sábado, 1 de octubre de 2016

Fwd: Iniciativa Debate Público





Iniciativa Debate Público


Antes muertos que de izquierdas

Posted: 01 Oct 2016 04:44 AM PDT

Gregorio Morán | bez.es | 01/10/2016

Hay dos maneras de verlo. O como el suicidio del PSOE, convertido en un partido de barones corruptos, veleidosos, venales, generales mexicanos de la revolución de Pancho Villa pero con el riñón cubierto. O reducirlo a lo que un antiguo líder del partido, hoy marginado voluntario, Josep Borrell, llama el golpe de Estado planificado por unos cabos chusqueros.

En una decisión de consecuencias trascendentales, la cúpula del viejo PSOE, ajado y desconectado de cualquier posibilidad de cambio, ha apostado por Rajoy y el partido más corrupto que conoció España en su historia. Lerroux, político chanchullero y símbolo de la maniobra y el chalaneo, cuyo Gobierno cayó durante la II República por una chorrada de maquinita de juego conocida como straperlo, era un caballero con botines al lado de estos saqueadores del Estado.

Da lo mismo. El pacto de golfos en el que ha ido deviniendo la Santísima Transición está llegando a sus estertores, pero les importa un carajo; aún creen que queda fondo para tirar unos años, siempre y cuando la sociedad y la complicidad de los medios de comunicación no dejen de ayudarles y protegerles. Instalarse en la oposición, después de haber acumulado un suculento patrimonio y haber traspasado todas las puertas giratorias, no es mal sitio. Da seguridad.

El soldado Sánchez, otro recluta, les ha puesto frente a las cuerdas, lo cual dice mucho del talento de sus adversarios… La oficialidad más rimbombante, con el asesor financiero Felipe González a la cabeza, ha decidido que no se puede ir tan lejos. ¡Descabalgar a Mariano Rajoy! ¿Acaso están locos estos novatos?

Pocos gestos políticos como el de Felipe González y sus barones echan tanta luz sobre la impostura de estos trepadores que engañaron a sus votantes durante tantos años que hasta ni la fe -y este es un país con mucha fe y demasiados creyentes- ha podido resistir la engañifa. El portavoz de los lectores conservadores que siempre fue el ABC ha sido desbancado por el grupo Prisa, que, como decía Borrell, que lo sufrió en sus carnes, es quien decide quién debe ser el secretario general del PSOE. De momento, la que más garantías les da es Susana Díaz, porque tiene muy claro cuál es el enemigo a abatir. Y ese no es otro que Podemos. No hay que echarles de las instituciones, pero sí colocarles en el lugar sin peligro que les corresponde, por más que un par de comunidades socialistas se mantengan a su costa.

No se dejen engañar por los argumentos de estos cabos furrieles con patrimonio de caudillos, no están discutiendo sobre si España se rompe o si hay referéndum. Aquí la cuestión se reduce a algo muy simple: no se puede romper con Mariano Rajoy y el PP porque eso en las actuales circunstancias sería un terremoto ¡para ellos! Y esa opción pasa por aceptar el apoyo de Podemos y, por tanto, el comienzo del desmoronamiento definitivo. Fuera de los jóvenes contratados para hacer de fondo en los mítines del PSOE, ¿quién carajo menor de 30 años y que no es funcionario, o familiar bien avenido, votaría por el PSOE? Como le ocurre al PP, son partidos de geriátrico; cada vez reducen sus votos, pero como en cada elección se vota menos, nos hacen creer que siguen siendo la representación de la ciudadanía.

Están defendiendo sus privilegios como la nobleza antigua, y serían capaces de todo con tal de que las alfombras no fueran levantadas. ¡Vaya espectáculo, que por razones obvias no estará en condiciones de hacer el PP, que le basta y le sobra con lo suyo! Ya hubo en los años veinte y treinta del pasado siglo peleas, incluso sangrientas, en el seno del PSOE, capitaneadas por Indalecio Prieto, Largo Caballero y el sinuoso conspirador Julián Besteiro, por citar a los más notorios. Pero aquello era un partido de la clase obrera, que metía la pata, y mucho, pero no la mano. Pero estos son como los vendedores de El Corte Inglés que ofrecen un producto y si no le gusta, le enseñan otro. De momento no ofertan más que una crisis, sin otro sentido político que "virgencita, que sigamos como estamos" o iremos de cabeza  al "aventurerismo". Un partido moribundo donde se asienta gente muy viva.

Más de diez mil militantes socialistas, heridos graves tras caerse del puto guindo

Posted: 01 Oct 2016 02:49 AM PDT

Redacción/Rokambol/1.10.16

Un guindo de más de más de treinta y siete metros de altura ha sido esta semana el escenario de una de las caídas más dramáticas, y también más pintorescas y tumultuosas, producidas desde un árbol. "Nunca, en la historia moderna reciente, se habían caído diez mil ochocientas cincuenta personas del mismo árbol y al mismo tiempo", han revelado desde el Instituto Nacional de Botánica Parlamentaria.

Bomberos, ambulancias y Protección Civil han acordonado el guindo en un perímetro de trescientos metros porque en las próximas horas se espera que sigan cayendo militantes socialistas, incluso en tandas que superarían el número de esos diez mil miembros que se precipitaron juntos contra el suelo en la primera caída. Se calcula que en las ramas del árbol todavía podrían quedar más de ciento setenta mil militantes, la mayoría de ellos muy maduros y muy estupefactos.

El jefe de bomberos cree que lo más sensato sería que cayesen todos los que quedan a la vez, de manera que los cuerpos de los primeros estrellados hicieran de colchón para los siguientes. Zarandear el guindo, fumigarlo o podarlo, son algunas de las opciones que se barajan entre los jardineros más expertos, frente a la propuesta de talar el guindo por su base, una idea que desaconsejan los mercados, pues el árbol podría desviarse en su caída, y muchas de sus ramas podrían precipitarse sobre Podemos. "Si el viento arrecia, lo mejor sería zarandear", aconsejan los físicos.  Más en Rokambol

Una gran lección de humanidad

Posted: 01 Oct 2016 02:32 AM PDT

"Han pedido ayuda y yo ayudo". Ya está, no hay que pensar más. Hablamos de alimento, no de un capricho. Pero hay que ser muy buena gente para olvidar que esa otra gente que pide ayuda jamás te ayudaría a ti, y aun sabiéndolo, no dejar de ser solidario. "Allá ellos con su conciencia".

Pequeños o grandes gestos que ayudan a seguir creyendo en nosotros como pueblo. En un pueblo que se resiste con hechos a dar la razón a los egoístas, sociópatas, cínicos y malnacidos que necesitan que creamos en la existencia de una maldad esencial en el ser humano para justificar su singular miseria moral. Y es que no es verdad, y nunca lo será por más que insistan. No, no "todos somos iguales".

Qué lección de humanidad de un inmigrante del #Ecuador en #Madrid!
Frente a fascistas #HogarDeNazis #equipopatriotaspic.twitter.com/8s3CCztNxE

— Manel Márquez (@manelmarquez) 1 de octubre de 2016

Feijóo encarga un informe sobre cómo aplicar la ley del Gobierno en funciones que él mismo aprobó

Posted: 01 Oct 2016 02:06 AM PDT

Feijóo asegura que él hubiera dimitido con el resultado de Sánchez y reitera que "apoyará" a Rajoy porque "ha ganado"
Feijóo asegura que él hubiera dimitido con el resultado de Sánchez y reitera que "apoyará" a Rajoy porque "ha ganado".

David Reinero | El Diario | 30/09/2016

Ganara quien ganara las elecciones del pasado domingo, a partir de ese momento y hasta el nombramiento de un nuevo gobierno, el Ejecutivo gallego pasaría a estar en funciones y, por lo tanto, con su capacidad de actuación limitada. A pesar de eso, durante toda la campaña electoral Alberto Núñez Feijóo insistió en asegurar que, frente a otras opciones, si él ganaba los comicios, Galicia tendría Gobierno "desde el día siguiente" o "desde el lunes 26", según las dos expresiones que más empleó. El domingo 25 el PP consiguió la mayoría absoluta, pero el lunes 26 el Gobierno de Feijóo comenzó igualmente a trabajar en funciones, y así seguirá hasta que, bien entrado noviembre, sea investido nuevamente por el Parlamento de Galicia. Este jueves, en su comparecencia posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el propio líder popular admitió que su ejecutivo debe "disminuir los compromisos de gasto y las decisiones de carácter permanente".

Desde principios de este año lo que puede o no puede hacer un Gobierno en funciones debería venir determinado por la Ley de transparencia y buen gobierno que impulsó el PP con el objetivo, entre otros, de establecer esa cuestión así como de regular el traspaso de poderes entre gobiernos. Sin embargo, a pesar de estar aprobada desde hay más de medio año, el propio Feijóo informó este jueves de que acaba de solicitar ahora un "dictamen" a la Asesoría Jurídica de la Xunta para que "interprete" la ley y le diga, de cara a la reunión de la próxima semana, qué puede y no puede hacer.

A la espera de esa interpretación, lo que dice la ley es que, además de no poder impulsar leyes ni aprobar decretos que las desarrollen, el Gobierno en funciones no puede aprobar convenios con otras administraciones, ni autorizar gastos que no sean corrientes (impide las licitaciones y adjudicaciones superiores a 150.000 euros), ni aprobar convocatorias de personal o modificar la estructura de su plantilla, ni culminar la tramitación de ningún plan de ordenación territorial. Esa norma para impedir que los gobiernos salientes condicionen la herencia de los entrantes la impulsó Feijóo después de años de críticas por la decisión del último ejecutivo de Manuel Fraga de adjudicar ya en funciones diversas obras en la Cidade da Cultura por más de cien millones de euros. Feijóo llegó a decir que él no tomaría una decisión así, a pesar de que era el vicepresidente de aquel gobierno.

Ante las nuevas limitaciones, este jueves, al contrario que en sus comparecencias de los últimos años, el propio Feijóo destacó que la mayoría de las cuestiones de las que estaba informando en su comparecencia no eran acuerdos con validez legal sino "informes", documentos propagandísticos elaborados a la medida de cada Gobierno. Frente a los siete informes propagandísticos que publicitó este jueves el Consello da Xunta, el gobierno en funciones únicamente adoptó dos acuerdos con validez legal: aprobó el plan de protección civil ante inundaciones y cumplió el trámite de remitir al Consello de Contas la Cuenta General de la Xunta correspondiente a 2015.

Software libre: una fuente abierta en favor de lo público

Posted: 01 Oct 2016 01:50 AM PDT

 Genoveva López, Carlos Saavedra Bajo, El Salmón Contracorriente | Diagonal | 01/10/16

En la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007 se establece que, cuando la Administración contrata, debe garantizar la "publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos", y asegurar "una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación de servicios mediante la selección de la oferta económicamente más ventajosa". Asimismo, en la reciente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se pretende, entre otras cosas, racionalizar la gestión de ésta "de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera".

El criterio precio tiene, pues, un peso importante en la selección de ofertas. Además, la Administración Pública debería garantizar el acceso a la información en formatos accesibles, sin favorecer la iniciativa privada. La gestión de la Res Pública debe ser eso, pública.

Uno de los grandes gastos de las Administraciones Públicas, ya sean locales, autonómicas o estatales, son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), gasto que analiza el Informe REINA.

Empresas privadas

En este sector, el Estado tiene como práctica habitual el contratar servicios con empresas privadas, de manera que permite el tratamiento y la acumulación de datos por parte de éstas. En el último REINA del año 2015, con datos referentes a 2014, se puede observar que los principales gastos se concentran siempre en las mismas empresas: IBM, Hewlett-Packard, Indra o El Corte Inglés.

Un estudio cifra los ahorros derivados del uso de software libre en 114.000 millones de euros al año como mínimo

Por ejemplo, los gastos de software y servicios informáticos ascendieron en el año 2014 a casi 613 millones de euros; las inversiones en sistema multiusuario, entre mainframes (grandes computadoras que procesan gran cantidad de datos) y servidores, a más de 32 millones de euros, y los gastos en servicios informáticos a casi 476 millones de euros.

Empresas como ISDEFE o Indra, relacionadas con la industria armamentística y los sistemas de seguridad fronteriza, son las grandes ganadoras en la tajada informática que da servicio a la Administración. Indra alcanzó contratos por valor de más de 50 millones de euros en software y servicios informáticos. ISDEFE, 19 millones tan sólo en servicios. Hewlett-Packard, una de las mayores productoras de armamento a nivel mundial según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), una de las instituciones más reconocidas sobre armamento tiene copado el 33% de los servidores de la Administración Pública.

Otro de los datos que llama la atención son las grandes sumas que consigue El Corte Inglés gracias a este tipo de servicios. En el año 2014, consiguió contratos de servidores por dos millones de euros. La entidad que preside Dimas Gimeno ha extendido su modelo de negocio desde la venta de equipos informáticos a otro tipo de servicios, como el mantenimiento y soporte de los mismos, e incluso el desarrollo de aplicaciones. Esta actividad supone ya la mitad de los beneficios de la entidad en su papel de suministrador de la Administración del Estado, con 12,5 millones de euros anuales.

El 35% del código de las aplicaciones es software libre rutilizado. / MediaLab Prado

Sorprende que en 2014, en torno al 70% de las contrataciones no fue mediante procedimiento abierto y, por lo tanto, se incumplió la ley antes mencionada. Asimismo, cuesta creer que dichas empresas oferten de manera más barata que Linux, el software libre por excelencia y cuyo código fuente puede ser utilizado, modificado y distribuido de forma libre, como su nombre indica.

Tecnología abierta

Pero parece que la Administración Pública empieza a reaccionar ante el monopolio tecnológico de las grandes empresas. Aunque Windows está presente en el 95% de los equipos, no ocurre lo mismo con los ordenadores que cumplen el papel más determinante en la red informática. Así, en el año 2014, el 43% de los mainframes nuevos instalados fueron Linux. Lo mismo ocurrió con el 26% de los servidores.

Los gastos de la Administración en TIC se concentran siempre en las mismas empresas: IBM, HP, Indra…

Esta cantidad de servidores representa un dato importante si tenemos en cuenta que hace apenas unos años era impensable hablar de software libre en la Administración Pública. Sólo destacaban proyectos puntuales en ámbitos concretos, como puede ser el de la Educación, y gracias a algunas regiones pioneras como Extremadura, Galicia o Castilla y León. De ahí, hemos pasado a una explosión de tecnología con fuentes abiertas.

"Todo comienza en 2009, con el software que la Administración emplea para llegar al ciudadano, la administración electrónica, y ahora con la llegada del cloud computing, la virtualización, donde casi todas las tecnologías que se han implementado ahí son abiertas", asegura Manuel Velardo, responsable del Centro de Excelencia de Software de Fuentes Abiertas (CENATIC), de red.es.

Por ejemplo, en el cloud computing, los dos estándares que existen, Open Stack y Open Nebula, son de código abierto, pero en su desarrollo también participan grandes multinacionales como Microsoft, IBM u Oracle, que luego ofrecen a sus clientes versiones de pago de esos productos libres y abiertos, sin poder determinar qué pesa más en la balanza, si el aporte que realizan en el desarrollo del software libre o el beneficio que obtienen con su venta.

Los números salen

Y es que al hablar de software libre hay que ir mucho más allá de Linux y LibreOffice, que, a pesar de su crecimiento, aún no han logrado convertirse en estándar en el puesto de trabajo del funcionariado español. "Hay muchas razones para apostar por el software libre, pero sobre todo está la calidad del producto: es imbatible", afirma Velardo.

Otra de las razones indiscutibles es el ahorro que supone el empleo de tecnología con fuentes abiertas para las Administraciones Públicas, que alcanza los 450.000 millones de euros anuales en el contexto de la UE, ya sea para desarrollar aplicaciones o para implantar soluciones existentes basadas en código abierto. Además, existen estudios que afirman que "aproximadamente el 35% del código fuente de las aplicaciones informáticas es software libre reutilizado, independientemente de la licencia que lleve el producto final".

Son muchas las plazas conquistadas por el software libre, aunque lejos de ser una decisión adoptada desde las altas esferas de la Administración (no existe la figura de jefe de Informática como sí lo hay en la Casa Blanca o en el Ministerio de Hacienda) el proceso casi siempre responde a una misma secuencia: alguien en una concejalía, delegación o departamento, con cierto conocimiento técnico y potestad presupuestaria, decide dar el paso adelante y enfrentarse a la inercia instalada del software privativo. "Sobre todo cuesta al modificar el sistema operativo del puesto de trabajo del funcionario, porque te enfrentas a miles de ellos al interferir en sus dinámicas. La palabra migración es el gran tabú del jefe de Informática. Entonces, hay que estar muy convencido para poder demostrar que, en un plazo de cinco años, se va a conseguir un ahorro considerable, y así dar el paso, sea o no tecnología libre", sostiene Velardo.

Este paso hacia las fuentes abiertas se está dando en ayuntamientos como el de Zaragoza, donde los pliegos de condiciones ya obligan a que los equipos tengan drivers para Linux y se adquieren sin sistema operativo predeterminado. "A partir del segundo año ya se empieza a ver el ahorro de costes, que son cada vez mayores dependiendo de la duración de las licencias del software propietario", señala Jesús González, responsable de Sistemas y Redes del Consistorio zaragozano. González cuenta a este medio que, tras la migración al software libre, Microsoft realizó una auditoría, fruto de la cual el Ayuntamiento tuvo que abonar cerca de 100.000 euros al detectar la empresa software utilizado sin licencia.

La Administración puede emplear software de dos maneras: porque lo produzca ella, con desarrollos a medida, o por la implantación de paquetes ya existentes. Es en el primer caso, a la hora de desarrollar software controlando los concursos públicos, donde se puede generar un ahorro importante. No sólo al principio, ya que la migración va a costar menos, sino también por la sostenibilidad del desarrollo, porque se trabaja con soluciones que otros ya están empleando y manteniendo.

Ahorros

El estudio del CENATIC, Impacto de la reutilización del software de fuentes abiertas en la economía, ya cifraba los ahorros en 114.000 millones de euros al año como mínimo, gracias al impacto de los ahorros directos, la reducción de la tasa de fracaso de los proyectos y la mejora de los costes de mantenimiento de códigos, que equivale al 30% del mercado global de software y servicios. Además, "el efecto de reinvertir estos ahorros de forma interna en TIC crea un efecto adicional de segundo orden en términos de productividad y de mejora de la eficiencia de al menos 342.000 millones de euros al año, lo cual constituye decididamente una contribución no marginal a la economía europea", concluía el estudio.

No hay que olvidar que es en la creación y desarrollo de tecnología libre donde se posibilita la creación de una tecnología y una industria propia como sucede en otros países como Estados Unidos, el gran mercado del software y las patentes. Como en otros muchos sectores, esa conciencia de desarrollar un producto propio no está tan presente en el Estado español, por lo que el camino que queda para convertir España en un país productor de tecnología de fuentes abiertas y dejar de ser simples usuarios es todavía demasiado largo.

Las 10 ventajas del software libre

Más que ahorro económico

Por Mariola Olcina

Carlos González Calderón y Oriol Ferran i Riera, periodistas especializados en la materia, explican las ventajas del uso del software libre en el sector público, a partir de las recomendaciones del CENATIC y el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP). Aquí trecopilamos algunas de ellas:

1. Datos personales confidenciales
La Administración Pública dispone y trabaja con datos sensibles de la ciudadanía. Poder acceder al código de un sistema de información que trabaja con este tipo de datos permite resolver con mayor agilidad los posibles problemas de vulnerabilidad.

2. Garantiza la perdurabilidad de las aplicaciones
En la misma línea, el software de fuentes abiertas ofrece transparencia sobre el funcionamiento de los programas, favoreciendo que siempre se pueda retomar el desarrollo de las aplicaciones.

3. Optimiza de inversión pública
Es mucho más barato económicamente afrontar una instalación o actualización masiva de estándares abiertos que privativos.

4. Fomenta la innovación tecnológica 
Las comunidades de software contribuyen a la formación de profesiones en nuevas tecnologías y estimulan que cualquier administración, empresa, institución u organismo pueda beneficiarse de los avances y las innovaciones introducidas.

5. Favorece la interoperabilidad entre sistemas
Los estándares abiertos permiten poder trabajar con distintos sistemas, y esto facilita a la Administración implementar servicios electrónicos y asegurar la accesibilidad de la ciudadanía.

6. Permite una independencia tecnológica
No depender de las decisiones de los grandes fabricantes de software permite a la Administración ser ella quien decida si se realizan migraciones o actualizaciones del sistema, sin tener que someterse a necesidades impuestas.

7. Evita los perjuicios de la propiedad intelectual en el software
La gestión de los derechos de autor con la filosofía del software libre muestra que es posible una defensa legítima de estos derechos sin caer en el dañino sistema de patentes que impera en Estados Unidos y que favorece los oligopolios del sector.

8. Apoyo técnico 
Los servicios de mantenimiento no tienen por qué ser prestados exclusivamente por una única empresa, sino que la prestación técnica puede diversificarse entre más actores y ofertas.

9. Protección de modalidades lingüísticas
Al tener acceso al código fuente de los programas, permite la traducción de una aplicación a otros idiomas, respetando la diversidad cultural de cada territorio.

10. Estabilidad
La posibilidad de analizar el código fuente de forma pública permite optimizar la calidad de las aplicaciones de software libre en base a las necesidades de la Administración.

Afectados por Iberdrola en Brasil denuncian violaciones de derechos

Posted: 01 Oct 2016 01:30 AM PDT

PROYECTO DE BELO MONTE

Protesta contra la presa de Belo Monte celebrada en Brasília en febrero de 2011. CC BY-NC-SA 2.0. /RIVERS

Diagonal | 30/09/16

Alrededor de 150 familias acamparon el a principios de septiembre en la entrada de las obras del embalse Baixo Iguazó, en Paraná (Brasil), ante la cancelación por parte de la empresa Geração Céu Azul –en la que Iberdrola participa en un 70% a través de su marca Neoenergía– de las negociaciones sobre el precio del suelo y el reasentamiento de las familias que serán desplazadas por la hidroeléctrica. Decenas de personas más se concentraron el lunes 25 de septiembre frente a la sede del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), en Altamira, en protesta por la otra gran infraestructura en marcha en este país, la represa de Belo Monte, en el Estado de Pará, y para presionar por el derecho a la vivienda de las cerca de 500 familias afectadas por este proyecto.

"Neoenergía está infringiendo varios derechos humanos, entre ellos el derecho a una justa negociación", denuncian desde Ecologistas en Acción. "Ocupar y resistir es la única forma que tenemos nosotros los afectados de ser oídos; esperamos algo de vuelta, pues cuando el agua cubra mi casa ya no harán nada, y eso es lo que la empresa Neoenergía quiere", explica uno de los campesinos afectados por la construcción del embalse de Baixo Iguazó.

Las obras de este proyecto ya están completas en un 60%, sin embargo, aún no han garantizado a las familias afectadas el reasentamiento. Por el contrario, según denuncian desde Ecologistas en Acción, desde el consorcio Geração Céu Azul han enviado comunicados en los que criminalizan a las familias afectadas y la empresa afirma haber estado siempre "abierta al diálogo", a pesar de que canceló reuniones sin avisar previamente a familias que tuvieron que desplazarse hasta 500 kilómetros.

Hasta entonces, el consorcio del que forma parte Iberdrola había ofrecido once zonas de reasentamiento de menor capacidad de la zona que quedará inundada por el embalse y que desde la empresa brasileña que acompaña a Iberdrola en el proyecto, Copel, advirtieron que prácticamente las once zonas ofrecidas son inadecuadas para el reasentamiento por sus características topográficas y la mala calidad del suelo. En su comunicado, el consorcio también amenaza a las familias con tomas "medidas" para hacer rendir cuentas a los culpables frente a posibles daños en la obra.

Las protestas en Baixo Iguazó fueron sofocadas el día después –6 de septiembre– por la Policía Militar de Paraná, que desalojó los campamentos montados por las familias afectadas tras unas cargas con balas de goma y gas lacrimógeno en las que varias personas fueron heridas, y hospitalizadas. Una semana después, un millar de personas se manifestaron en los municipios de Capanema y Capitán leonidas Marques, cerca de Baixo Uguaxó, para denunciar la violencia policial y la actitud de Neoenergía. Tras las manifestaciones, las familias afectadas consiguieron una nueva reunión para definir nuevas áreas de reasentamiento.

Por su parte, los afectados de la represa de Belo Monte, a consecuencia de las obras han sido trasladados a la zona pantanosa de Altamira, donde viven sin agua potable y sin tratamiento de las aguas residuales. Las obras de Belo Monte también han provocado que el precio de los alquileres de viviendas en la zona se multipliquen por diez, pasando de los 200 reales (55 euros) a los 1.500 (412 euros).

Iberdrola comenzó su línea de negocio en Brasil hace dos décadas, con la adquisición de empresas de distribución y producción eléctrica, según señalan desde Ecologistas en Acción. Además de la participación en Belo Monte y Baixo Iguazó, la hidroeléctrica española está presente en la infraestructura de Teles Pires y en el proyecto, ahora suspendido, de Tapajós.

Los juzgados españoles tramitan las declaraciones de los 19 imputados por crímenes del franquismo

Posted: 01 Oct 2016 01:21 AM PDT

Juan Miguel Baquero | El Diario | 30/09/2016

Los tribunales españoles requeridos para tomar declaración indagatoria a los imputados por crímenes del franquismo ya están tramitando estos pedidos de la justicia argentina. La cuestión, ahora, es cuadrar la agenda de estas sedes judiciales con la jueza argentina instructora de la causa, María Servini de Cubría.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina había dado permiso a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires para viajar a España del 8 al 28 de octubre con el propósito de interrogar a los 19 investigados en la causa criminal 4951/2010. "Pero en esa fechas no va a poder ser", según fuentes de la investigación consultadas por eldiario.es.

El pasado día 9 de septiembre el Gobierno tramitaba finalmente la petición para interrogar a Martín Villa, Utrera Molina y otros 17 cargos franquistas acusados por crímenes contra la humanidad. El Ministerio de Justicia remitió entonces los exhortos tramitados por Servini "a los respectivos decanatos" en función "de los domicilios de las personas por las que se interesaba la jueza", confirmaba a este periódico fuentes ministeriales. Estos pedidos estaban paralizados desde el 26 de agosto, en otro de los regates de España a la persecución argentina del franquismo.

Una vez recibidas las respectivas peticiones en cada sede judicial, "ya están localizadas" las tramitaciones de los procesos en Barcelona, Valencia, Granada, La Línea de la Concepción (Cádiz), Oviedo, Torrox (Málaga)… o Madrid, donde residen 11 de los 19 imputados en la denominada querella argentina.

Servini debe estar presente en los interrogatorios

Martín Villa, Pio Cabanillas, Eduardo Serra y Marcelino Oreja. Google images.
Martín Villa, Pio Cabanillas, Eduardo Serra y Marcelino Oreja. Google images.

Queda acordar fechas entre Buenos Aires y cada sede territorial española. "La jueza tiene que estar presente en las declaraciones indagatorias porque así lo marcan los exhortos", aseguran las mismas fuentes. Y que el periplo de Servini fuera "en un mismo viaje, teniendo en cuenta que el número de imputados y los que quizás se acojan a su derecho a no declarar". En principio, subrayan, "puede ser en noviembre pero hay que tener paciencia".

El proceso acaba en los juzgados españoles en cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España. La conocida como querella argentina es la única causa en el mundo que investiga al franquismo por delitos de homicidio, torturas y robos de bebés. Tras la toma de declaraciones, la jueza Servini decidirá sobre el procesamiento o no de los 19 imputados.

La justicia tumba un recurso del Gobierno y avala las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige en los contratos públicos

Posted: 01 Oct 2016 01:09 AM PDT

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y Carlos Sánchez Mato durante un Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y Carlos Sánchez Mato durante un Pleno del Ayuntamiento de Madrid. CHEMA BARROSO / ©GTRESONLINE

eldiario.es | 30/09/2016

El Ayuntamiento de Madrid decidió en enero que el precio más bajo dejara de ser el criterio predominante para la adjudicación de contratos, a cambio de tener más en cuenta cuestiones como la igualdad, la accesibilidad o las condiciones laborales.

En febrero el Tribunal Administrativo de Contratación Pública la Comunidad de Madrid, estableció que las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige a las empresas que quieran optar a contratos públicos no vulneran la ley ni obligan a las empresas a cambiar sus condiciones de trabajo: avalaba así que el Consistorio premie en las licitaciones a aquellas empresas con mejores condiciones de trabajo para sus empleados.

Este viernes se ha conocido un  auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que rechaza la medida cautelar de suspender la aplicación de esas cláusulas como había solicitado la Delegación del Gobierno a través de la abogacía del Estado.

"Existe una absoluta falta de actividad probatoria del recurrente, aún indiciaria, para apoyar la petición de suspensión que acredite la realidad de los perjuicios", asegura el auto dictado por la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Por tanto, "procede denegar la petición de suspensión solicitada por los recurrentes".

En marzo la Delegación del Gobierno del Estado en Madrid requirió al Ayuntamiento para que se anulase la instrucción, argumentando que algunas de sus partes contravenían la norma estatal y comunitaria aplicable en contratos administrativos. Ante la negativa del Ayuntamiento, se interpuso recurso contencioso administrativo ante el TSJM, pidiendo la suspensión de su aplicación.

Ahora, el TSJM asegura que "ni la disposición impugnada ha recaído en cumplimiento o en ejecución de una norma o disposición general previamente declarada nula, ni estamos ante un supuesto reiteradamente resuelto por la jurisdicción, sino que estamos ante una causa de impugnación que ha de ser objeto de valoración y decisión jurisdiccional por primera vez, sin que tampoco se observe la nulidad de pleno derecho".

Y añade: "Ponderando los intereses en conflicto, resulta en este momento que es más digno de protección el interés público o general del Ayuntamiento de Madrid de no paralizar la contratación pública de aquellos contratos sobre los que incide".

¿Qué son las cláusulas sociales?

Las políticas de igualdad, la estabilidad en el empleo, las condiciones laborales y la accesibilidad, entre otras, son ahora las condiciones que determinan los contratos públicos del Ayuntamiento de Madrid.

Igualdad. El Ayuntamiento exige que las empresas adopten "medidas para la conciliación corresponsable de la vida personal y laboral. Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria realice durante la ejecución del contrato acciones de sensibilización y formación con la plantilla adscrita a su ejecución acerca de los derechos en materia de igualdad y conciliación recogidos en la normativa vigente y en el convenio de empresa o convenio colectivo del sector correspondiente. Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria establezca medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato".

El decreto municipal reclama "medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en relación con el personal adscrito a la ejecución del contrato. Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria realice campañas informativas o acciones de formación, con el fin de prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en relación con el personal adscrito a la ejecución del contrato".

La empresa, además, debe comprometerse a "un porcentaje determinado de mujeres en las nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, que se adscriban a la ejecución del contrato relacionadas con la subrepresentación de mujeres en determinados sectores de la actividad".

Accesabilidad. En los contratos de obras, "podrá recogerse como condición especial de ejecución la obligación de la empresa adjudicataria de informar a los ciudadanos, de las alteraciones que se produzcan en el tráfico como consecuencia de la ejecución de la obra, en soportes accesibles para personas con discapacidad. La empresa adjudicataria deberá elaborar una Memoria y planificación de accesibilidad en todos los contratos de obras de infraestructuras y edificaciones que puedan afectar a la movilidad de los usuarios en general, incluyendo las soluciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de las prescripciones existentes en materia de accesibilidad universal y diseño para todos".

Seguridad y salud laboral. El Ayuntamiento exige la "designación de una persona de contacto vinculada a la empresa adjudicataria con dedicación exclusiva en materia de seguridad y salud laboral para la  detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito".

Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria designe una persona de contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en la materia, para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles así como para la detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al coordinador de seguridad y salud en aquellos contratos en los que esta figura tenga carácter preceptivo.

Empleo. El texto del Ayuntamiento sostiene que la empresa adjudicataria debe subcontratar "al menos el 20% del importe del contrato con empresas inscritas en el registro de Centros Especiales de Empleo o en el registro de Empresas de Inserción, que incorpore personas desempleadas en la ejecución del contrato", y que "en las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que se produzcan durante la ejecución del contrato, se comprometa a incorporar al menos un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, priorizando en su contratación los pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social".

Estabilidad en el empleo. "La empresa adjudicataria deberá cumplir y acreditar para las nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, que al menos el 30% de las mismas es indefinida", afirma el Ayuntamiento.

Formación en el lugar de trabajo. El contrato exigirá la "organización de acciones de formación para el personal adscrito a la ejecución del contrato".

El marrón de la abstención

Posted: 01 Oct 2016 12:56 AM PDT

Ignacio Escolar | El Diario | 30/09/2016

"Hay que darle un Gobierno a España", dice Susana Díaz, dice Alfredo Pérez Rubalcaba, dice Eduardo Madina y dicen todos los críticos con Pedro Sánchez que estos días han querido hablar. Todos lo dicen, pero casi ninguno termina la frase. Hay que darle un Gobierno a España… un Gobierno de Rajoy.

El debate sobre si el PSOE debe permitir la investidura del presidente de los sobres es perfectamente legítimo y entendible en ese partido. No creo que todos los dirigentes y votantes del PSOE que defienden la abstención estén a sueldo del Ibex o al servicio del PP. Hay un argumento muy pragmático para ello: que la izquierda podría pasar de Guatemala a guatepeor. Si no sale otro Gobierno alternativo –cosa que es difícil y no depende solo del PSOE– y se repiten elecciones, casi la única certeza es que le irá aún mejor al PP, y que Mariano Rajoy tendrá las manos mucho más libres. El año sin Gobierno, el año de las tres elecciones, terminaría así con Rajoy renacido y la izquierda más dividida e irrelevante.

También hay buenos argumentos para defender el no, no solo por una cuestión de pura coherencia; por cumplir con la palabra dada a tus votantes ante un candidato al que Sánchez llamó con razón "indecente". Antes de rendirse ante Rajoy, hay que agotar todas las vías posibles de un Gobierno sin el PP y eso aún no se ha hecho a fondo –las posiciones de bloqueo pueden cambiar a medida que los distintos partidos cojan miedo a una repetición electoral–. Además, para el PSOE, es posible que sea incluso más dañino convertirse en la muleta de un presidente enfangado en la corrupción que unas nuevas elecciones cuyo resultado, aunque previsible, no está decidido.

Lo que es indefendible es apostar por la abstención y no decirlo: querer solucionar este debate con un golpe interno y una gestora para evitar así las críticas de la militancia y de los votantes, para que no te culpen de haber tomado tú la decisión. Para no pasar a la historia como el líder socialista que le abrió la puerta de La Moncloa a Mariano Rajoy.

Hablemos claro: lo que siempre ha pretendido Susana Díaz no es "pensar en España" antes que en el partido o ella misma. Es que fuese algún otro –a ser posible el propio Sánchez– quien se comiese el marrón de la abstención.

Susana Díaz pudo presentarse a las primarias del PSOE de 2014 y al final no lo hizo. No lo hizo por propia voluntad, no porque no quisiera liderar el PSOE. Su intención era distinta: llegar a la secretaría general del PSOE por proclamación, y no por competición. Que fuesen unas primarias a su manera, con una única candidata.

Para ello, en 2014, necesitaba que todos los demás candidatos de renombre se apartasen. Carme Chacón se apartó. Patxi López se apartó. Pero Eduardo Madina dijo que no se apartaba, a pesar de la tremenda presión que se desató contra él; hasta el rey emérito en esto se empeñó.

Como Madina no se rindió, Susana Díaz no pudo ser proclamada secretaria general sin competición, como pretendían la mayor parte de los barones y notables del partido. Así que no quedó más remedio que pasar al plan B. Ese plan B fue Pedro Sánchez, al que Susana Díaz apoyó con una condición: que el candidato a presidente del Gobierno se decidiría en un año, cuando ella ya hubiese ganado en las urnas la presidencia de la Junta y estuviese en mejor posición.

Más tarde ocurrió lo que siempre ocurre en política: pones a alguien en el sillón y ese alguien después actúa como si fuese libre y no te guarda lealtad –exactamente lo mismo que hizo Susana Díaz con Manuel Chaves y Pepe Griñán–. Además, las cosas no sucedieron como muchos esperaban: el resultado de las autonómicas y municipales fue bastante bueno para el PSOE, que recuperó gran parte de su poder institucional –a diferencia de las derrotas vascas y gallegas, nadie responsabilizó a Sánchez de aquellas victorias–. Además, Susana Díaz quedó atrapada en una investidura que llevó varios meses porque el PP se negó a hacer en Sevilla lo que ahora pide al PSOE en Madrid (abstenerse). Contra el pronóstico de muchos en el partido, Sánchez acabó siendo el cartel electoral.

La presidenta andaluza perdió el tren de las primarias de 2014. Pero no es la única vez que lo ha dejado pasar, siempre por idénticos motivos: por exceso de táctica y falta de valentía política. También pudo pedir un Congreso tras las elecciones del 20 de diciembre, y durante semanas barajó esa opción. Hubo todo tipo de planes y reuniones para preparar ese desembarco, pero de nuevo Susana Díaz no se atrevió.

Ahora estamos en un punto absurdo donde ambos bandos enfrentados supuestamente piden lo mismo: unas primarias y un Congreso. Pidiendo supuestamente lo mismo, hay unos que han preferido ganar la discusión por medio de un golpe palaciego con 17 dimisiones y una interpretación más que discutible de los estatutos, como si estuviesen en una peleíta de las juventudes socialistas y no intentando cambiar al primer secretario general votado por los militantes.

"Al secretario general del PSOE solo le puede cesar el Congreso o una moción de censura en el comité federal. Que yo sepa, el grupo Prisa no puede cesar al PSOE", dice Josep Borrell, y tiene toda la razón.

Borrell también defiende que "no es una pelea de buenos y malos, es una lucha por el poder", y en esto también acierta. Muchos de los enemigos internos del secretario general se los ha ganado él solito. Las mismas artes que aplica Susana Díaz y su gente contra Sánchez ha empleado César Luena contra prácticamente todas las federaciones. La escuela de ambos es también la misma: las juventudes socialistas. Un lugar que aplica en la política una selección natural similar a la que aparece en la novela de ciencia ficción 'Los juegos del hambre': metes a un montón de chavales en un coto cerrado, dejas que se maten entre ellos y al que sobreviva le nombras secretario de organización.

Supuestamente, la discusión no es por el congreso ni por el método, sino por la fecha, y por quién manda hasta la fecha. ¿Por qué tienen tanto interés en esto? ¿Por qué montar un golpe palaciego tan desproporcionado y que tanto daño hace a todo el partido y a la izquierda en general? ¿De verdad la única manera que encontraron de cambiar al capitán era hundir el barco? ¿Y todo esto simplemente por la fecha del congreso? ¿De verdad?

El argumento de que no da tiempo a montar un congreso en tan poco tiempo es simplemente ridículo. Insulta a la inteligencia. Los críticos no tienen tiempo para preparar una candidatura a las primarias en dos semanas, pero son capaces de montar un golpe en dos días.

La primera razón por la que los críticos prefieren votar en unos meses y no ahora es para que el espinoso asunto de la abstención a Rajoy no entre en la campaña de las primarias y la responsabilidad sea colegiada, de la gestora, y no lleve el sello de Susana Díaz.

Si hay unas primarias y Susana Díaz se anima al fin a dar la batalla en campo abierto, tendrá por delante una complicadísima campaña donde no quedará ya más remedio que pronunciarse sobre que significa exactamente pedir "que haya un Gobierno en España". Y explicárselo a los militantes.

La discusión de la fecha tiene otra derivada más. Si hay primarias y Susana Díaz se presenta y las gana, no es seguro que con eso logre evitar unas nuevas elecciones. Y a la presidenta de Andalucía no le interesa lo más mínimo enfrentarse en este momento al PP: iría a una derrota segura. Ésta es otra de las ventajas de que haya gestora por unos meses: así se garantiza que, en caso de elecciones, Susana Díaz no se tiene que quemar (apuesten por Ángel Gabilondo o una opción similar como candidato para perder).

Que sea Sánchez o una gestora quien lidere el partido hasta el congreso tiene otra consecuencia más: que será esa dirección quien más mano tendrá sobre el procedimiento elegido por las primarias, empezando por el voto por Internet. Si los militantes pueden votar desde casa, la influencia de los aparatos en las primarias será mucho menor.

Anoche, en su discurso sin preguntas ante la prensa, Pedro Sánchez aseguró que siempre ha pensado que lo mejor para el PSOE es votar no. Los críticos –y el propio Felipe González– afirman que miente, que esto no es así, que en privado decía que se abstendría y que después cambió de opinión.

¿Se refugia Pedro Sánchez en la militancia para mantenerse en el poder? ¿Apuesta por el no a Rajoy porque sabe que es una opción más popular entre sus bases? Es muy posible: si Sánchez hubiese defendido en público la abstención ya estaría muerto. Pero en ningún caso esto justifica un golpe "de sargento chusquero". Menos aún cuando quienes critican su posición –con honrosas excepciones, como Fernández Vara– no aplican la más mínima valentía política: la de decir lo que se pretende hacer y defenderlo. Incluso si se corre el riesgo de perder. Incluso si no es la opción más popular.

El marrón de la abstención no es lo único que explica este lamentable golpe palaciego. Tampoco el porqué de la enorme cobertura mediática a esta operación, con el diario El País quemando en esta batalla gran parte de su credibilidad. Sin duda, hay otro motivo: que un Gobierno alternativo a Rajoy es muy difícil, pero no completamente imposible. Que los mismos que se burlan de Pedro Sánchez por intentarlo temen que esta vez lo pueda lograr. Que ese Gobierno solo sale si es con un pacto con Podemos. Y que el poder hará lo imposible para evitar, a cualquier precio, que Podemos llegue a gobernar. Incluso si el precio es sacrificar al PSOE.

Eduardo Inda al banquillo por la 'pantuflada' que atribuía a Pablo Iglesias cobros de un paraíso fiscal

Posted: 30 Sep 2016 12:27 PM PDT

ecorepublicano.es | 30/09/2016

Este viernes, el periodista y fundador de 'OK Diario', Eduardo Inda, se ha sentado en el banquillo para declarar sobre la "pantuflada" en la que vinculó al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con unos supuestos pagos de Venezuela, tal y como avanza el diario 'Público'.

La demanda la interpuso Pablo Iglesias después de que el tertuliano le atribuyera el cobro en 2014 de 270.000 dólares del Gobierno de Nicolás Maduro en una cuenta de las Islas Granadinas a través del Euro Pacific Bank.

El periodista apela a una "unidad de inteligencia" de la Policía como su fuente, pero los documentos que presentó son falsificaciones.

La Justicia ya ha desmontado cinco veces las acusaciones sobre la inventada financiación ilegal de Podemos y de su secretario general, Pablo Iglesias. Sin embargo, Eduardo Inda continúa cegado en su empeño de dar por válido el más que demostrado montaje de la brigada política del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, contra la formación morada

La entidad financiera Euro Pacific Bank, desmintió a Eduardo Inda, en un duro comunicado negando que en su entidad bancaria "exista una cuenta a nombre de este señor [el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias] y que se haya recibido dinero procedente de Venezuela.

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