables de pagar ayudas sociales a las personas con estas necesidades son los países de origen", con lo cual la persona debe marcharse del país y solicitar las ayudas que existan en su país de origen. La medida afecta a las personas que no estén trabajando, es decir, que las personas que se encuentren empleadas con un minijob o como autónomas, pero cuyos ingresos no les permitan cubrir todas sus necesidades, siguen teniendo acceso a las ayudas, que en el país se pagan como complemento al salario. Más de 40.000 hogares se podrían ver afectados

Una medida "populista", que ilegaliza y posiblemente ilegal

La oposición se ha mostrado contraria a los planes del ministerio. El diputado del partido Die Linke Alexander Ulrich aseguraba que "se trata de populismo a costa de los más débiles". El jefe de la confederación alemana de organizaciones paritarias aseguraba que el resultado de dicha ley será "obligar a las personas afectadas a moverse en la ilegalidad, convirtiéndolas en una presa fácil para las mafias y el abuso laboral". Asegurando que lo que espera a las personas que, a pesar de ser excluidas del sistema permanezcan en el país, será el trabajo en negro, condiciones inhumanas e incluso la prostitución.
En los círculos jurídicos se preguntan si la medida, que será debatida en el Consejo de Ministros y aprobada en las próximas semanas, pasará por el Constitucional y, de ser así, si el Tribunal la considerará contraria a la Carta Magna alemana, que en última instancia garantiza en su artículo 20 que el estado alemán es un estado "democrático y social".
Por otro lado, la medida ha establecido el plazo de cinco años en Alemania, pero "podría haber puesto tres o siete, da lo mismo, ya que esas ayudas en realidad están concebidas de forma que sean independientes de lo que se cotice o no", escribe el periodista Velten Schäfer en el periódico neues Deutschland. El periodista recuerda asimismo que ese número en concreto es el que recoge en el mismo sentido el borrador del partido populista de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD), por lo que podría ser considerado una concesión del gobierno ante las tesis populistas que en las últimas elecciones regionales dieron un espaldarazo a ese nuevo partido.
NOTA aclaratoria a petición de un lector:
Los europeos empleados con un minijob o autónomos con bajos ingresos tienen derecho desde el primer día a las ayudas conocidas como "Hartz IV".
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