miércoles, 4 de mayo de 2016

Iniciativa Debate Público





Iniciativa Debate Público


Posted: 04 May 2016 09:10 AM PDT
España va bien, eso nadie lo duda, va bien para quienes no pagan impuestos aún teniendo más dinero del que gastarán sus nietos, va bien para quienes explotan a los trabajadores con sueldos de miseria y jornadas interminables, va bien para la Iglesia que recibe, entre unas cosas y otras, doce mil millones de euros del Estado sin siquiera pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles proporcional a su riqueza, va bien para los imputados que ahora llaman investigados pero que en su inmensa mayoría ni pisarán la cárcel ni devolverán lo robado, va bien para los club de fútbol millonarios que deben millones a la Seguridad Social y no ven embargadas sus sedes, va bien para los que reciben contratas, subcontratas y externalizaciones de servicios públicos con el único objetivo de conseguir por la vía rápida la máxima que tan claramente nos dejó dicha Maese Eduardo Zaplana, forrarse a costa del propio servicio y de quienes a él acuden, va bien para los banqueros que en vez de estar en la cárcel han recibido miles de millones para seguir especulando y maltratando al país, va bien para los inútiles que desde la televisión pública y las privadas mienten por sistema y envenenan nuestros sueños, va bien para quienes no tienen que alimentar y educar a su prole con quinientos euros al mes, va bien para los que heredan el poder sin concurso del pueblo que los mantiene, va bien para los que muñen e intrigan en cofradías de nazarenos, federaciones deportivas, juntas festeras y demás organizaciones tradicionalistas en las que navegan quienes no dan para más, va bien para quienes mantienen miles de pisos cerrados a cal y canto mientras miles de personas son lanzadas de sus viviendas o no tienen dónde vivir, va bien para aquellos que compraron suelo rústico fértil para convertirlo en suelo edificable y lo mantienen improductivo a la espera del regreso de la burbuja, va bien para los piratas que dicen que las dos pagas extraordinarias se prorrateen en el sueldo mensual de seiscientos euros, va bien para los que saben cómo llevar sus dineros a paraísos fecales y los llevan, va bien para el Opus que ve como los independentistas catalanes siguen entusiasmados con sus colegios segregacionistas, va bien, en fin, para las vírgenes que han recibido máximas condecoraciones policiales por parte del ministro que vió a Dios en Las Vegas y tiene un ángel llamado Marcelo que le busca aparcamiento hasta en la cola para entrar al infierno. España, es indudable, va bien para todos ellos y para Paquirrín, Belén Esteban, Isabel San Sebastián, Inda, Marhuenda el comisario, Bertín, Chaveli, Mariló Montero y toda esa panda de personajillos convertidos en referente mediático, moral e intelectual de una parte del país que está enferma terminal.
Sin embargo, pese a la bondad del momento para tanto bloguero, abusador, mediocre, analfabeto, fascista y granuja, es otra la realidad que sufren la mayoría de los habitantes de esta nación de naciones. Más de cinco millones de parados de los que dos y medio ya no cobran ningún tipo de prestación, con sus respectivas familias, viven exactamente igual que en los años sesenta, los años de la emigración masiva, sólo que ahora no pueden emigrar porque no hay dónde para quienes no tienen una formación alta; seis millones de personas viven de contratatos-mierda retribuidos con sueldos inferiores al ridículo salario mínimo que nos han impuesto para seguir abaratando la mano de obra; quienes tienen empleo fijo viven en la zozobra que supone pensar que cualquier día ya no lo será; los jóvenes no encuentran trabajo ni incluso muy por debajo de su preparación ni los mayores de cincuenta tampoco porque ya son viejos; la jornada laboral para los privilegiados que trabajan supera con mucho las cuarenta horas semanales legales porque se busca la productividad y la competitividad a costa de la legalidad, de la salud y la dignidad de las personas y, sin embargo, la venta de coches de alta gama, de productos de lujo sigue incrementándose como en ningún país de nuestro entorno. Entre tanto, el Gobierno que ha propiciado el empobrecimiento general del país, y que sigue siendo votado por siete millones de electores, ha elevado la deuda pública del 67% al 100% del PIB en cuatro años de Gobierno pese a haber menguado drásticamente la inversión en Sanidad, Educación, Dependencias, Obras Públicas e Investigación, ha aplicado amnistías fiscales a los que más tienen mientras machacaba a quienes tenían nóminas por errores de menor cuantía, se ha gastado más de la mitad de la hucha de las pensiones sin ser capaz de buscar instrumentos alternativos de financiación para evitar la catástrofe que se nos viene encima, ha regalado miles de millones a los bancos sin hacer un plan para que ese dinero regrese a las Arcas Públicas, es incapaz de cortar de raíz uno de los problemas más graves que tiene el país y que no es otro que el de la delincuencia fiscal, la protagonizada por individuos de la más baja condición moral que tras llenarse la boca con España o Catalunya llevan sus dineros a lugares extraños para no contribuir a sostener lo que es de todos, es incapaz de hacer emerger la economía sumergida por la que se escapan cantidades incalculables de dinero y, por el contrario, es capaz de vivir sin inmutarse sobre un mar de corrupción que causaría estupor en cualquier país de nuestro entorno, países en los que se dimite por no haber pagado una multa de tráfico, y es capaz de conseguir en sólo una legislatura que los independentistas catalanes sean mayoría cuando antes de su llegada eran minoría.
En vísperas de la convocatoria de nuevas elecciones se habla mucho de la incapacidad de los políticos para llegar a un pacto como el que sucedió al comenzar la Transición. Empero, fue ese pacto, que por otra parte tuvo en su momento muchas virtudes, el que propició que hayamos llegado a dónde hoy estamos, a esta situación de inmoralidad pública y privada en la que son posibles todas las concupiscencias y en la que los intereses del pueblo están muy por detrás de los de las grandes corporaciones y los grandes afortunados. Se habría podido pactar si el Partido Socialista hubiese querido un gobierno de izquierdas, pero un pacto a cualquier precio con antagonistas, con maneras radicalmente distintas de entender la Cosa Pública, sólo habría servido para que todo siguiese igual, para continuar aplicando la política de hechos consumados e irremediables, para mantener el "modus vivendi" establecido desde aquella tan halagada Transición, una Transición que ni siquiera ha permitido dar sepultura a quienes todavía, para vergüenza general, siguen yaciendo en cunetas y tapias de cementerios por el sólo delito de haber defendido la Democracia de los golpistas que terminaron asesinándola. Tenemos, aún lo tenemos, un gobierno franquista con una moral franquista y una praxis franquista. Nadie espere nada bueno de quien tales orígenes tiene y de tal manera actúa. Del mismo modo que Francisco Franco, el maestro, estaba convencido de que su tiranía era lo más y lo mejor, estos señores que nos gobiernan piensan que su política es la más "patriótica", aunque un tercio de los ciudadanos vivan en la miseria, aunque esté exiliando a nuestros jóvenes más preparados para que den el fruto de su trabajo y su estudios a otros países que nada invirtieron en ellos, aunque de cincuenta años para abajo casi todos estén convencidos de que no cobrarán pensión alguna, aunque los pensionistas que han sostenido y sostienen el mayor peso de la crisis al asistir con sus menguados ingresos a hijos y nietos en situación de desamparo, miren con temor al día de mañana dada la pésima gestión que de los dineros de la Seguridad Social ha hecho el Gobierno.
Las nuevas elecciones son algo perfectamente normal en un país democrático, esperemos que también sea normal el resultado y que el voto de los españoles sea, esta vez sí, capaz de apartar para siempre del poder, de los poderes, a quienes tanto daño han hecho a tantos. En otro caso, la suerte está echada: Vamos a una catástrofe general.
Posted: 04 May 2016 07:30 AM PDT
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Cumple El País cuarenta años, un día que debería ser dulce y feliz para el periodismo español pero que nos deja, en cierto modo, un poso de amargura. La profesión está hecha unos zorros, hay más periodistas en el paro que destapando escándalos políticos en las redacciones y la credibilidad internacional de nuestro periodismo está por los suelos, ya lo han dicho los catedráticos de Oxford. A todo esto se ha abierto una batalla sin cuartel entre los pequeños diarios digitales, que hacen un periodismo alegre, valiente y barato, contra los poderosos grupos mediáticos en papel, millonarios arruinados que viven anclados en las viejas portadas del pasado que ya nadie lee. Los barquitos virtuales de Infolibre, Diario.es, El Confidencial y otros muchos, formados en buena medida por veteranos lobos de mar del periodismo que fueron injustamente despedidos, pese a sus hojas de servicio intachables, le están haciendo la guerra de guerrillas a los oxidados portaaviones de papel, cuyos almirantes y contables aún no se han dado cuenta de que su tiempo ya pasó, de que el casco tiene demasiadas grietas y que hace aguas por todas partes. Es una guerra todavía desigual entre mundos completamente distintos: por un lado la era digital con su nuevo lenguaje, sus tuits, sus hashtags y sus noticias virales de vértigo, y por otro el viejo y romántico titular en tinta negra del día siguiente, que solo lo leen cuatro jubilatas de barra y bar, y ya ni eso, que ahora los yayoflautas están muy puestos y le hacen la jodienda cibernética a Rajoy con una tablet bajo el brazo. Asistimos pues a una lucha sin cuartel entre el periodista hacker y el antiguo régimen de las grasientas rotativas imperiales, entre los pequeños medios digitales que surgen como setas por doquier y los holdings mediáticos que tanto daño han hecho a la profesión. Buena parte de culpa de la crisis del periodismo la tienen ellos, los yupis de cabellos engominados medio analfabetos que han aplicado sus asquerosos balances contables sacados de la Escuela de Empresariales a un oficio tan bello y noble como es el periodismo. Esos diablos de traje y corbata que son tan corruptos como Bárcenas y sus amigos genoveses han llevado a la prensa libre a la ruina al venderse al poder financiero, a la publicidad y a los políticos que les cierran el pico con el chupito de las subvenciones.
Pero no todo está perdido porque hay un puñado de reporteros que han vuelto a la calle, a las libretas de gusanillo, a los cuarteles y comisarías y a los juzgados para hacer periodismo del bueno y servírselo a diario a Ferreras, en bandeja de plata cocinada al rojo vivo, mientras los directores de los anticuados pergaminos, funcionarios adocenados que bostezan en las redacciones de los rotativos convencionales (cada día más frías y desoladas por tanto despido) no son capaces de ver lo que se les viene encima. Son como ciegos dinosaurios de papel que entonan el último canto de cisne antes de su extinción total. Uno, que ya no recuerda la última exclusiva que dio El País (me dice un compañero informado que fue la del juez Dívar y sus viajes sonrojantes, ya ha llovido) asiste atónito a los coqueteos del rotativo madrileño con la banca, el poder monetario y hasta con el Gobierno del PP, al que ya le compra sin rubor los engaños económicos para venderlos a cinco columnas. Ha sido El País, durante décadas, nuestro periódico, el periódico que nos sacó de la cueva del golpismo y nos dio de mamar la leche fértil de la democracia, el periódico que alumbró aquella portada mítica del 23F. La Biblia de toda una generación que ha crecido en libertad. Siempre estaremos agradecidos a aquellos periodistas barbudos y gafapastas de chaquetas de pana (los hipsters de la Transición) que empapelaron la historia de España con las páginas del diario independiente de la mañana. Pero aquellos tiempos dorados de independencia y rigor se perdieron sin remedio y ahora El País ha pasado de ser el periódico del PSOE al periódico de una parte del PSOE, mayormente los jerarcas adinerados (lo cual es todavía peor) mientras Cebrián, el rey de Prisa que va deprisa para no llegar a ninguna parte, se dedica a despedir a los periodistas que cuentan la verdad sobre sus negocios y a desacreditar a la izquierda real, Podemos mayormente. Este País, aunque nos duela reconocerlo, ya no es nuestro País. Tan triste como cierto.
Posted: 04 May 2016 05:43 AM PDT
Julio Anguitamundoobrero.es | 17/04/2016
Creo que a estas alturas no queda nadie de izquierdas o mínimamente progresista que se llame a engaño y siga creyendo en la posibilidad de concertar con el PSOE algún tipo de alianza programática, o al menos de establecer sintonías en torno a cuestiones de calado: paro, política fiscal, libertades, UE, reforma constitucional, etc. Solamente la fuente inagotable de corrupción en la que se ha convertido el PP ha obstaculizado los designios de Felipe González, ilustres "ex" y otros pesos pesados de la dirección del PSOE. Y que no se escandalice nadie, la propuesta de pactar con el PP y Ciudadanos es de una lógica impecable y además tiene como referencia a Alemania.
Creo también que el análisis riguroso de la realidad económica, social y política de las últimas décadas no permite llamarse a engaño o refugiarse en evasivas y circunloquios sobre la posibilidad de construir una sociedad en la que los DDHH se cumplan, siquiera mínimamente, con los mimbres y organizaciones instaladas en el consenso constitucional desde la Transición y que no han cambiado o al menos mostrado alguna duda a tenor de los hechos y realidades del presente. El mito europeísta con el que las grandes fuerzas políticas, sindicales e intelectuales consiguieron abducir al país, ha devenido en un monstruo violador de DDHH y totalmente en las antípodas de eso que vino en denominarse "el espíritu de Europa".
Tras tres meses de idas y venidas cual ardilla de la fábula, las cosas están como están y la realidad, tozuda, no se cansa de repetirnos una y otra vez que las fuerzas partidarias del cambio concreto deben abandonar ya el escenario mediático y dejar de "cargarse de razón" cara al electorado y a unos medios de comunicación insensibles a tan encomiable esfuerzo. La línea a seguir, si quiere ser consecuente con las necesidades populares y con sus proyectos, debe empezar por asumir que el reto está en las próximas elecciones, sean éstas en este año o dentro de cuatro. En el primer caso estaríamos ante un escenario de inmediateces que repetiría el 20 D pasado. Pero si el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos logra cuajar a través de los mil y un encajes de un kamasutra político con el PP, la tarea de las fuerzas del progreso tendrá un plazo suficiente para plantar cara con proyectos, estrategias y alianzas sólidas.
Podemos ha conseguido en las pasadas elecciones una importante cabeza de playa cara al futuro, pero nada más. IU y a pesar de la traducción de los votos en escaños tiene cuadros, experiencia y organización (aunque debilitada por el inútil debate interno que no cesa en torno a la relación con el PSOE y los sindicatos). Los movimientos, plataformas y colectivos que tanta movilización protagonizaron antes de la convocatoria electoral el año pasado tienen un potencial indudable (siquiera porque sus causas siguen vivas y dolorosas). Y otras fuerzas políticas en los aledaños de un cambio para una reconstrucción democrática son, por débiles que parezcan, aportes indispensables para una acción conjunta.
En absoluto estoy planteando una simple alianza electoral, abordada a última hora y con sus avatares en permanente protagonismo mediático. Estoy planteando la formación de una alianza programática (que es mucho más que un rosario de intenciones) que incluya acciones, discurso e imaginario colectivo común. Y todo ello sin que nadie pierda su identidad, siglas o características propias. ¿Es tan difícil llegar a un acuerdo sobre medidas inmediatas y urgentes? ¿Es tan inaccesible alcanzar un consenso en señalar las características del enemigo común y actuar en consecuencia?
Creo que, a mi juicio, es ésta la única y necesaria salida. No es sólo una cuestión de proyecto dentro de un haz de opciones, es la llamada de la realidad la que convoca y, además, de manera perentoria. Se necesita construir un bloque, un frente, un movimiento o como queramos llamarle que conciba el hecho electoral como el corolario de una acción permanente y programa anterior en torno a la cohesión unitaria. Y además con las necesarias conexiones europeas que hagan viable la recuperación de soberanía, el proceso constituyente y otro modelo de concebir y realizar Europa.

Posted: 04 May 2016 05:26 AM PDT
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yometiroalmonte.es | 04/05/2016
Los hechos sucedieron en octubre. Pedro Llamas, de 26 años, explicó que vender pescado era el único recurso que tenía para alimentar a su hijo de tres años. La Policía Local de Cádiz le requisaba la caja y alguien lo grabó en vídeo.
Más tarde, José Manuel Rodríguez lo subía a Youtube, y esto le ha costado una multa de 601 euros en aplicación de la Ley Mordaza. Ahora tiene pensado recurrir la sanción, porque asegura que él no fue quien grabó las imágenes. "Yo vi que se estaban compartiendo por las redes sociales, lo descargué y subí a mi canal de Youtube. Me podría acusar el propietario de la grabación de apropiación indebida, pero la Policía no puede acusarme de ser yo el responsable de la grabación".
El joven asegura que ni siquiera fue testigo de la escena: "No estuve allí". Además, considera que muchas televisiones nacionales también emitieron esa misma grabación. "No he sido yo precisamente el que le ha dado más difusión". Y añade que hubiese estado dispuesto a retirarlo del canal si así se hubiese solicitado.
La Policía argumenta que "con la divulgación de las imágenes se pone en peligro la integridad física de ambos funcionarios" porque son identificables "perfectamente". Señalan también que el denunciado realiza "comentarios contrarios y de evidente desprecio". A lo que José Manuel Rodríguez responde: "No hice el vídeo ni tampoco, por tanto, los comentarios".
Origen: Multa por subir a Youtube un vídeo con policía confiscando el pescado que vendía un padre en paro
Posted: 04 May 2016 04:33 AM PDT
PSC
CatalunyaPlural.cat | 04/05/2016
La Guardia Civil ha detenido este miércoles a cuatro personas, entre ellas a Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete del alcalde de Tarragona, por el caso de corrupción Inipro, que afecta al PSC. Los agentes también practican 11 registros en entidades públicas, mercantiles, despachos profesionales y domicilios en las provincias de Tarragona y Barcelona. Entre ellos, figuran los ayuntamientos de Tarragona, Viladecans y Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), todos ellos liderados por el PSC.
También han sido arrestados el primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero (PSC); uno de los administradores de Inipro, Ricard Campàs; y el empresario de Itinere -vinculada a Inipro-, Enrique Miró. Según ha informado la Guardia Civil, se investigan posibles delitos contra la administración pública en el marco de una operación que se inició a finales de 2015. El origen del caso se encuentra en el Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tarragona por la adjudicación de un contrato a la mercantil Iniciativas y Programas (Inipro).
Las entradas y registros se realizan en el Ayuntamiento de Tarragona para acceder al servidor y obtener datos de uno de los detenidos, en los Ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans, en dos mercantiles en Barcelona y Viladecans, en un despacho profesional en Viladecans y otro en Reus, y en los domicilios de los cuatro detenidos. El juzgado de instrucción 1 de Tarragona ha ordenado la operación.
En este juzgado, dentro del caso Inipro, declaró como investigado -antiguo imputado- el pasado mes de enero el alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC). Se le investiga por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y alteración de precios en subastas públicas. En el auto que ordenaba citar a declarar a Ballesteros como investigado, el juez consideró que Ballesteros "no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa [Inipro] en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de irregularidad".

¿Qué es el caso Inipro?

El origen de la investigación del caso Inipro es una denuncia de la CUP de Tarragona. Los hechos se remontan a 2010, cuando finalizó el contrato municipal por valor de 61.011,6 euros con la empresa Inipro, que tradicionalmente ha estado vinculada a la contratación de los ayuntamientos gobernados por el PSC.
En las condiciones de contratación con el consistorio tarraconense se fijaba la imposibilidad de prorrogar el contrato que terminó en 2010. A pesar de ello, el auto judicial señala que la relación económica entre el Instituto Municipal de Servicio Social de Tarragona (IMSST) e Inipro se prorrogó durante 21 meses careciendo de soporte contractual, y que los pagos ascendieron a 215.145,57 euros.
El juez sospecha que el servicio contratado no era necesario, que hubo un "direccionamiento" de la adjudicación a Inipro, que se excluyó a cualquier otro competidor y que podría haber una contrapartida que desde la administración se podría haber obtenido a cambio de obtener el contrato a Inipro. Además de Ballesteros, están investigadas otras 10 personas.
Posted: 04 May 2016 02:51 AM PDT
Enric Llopis | Rebelión | 04/05/2016
Fue uno de los casos más amplificados por los medios de comunicación. A la activista ambiental hondureña y líder indígena lenca, Berta Cáceres, la asesinaron hace dos meses cerca de su casa en el municipio de La Esperanza (departamento de Intibucá). El motivo, su oposición a la construcción de una gran represa hidroeléctrica ("Agua Zarca") en el río Gualcarque, en un lugar sagrado para los indígenas. Pero no se trata de una excepción. En febrero de 2016 se produjo la masacre de Tolupanes, en el departamento de Yoro, en la que perdieron la vida cinco indígenas. Sólo quince días después del crimen contra Berta Cáceres, resultó asesinado otro líder del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Nelson García, en el contexto del desalojo de la comunidad de "Río Chiquito" (departamento de Cortés). Subyace al escenario represivo una elocuente estadística del Banco Mundial: casi dos tercios de la población hondureña vive por debajo del umbral de la pobreza.
Entre el 19 de abril y el 6 de mayo, cuatro indígenas lencas de Honduras -entre ellos Berta Zúñiga Cáceres, miembro de la COPINH e hija de la líder indígena asesinada- realizan una gira por diferentes países europeos: Bélgica, Holanda, Finlandia, Alemania y España. Además de la denuncia de la violación de los derechos humanos en el país centroamericano, la visita tiene como objetivo ejercer presión internacional para que el gobierno de Juan Orlando Hernández acepte la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una investigación (independiente) del homicidio. Otro de los cometidos de la gira es señalar a las empresas internacionales que, junto a Desarrollos Energéticos SA (DESA), promotora del macroproyecto en Honduras, han aportado financiación o materiales para la construcción de la represa: el banco de desarrollo holandés FMO, el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Voith-Hydro (Siemens), que suministra las turbinas.
El dos de mayo las autoridades hondureñas detuvieron a cuatro sospechosos del asesinato de la luchadora ambiental. Los arrestos permiten aventurar complicidades entre la empresa y los aparatos del estado. En la denominada "operación jaguar", resultaron detenidos el militar en activo Mariano Díaz Chávez; el oficial retirado Edilson Duarte Meza; el teniente retirado que también trabajó como subjefe de Seguridad de DESA Douglas Geovanny Bustillo; y el gerente ambiental y encargado de comunicaciones de la empresa DESA, Sergio Rodríguez Orellana (éste y Douglas Geovanny Bustillo fueron denunciados por el COPINH por amenazas). En declaraciones recogidas por la Agencia Efe, Juan Orlando Hernández se felicitó por el resultado de la "operación jaguar. El asesinato de Berta Cáceres, afirmó en el Palacio Presidencial, "es un duro golpe para el Estado de Honduras", porque se trata de "una de las defensoras de los derechos humanos del país".
¿Parten estas declaraciones de un crudo cinismo o de una satisfacción real? Según Berta Zúñiga Cáceres, practicar las detenciones "es su obligación". Además, "se han producido por la presión internacional y las denuncias y manifestaciones realizadas en nuestro país", ha criticado en un acto organizado en Valencia por Cedsala, Perifèries, Intersindical Valenciana, Brigadas Internacionales de Paz y Amnistía Internacional. Se ha excluido a la familia del proceso de investigación de la muerte de Berta Cáceres, hasta el punto que los parientes de la víctima han conocido los arrestos por los medios de comunicación. La COPINH y los familiares piden que se ahonde en la investigación hasta llegar a la autoría intelectual del crimen, pero mientras, del operativo contra los presuntos autores del atentado se extrae una conclusión: la complicidad entre la empresa que promueve la iniciativa "Agua Zarca" y la superestructura estatal (ejército).
En su descargo podría el ejecutivo aportar supuestos méritos como la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras, de 2015. Pero no es una ley "normada" para que pueda aplicarse, responde Berta Zúñiga Cáceres. Además, se trata de una "fachada", presentada antes de que el gobierno participara en Ginebra en el proceso del Examen Periódico Universal (EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. "No hay voluntad política, todos los días en nuestro país hay asesinatos", destaca la activista, que marca un punto de inflexión en el golpe de estado de junio de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Entonces se consolidó, más aún, el modelo extractivista neoliberal, que ahondó en la política de concesiones. Un año después, el ejecutivo nacionalista de derechas aprobó 47 concesiones hidroeléctricas, sin consultar a las comunidades locales. "El actual gobierno es una prolongación del golpe", sentencia Berta Zúñiga Cáceres.
El uno de abril de 2013 el COPINH de Río Blanco inició un bloqueo para frenar la construcción de la macropresa; fue entonces cuando comenzaron las amenazas y hostigamientos contra Berta Cáceres y otros activistas, recuerda Rosalina Domínguez, miembro del Consejo Indígena de Río Blanco y del COPINH, organización que lleva 23 años en la defensa del territorio. Se movilizaban para detener una represa que desviaría tres kilómetros el cauce del río, lo que pondría en peligro los bosques, recursos hídricos y medios de vida de las comunidades. "Las máquinas continúan avanzando, de ahí la gira por Europa", asevera Rosalina Domínguez en Valencia. Es lo que sucede hoy, pero desde 2013 tres indígenas –además de Berta Cáceres- han muerto en la batalla contra el macroproyecto. El 15 de julio de ese año, el ejército hondureño asesinó a Tomás García, líder lenca, cuando participaba en una manifestación pacífica. El caso se saldó en diciembre de 2015 con una condena por homicidio del suboficial del batallón de ingenieros, Kevin Yasser Saravia. Sin embargo, este militar resultó absuelto del intento de asesinato del hijo de Tomás García en la misma acción. Berta Zúñiga Cáceres pide responsabilidades al máximo nivel: "muchas veces en nuestro países se sacrifica a personas de bajo rango".
La ONG ACI-Participa asegura que más del 90% de los crímenes contra activistas de derechos humanos no se resuelven. A ello se agrega la ineficiencia en los mecanismos de seguridad, de hecho, desde 2009 hasta su asesinato, a Berta Cáceres se le debían aplicar las "medidas cautelares" establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (paradójicamente, la militante también fue condenada a pena de prisión por oponerse a la represa). Tal vez haya sido el crimen más propalado, pero los balances de los organismos de derechos humanos insisten, invariablemente, en el agujero "negro" que representa Honduras. El informe de 2015 de Amnistía Internacional señala que durante los conflictos por la tierra y los desalojos de los últimos años, las organizaciones campesinas del Bajo Aguán sufrieron amenazas y ataques violentos por parte de guardias de seguridad privados (vinculados a los terratenientes) y abusos de los militares. Las comunidades del Bajo Aguán han denunciado el asesinato de 90 campesinos entre 2008 y 2013.
El COPINH permanece habitualmente en la diana de grupos paramilitares y fuerzas del orden hondureñas. Por ejemplo, aseguran que resultaron atacadas por personas armadas no identificadas cuando, junto a otras organizaciones nacionales e internacionales, se hallaban en una reunión en recuerdo de Berta Cáceres. El informe de Global Witness ("Medio ambiente mortal") apunta que entre 2002 y 2014 murieron asesinados 111 activistas en Honduras. Si se atiende al índice de asesinatos per cápita, el país centroamericano es el más peligroso del mundo para los defensores del territorio y el medio ambiente. La violencia –el feminicidio- se encarniza singularmente con las mujeres: 4.400 asesinadas en la última década, con el 95% de los crímenes impunes según aseguran las organizaciones feministas. El COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) señala 3.064 casos de "criminalización" o uso indebido de la legislación penal contra defensores. A partir de la información recibida, el Comité Interamericano de Derechos Humanos concluye, en el informe de 2015, que parte de la inseguridad en el país proviene de los cuerpos policiales, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.
Posted: 04 May 2016 01:51 AM PDT
Tres personas han muerto y varias más han resultado heridas en la zona de la ciudad controlada por el Gobierno tras un ataque a un hospital, uno más en los numerosos enfrentamientos que en las últimas dos semanas suman ya más de 250 víctimas fatales.
KAREEM SHAHEEN – Beirut | El Diario | 04/05/2016
Un hospital de maternidad de una zona controlada por el Gobierno en Alepo ha resultado dañado gravemente por un misil y ha matado al menos a tres personas, según la agencia de noticias estatal. Ha sido el sexto ataque que ha afectado a instalaciones médicas en casi dos semanas de duros enfrentamientos que han matado a más de 250 personas y han dejado esta antigua ciudad al borde de la catástrofe humanitaria.
Un proyectil ha impactado contra el tanque de combustible de un vehículo militar cerca del hospital de Al Dabeet. El vehículo ha explotado y ha dañado gravemente el edificio. Las imágenes del hospital muestran que muchas de sus ventanas se han hecho añicos por la explosión.
El Gobierno sirio ha informado de que al menos 14 personas han muerto y varias más han resultado heridas en ataques rebeldes por toda la ciudad. Los activistas han informado de dos muertes en los barrios rebeldes.
El ataque de Al Dabeet llega días después de que el Gobierno de Bashar Al Asad destruyera un hospital apoyado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Médicos Sin Fronteras (MSF), en un ataque aéreo que mató al último pediatra que quedaba en la zona Este de Alepo, tomada por los rebeldes.
Los bombardeos indiscriminados e implacables de las fuerzas gubernamentales y los de represalias de los rebeldes han agravado la crisis humanitaria que envuelve la ciudad. Hace diez días, el régimen de Asad lanzó una dura ofensiva dirigida a cortar los suministros a los rebeldes. Esto marcó de facto el final de una tregua inestable negociada por Estados Unidos y Rusia y que debía sentar las bases de unas conversaciones de paz.
"La situación se sigue deteriorando, los enfrentamientos no cesan", afirma el portavoz del CICR en Siria, Pawel Krzysiek. "La violencia, la destrucción y el pánico extendidos siguen como resultado de los ataques aéreos, los bombardeos, los morteros y los enfrentamientos. Alepo es uno de los peores lugares para estar en estos días", añade.
Los habitantes de la parte este y de la parte oeste de Alepo, dividida entre la oposición y el régimen, describen una desesperación cada vez mayor en medio de las implacables luchas que se desarrollan en una de las ciudades más antiguas del mundo, ahora convertida en una sombra de su antigua gloria.

El sudario ensangrentado

Abu Ali, que vive en la zona de la ciudad controlada por la oposición, cuenta cómo su hijo murió hace dos días en un ataque del Gobierno. Un proyectil del régimen lanzado desde Alepo occidental impactó en su casa de Haydariya. Los trabajadores de protección civil pasaron dos horas buscando a su hijo entre los escombros, tras liberar a otros. Después, Abu Ali acabó descubriendo la ropa de su hijo bajo el hormigón.
Los agentes de rescate los llevaron corriendo al hospital, donde, según cuenta un testigo, Abu Ali se sentó junto a la ambulancia y rezó con la cabeza entre sus rodillas. Quince minutos después, un enfermero salió llevando un cuerpo envuelto en un sudario blanco manchado de sangre.
"En ese momento, mi mente no estaba conmigo, no podría ni siquiera contaros lo que estaba pensando", expresa Abu Ali en una entrevista con the Guardian desde Turquía, donde su hija está bajo cuidados intensivos después de que la llevaran ahí desde Alepo. "Lo vi, y su alma lo había abandonado en ese lugar. Dios es ahora mi único apoyo".
A unos kilómetros de Haydariya, en el oeste occidental, controlado por el Gobierno, los civiles se enfrentan al horror del "cañón del infierno", un proyectil improvisado a partir de bombonas de gas que puede destruir edificios. Una mujer relata cómo la familia de su hermana y su sobrino fueron los únicos supervivientes de una bomba rebelde que derrumbó buena parte de su casa. El sobrino huyó, aterrorizado por la violencia, y su mujer, embarazada, apenas escapó de los escombros.
"Su hijo está recién casado, y toda su casa ha desaparecido", cuenta la mujer. "Todo el mundo murió, salvo ellos. Ahora no tienen techo".
Los habitantes del lugar dicen que les han obligado a buscar refugio en los baños de sus casas, con la esperanza de estar mejor protegidos de los bombardeos. Las imágenes que han circulado en Internet muestran a estudiantes de la Universidad de Alepo de pie en los vestíbulos del campus para evitar las ventanas y los proyectiles. Las autoridades temen que el Gobierno trate de rodear Alepo Este y dejar a sus habitantes –que llevan años sobreviviendo a la guerra y a las ruinas– bajo uno de los mayores asedios del conflicto.

Vivir en estado de sitio

Más de un millón de sirios están viviendo en estado de sitio, la mayoría por imposición del régimen de Asad. "Si esto ocurre, o la gente consigue abandonar Alepo Este y dirigirse al paso fronterizo de Bab Al Hawa hacia los campos de refugiados o se convertirá en una de las mayores poblaciones bajo asedio", advierte Aitor Zabalgogeazkoa, representante de MSF en Estambul y exdirector de misión en Alepo.
Zabalgogeazkoa explica que en los últimos días ha habido víctimas civiles masivas, también en Alepo occidental, y un asedio dejaría la parte este de la ciudad en situación de catástrofe, sin agua corriente y con suministros médicos escasos. Un almacén de MSF en la ciudad que reabastecía a los hospitales locales fue destruido hace dos días.
"La dinámica del conflicto en los últimos cuatro años ha sido una falta de respeto a la vida de los civiles", explica. Krzysied cree que la situación en el este de Alepo es particularmente desesperada ya que los suministros son cada vez más escasos y los envíos de ayuda pueden ser desviados debido a los combates.
"En este momento, nadie está a salvo en Alepo", asegura. "No hay ningún lugar seguro, ningún sitio parece librarse de los ataques aunque muchos deberían. Estamos preocupados por el bien de aquellos que estaban en terribles condiciones, materiales o médicas, antes de que el conflicto se intensificase".
"No sé cómo la gente puede recibir tratamiento cuando los hospitales han sido dañados. Dónde van a conseguir agua si las fuentes de agua están en riesgo y es demasiado peligroso llegar a la más cercana. Cómo van a conseguir comida cuando somos incapaces de cruzar los frentes de batalla para conseguirla", lamenta.
Para los civiles atrapados en cualquiera de los dos lados, hay muy poca esperanza. "Mi hijo murió, tenía siete años, mi hija está en cuidados intensivos", explica Abu Ali. "Rezo por mi hija. Dios es mi único apoyo ahora y al único al que puedo reclamar. Estoy en shock. Le pedimos a dios firmeza", concluye.
Posted: 04 May 2016 01:43 AM PDT
  • Una normativa aprobada con los únicos votos del PP exige que los ediles pidan permiso para mandar correos electrónicos a promotores inmobiliarios.
  • En las reuniones autorizadas un funcionario municipal deberá levantar acta de los asuntos tratados y enviarla a la secretaría de la Junta de Gobierno.
  • La ordenanza causa indignación en Ciudadanos, que considera que la prohibición señala injustamente a su partido.
José Precedo | El Diario | 03/05/2016
El Ayuntamiento de Alcorcón –donde gobierna el PP con 10 de los 27 concejales y el apoyo puntual de otros cuatro de Ciudadanos– prevé prohibir a los ediles de la corporación municipal y a los funcionarios reunirse con empresarios, mantener conversaciones con ellos e incluso enviarles correos electrónicos, sin que esté presente un trabajador público y sin que se le comunique a la Secretaría del Pleno de este municipio de 170.000 habitantes situado al sur de Madrid.
Para que un representante público de Alcorcón pueda siquiera acercarse a un empresario deberá obtener la autorización del Gobierno municipal y un funcionario levantará acta en 24 horas sobre el contenido de la conversación. Así lo planteó el alcalde, David Pérez, en un documento que se aprobó el pasado marzo con los únicos votos de su partido en la Junta de Gobierno Local. La decisión aquel día fue la de iniciar el procedimiento para convertirlo en ordenanza. El proyecto sigue adelante, según el propio Pérez aseguró este martes a eldiario.es
Esa prohibición para evitar que ediles y empresarios se reúnan llega en vísperas de la gran recalificación de suelo que el Ayuntamiento prevé realizar a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. En las mentes de los integrantes de la corporación municipal están los 12,3 millones de metros cuadrados, equivalentes al 40% de la superficie del municipio en el distrito norte, donde en los últimos años ya se frustró la instalación del polémico proyecto de Eurovegas y otras operaciones inmobiliarias como la construcción de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid.
Fuentes municipales apuntan que todo forma parte de una guerra por intereses inmobiliarios, donde el PP y Ciudadanos mantienen posiciones enfrentadas.
Las polémicas urbanísticas en este municipio al sur de Madrid vienen de lejos. El Tribunal Supremo ya anuló en noviembre de 2014 el cambio de uso de esas gigantescas parcelas –que ocupan el 40% de la superficie en Alcorcón– a suelo urbanizable, planteado en 2008 por el anterior Gobierno socialista y que contó con el respaldo de la Comunidad de Madrid, entonces en poder de Esperanza Aguirre. La sentencia del Supremo dio la razón a Ecologistas en Acción, que impugnó el plan entonces y ahora denuncia una nueva "operación especulativa".
Los primeros trámites para modificar el Plan General –cuyos últimos cambios datan de 1991­– llegaron el pasado octubre de la mano de Ciudadanos que propuso iniciar la revisión del planeamiento. Su moción se aprobó en el Pleno con el respaldo de sus cuatro ediles y la abstención del resto de partidos (PP, PSOE, Ganar Alcorcón e Izquierda Unida, 23 concejales en total).
La normativa impulsada ahora por el PP en la Junta de Gobierno Local, que algunos ediles califican en privado como "ley nazi", establece en su primer punto: "Queda prohibido mantener reuniones o contactos con cualquier tipo de empresas a todos aquellos que las representen sin que se comunique previamente a la Secretaría del Pleno y sin la presencia de un funcionario. El funcionario presente en la reunión autorizada elevará informe antes de 24 horas al secretario general del Pleno sobre el mencionado contacto, quien custodiará dicha información y dará cuenta de las mismas al titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local".
El segundo mandamiento de la orden municipal evidencia que detrás de la ordenanza está el urbanismo: "Esta prohibición se extiende a cualquier contacto, correo, conversación o reunión con propietarios de suelo, promotores inmobiliarios, constructores u otro tipo de empresario con interés en la actividad municipal. De igual manera, se extiende a los despachos, estudios o gestorías profesionales y mediadores de todo tipo que de una manera u otra les representen, y que afecte a decisiones urbanísticas, expropiaciones, calificaciones, licencias […]".
Y en el tercer punto el Ayuntamiento de Alcorcón prohíbe algo que ya castiga el Código Penal: "Que cualquier responsable municipal, sea político o funcionario, mediar ante otros funcionarios o políticos a favor de intereses privados de todo tipo, incluyendo la concesión de licencias, la presentación de productos o servicios".
La lista sigue y obliga a los funcionarios a establecer un control de cada fotocopia que se hace sobre la documentación municipal. En el punto ocho la orden amenaza con "expedientes disciplinarios" a los funcionarios que contravengan las normas o con "exigencia de responsabilidades" si son concejales.

"Apuesta por la transparencia"

El alcalde, David Pérez, sostiene que su plan es un paso más en la "transparencia" de la institución y alude a "reuniones impropias que algún partido de la oposición estaba manteniendo con constructores y terratenientes". "Para quien primero rige es para mí y para mis concejales. El otro día nos reunimos con una empresa que venía a instalarse aquí y le pedimos que los contratos se hiciesen a gente de Alcorcón. De todo eso se ha levantado acta. No voy a referirme a ningún partido pero no entiendo que esta medida de transparencia se tome como una forma de control a la oposición. Qué hace la oposición reuniéndose con constructores y promotores", defiende el regidor en conversación telefónica.
La ordenanza ha causado perplejidad e indignación sobre todo en Ciudadanos, que hasta ahora ha prestado apoyos puntuales al Gobierno del PP y ha abierto una brecha entre estos dos partidos. Su portavoz, Alfonso Reina, considera que la prohibición señala directamente a su partido. "Va contra el derecho de reunión, es casi inconstitucional. Y me recuerda a esa época en la que yo no había nacido hace cuarenta años. Hay un montón de empresarios con problemas, Alcorcón se está desindustrializando y nosotros vamos a hablar con ellos. La normativa es desconfianza en parte de los propios del PP y total en el resto. Yo no voy a pedir el epígrafe del impuesto de actividades económicas a un ciudadano para hablar con él".
A quienes alertan de que hay una disputa entre Ciudadanos y el PP por los intereses de distintos grupos inmobiliarios, Reina advierte: "Ciudadanos no tiene intereses inmobiliarios. Queremos que Alcorcón tenga empresas y genere empleo. Hay que revitalizarlo y tener empresas del siglo XXI. La gente solo piensa en el distrito norte. Lo importante son los polígonos y el uso del suelo empresarial".
El PSOE en Alcorcón sostiene que "se ha confundido la transparencia con el control de la oposición". Su portavoz, Natalia de Andrés, defiende que "a día de hoy se trata de un código que está planteando para publicitarlo y que ni siquiera se ha explicado cómo se va a gestionar. Entiendo que se están buscando titulares". "Si me reúno con los comerciantes cuando cierran las tiendas para hablar de sus problemas, ¿qué funcionario va a venir? ¿Vamos a pagar horas extras? Hemos solicitado las actas de las reuniones del alcalde con el Atlético de Madrid y nos las niegan. Quien debe ser transparente es quién está gobernando".
El portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, tacha "de desfachatez que un partido investigado por recibir sobres y sobornos ahora se dedique a prohibir reuniones a la oposición y a hacer oposición a la oposición". "En Ganar Alcorcón ya tenemos un código ético muy estricto en nuestras relaciones con los poderes económicos, pero esto es otra cosa", se queja su portavoz.
Posted: 04 May 2016 01:23 AM PDT
La organización juvenil del partido la lía en las redes sociales al acusar al gobierno valenciano de izquierdas de gastar 2.500 euros en cervezas que, en realidad, fueron encargadas por un ejecutivo popular.
Antonio Montiel (Podemos), Mónica Oltra (Compromís) y Ximo Puig (PSPV-PSOE), en un meme difundido en algunas cuentas del PP. Antonio Montiel (Podemos), Mónica Oltra (Compromís) y Ximo Puig (PSPV-PSOE), en un meme difundido en algunas cuentas del PP.
Voro Maroto | El Diario | 03/05/2016
Al PP valenciano lo ha mirado un tuerto. O hay algo más. A sus conocidos problemas con la corrupción (casos Taula IVAM o financiación ilegal, por citar algunos) se suman algunos de comunicación. El último, el llamado Birragate, que ha sido de lo más leído (trending topic en España) en Twitter este martes. ¿Qué es el Birragate? En resumen, una denuncia del PP contra las corruptelas del PP.
Los hechos arrancan por la mañana. Un periódico pública una noticia que vendría a subrayar el cinismo y los abusos de poder del gobierno valenciano, formado por el PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos: la izquierda ha cargado 2.500 euros en cervezas a las cuentas de la Generalitat. El gobierno que venía a "rescatar personas" y a manejarse con austeridad tras la época de los grandes eventos se tiraba al monte del gasto descontrolado y frívolo.
Esa es, al menos, la narrativa lanzada desde varias cuentas del PP. Por ejemplo, este mensaje, que incluye la noticia original:
Después de cerrar bancos de alimentos, el Gobierno valenciano paga con la caja fija 2.500€ en cervezas #birragate pic.twitter.com/tDlUif6Lii
— NNGG Ribera Alta (@NNGGRiberaAlta) May 3, 2016
Supuestamente, alguien del partido decide bautizar el asunto como el Birragate. En apariencia, un intento de unirlo con grandes escándalos de la política norteamericana -el mítico  Watergate o el Irangate– y de replicar al Ritaleaks, los gastos supuestamente suntuarios atribuidos a Rita Barberá, denunciados en vía judicial y explotados mediaticamente en su día por Compromís.
La operación iba sobre ruedas. Las redes sociales ardían con comentarios contra el gobierno valenciano, que habría pagado las cervezas, además, con cargo a la caja fija, la partida que sirve para afrontar gastos inesperados o puntuales como taxis, dietas o materiales de oficina sin control presupuestario previo. En su día, los partidos de izquierdas llegaron a equiparar ese mecanismo con una caja black del PP. Las tornas habían cambiado.
Pero no. El gobierno pagó las cervezas en julio pero el gasto, como ha confirmado la empresa beneficiaria del cobro, se hizo bajo el gobierno anterior, del PP. El periódico matizaba su información inicial. La información -y el fervor en las redes sociales-  se volvía en contra del PP: El birragate, de existir, sería una corruptela imputable a su propio partido. Este tuit de Compromís despertó la hilaridad en el ciberespacio.
Cap problema! Vos convidem a una birra per oblidar que hui ha sigut un dia dur, @NNGG_CV: la factura #birragate és del govern PP 😘
— Compromís (@compromis) May 3, 2016
A partir de ahí, las chanzas sobre el birragate se han sucedido. Un ejemplo:
Si se os está haciendo largo el martes, pensad en los de NNGG, que han montado el #birragate contra su partido pic.twitter.com/WFmVmmHmMN
— isacastello (@isacastello) May 3, 2016
Quan vols fer un escàndol contra un partit i resulta que l'escàndol és de l'època de quan tu governaves. #birragate pic.twitter.com/WsYMC5G0Ai
— Eugeni Alemany (@EugeniAlemany) May 3, 2016
El ensañamiento digital, casi siempre con ironía o sarcasmo, se ha centrado en Nuevas Generaciones, ya que la organización juvenil del partido es la que ha empujado con la comunicación del Birragate, aunque el PP valenciano, el grupo popular en el parlamento valenciano y algunos cargos, a título individual, se hicieron eco de la denuncia inicial. Desde la aclaración del asunto, el PP valenciano mantiene un atronador silencio.
Posted: 04 May 2016 12:31 AM PDT
La Marea entrevista al portavoz de Greenpeace tras la filtración, por parte de la organización, de un documento que revela el estado de las negociaciones.
Luis Ferreirim (Greenpeace): Protesta contra el TTIP en Madrid, el año pasado. Álvaro Minguito / DISO Press
 | La Marea | 03 mayo 2016
La noticia daba este lunes la vuelta al mundo: Greenpeace Holanda hacía públicas 248 páginas de documentos que revelan presiones de EEUU para rebajar las exigencias comunitarias en materia medioambiental y alimentaria en el marco de la negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés). Una maniobra definida por la organización ecologista como una "defensa de la transparencia" que, a su juicio, está brillando por su ausencia en las negociaciones del tratado entre ambas potencias.
Los documentos publicados por Greenpeace comprenden aproximadamente la mitad del borrador del texto fechado en abril de 2016. 13 capítulos más una nota titulada Estado táctico de las negociaciones TTIP-marzo de 2016, que hablan, entre otras cosas, de reducir las exigencias sobre productos químicos, pesticidas y organismos modificados genéticamente, fuertemente regulados a este lado del Atlántico.
Luis Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace y portavoz de la organización, explica a La Marea el contenido de los documentos y las consecuencias que tendría para los ciudadanos y el medio ambiente la hipotética aprobación de un tratado cuya oposición no para de crecer entre la ciudadanía europea. Luis Ferreirim (foto: Greenpeace).
¿Cómo accede Greenpeace a estos documentos?
Greenpeace no puede revelar cómo ha accedido a ellos: se trata de una cuestión interna. Lo importante es que son documentos verídicos, y así está comprobado y confirmado. Hay que tener en cuenta que no son los documentos finales, porque había incluso frases tachadas, en fase de trabajo.
¿Cómo han reaccionado los afectados por esta filtración?
La única reacción ha sido de la Comisión Europea. Y todo lo que han venido a decir es absolutamente contradictorio con lo que estamos denunciando: que lo que pretenden estas negociaciones es allanar el camino para las grandes corporaciones, incluyendo la posibilidad de que esas mismas multinacionales demanden a los países. Ellos han reaccionado negándolo, diciendo que en ningún caso se iba a disminuir la capacidad de la legislación europea de proteger el medio ambiente y la salud de las personas, pero los documentos demuestran precisamente lo contrario.
¿Qué consecuencias cree que puede tener que se hayan hecho públicos?
Nuestra principal demanda y nuestro principal objetivo es conseguir que se detengan las negociaciones.  Ésas son las consecuencias que debería tener. Porque estos documentos son el ejemplo más claro de la poca transparencia que hay detrás de esta negociación. De lo poco democrático que es que no sepamos lo que se está negociando y debatiendo en este acuerdo. De la gran amenaza que supone para la ciudadanía y para el medio ambiente. La gente tiene derecho a conocer las implicaciones que tendría el TTIP.
Hablemos de esas amenazas, fundamentalmente en materia de salud pública y medioambiental. Mucha gente aún no sabe en qué afectaría a sus vidas una hipotética aprobación del TTIP. ¿Cómo hacer llegar de manera clara ese mensaje?
No siempre es fácil, porque se trata de documentos complejos. Pero ya antes de conocerlos ha habido una gran oposición, sobre todo en otros países de Europa, donde se han manifestado casi 3.000 millones de personas contra el TTIP. La gente ha de saber que lo que busca EEUU, principalmente en materia medioambiental, es conseguir que se armonicen a la baja las legislaciones en materia medioambiental y de protección de la ciudadanía. Aunque la legislación europea no es perfecta, y eso conviene subrayarlo, es mucho mejor que la estadounidense. Por ejemplo, en Europa está legislado el principio de precaución, que posibilita que en caso de que existan dudas científicas sobre los riesgos de determinados productos químicos, como los plaguicidas o los disruptores endógenos, de los que la OMS ha dicho que son probablemente cancerígenos, éstos no lleguen a las estanterías de los supermercados. Frente a ese principio de precaución, en EEUU se gestionan a posteriori los riesgos de esas sustancias, en vez de prevenir y evitar que lleguen a la población. Lo mismo ocurriría con los transgénicos: la legislación europea no es idónea y nos gustaría que fuera más restrictiva, pero ha evolucionado bastante. La presión de EEUU pretende eliminar las barreras legislativas para conseguir que productos, cultivos y alimentos transgénicos que no están autorizados en la UE puedan entrar más fácilmente en nuestro mercado. Por lo tanto nos podríamos encontrar con nuevos productos transgénicos no etiquetados y que no han pasado las evaluaciones de riesgo a las que obliga la legislación europea.
Los documentos filtrados tampoco hacen referencia al cambio climático. Llama la atención, dada la reciente firma del Acuerdo de París…
Sin duda. Es algo totalmente paradigmático que después de una cumbre tan importante como la de París, en la que todos los países firmaron este acuerdo sobre emisiones, nos encontremos con que no existe ni una sola referencia al cambio climático en un acuerdo entre dos potencias tan importantes como EEUU y la UE. Eso demuestra que las palabras son muy bonitas a la hora de reunirse y hacerse la foto, pero cuando surge la primera oportunidad de materializar dichos acuerdos en un tratado como este, se hace caso omiso y se olvidan rápidamente los compromisos adquiridos.
Durante estos meses hemos visto cómo un gran número de ciudades europeas se han declarado libres del TTIP. ¿Qué margen de maniobra tienen estos equipos de gobierno a nivel local para frenar el acuerdo?
Esas declaraciones, como la que vimos recientemente en Barcelona, son una evidencia más de lo que comentábamos antes: la oposición de la ciudadanía al TTIP es cada vez mayor. Esas declaraciones implican un paso más. Está claro que los ayuntamientos no tienen margen de maniobra suficiente en cuanto a poder definir cómo debe ser el acuerdo, porque se está negociando a otro nivel. Pero sí que cuentan con la capacidad de presionar de manera pública para que no se apruebe, y para que los negociadores sean conscientes de que los estamos mirando con lupa desde diversas ópticas.
Llegados a este punto, ¿cuál cree que será el próximo paso? ¿Se acabará aprobando este tratado?
Sinceramente, yo creo que no se va aprobar. El TTIP es un atentado contra nuestras libertades y derechos, y como decíamos existe un movimiento de oposición que no para de crecer y que no puede ser obviado, y no sólo desde el ámbito ecologista, sino procedente de todas las capas sociales. Cada vez la gente es más consciente de lo que implicaría para nuestras vidas ceder nuestra soberanía a las grandes corporaciones.
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