viernes, 1 de julio de 2016

Fwd: Iniciativa Debate Público




Iniciativa Debate Público


Por la libertad de expresión, libertad para Julian Assange

Posted: 01 Jul 2016 09:27 AM PDT

Le monde

 

 

Nº: 249   Julio  2016

¡Libertad para Julian Assange!

Ignacio Ramonet | Diario del Aire | 1 julio 2016

Se acaban de cumplir cuatro años desde que, el 19 de junio de 2012, el ciberactivista australiano Julian Assange, paladín de la lucha por una información libre, se viera obligado a refugiarse, en Londres, en las oficinas de la Embajada de Ecuador. Este pequeño país latinoamericano tuvo el coraje de brindarle asilo diplomático cuando el fundador de WikiLeaks se hallaba perseguido y acosado por el Gobierno de Estados Unidos y de varios de sus aliados (el Reino Unido, Suecia). La Justicia sueca exige que Assange acuda a Estocolmo a presentar directamente su testimonio sobre las acusaciones de agresión sexual hechas por dos mujeres a las que él habría mentido sobre el uso de un preservativo.

Julian Assange rechaza estas acusaciones y sostiene que las relaciones con estas dos demandantes fueron consentidas, y afirma ser víctima de un complot organizado por Washington. El fundador de WikiLeaks se niega a ir a Suecia, a menos que la Justicia de ese país le garantice que no será extraditado a Estados Unidos, donde podría ser detenido, conducido ante un tribunal y, quizás, según sus abogados, condenado a pena de muerte por "delito de espionaje".

En varias ocasiones, Assange también ha propuesto responder por videoconferencia a las preguntas de los encargados suecos de la investigación. Pero éstos han rechazado esa posibilidad, argumentando que él huyó de Suecia aunque sabía que había una investigación abierta contra él. El Tribunal Supremo sueco rechazó de nuevo, el 11 de mayo de 2015, su demanda de que fuera anulada la orden de detención que pesaba sobre él.

En realidad, el único crimen de Julian Assange es haber fundado WikiLeaks. En todas partes ha habido acalorados debates sobre si WikiLeaks hizo prosperar o no la causa de la libertad de prensa, si resulta bueno o malo para la democracia, si se debe o no censurar esta plataforma. Lo que es seguro es que el papel de WikiLeaks en la difusión de medio millón de informes secretos relativos a los abusos cometidos por militares en Afganistán y en Irak, y de unos 250.000 comunicados enviados por las Embajadas de Estados Unidos al Departamento de Estado, constituye "un hito en la historia del periodismo" que ha marcado un antes y un después. WikiLeaks fue creada en 2006 por un grupo de internautas anónimos, con Julian Assange como portavoz, y asumió la misión de recibir y hacer públicas filtraciones de información (leaks) garantizando la protección de las fuentes (1).

Recordemos las tres razones que, según Julian Assange, motivaron su creación. "La primera, la muerte a escala mundial de la sociedad civil. Rápidos flujos financieros por transferencias electrónicas de fondos que se mueven más rápido que la sanción política o moral, destrozando la sociedad civil a lo ancho del mundo. […] En este sentido, la sociedad civil está muerta, ya no existe, y hay una amplia clase de gente que lo sabe y está aprovechando que saben que está muerta para acumular riqueza y poder. La segunda […] es que hay un enorme y creciente Estado de seguridad oculto que se está extendiendo por el mundo, principalmente basado en Estados Unidos […] La tercera es que los medios de comunicación internacionales son un desastre, […] el entorno de los medios internacionales es tan malo y tan distorsionador que nos iría mejor si no hubiera ningún medio, ninguno".

Assange aporta una visión radicalmente crítica del periodismo. En una entrevista llega incluso a afirmar que "dado el estado de impotencia del periodismo, me parecería ofensivo que me llamaran periodista. […] El mayor abuso fue la guerra [de Irak y de Afganistán] contada por los periodistas. Periodistas que participan en la creación de guerras a través de su falta de cuestionamiento, su falta de integridad y su cobarde peloteo a las fuentes gubernamentales".

La filosofía de WikiLeaks se basa en un principio fundamental: los secretos existen para ser desvelados. Toda información oculta nace con vocación de ser revelada y puesta a disposición de los ciudadanos. Las democracias no deben ocultar nada; los dirigentes políticos, tampoco. Si las acciones públicas de estos últimos no son incompatibles con sus actuaciones públicas o privadas, las democracias no deberían temer la difusión de "información filtrada". En este caso –y solo en este caso–, ello significaría que son moralmente ejemplares y que el modelo político que encarnan –juzgado como "el menos imperfecto de todos"– podría de verdad extenderse, sin obstáculo ético alguno, al conjunto del planeta.    ¿Por qué tendrían que callarse los periodistas en una democracia cuando un responsable político afirma una cosa en público y la contraria en privado?

WikiLeaks ofrece a los internautas la posibilidad de hacer públicos, a través de su plataforma, grabaciones, vídeos o textos confidenciales sin indagar en cómo han sido obtenidos pero cuya autenticidad verifica. WikiLeaks vive de las donaciones de los internautas y de fundaciones y no acepta ayudas públicas ni publicidad. Un buen número de instancias públicas ha reconocido la utilidad de su trabajo. En 2008 recibió el Index on Censorship Award que otorga el semanal británico The Economist, y en 2009, Amnistía Internacional le concedió el premio al mejor "medio de comunicación nuevo" por haber sacado a la luz, en noviembre de 2008, un documento censurado relativo a un caso de malversación de fondos efectuado por el entorno del antiguo presidente de Kenia, Daniel Arap Moi.

Desde su creación, WikiLeaks ha sido un festín permanente de secretos, una auténtica fábrica de primicias. Ha difundido bastantes más revelaciones que muchos prestigiosos medios de comunicación en décadas… Entre los mayores escándalos que sacó a la luz destacan: los documentos que denunciaban las técnicas utilizadas por el banco privado suizo Julius Baer Group para facilitar la evasión fiscal; el manual de procedimiento penal del Ejército norteamericano en la base de Guantánamo; la lista de nombres, direcciones, números de teléfono y profesiones de los miembros del Partido Nacional Británico (BNP, de extrema derecha) en la que figuraban policías; la lista pormenorizada de correos electrónicos intercambiados con el exterior por las víctimas de los atentados del World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001; los documentos que probaban el carácter fraudulento de la quiebra del banco islandés The New Kaupthing; los protocolos secretos de la Iglesia de la Cienciología; el historial de los correos personales enviados durante la campaña electoral por Sarah Palin, candidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos, a John McCain desde su ordenador profesional (lo que la legislación estadounidense prohíbe); los expedientes del juicio del asesino Marc Dutroux, incluido el listado con los números de teléfono, cuentas bancarias y direcciones de todas las personas investigadas en este célebre caso de pedofilia; sin olvidar los recientes "Papeles de Panamá", difundidos el pasado mes de abril.

Por todo eso, al igual que Edward Snowden y Chelsea Manning, Julian Assange forma parte de un nuevo grupo de disidentes políticos que luchan por un modo distinto de emancipación y son actualmente rastreados, perseguidos y hostigados no por regímenes autoritarios, sino por Estados que pretenden ser "democracias ejemplares"…

El pasado mes de febrero, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que depende del Comité de Derechos Humanos de la ONU, determinó que Julian Assange se encuentra "detenido arbitrariamente" tanto por el Reino Unido como por Suecia. Los expertos independientes internacionales también señalaron que tanto las autoridades suecas como las británicas deberían "poner fin a su detención" y "respetar su derecho a recibir una justa compensación". Según ese jurado internacional, Julian Assange ha sido sometido a diferentes formas de privación de libertad: "detención inicial en la prisión de Wandsworth en Londres" en régimen de aislamiento, "seguida del arresto domiciliario y, después, del confinamiento en la Embajada de Ecuador".

Aunque el pronunciamiento del Grupo de Expertos Internacionales de la ONU no es vinculante, supone una gran victoria moral en el campo de las relaciones públicas para Julian Assange al darle la razón en su larga lucha contra las arbitrariedades de las autoridades suecas y británicas.

A este respecto, el presidente ecuatoriano Rafael Correa informó que su Gobierno brinda asilo y protección al fundador de WikiLeaks porque "Assange carece de garantías de respeto a sus derechos humanos y a sus derechos en materia de Justicia". Por su parte, el canciller ecuatoriano, Guillaume Long, declaró que Ecuador "mantiene preocupaciones legítimas sobre los derechos humanos de Assange" y que Quito considera que hay, contra Assange, algún tipo de "persecución política", motivos por los cuales Ecuador le sigue otorgando asilo.

Para reclamar la libertad de Julian Assange, sus amigos de todo el mundo organizaron, entre el 19 y el 24 del pasado mes de junio, en varias capitales del planeta (2) (Atenas, Belgrado, Berlín, Bruselas, Buenos Aires, Madrid, Milán, Montevideo, Nápoles, Nueva York, Quito, París, Sarajevo), una serie de actos y conferencias con la participación de importantes personalidades y grandes intelectuales (Noam Chomsky, Edgar Morin, Slavoj Zizek, Arundhati Roy, Ken Loach, Yanis Varoufakis, Baltasar Garzón, Amy Goodman, Ignacio Escolar, Emir Sader, Eva Golinger, Evgeny Morozov).

En Quito (Ecuador), el simposio fue organizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) y contó con una intervención del propio Julian Assange a través de videoconferencia. Durante cinco días se debatieron temas como: El caso Assange a la luz del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, Geopolítica y Luchas desde el Sur, Tecnopolítica y Ciberguerra y De los Pentagon Papers a los Panama Papers.

El académico español Francisco Sierra, director de CIESPAL, declaró: "Creemos que, en realidad, el problema de Julian Assange es ese: el de la libertad de información. Cuando no hay libertad de información, de movimiento ni de reunión, no hay derechos humanos. Y por tanto, el primer derecho, es el derecho a la comunicación, y hay que poner en evidencia que el caso Assange es un problema grave de derecho a la comunicación" (3).

Todos estos acontecimientos solidarios a lo largo y ancho de la geografía mundial se fijaron dos objetivos. En primer lugar: reivindicar los derechos que le han sido negados a Julian Assange, como la presunción de inocencia o la libertad de movimiento. Y en segundo lugar: recordar lo que representa WikiLeaks, es decir, el reto tan actual sobre la libertad de información y de comunicación en un mundo permanentemente vigilado.

(1) Véase Ignacio Ramonet, La Explosión del periodismo, Clave Intelectual, Madrid, 2011.

(2) www.freeassangenow.org

(3)http://www.andes.info.ec/es/noticias/cuatro-anos-libertad-negada-julian-assange-seran-tratados-evento-academico-ciespal.html

La ley mordaza y la edad de oro de la edad del miedo

Posted: 01 Jul 2016 09:11 AM PDT

Félix Población | Diario del Aire | 1 julio 2016

Ahora que el ministro del Interior en funciones tiene pendientes algunas cuestiones graves, relacionadas con las conspiraciones llevadas a cabo contra adversarios políticos desde su departamento -de las que es culpable y no víctima, y por las que debería responder en conciencia-, conviene recordar que hoy se cumple un año de la aprobación de la llamada Ley Mordaza. Cabe esperar que, aunque la ley siga vigente, Fernández Díaz no prosiga como titular de esa cartera en el venidero gobierno de derecha.

No parece que la casi coincidencia de este aniversario con la fecha electoral del pasado domingo haya repercutido en detrimento del Partido de la Gaviota. Antes bien se ha demostrado en las urnas, con el incremento de setecientos mil votos a favor del PP, lo que hoy me señala mi querida amiga María a través de la excelente viñeta de El Roto con una de esas frase de editorial periodístico que caracterizan al firmante: vivimos en la edad de oro de la edad del miedo, amiguitos:  

La Ley Mordaza fue rechazada tanto por la oposición, que acusó al gobierno de favorecer el Estado policial, como por organizaciones tales como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras. Entre las 44 normas que establece la Ley de Seguridad Ciudadana establece como nuevas infracciones las manifestaciones ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos, aunque en esas sedes nos estén reunidos los representantes públicos.

La Ley Mordaza sanciona "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales" de policías "que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación". También se aumentan las penas de cárcel para determinados delitos contra el orden público en y establece multas de hasta 600.000 euros para la organización de actos de protestas o manifestaciones no autorizadas. Con la misma ley se permite devolver a inmigrantes clandestinos que crucen la frontera sin darles tiempo a solicitar el asilo, especialmente en los enclaves españoles norafricanos de Ceuta y Melilla, sometidos a una fuerte presión migratoria.

Tenemos la probabilidad, por lo tanto, si la derecha prosperara en sus pactos, tal como cabe temer tras los resultados del 26J, de que la oposición en el Parlamento no pueda contar con la fuerza debida de la oposición en la calle, habida cuenta el Estado policial en marcha y la viñeta de El Roto.

Interior

Regular los medios, un debate obligado

Posted: 01 Jul 2016 08:29 AM PDT

Regular los medios, un debate obligadoCabeceras de distintos diarios en un quiosco.

 | La Marea | 01 julio 2016

Pedro Ramiro* // Buena parte de la producción literaria en materia de comunicación del periodista Pascual Serrano debería ser objeto de estudio y de consulta no solo en las facultades de periodismo sino, sobre todo, entre todos esos profesionales de la prensa que, muchas veces, a tenor de lo que se escucha en tertulias o se lee en columnas periodísticas, parece que desconocen por completo la realidad de ese sector en muchos países de América Latina y dan la impresión de estar hablando de oídas o, lo que es más grave, al dictado de la opinión editorial de los dueños de los medios en que trabajan.

En esa línea continúa su último trabajo, "Medios democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación", publicado recientemente por la editorial Foca. El libro comienza haciendo un poco de historia, enmarcando la situación sociopolítica y el sector de la prensa y, en general, de la comunicación con el que se encontraron los nuevos gobiernos de izquierda en varios países latinoamericanos. Y es que resulta central conocer esos datos para poder entender las medidas adoptadas más tarde por esos países en lo que a la política de comunicación se refiere. Porque en estas políticas es crucial el papel que desempeña el Estado, como autoridad que debe velar por el interés general.

La importancia del sector de la comunicación en esas latitudes está vinculada al desarrollo de las políticas que se venían implementando en todos esos países, caracterizadas por la doctrina neoliberal de la desregulación y privatización, y que estigmatizaban a los Estados frente a un "libre mercado" que se presentaba como sinónimo de eficacia e independencia. Así, el oligopolio de empresas de la comunicación reproducía en el imaginario colectivo el mantra de que lo público era corrupto, ineficaz y sinónimo de despilfarro y de ataque a la libertad. En este marco, en el libro se hace un repaso de los grupos y medios de comunicación que operaban y operan en la región, como agentes políticos de primer orden, en tanto en cuanto representan un auténtico contrapoder, en algunos casos con una praxis muy agresiva, a las políticas redistributivas y de libertades que se comenzaron a aplicar en todos esos países.

Por lo que se refiere a la regulación del sector de la comunicación, las políticas de intervención del Estado se articulan en torno a los siguientes ejes de actuación: una legislación para que la ciudadanía pueda acceder a información veraz, lo que Serrano identifica como "salud de la información"; el establecimiento de límites a la concentración de medios, que vendría a significar una cierta democratización del sector; la creación de órganos rectores, que se ocupen del nuevo ordenamiento regulador; el desarrollo de una estructura pública y colectiva de medios, que permita un canal directo del Estado con la ciudadanía; la protección de la producción cultural nacional y el apoyo a los medios comunitarios.

Ni que decir tiene que cualquier medida adoptada en cada uno de esos ejes ha contado de inmediato con la reacción en contra de los grandes medios privados, al considerar que constituyen un atentado contra sus privilegios. Baste citar el caso de las licencias de radio y televisión que los Estados conceden en virtud de sus atribuciones reguladoras: "Cualquier intento de abrir las licencias a grupos no empresariales (sin ánimo de lucro) o a instituciones públicas es presentado por los medios mayoritarios como 'amenazas a la libertad de expresión'", recalca Pascual Serrano. De hecho, esta calificación es la que fue aplicada en el caso de Ecuador a la medida gubernamental que establecía un aumento salarial para los periodistas, de modo que "según las empresas, si los periodistas cobraban más, la libertad de expresión estaba amenazada".

En la completa radiografía del panorama de la comunicación en América Latina que nos muestra el libro, podemos ver que Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil han sido los países en los que han tenido más importancia las políticas adoptadas por sus gobiernos en esta materia. Frente a las teorías liberales de que la mejor ley de prensa es la que no existe y de que la autorregulación del sector es el mecanismo idóneo para preservar la libertad de expresión, la democratización de la comunicación, o sea, la puesta en marcha de las medidas necesarias para garantizar las libertades y derechos tanto a recibir información veraz como al acceso de la sociedad a poder difundir libremente su diversidad cultural e informativa, pasan necesariamente por una decidida regulación estatal.

Como en cualquier otro sector de la actividad productiva, dejar en manos del mercado la información y la comunicación, como si se tratara de meras mercancías, sería abdicar de la responsabilidad que tienen los Estados para proteger esos "bienes esenciales y relevantes para el convivir de una sociedad democrática". Porque, como ha señalado el profesor brasileño Dênis de Moraes, "en función de la correlación de fuerzas vigente en cada coyuntura específica, las políticas oscilaron y oscilan entre la defensa del interés público y las exigencias de rentabilidad de las empresas privadas. No obstante este movimiento pendular entre los valores sociales y las ambiciones mercantiles, históricamente es en nombre del interés nacional que se reconoce y se legitima la intervención del Estado para ordenar y armonizar los mercados constituidos por nuevos medios de comunicación y redes de distribución de contenidos. Esa intervención en general abarca la fijación de normas, estrategias y prácticas de organización, regulación, gestión, financiamiento, formulación de planes y condiciones competitivas".

Puede decirse que en América Latina, en la última década, se ha ido empezando a construir nada menos que el futuro de otro sistema de medios de comunicación posible, referente para cualquier política pública que vaya a desarrollarse en esta materia. Mientras tanto, por aquí el mercado campa por sus respetos y los medios, los grandes y los pequeños, cuando alguien pretende innovar o aplicar algunas de las medidas que allá se han establecido, se lanzan con furia contra sus promotores, acusándoles de atentar contra la libertad de prensa, confundiéndola con la libertad de empresa, que es muy respetable pero que sin duda tiene unos intereses bien distintos de la primera.

Cuando, por poner un ejemplo, el nuevo gobierno municipal de Madrid intentó crear una página web que sirviera de canal para comunicar directamente a la ciudadanía las políticas que se desarrollan desde el ayuntamiento, o cuando algún partido político de nuevo cuño ha reflexionado sobre este tema o ha tratado de incluir en su programa cualquier medida que tenga que ver con el sector de la comunicación, los medios de prensa se han lanzado con toda su artillería contra todo lo que huela a poner en cuestión su hegemonía, hasta ahora preservada por igual por los sucesivos gobiernos españoles.

En España y en lo que a la prensa se refiere, como se afirma en un editorial de CTXT, "la creciente promiscuidad entre prensa y poder, voluntaria en muchos casos y obligada en otros, dada la presencia de bancos y empresas del Ibex-35 en la propiedad y los consejos de administración, ha ayudado mucho al hundimiento de la credibilidad de los medios y los periodistas españoles, visible en todos los estudios serios, que sitúan la confianza de los ciudadanos españoles en la prensa en un nivel similar al de Rumanía". De ahí que desde distintos medios de comunicación contrahegemónicos, entre los que destacan La Marea y Diagonal, se esté reclamando un debate abierto y plural sobre periodismo y democracia, que deberá llevar necesariamente aparejadas las grandes cuestiones que en materia de comunicación se han puesto en marcha en América Latina y que, como señala Pascual Serrano al final de su libro, están convirtiéndonos a los europeos en meros restos del pasado.

* Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

La Comisión Europea extiende el uso del glifosato hasta 2018

Posted: 01 Jul 2016 08:13 AM PDT

La Comisión Europea se ha visto obligada a realizar unilaterlamente una "extensión técnica" de 18 meses del permiso de uso del glifosato, ante la repetida falta de apoyo de los Estados miembro a sus propuestas de reautorización del herbicida más utilizado en Europa.

La Comisión Europea extiende el uso del glifosato hasta 2018

El Salmón Contracorriente | 1 de julio de 2016

El permiso del glifosato estará condicionado a la evaluación que realice la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), a finales de 2017, sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente del herbicida considerado probable cancerígeno según la Agencia Internacional de Estudios para el Cáncer (IARC) y sospechoso de ser un disruptor endocrino.
 
La Comisión propone tres restricciones poco significativas al uso del herbicida:

  • Prohíbe el coadyuvante talowamina, que ya se encontraba en proceso de ser eliminado por la industria desde hace varios años.
  • Obliga a los estados miembro a reforzar el control antes de la cosecha.
  • Pide a los estados que minimicen el uso en zonas como parques públicos y áreas de juego, en lugar de prohibir su uso en estos lugares.

El glifosato fue clasificado como "probable cancerígeno" en 2015 por la IARC y numerosos estudios evidencian su capacidad para alterar el sistema hormonal. Sin embargo, la EFSA, tras analizar los estudios confidenciales de la propia pesticida, determinó que era poco probable que provocara cáncer.

El glifosato fue clasificado como "probable cancerígeno" en 2015

La organización Ecologistas en Acción denuncia el progresivo debilitamiento de la regulación de sustancias químicas en la Unión Europea desde el inicio de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP). Bajo las presiones de la industria, la Comisión está tratando de eliminar parte de la regulación de pesticidas, lo que hará imposible que el glifosato y otras sustancias tóxicas, como los contaminantes hormonales, puedan ser prohibidas en el futuro. Como demuestra el ejemplo del glifosato, la presión ciudadana, que ha conseguido reducir el periodo de re-autorización de 15 años solicitado inicialmente por la Comisión, es clave para la protección de nuestra salud y el medio ambiente.

Amenaza de denuncia por señalar la violencia contra menores no acompañados en Melilla

Posted: 01 Jul 2016 08:05 AM PDT

La Consejería de Bienestar Social de Melilla ha anunciado que intenpondrá una denuncia contra la asociación Harraga por presentar un estudio que muestra que los menores migrantes no acompañados sufren violencia policial, institucional y abandono.

Menores no acompañados en Melilla. / ROBERT BONET

Diagonal | 01/07/16

Los niños no acompañados de Melilla sufren violencia policial, institucional y sexual. También sufren abandono por parte de las instituciones melillenses. Son las conclusiones de un estudio realizado por la asociación Harraga. El informe fue presentado el pasado 28 de junio. Un día después, celebraron una conferencia en la que participaron el activista José Palazón, de la asociación Prodein, y el filósofo y pedagogo Enrique Martínez Reguera, que explicaron la situación de los menores no acompañados y la falta de tutela efectiva por parte de las instituciones. El día 30 de junio la Consejería de Bienestar Social de Melilla hacía público, a través de los medios de comunicación, que recurrirá a los servicios jurídicos de la ciudad autónoma para interponer una denuncia contra Harraga.

"Si hay una denuncia y se investiga la veracidad del estudio, estupendo, porque hay pruebas de los casos que incluye, como partes de lesiones y otra documentación", explica Sara, una de las investigadoras de Harraga, quien afirma que desde la Concejalía de Bienestar Social melillense no se han puesto en contacto con ellas en ningún momento en relación al informe presentado: "Todo lo hemos sabido a través de la prensa. Hoy, el consejero [Daniel Ventura] nos llama en la prensa 'radicales' y dice que duda mucho de nuestro rigor científico, pero en cuanto el informe esté maquetado le enviaremos una copia para que vea el rigor del estudio".

Sara explica que, aun con la amenaza de denuncia, están contentas. "Cuando salió la noticia de la posible denuncia nos llegó mucho apoyo desde colectivos de la península. Espero que esto sirva para que empiecen a llegar periodistas y gente en general que pregunte sobre las políticas que se están aplicando con los niños migrantes", añade.

El informe que han presentado es el resultado de un trabajo de campo de dos años con niños de la calle de Melilla. Cuenta con investigaciones cuantitativas y cualitativas, con cuestionarios a la opinión pública, con una muestra de 91 niños a los que se les ha preguntado sobre los motivos de por qué no quieren estar en los centros de menores, entre otras preguntas. También cuenta con siete historias de vida en las que se profundiza sobre la situación de estos niños y con comparativas con otros estudios.

Barcelona reclama al Estado que regule los precios del mercado privado de alquiler

Posted: 01 Jul 2016 07:55 AM PDT

CatalunyaPlural.cat | 01/07/2016

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona insta al gobierno del Estado a que regule el mercado privado de alquiler, en una declaración institucional a propuesta de Barcelona en Comú, aprobada con los apoyos de CiU, PSC, ERC, CUP, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. El objetivo de la propuesta es impedir "subidas indiscriminadas en el precio de los alquileres para evitar nuevas burbujas inmobiliarias" y de no hacerse la regulación estatal, instan el ejecutivo a "que dote de autonomía y capacidad a los ayuntamientos para vincular la subida del precio de los alquileres con el nivel de rentas de la población y las características del piso y del barrio".

El texto apunta que "la inestabilidad de los inquilinos tiene graves impactos en Barcelona" y que "los vecinos y las vecinas de los barrios con rentas más bajas deben realizar un mayor esfuerzo económico para pagar el alquiler, más de un 25% de ingresos frente al 12% de ingresos que se destinan a pagar el alquiler en los barrios con rentas más elevadas". El pasado mes de marzo la alcaldesa Ada Colau ya explicó la preocupación del gobierno municipal en relación al aumento de los precios del alquiler en la ciudad.

La medida que propone Barcelona está inspirada por las que se aplican en otras ciudades como Berlín o París, en la que ya se aplican limitaciones a los precios del alquiler. "Las ciudades europeas con mayores tensiones entre el precio del alquiler y el nivel de rentas de la población disponen de normativas orientadas a impedir 'alquileres abusivos'", dice la propuesta presentada al pleno.

Más allá de la regulación de precios, la declaración del pleno de Barcelona insta al gobierno del Estado a derogar "aquellas modificaciones de la ley de arrendamientos urbanos de 2013 claramente restrictivas para los derechos de los arrendamientos", como es la reducción de la duración de los contratos de cinco a tres años. También insta al Ejecutivo a dotar medidas fiscales que fomenten el mercado de alquiler accesible.

Francisco, otro hijo sano del patriarcado

Posted: 01 Jul 2016 07:42 AM PDT

El problema no es sólo que un señor con la visibilidad de Francisco ataque sin miramientos ni autocontrol a una mujer, el problema es que nos decimos: "no merece la pena entrar al trapo". Y sí lo merece. Cada una de las agresiones a mujeres merecen ser visibilizadas, denunciadas y condenadas por todas. Porque dejando pasar ataques como éste, por repetitivos, estamos normalizando todo lo demás.

Barbijaputa | El Diario | 30/06/2016

El cantante Francisco tuvo a bien hace unos días pronunciarse sobre los votantes valencianos de Compromís. Los consideraba ignorantes, sin recursos. Relacionaba la incultura con votar a Mónica Oltra. Me maravillan las carambolas mentales que tienen que hacer algunos para construir un argumento que explique por qué tanta gente vota a la izquierda y, más aún, a una mujer. Porque si algo le genera ira y odio a Francisco no es ya que Mónica Oltra sea de izquierdas o alemana, que también, sino que sea mujer.

Con Joan Ribó fue, obviamente, mucho más "suave": Francisco se conformó con llamarle "sinvergüenza y provocador". Ribó es un hombre, y por ahí nada que reprocharle, pero es de izquierdas, así que es un "sinvergüenza". Con Oltra, a Francisco se le juntaron más fobias: ideología, país de procedencia y género. Este combo tan español es lo que explica que no le bastara con llamarla "sinvergüenza" o "provocadora" también, sino que para quedarse tranquilo, tuvo que escribir en su perfil de Facebook:

!Pregúntese, "usted". Catalanista, alemana, desbecerrada, inculta, mal nacida, incomoda de ver, anti Española, anti valenciana, anti constitucional y te atreves a criticar la decisión de un país, ESPAÑA.  Tú, ni con todos los fumetas, golfos, okupas, drogatas, imbéciles, ignorantes. Te quedan gata flora 2 Febreros, busca gato.Tú eres demócrata? Tú eres ESCORIA. Esto le pasa "señora"  es el bajón de la medicación que se fuma y mete, le recomiendo pollardon y pichicilina. Eso si, si hay valiente que tenga estomago".

He respetado la ortografía tal y como Francisco ha creído oportuno inventársela. Me ha parecido que así puede darle un punto kitsch a la afirmación de que los votantes de Compromís son unos ignorantes.

El mensaje viene como respuesta al hecho de que Mónica Oltra se pregunte cómo es posible que tantos ciudadanos sigan votando a supuestos corruptos. Una pregunta que, quizás porque yo también soy una "gata flora", no me parece tan loca. Y sin embargo a él, que ha cuestionado y hasta insultado a quienes no han votado a esos presuntos corruptos, le pareció motivo suficiente para agredir verbalmente a una política.

Analicemos el cultísimo mensaje de don Francisco (desde aquí le invito a que le ponga música).

Francisco llama "Catalanista, alemana, desbecerrada, inculta, mal nacida, incomoda de ver, anti Española, anti valenciana, anti constitucional". Para que ustedes lo entiendan: el nacionalismo catalán: mal; el nacionalismo español: bien. Nacer en Alemania: mal; nacer en España: bien. Físicamente no atractiva para Francisco: Mal y reseñable; físicamente atractiva según el gusto de Francisco: esto no lo sabemos, igual si Oltra le pareciera atractiva la hubiera llamado directamente "puta", que es un insulto que se usa mucho cuando no se puede usar el "incómoda de ver" o el "fea", y entonces se usa ese socorrido "puta" como diciendo: "¿cómo te atreves a atraerme con el asco que me das en todo lo demás, mujer?".

Pero la misoginia de Francisco no se queda ahí, ya que también la invita a buscar un hombre, porque eso es lo que le pasa a Oltra: que está descontrolada porque no tiene a un buen ejemplar macho al lado que le diga cuándo tiene que estar callada. Y por eso lo mejor es recomendarle un "pollardón", porque el pene es el remedio a todos los males femeninos. La solución a todos nuestros problemas, según el machismo, tenía que ser algo que sólo ellos nos puedan proporcionar, y esto no es otra cosa que su pene.

Además, hace mención a la medicación que debe tomar la dirigente de Compromís. Ponernos por locas o por personas que necesitan medicación es algo también muy propio de la misoginia imperante.

Pero el problema no es Francisco. El problema es todo lo que sustenta la creación y perpetuación de todos los Francisco del país.

El problema no es sólo la "reflexión" de Francisco sobre lo necesario de que nos mediquemos, sino que en la sanidad, efectivamente, se nos sobremedica debido a nuestro género, como bien recuerda este artículo de Píkara Magazine: "En atención primaria numerosos estudios muestran cómo ante los mismos síntomas físicos se prescriben a las mujeres más tratamientos ansiolíticos y antidepresivos y a los hombres se les realizan más pruebas físicas". "En urgencias los resultados son parecidos: a los hombres se les hacen más pruebas diagnósticas que a las mujeres pensando que en ellas el origen del malestar es psicológico y no físico".

El problema no es sólo Francisco, él sólo es una creación más del patriarcado. El problema es el abandono de la clase política, el machismo impune, la violencia sin castigo contra las mujeres, las agresiones físicas o verbales continuadas en cualquier espacio, público o privado, la indiferencia de las instituciones, las desinformación y nula formación de las personas que nos atienden en comisarías, en consultas médicas, etc.

El problema no es sólo que la agresión verbal de Francisco a Oltra quede impune, sino que 9 de 10 casos de violencia de género se archiven en Vigo por la ley de plazos.

El problema no es sólo que un señor con la visibilidad de Francisco ataque sin miramientos ni autocontrol a una mujer, el problema es que nos decimos: "no merece la pena entrar al trapo". Y sí la merece. Cada una de las agresiones a mujeres merecen ser visibilizadas, denunciadas de todas las formas posibles y condenadas. Porque dejando pasar ataques como éste, por repetitivos, estamos normalizando todo lo demás.

El Tribunal Constitucional austriaco ordena repetir las elecciones presidenciales

Posted: 01 Jul 2016 05:59 AM PDT

El Alto Tribunal anula el resultado electoral tras el recurso del ultraderechista Norbert Hofer por supuestas irregularidades en el voto

eldiario.es | 01/07/2016

El Tribunal Constitucional de Austria ha ordenado este viernes la repetición completa en todo el país de la segunda ronda de las elecciones presidenciales del pasado 22 de mayo por irregularidades en el recuento de los votos, especialmente en lo que respecta a los que se emitieron por correo.

Los resultados de esos comicios fueron impugnados por el ultraderechista Partido Liberal de Austria (FPÖ), cuyo candidato, Norbert Hofer, había perdido por solo 30.000 votos de diferencia contra el ecologista Alexander Van der Bellen.

La repetición de las elecciones, con los mismos candidatos, se deberá realizar después del verano, probablemente a finales de septiembre o comienzos de octubre.

El presidente del Tribunal, Gerhart Holzinger, manifestó hoy al anunciar la decisión que las elecciones "son el fundamento de la democracia y es el deber del Tribunal mantener en funcionamiento ese fundamento".

"Nadie es perdedor y nadie es ganador (con esta decisión). Solo tenemos un objetivo: fortalecer la confianza en el Estado de Derecho y en la democracia", explicó el juez.

El Tribunal Constitucional de Austria está compuesto por 14 jueces, entre ellos su presidente, quien sin embargo no formó parte en la votación que dio lugar a esta decisión, sin precedentes en su dimensión en la historia democrática del país.

El FPÖ y su líder Heinz Christian Strache habían denunciado una larga serie de irregularidades en el recuento de los votos, aunque no aportó pruebas sobre manipulaciones.

El Alto Tribunal interrogó durante las pasadas dos semanas a unos 90 testigos, entre ellos vocales regionales y locales de mesas electorales de todo el país.

Muchos testigos reconocieron que no se cumplió al pie de la letra la ley electoral, sobre todo en cuanto al momento y la forma de contar los votos depositados por correo.

La Policía desahucia a una pareja y sus siete hijos en Alcorcón

Posted: 01 Jul 2016 04:04 AM PDT

La Policía desahucia a una pareja y sus siete hijos en AlcorcónFoto: Planeta Eskoria (Twitter: @PlanetaEskoria_)

 | La Marea | 30 junio 2016

Una pareja con siete hijos, cinco de ellos menores y otro con discapacidad, están desde hoy en la calle. Es el resultado del desahucio que se ha producido la madrugada de este jueves en la localidad madrileña de Alcorcón, a pesar de que un centenar de vecinos y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han tratado de impedirlo.

En torno a las 2 de la mañana, una treintena de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se personaron en el domicilio de Maxi para desalojarles. Maxi, que comparte la vivienda con su pareja y siete hijos, tenía arrendada la vivienda a un particular que posee varias viviendas en el mismo bloque. La deuda con el casero en el momento de la primera demanda era de 2.000 euros. Los ingresos de la familia se limitan a 426 euros mensuales, cifra inferior a su cuota mensual de alquiler, de 520 euros.

Durante el desalojo se han producido escenas de tensión que han sido recogidas por varios de los vecinos que intentaban impedir el desahucio. En uno de los vídeos se aprecia cómo uno de los agentes empuja y tira al suelo a una de las mujeres que se encontraban frente al edificio, dentro del cordón policial establecido por la Policía. Otra mujer ha sido detenida por resistencia a la autoridad, aunque por la tarde ha sido puesta en libertad con cargos.

"Consideramos intolerable que un municipio como Alcorcón no disponga de viviendas de protección oficial para dar una alternativa habitacional a esta familia", explica Manuel San Pastor, abogado de la PAH. "La familia llevaba más de una semana protestando a las puertas del Ayuntamiento, y todo lo que hemos recibido por respuesta han sido insultos y una constante negación a dar salida a la situación de esta familia".

Un despliegue "desproporcionado"

San Pastor denuncia asimismo lo desproporcionado del despliegue policial. "Los agentes han estado desde las 2 de la mañana hasta las diez. Ese operativo cuesta más que la deuda de 2.000 euros que tenía la familia. Queda muy claro que no existe voluntad política para dar una solución a este problema".

La PAH ha facilitado una vivienda provisional a Maxi y su familia, que piensan seguir luchando a partir del próximo lunes para reclamar una solución. "Por el momento necesitan descansar, porque tras toda esta noche han terminado con un nivel de ansiedad muy elevado", cuenta San Pastor.

Tras el desalojo, un grupo de vecinos y activistas se han desplazado hasta el Ayuntamiento con los muebles y enseres de la familia, para exigir una solución al equipo de Gobierno que encabeza el alcalde David Pérez (PP). Se da la circunstancia de que otro grupo de activistas de la PAH ya decidieron acampar a las puertas del Consistorio hace apenas una semana, tras una manifestación para reclamar una salida al caso de Maxi.

La Guardia Civil registra la casa de la jefa de Antifraude por la vinculación de su marido con la lista Falciani

Posted: 01 Jul 2016 03:59 AM PDT

Buscaban información de Alejandro Pérez Calzada, presidente en España del banco suizo Mirabaud y pareja de la jefa de la ONIF, Margarita García-Valdecasas.

El registro fue ordenado por el juez José de la Mata en la investigación por blanqueo de capitales a raíz de la información de la lista del exinformático del HSBC.

Agentes de la UCO han llevado a cabo diez registros en Madrid y Barcelona en la última fase de la operación Falco, incluidas sedes de Mirabaud.

Pedro Águeda | El Diario | 30/06/2016

La última fase de la investigación secreta contra los españoles de la lista Falciani ha incluido en las últimas horas el registro del domicilio de la directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONFI), Margarita García-Valdecasas. El objetivo, sin embargo, era su marido, Alejandro Pérez Calzada, presidente en España del banco Mirabaud. Según fuentes próximas a la investigación, la jefa de la ONIF presenció el registro que realizaron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Alejandro Pérez Calzada pertenece a Mirabaud desde que la firma que fundó, Venture Capital, fuese vendida a los suizos. Antes, trabajaba para el banco privado catalán Fibanc, que posteriormente compró la italiana Mediolanum. La investigación apunta a que Pérez Calzada asesoró en el blanqueo a varios españoles con fondos en Suiza desde Venture. El método empleado era enviar el dinero desde una cuenta del HSBC a otra en un banco de Andorra. Desde ahí, la firma de Pérez Calzada se dedicaba a repatriar el capital sin pasar por Hacienda, informa elespanol.com.

La operación FALCO ha dividido los registros entre Madrid y Barcelona, según informan a eldiario.es fuentes próximas a la investigación. En la capital, los agentes de la Guardia Civil han entrado en el domicilio de Carlos Alberto Sánchez Bienzobas, responsable de una asesoría financiera y que trabaja para el Banco Sabadell. También han registrado su puesto de trabajo en esta entidad. Las citadas fuentes precisan que Sánchez Bienzobas estuvo vinculado a Mirabaud en el pasado y que la investigación no afecta, por tanto, al Banco Sabadell.

Además, lo agentes han entrado también en la casa de David Alar Joel, en la lista Falciani y a quien Hacienda ha denunciado por defraudar  3,2 millones en 2005, 3,2 en 2006 y 468.000 en 2007. La Guardia Civil también ha registrado su puesto de trabajo en la empresa JB Capital Markets.

En Barcelona, la operación ha consistido, además de entrar en la casa de Pérez Calzada, en registrar los domicilios de los Luis Majo Platel, que también trabaja en Mirabaud, y de Santiago Sainz de Vicuña Anaya, dueño de una empresa de servicios informáticos.

La Guardia Civil también se personó el miércoles en la sede de Mirabaud para requerir información relacionada con el blanqueo de capitales. Los agentes han solicitado información sobre sociedades vinculadas a esta entidad por su posible conexión con el entramado de blanqueo de capitales en el que habría participado el banco suizo HSBC.

Mirabaud España ha confirmado haber recibido esta petición de las autoridades españolas y, según fuentes de la compañía, están prestando su "máxima colaboración para poder facilitar en todo momento la información requerida".

Mirabaud, BNP y Banco Santander

Se trata de la tercera ocasión en la que la Guardia Civil requiere información a entidades bancarias con sede en España. Las anteriores ocasiones fueron el 7 de junio en la sede del banco BNP en Madrid y el 3 de este mismo mes en la del Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid).

La causa está siendo instruida desde el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional y es la Unidad de Crimen Organizado (UCO) del Instituto Armado la encargada de requerir la información en relación con movimiento bancarios de cuentas que operaban desde estas entidades financieras.

La investigación arrancó en junio de 2013 con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público se apoyaba en la documentación y en soportes informáticos aportados por Hervé Daniel Marcel Falciani, información derivada de su experiencia laboral en HSBC Private Bank Suisse.

La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional.

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